El coronavirus ya llegó a la Argentina. Se suma al dengue para poner al desnudo la crisis sanitaria provocada por años de ajustes llevados adelante por todos los gobiernos. Ante la emergencia, se impone la medida más importante: dejar de pagar inmediatamente la deuda externa

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El coronavirus se suma a los males del pueblo trabajador como la inflación, los despidos y los salarios de pobreza. El gobierno de Alberto Fernández pasó de minimizar la pandemia a improvisar medidas de emergencia. Pese a que hace meses el virus está causando muertes en el mundo, el ministro de salud Ginés González García dijo que “no esperaba que llegara tan rápido”.
El gobierno cerró las fronteras, canceló eventos públicos y ahora suspendió por quince días las clases. Lo hizo por presión de los docentes, ya que en muchos establecimientos escolares no hay lavandina, alcohol en gel, jabón, ni toallas, los baños son deplorables y los pastos están sin cortar.

Se esperan otras medidas, pero millones siguen siendo obligados a ir a trabajar viajando en transporte público y exponiendose al contagio. Y hay preocupación en que no se respeten los puestos de trabajo y los salarios de quienes tengan que someterse a una cuarentena. En enero ya hubo 40.000 nuevos despidos y siguen las suspensiones.
El presidente dice que “es mejor tomar decisiones extremas a arrepentirse después”. Pero solo destinó 20 millones de dólares para la emergencia mientras Kicillof pagó de contado 250 millones de dólares por una deuda usurera. ¡Es mentira que este gobierno prioriza a los más vulnerables! Fernández ya le había sacado impuestos a las petroleras, mineras y a los bancos mientras les recortó 100.000 millones de pesos a los jubilados. Y se dispone a renegociar una deuda millonaria contraída por Macri y el FMI. Desde el Frente de Izquierda peleamos por lo opuesto: para que se deje de pagar ya esa deuda usurera y fraudulenta y se destinen todos esos millones a combatir el coronavirus, el dengue y la tremenda crisis sanitaria, escolar y social.

Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores

La situación es muy grave. Si hoy los hospitales públicos ya están colapsados antes del coronavirus, es por culpa de los ajustes de los sucesivos gobiernos. Imaginémonos lo que va a pasar si el coronavirus se extiende. La salud pública lleva años de recortes para favorecer la salud privada y sin dar abasto para atender a los pacientes. Por eso las y los trabajadores y profesionales vienen reclamando desde hace décadas por más presupuesto y mejores salarios.
¡Hacen falta medidas de fondo! Hay que invertir todo lo necesario para prevenir la epidemia y revertir el colapso del sistema sanitario y educativo. Hay que comprar todos los insumos y garantizar camas (incluyendo la de las clínicas privadas), aparatología, nombrar a todos los médicos, enfermeros y auxiliares necesarios. Hay que aumentarles los salarios y pagar las horas extras. Que los laboratorios garanticen medicamentos e insumos gratuitos para todos los hospitales y que todos los estudios se hagan gratuitamente en los hospitales o el sistema privado de salud.

Que se utilicen estos días de receso escolar para que el gobierno garantice los insumos y solucione los problemas de infraestructura en las escuelas. Si no cumple, que no se retomen las clases. Que el gobierno garantice la comida para todos los chicos y las licencias pagas por parte de las patronales para los padres que deben cuidar a sus hijos en las casas.
Hay que exigir protección laboral. Y donde no se garantice, suspender la actividad sin sanciones a los trabajadores. ¡Ningún despido ni rebaja salarial por esta crisis!
Para todo esto la plata debe salir del no pago de la deuda externa ya que no se puede priorizar a los usureros y banqueros por sobre la salud y la vida del pueblo trabajador. Y que se apliquen impuestos especiales a las multinacionales, bancos y grandes terratenientes para que sean ellos y no los trabajadores quienes paguen la crisis. Llamamos a luchar por estas medidas.
 

Las medidas “extraordinarias” del gobierno

Escribe Guido Poletti

Se ha anunciado un paquete de medidas económicas ante la emergencia. Lamentablemente no se ha asignado un peso más a los hospitales, la infraestructura o los salarios de los trabajadores de la salud. En lo que respecta a las medidas en sí mismo desde lo económico, tal vez a algunos compañeros les parezcan correctas o progresivas. Queremos reflexionar al respecto.
Se ha anunciado un bono por única vez de 3.000 pesos para los jubilados de la mínima, junto con idéntico monto para la AUH. Nuevamente, los jubilados que cobran más de los 20.000 pesos (muy por debajo de la canasta de pobreza) no recibirán un peso. En definitiva, se trata de una redistribución para un sector de la disminución de la masa de dinero (100.000 millones de pesos) que le tocaba a los jubilados y que se les redujo para destinarla a los pagos de deuda con el cambio de movilidad jubilatoria.

Los trabajadores otra vez son postergados. Ni un peso de aumento o “bono” alguno. Más aún, las patronales ya están planteando con el guiño del gobierno que “ante la emergencia” se deben suspender las paritarias. Mientras tanto, todos vemos como los precios siguen para arriba, pulverizando los salarios. Los artículos de limpieza y farmacia, estratégicos frente a la pandemia, son los que más suben. Todas las “advertencias” del gobierno no tienen como contrapartida ninguna medida concreta: no hay castigo a las grandes cadenas de supermercados formadoras de precios, que siguen haciendo superganancias con la desesperación de la gente.
El gobierno ha anunciado también que subsidiará a las empresas que no pueden pagar sus sueldos, “para evitar los despidos”. Las que se van a aprovechar de esto, como ya sucedió otras veces, son las grandes multinacionales: recordemos que en 2008 se le llegó a otorgar con esta excusa un crédito a la mismísima General Motors ¡Lo que hay que hacer es prohibir por ley las suspensiones y despidos, no darle a las patronales la plata que se necesita para la emergencia sanitaria!

A todo esto se lo ha llamado “medidas extraordinarias”. Pero no hubo ningún anuncio obligando a las grandes empresas, los bancos, o los pulpos especuladores a que entreguen algo de sus superganancias. ¡Hasta sigue vigente la reducción de retenciones a petroleras y mineras! Y lo más importante de todo es que sigue vigente la decisión central del gobierno: pagarle a los usureros de la deuda externa y al FMI. Ahí, exactamente, está el dinero para las verdaderas medidas extraordinarias que requiere la crisis.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El dengue, una virosis tropical transmitida por el mosquito Aedes Egiptii, entró en nuestro país para quedarse. El cambio climático y, sobre todo, la inexistencia de prevención, le abrieron la puerta.
Desde el 1 de enero hasta el 29 de febrero de este año hubo en la Ciudad Autónoma de Buenos 364 casos, de los cuales 170 eran importados y 194 autóctonos. En la provincia de Buenos Aires el brote de dengue llegó a 17 municipios. En CABA, a 8 de las 15 comunas. Murieron tres personas. El virus quedó instalado en 11 provincias de las 17 donde hubo casos.

El sarampión, que había sido prácticamente erradicado, volvió en la primavera. En las 24 semanas transcurridas, se registraron 144 casos de los cuales 118 correspondieron a la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que el 80% de los casos son niños no vacunados. La distribución geográfica de ambas epidemias es la misma: afecta a quienes viven en los barrios obreros de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y de los partidos del llamado Tercer cordón del Conurbano. La miseria y la enfermedad castigan juntas a los trabajadores.                        

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El sistema público de salud no está preparado para enfrentar la pandemia y no se ve en las medidas que propone el gobierno una posibilidad de mejoría. En primer lugar, el sistema no está pudiendo responder con eficacia a la actual epidemia de dengue. Ni en las medidas preventivas, que quedan totalmente en manos de la población, sin apoyo sanitario, ni en la atención de los enfermos. En este último sentido hay severos problemas de infraestructura: no hay lugar para aislamiento. Los mosquiteros fijos deben ser renovados en casi todos los hospitales y, aunque parezca insólito, no hay mosquiteros de tul individuales para cada cama. El paciente de dengue requiere un seguimiento minucioso para el que no da abasto el recurso humano ni los insumos.

Es necesaria una partida presupuestaria de emergencia que permita dar respuesta a la escasez creada por años del vaciamiento hospitalario ejecutado por los distintos gobiernos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene este año el presupuesto de salud más bajo de su historia. Con esta partida hay que dotar los recursos humanos necesarios. Solo en esa Provincia, se requieren 2.500 cargos de profesionales; obviamente, con salarios dignos y no con los actuales que ofrece el gobierno. Se requieren también insumos para la atención a los pacientes y, además, y muy importante, para la protección del personal de salud. En la memoria de los profesionales de enfermería está fresco el recuerdo de la epidemia de A1H1 que en el año 2009 se llevó la vida de ocho enfermeras a nivel nacional, todas ellas mujeres.

Las propuestas del gobierno nacional, de la Ciudad y provincia de Buenos Aires son generalidades que enmascaran en realidad la falta de voluntad del gobierno y sus aliados patronales para resolver el problema. De sus decretos, lo más concreto son las disposiciones que ponen al personal de salud en disponibilidad, pre anunciando la sobrecarga de trabajo y la intención de combatir la pandemia a costa de la salud de los trabajadores de salud sin distinción de categorías. ¿Qué lógica mueve al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a convocar enfermeros jubilados, que son parte del sector más vulnerable? ¿No es suficiente alerta la muerte de un médico italiano de 67 años atendiendo a los infectados? Es necesario que los trabajadores controlen el esfuerzo y los recursos para garantizar la eficacia y, al mismo tiempo, poder preservar su propia salud. Por eso es necesario crear comités de crisis en los establecimientos como ya pasó en muchos hospitales en el 2009.

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
12 de marzo de 2020

El coronavirus ha sido declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Afecta a China, Europa, Estados Unidos y empezaron los primeros casos en Latinoamérica y Argentina. El tema se discute en los lugares de trabajo y estudio. Millones de trabajadores y vecinos, además de sufrir la pobreza y los bajos salarios, ahora tienen que hacer frente a las consecuencias del virus y el rebrote del dengue y el sarampión.

El gobierno de Alberto Fernández viene actuando con una total improvisación. El ministro de Salud Ginés González García dijo que el problema era “lejano”, luego que lo sorprendió que el coronavirus “llegara tan rápido” y ahora el presidente pide que no se marche el 24 de marzo. Se llega a decir que se va a penar hasta con prisión a quienes no cumplan con las disposiciones gubernamentales (como si el problema fuera de “falta de solidaridad” de la gente) pero no se toman las necesarias medidas de fondo. Lo mismo hace el gobierno de la Ciudad. Larreta suspendió los recitales pero deja que millones sigan viajando hacinados en los subtes, igual que ocurre con el resto del transporte en el país.

Desde el gobierno se vino minimizando el tema diciendo que en el país solo había casos “importados”, cuando ya fueron detectados cuatro casos “autóctonos”. Y ha dicho “estamos preparados” para enfrentar la situación. ¿Pero es cierto que los hospitales públicos están preparados? ¡Si todos sabemos que faltan gasa, alcohol, camas, aparatología, hay servicios cerrados y millones tienen que esperar meses para un turno!

En todos estos años los gobiernos se han ensañado con el hospital público, reduciendo presupuestos y teniendo a miles de médicos y enfermeros precarizados. Lo mismo pasa en Italia, con hospitales colapsados donde los médicos no dan abasto y tienen que elegir si priorizan la atención de un anciano o un niño. ¡Una barbaridad!

En las escuelas ocurre lo mismo. La conducción de Suteba opositor de La Matanza acaba de emitir un comunicado denunciando “las condiciones críticas en las que se encuentran las escuelas para cumplir con las elementales condiciones de prevención sanitaria. No hay jabón en los baños y paños secantes para el lavado de manos, tampoco alcohol en gel ni repelente”. Y agrega: “Debido a la desinversión educativa los alumnos se encuentran hacinados en aulas superpobladas, agravado por la falta de vacunas contra el sarampión y los preocupantes casos de dengue facilitados por las malas condiciones de vivienda, falta de cloacas y aguas servidas que se transforman en focos infecciosos.”

Alberto Fernández ha destinado una partida completamente insuficiente de 1.700 millones de pesos para combatir la pandemia (equivalente a 20 millones de dólares, cuando Kicillof pagó de contado 250 millones de dólares de deuda, diez veces más). Y el presidente se apresta a seguir pagando una deuda usurera y fraudulenta vía una renegociación, en vez de disponer los millones necesarios para prevenir y combatir el mal. Hay que hacer al revés, como lo proponemos desde el Frente de Izquierda.

A su vez, los trabajadores no pueden seguir soportando los despidos o suspensiones por parte de patronales negreras que lo justifican por la crisis económica (como la multinacional General Motors, con la complicidad de la burocracia sindical). Y si se aconsejan las cuarentenas, hay que obligar a las patronales para que sigan pagando los mismos salarios, no tomen sanciones contra el personal, no descuenten el presentismo por las licencias médicas y se otorguen licencias sin pérdida de salario para las personas en grupos de riesgo.

Llamamos a exigir medidas urgentes y de fondo. Que se declare la emergencia sanitaria. Plata para combatir el coronavirus, el dengue y el sarampión, no para la deuda. Plata para salud y educación, no para los usureros y el FMI. Jabón y repelente en todas las escuelas y hospitales. Insumos y camas en los hospitales para enfrentar la pandemia. Que se nombren a todos los profesionales y personal necesarios. Todos a planta permanente.

Que se extiendan los horarios de los medios de transporte para trasladar a millones de personas en condiciones seguras. Que se prohíban los despidos y suspensiones. Impuesto especial a los que más tienen, a las multinacionales, a la oligarquía y bancos. En definitiva, que la crisis económica y social que ahora se une a los efectos de la pandemia la paguen los capitalistas. Medidas que deben ser parte de un plan económico obrero y popular para combatir de verdad todos los males que sufre el pueblo trabajador.

Editorial

Otra vez una misión del Fondo Monetario Internacional está en Argentina. Es la segunda en menos de quince días. Los tecnócratas del FMI vienen a revisar con lupa los “números” de la economía. A “auditar las cuentas”, dicen.

El gobierno peronista de Alberto Fernández le abrió las puertas de par en par. Es más, se la pasa elogiando a ese organismo explotador. El ministro Guzmán destacó el “buen clima” de las reuniones, el propio presidente “celebró”que el FMI le dé la razón al declarar la “insustentabilidad de la deuda” y ambos han reivindicado a la directora Kristalina Georgieva por su supuesta “sensibilidad social”.

El gobierno dice que Argentina logró algo positivo, que el Fondo se ponga “de nuestro lado”, que el gobierno lo convenció que “primero hay que crecer para después pagar”. Pero este discurso es muy perjudicial para el pueblo trabajador y para el país. Con eso quiere vender que se puede obtener un acuerdo “progresista” que nos va a salvar. Pero no hay que dejarse engañar. El FMI fue, es y seguirá siendo una de las principales patas de sustento del capitalismo imperialista. Está al servicio de que los países paguen sus deudas a los pulpos acreedores y para eso despliega su rol de “policía” para primero diseñar planes de ajuste y luego exigir su cumplimiento. El FMI no cambió. Lo demuestran sus últimas intervenciones en los planes de ajuste en Grecia, Ucrania, El Líbano o Ecuador que se aplican de la mano de los gobiernos de turno (sean de derecha, conservadores o de centroizquierda). No hay salida si seguimos sometidos a sus dictados, que son los mismos de Donald Trump, las multinacionales y los bancos usureros.

El gobierno empieza a alentar una nueva maniobra. Le ha ordenado al Banco Central “investigar” la deuda generada en el gobierno de Macri. En los próximos días saldrá un informe con un resultado cantado: la inmensa mayoría de ese endeudamiento fue para financiar la fuga de capitales y nada para obras, dentro de ella la totalidad del préstamo de 44.000 millones de dólares del FMI. Nos preguntamos, si ese va a ser el resultado, ¿el gobierno lo va usar para decir, como correspondería, que hay que desconocer esa deuda y no pagar? Claro que no. Va a decir que es un nuevo elemento para “seguir convenciendo” a los usureros de que tienen que aceptar una renegociación favorable, cuando lo que hace falta es desconocer ese endeudamiento y romper los condicionamientos económicos y políticos con el FMI como planteamos desde la izquierda para empezar a salir de la crisis.

Están claras las responsabilidades de Macri y el FMI. ¿Por qué reconocer entonces un pacto perjudicial para el pueblo trabajador? Encima el FMI ya está diciendo que el gobierno deberá firmar otro acuerdo con dicho organismo si quiere estirar los plazos para pagar su deuda, a cambio, por supuesto, de reformas estructurales (léase más ataques a las jubilaciones y a los convenios colectivos, entre otros).

La bola de nieve de la deuda externa, corregida y aumentada por el macrismo, tiene toda una historia de responsables políticos que vienen desde la dictadura militar e involucra a todos los gobiernos posteriores, sin excepción. El carácter fraudulento e ilegal ya está probado cuando a lo largo de los años se pagó varias veces el capital y se siguen debiendo sumas siderales. Esto lo confirmó el fallo del juez Ballesteros del año 2000 tras la impecable investigación de Alejandro Olmos. Ningún estiramiento de plazos ni ninguna quita evitará lo de siempre, un mayor ajuste para pagar.

Ajustar para pagar, es el plan del gobierno de Fernández. No hay otro. Es el que ya empezó a implementar cuando les robó a los jubilados el aumento que les correspondía en marzo o el que se les aplica a los docentes. Primero en la provincia de Buenos Aires cuando Kicillof le dejó de pagar un reajuste arrancado a Vidal para abonar 250 millones de dólares a los usureros y ahora con el aumento miserable a los maestros con la complicidad vergonzosa de Ctera que ha llevado al paro educativo en varias provincias. El mismo ajuste que les está aplicando al conjunto de los trabajadores quitándoles las cláusulas gatillo y pretendiendo reemplazar los aumentos paritarios por sumas fijas de pobreza.
En resumidas cuentas, el objetivo de la nueva visita del FMI es para diseñar junto al gobierno los nuevos pasos para “ahorrar” dólares y cumplir con los usureros internacionales.

Ninguna renegociación va a permitir recuperar salarios y crear empleo. No hay un “FMI bueno”. No lo hubo nunca. Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad insistimos en que la única salida pasa por romper con el FMI y dejar de pagar esa ilegal, usurera y fraudulenta deuda externa, para poner en marcha un verdadero plan económico alternativo obrero y popular que resuelva las urgentes necesidades populares.