Editorial

Si nos guiáramos por los titulares de Clarín, La Nación o los programas más vistos de TN o A24, lo más importante que está pasando es la saga de las causas de corrupción del kirchnerismo, con sus nuevos capítulos, como la nueva detención de Boudou o la suspensión hasta mayo del inicio del juicio oral a Cristina. En C5N o Página 12 encontramos la contrapartida con la cobertura del escándalo abierto con el fiscal Stornelli, que ahora terminó al revés con la detención de Marcelo D´Alessio. La realidad es que la corrupción de los negocios capitalistas cruza tanto al kirchnerismo como al macrismo, en muchos casos vía empresarios amigos que hicieron negocios con uno y otro. El Poder Judicial, en todos sus niveles, también está podrido hasta la médula, y ninguna confianza podemos tener en jueces y fiscales que siempre fueron garantía de impunidad para empresarios y políticos corruptos.

Pero no se nos escapa que, con todas estas maniobras mediáticas, lo que busca el gobierno es tapar los verdaderos problemas que afectan al pueblo trabajador: cómo llegar a fin de mes, el miedo a perder el trabajo, o no poder comprar los útiles a los hijos en el comienzo de año. La inflación anual ya alcanzó el 50%. Se va terminando febrero acumulando en apenas dos meses otro 6% que, sobre llovido mojado, pega sobre salarios y jubilaciones ya pulverizados por la carestía del año pasado. Siguen los tarifazos, ahora a los de la luz se suman los aumentos del transporte público en Capital y Gran Buenos Aires. Se viene un gran guadañazo en el gas para el invierno. Todos los días hay nuevas amenazas de posibles pérdidas de puestos de trabajo, como en Fate o en C5N. Frente a esta realidad, la CGT rompe su silencio de casi tres meses para reunirse con el FMI. Moyano hace un acto para recordar el del 21F del año pasado, donde pidió “votar al peronismo”. Ahora reclama que se reúna la CGT para ver si llaman a un paro allá por abril. Todo pateado para adelante: por eso es importante resaltar la marcha que realizó la semana pasada el sindicalismo combativo, marcando el camino de cómo enfrentar el ajuste. En las calles, movilizándose y dando la pelea, como fueron capaces de hacerlo los docentes porteños que, en pleno verano, lograron evitar el cierre de las escuelas nocturnas.

Mientras tanto, gobierno y oposición peronista ya están metidos con todo en la “rosca” electoral. La bronca generalizada que se palpa en la calle, donde miles de trabajadores y aun sectores de clase media que los habían votado equivocadamente ya han roto con el gobierno, hizo entrar en crisis a Cambiemos. Finalmente, tras idas y venidas, se definieron por la unificación de las elecciones nacionales con las de Capital y provincia de Buenos Aires, sin poder evitar que sus aliados en otras provincias fijaran sus propias fechas. PRO perdió la interna de Cambiemos en La Pampa a manos de la UCR (cayó su ahijado, el colorado Mac Allister) y se prepara para otra muy dura en Córdoba, mientras busca convencer a Lousteau para que no se presente en las PASO contra el macrismo.

En muchas fábricas y oficinas aparece el debate si para enfrentar el ajuste hay que hacer un gran “frente anti-Macri”. El peronismo busca capitalizar electoralmente esto. Claro que sigue sin terminar de resolver si van unidos o divididos en dos bloques. Cristina mantiene el silencio y el suspenso, mientras sus cuadros y militantes agitan que hay que armar “ese frente anti-Macri” encabezado por ella. Por el otro lado, el peronismo “alternativo” no termina de saber qué hacer con la aparición de Lavagna, oscilando entre un Massa que le hace “guiños” al kirchnerismo y un Urtubey tan oficialista que hasta sorprendió al propio FMI cuando fue a visitarlo. Pero todo ello no es obstáculo para que kirchneristas, massistas y el resto del PJ vayan cerrando listas unificadas peronistas para las elecciones provinciales anticipadas. Eso es hoy, en lo concreto, lo que significa el frente contra Cambiemos.

A todos los compañeros que hoy se preguntan si esa es la salida, aunque sea porque la consideran como “la opción menos mala”, les decimos rotundamente que no. Si el peronismo en cualquiera de sus vertientes llega a gobernar no va a cambiar el actual plan de ajuste por un programa de “redistribución de la riqueza” o “nacional y popular”. Sencillamente porque mientras muchos de ellos “agitan” para la tribuna contra el ajuste, todos se sientan con el FMI y le plantean “renegociar” el acuerdo, aceptando sin discusión que hay que seguir pagando la deuda externa. Esto es lo que hicieron la semana pasada tanto Urtubey, como Kicillof y Lavagna. O sea, se preparan para, en caso de gobernar, seguir administrando el ajuste.

La presencia de la misión del Fondo en estos días en nuestro país desnuda la realidad: somos una semicolonia y vinieron “los virreyes”, los que dirigen efectivamente nuestra economía. A ellos les rinde pleitesía no solo el gobierno, sino el conjunto de la oposición peronista en todas sus variantes. Solo el Frente de Izquierda se opone tajantemente, postulando una alternativa para las luchas y también para las elecciones, planteando que hay que romper con el FMI y dejar de pagar la deuda, para reconquistar una segunda independencia que ponga en marcha un programa económico alternativo, obrero y popular, que atienda las más urgentes necesidades de trabajo, salario, educación, salud y vivienda. Porque ante el brutal ajuste y el interrogante de cómo se sale, somos los únicos que decimos que se necesita un gobierno distinto, de los que nunca gobernaron, los trabajadores y la izquierda.

Escribe: Gabriel Massa

Siguiendo la política impulsada por el gobierno de Cambiemos, el ministro de Justicia Gérman Garavano presentó el martes 19 de febrero el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad de los niños y niñas, pasando de 16 a 15 años.
“15 es un punto de consenso y está basado fuertemente en la estadística. A partir de los 15 años, un joven comprende la criminalidad de sus actos y debe responder con un régimen especial”, dijo el ministro en una entrevista con el diario La Nación.

Laura Marrone, legisladora porteña por Izquierda Socialista/FIT, estuvo con integrantes de la red “No a la Baja” y otros espacios de protección a los menores, en el momento de la presentación del proyecto por el ministro. “Me llamó la atención –dijo Laura– que numerosos niños y adolescentes que participaron del acto de rechazo al proyecto cantaban la consigna ‘policía, policía, no nos mandes a robar’”.

Laura afirmó que el planteo de baja de la edad de imputabilidad “surge del mismo gobierno que quiere cerrar escuelas nocturnas y terciarios, que desfinancia los programas de atención para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y que sostiene una política económica que solo lleva al desempleo de los jóvenes a niveles astronómicos. La contrapartida es más represión. Está en la misma línea de la compra de las pistolas Taser -definidas como instrumentos de tortura por las Naciones Unidas-, la legalización del gatillo fácil y la amenaza de deportación de miles de extranjeros”.
Es decir, en vez de resolver las causas que impiden que los jóvenes accedan al estudio y el trabajo, se responde a la crisis provocada por la política del gobierno de Cambiemos y el saqueo de los banqueros y las multinacionales con más represión para uno de los sectores más victimizados.
Desde Izquierda Socialista y el FIT llamamos a movilizarnos por el rechazo a la infame ley de baja de la edad de imputabilidad.

Otra vez tenemos una misión del FMI en la Argentina. Vienen a controlar que Macri y los gobernadores estén cumpliendo con el ajuste. Pero también a plantear sus exigencias para el futuro próximo: bajar salarios, ir contra los convenios colectivos de trabajo, aumentar la edad jubilatoria y reducir los haberes de nuestros abuelos.

Escribe José Castillo

El jefe de la misión del FMI, Roberto Cardarelli, junto con el representante del Fondo en la Argentina, Trevor Alleyne (ya instalado en forma permanente en Buenos Aires), iniciaron una nueva “auditoría” de la economía de nuestro país. Lo hacen previamente a autorizar el nuevo giro de fondos, esta vez por 10.700 millones de dólares, que es parte del préstamo negociado por el gobierno de Macri en el acuerdo del año pasado. Como Macri y los gobernadores (y diputados y senadores que votaron el presupuesto 2019 que contiene el megaajuste de este año) fueron “buenos alumnos del Fondo” y cumplieron a rajatabla sus exigencias, lo más probable es que los funcionarios del organismo internacional le pongan un “aprobado” y permitan que se gire la nueva cuota.
Varias reflexiones nos debemos de esta visita: la primera es que los dólares que nos enviará el Fondo en marzo no serán dinero fresco que se podrá utilizar para salud, educación o trabajo. Estarán, tal como la totalidad de los 57.100 millones del acuerdo, destinados exclusivamente a garantizar el pago a los acreedores externos.

Además, la visita deja claro, otra vez, quién es el verdadero “ministro de Economía” de la Argentina. Hemos entregado el poder de decisión a ese organismo, que funciona, nunca lo olvidemos, a partir de las directivas políticas explícitas de las grandes potencias imperialistas, en particular los Estados Unidos. Sus economistas vienen, les “toman prueba” a los funcionarios del gobierno y les dicen qué hay hacer no solo a ellos, sino a los propios dirigentes de la oposición peronista que aceptan reunirse y rendirles pleitesía (ver pág. 5).
Pero el Fondo no solo quiere que se cumpla con el ajuste de déficit cero votado en el presupuesto, con sus secuelas de reducción casi total de la obra pública, desfinanciamiento de la educación y la salud, salarios que queden por debajo de la inflación y aumento de la recesión y el desempleo. Vienen por más. Por las llamadas “reformas estructurales”: monetaria y fiscal, laboral y previsional.

La primera consiste en reducir más aún los impuestos a las grandes empresas y a los ricos y, a la vez, establecer una nueva carta orgánica para el Banco Central para que ya no pueda financiar al Estado. En concreto, quitar recursos al Estado nacional (y a los provinciales) para que tengan así que reducir más aún los presupuestos de salud, educación, obra pública o los planes sociales.

La segunda es la llamada “reforma laboral”. Se trata, lisa y llanamente, de liquidar las conquistas históricas que los trabajadores consiguieron con décadas de luchas, ir a un sistema “flexible” donde sea más barato o directamente gratis despedir, y los trabajadores ya no tengan ningún derecho (algunos sueñan con la generalización de los sistemas de superexplotación tipo Rappi o Glovo).

Y la tercera es la reforma previsional, que consiste en aumentar la edad jubilatoria, liquidar los regímenes especiales (como el docente), bajar el monto con que se jubila una persona en comparación con el salario en actividad y no reajustar los haberes por la inflación. Todo con el objetivo a mediano plazo de volver a crear un sistema de jubilación privada como el que nos estafó durante la década del ´90.

Si el “presente” del acuerdo con el FMI es de ajuste, el futuro, como vemos, será peor aún. No hay salida para el pueblo trabajador si no rompemos con el Fondo y su plan de hambre. Aquellos que dicen que la salida es “reunirse el año que viene con el FMI y renegociar el acuerdo” saben perfectamente que nunca el Fondo va a aceptar otra cosa que planes de hambre y ajuste: ¡hay 60 años de experiencia al respecto en la Argentina y en el mundo! Ahí nomás, cerca en el tiempo, tenemos las consecuencias de diez años de planes del FMI sobre la economía griega, hoy sumida en el desastre, el desempleo y la miseria creciente. Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda insistimos: el único “recibimiento” que se merece el FMI es el repudio del pueblo argentino. Hay que repudiar este plan de ajuste, producto del pacto FMI-Macri-gobernadores, y oponerle otro programa económico, obrero y popular, que empiece por dejar de pagar inmediatamente la usuraria deuda externa y ponga todos esos recursos al servicio de resolver las urgentes necesidades de salario, trabajo, educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

La frase de la ministra de Desarrollo Social “abre el paraguas” sobre los datos que se vienen: a fin de marzo se conocerá el nuevo número de pobreza. Es un secreto a voces que, producto del brutal ajuste que están llevando adelante tanto Macri como los gobernadores para cumplir con el acuerdo con el FMI, la cantidad de pobres ha crecido en forma impresionante.

Números extraoficiales, de diversas instituciones que se dedican a medir la situación social, ya hablan de entre dos millones y medio y tres millones de nuevos pobres, lo que implica que el actual porcentaje oficial subiría desde 25,6% hasta aproximadamente 33%. Los datos serán peor aún para las franjas de niñez y adolescencia, donde se llegaría a casi un 50% de pobreza en esos sectores.

Pero la afirmación de la ministra Stanley resulta indignante cuando explica por qué se da ese incremento de la pobreza. Sería el impacto de la inflación y de “algunas medidas económicas”. ¿Medidas económicas ejecutadas por quién? nos preguntamos.
Señora ministra: usted y su gobierno, aunque no quieran hacerse cargo, son los responsables de esos números desastrosos, del aumento de la marginación y la miseria en que han hundido a millones de trabajadores argentinos. Esas son las consecuencias de sus políticas y su sometimiento a los dictados del FMI.

Escribe José Castillo

El día anterior al del anuncio del Indec el presidente Macri aseguró que “la inflación ya estaba bajando”. El cachetazo de la realidad llegó a las pocas horas: 2,9% en enero, superior a la de diciembre (2,6%). Y esto sucede en un mes (enero) donde normalmente la inflación debería resultar menor que la del mes previo, ya que diciembre contiene los aumentos de las fiestas.

El número resulta peor aún si vemos que los alimentos subieron 3%. Todo esto da una suba interanual récord: 49,3%, la más alta desde 1991. Y, lo más grave, es que esta tendencia no se detendrá en febrero, que trae los nuevos tarifazos en el transporte, aumentos en peajes, prepagas y educación y un nuevo incremento en los alimentos (en los primeros quince días ya subieron otro 2,8%) dando un nuevo mazazo al bolsillo popular y empeorando, sin duda, las canastas de pobreza e indigencia. Salarios, jubilaciones y planes sociales van quedando cada día más atrás frente a esta astronómica suba de precios.