El cristinista y titular del bloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans, dijo: “¿Queremos paz social? Bueno, comencemos a parar este juicio vergonzoso. En el juicio de Vialidad estuvo el germen que generó la violencia extrema”. Linda frase para encumbrarla como de alta calidad democrática. O sea que para Mayans los políticos de turno pueden parar o hacer seguir causas judiciales si son o no en su provecho. Esto prueba lo que decimos desde la izquierda, que a los jueces los manipulan los políticos patronales de acuerdo a su conveniencia. Mayans es sinónimo de impunidad, para los de arriba, llevando a pensar que podría darse lo contrario, que el peronismo frene causas contra el macrismo si se trata de “generar la paz social”. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

“La convivencia democrática se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos”. Esto dijo el presidente de la Nación cuando decretó el feriado y convocó a la marcha a Plaza de Mayo. El ministro Wado De Pedro dijo: “No es un loco suelto: son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radio”.

Victoria Donda (Inadi), la misma que tenía a su empleada doméstica de manera irregular, señaló que “a las armas de los odiadores las cargan los Macri, Bullrich, Milei”. Luis D´Elía dijo algo similar contra distintos periodistas. Hasta el historiador peronista Mempo Giardinelli propuso aplicar la Ley Antiterrorista a medios y periodistas no oficialistas.

Lo que cabría preguntarse en todo caso (siguiendo el hilo de Donda), es por qué la gente se dejaría llevar por esos personajes repudiables que ella menciona. Es que si el pueblo trabajador repudia al gobierno es por el ajuste, la pobreza y la inflación.

Una reciente encuesta habla de un récord de pesimismo sobre el presente y el futuro del país. El 56% dice que lo peor está por venir; la gente no ve que las elecciones puedan mejorar su situación y haya más entre quienes se perciben de clase baja que años atrás, entre otras consideraciones. ¿Culpa de la campaña del odio o de un gobierno que prometió combatir a la derecha y aplica el ajuste del FMI?

Desde ya estamos lejos de respaldar a periodistas sesgados o a políticos repudiables de la oposición patronal. Recordamos que a los cuatro años de ajuste bajo el gobierno macrista (2015/2019) los combatimos las y los luchadores, el sindicalismo combativo y la izquierda, no el peronismo que le votaba las leyes y la CGT le jugaba de cómplice. Sin embargo, hay que despejar la paja del trigo, como dice el dicho popular.

El “discurso de odio” como concepto fue pensado desde organismos de derechos humanos para proteger a las minorías vulneradas, para colectivos en riesgo como migrantes y refugiados, nunca para que sean usados por los gobiernos de turno contra quienes los critican.

Algunos parlamentarios oficialistas hasta promueven una ley “contra el odio”. Nicolás Maduro impuso en Venezuela una similar para perseguir a los que luchan contra su ajuste dictatorial.

El mote “de odio” (que ahora el gobierno emprende contra medios, periodistas y jueces), irá rápidamente contra los que reclaman a diario como las y los docentes, pasibles de ser acusados de “odiadores seriales”. Mote que le imputarán a las y los jubiladas y jubilados que repudian sus ingresos de indigencia, contra los movimientos sociales combativos y la izquierda, apuntando directamente contra el legítimo derecho a la protesta. Algo muy peligroso. Discurso y política que llamamos a rechazar.  

Escribe Claudio Funes

Juntos por el Cambio profundizó su crisis y sus propuestas reaccionarias frente a los nuevos hechos de la semana. Entre la represión a quienes se manifiestan y negar el repudio al atentado a la vicepresidenta, compiten por quién es más reaccionario, de cara a las elecciones del 2023.

El pasado 3 de septiembre se realizó una sesión especial en la Cámara de Diputados. En ella se votó por mayoría un texto de repudio al atentado contra Cristina Kirchner. La decisión del macrismo de no participar en el debate posterior volvió a agudizar, aún más, las internas en Cambiemos. Cuando Cristian Ritondo, jefe de los diputados de PRO, dio la orden a los suyos de retirarse del recinto, el resto de la bancada de Juntos por el Cambio permaneció imperturbable.

La interna de la principal fuerza patronal de oposición se tensa aún más por las circunstancias. Se enfrentan por las candidaturas y por el perfil político, entre reaccionario y muy reaccionario. No quieren despegarse de su base social más de derecha que les disputa Javier Milei.

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, apoyándose en este sector, es una de las que más duro juega. En esa línea eligió las redes sociales para cuestionar el feriado decretado por Alberto Fernández. Alentó a que quien quiera andar armado, lo haga. Llegó al punto de no condenar el atentado contra la vicepresidenta. Sus aspiraciones a candidata presidencial la hacen atacar a cualquiera que pueda ser un rival.

Fue blanco de las críticas de Bullrich el accionar del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta (otro “presidenciable”), por no sostener el operativo represivo en el barrio de Recoleta ante las movilizaciones contra la condena solicitadas por la vicepresidenta. “Cuando tomás una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidarla a ella y a los vecinos, la tenés que mantener”. También señaló que Juntos por el Cambio se ve débil porque la ciudad de Buenos Aires siempre está con las calles tomadas, atacando a toda movilización y reclamo.

Desde aquel “fuego amigo” de Lilita Carrió, la interna de Juntos por el Cambio está que arde. Cada dirigente hizo lo que más le convenía. Macri mantuvo silencio porque había salido bien parado. Además, el ex presidente tiene una coincidencia central con Carrió: no quiere que la alianza de Juntos por el Cambio sume los sectores peronistas con los que hablan Larreta y Morales. Patricia Bullrich y Cristian Ritondo respondieron con fuerza a la líder de la Coalición Cívica dentro de PRO. Sospechan de los escrúpulos de Carrió para elegir sus objetivos, que dejaron afuera a los candidatos de Rodríguez Larreta.
De no ser por lo que representan, la interna se parece a una clásica comedia de enredos, sin treguas y con una escenografía de abundantes puertas. Cada sector intenta averiguar quién está del otro lado. Quién fue el que alentó las denuncias de “Lilita”. Ritondo y Bullrich sospechan de Larreta y Santilli. El Larretismo de Macri debido a su silencio. Otros, en cambio, opinan que Carrió está jugando a dos puntas. Mantiene sus acuerdos con Larreta, pero le pone una ficha a Macri por si se candidatea.

En definitiva, todos sospechan de todos y se miran con recelo. Exageran sus diferencias, y las que tienen con el Frente de Todos, porque apoyan el ajuste del gobierno peronista y el pacto con el FMI pero quieren mostrarse como alternativa electoral. Esto es Juntos por el Cambio, un sainete de la más vieja y rancia política patronal y ajustadora.

Escribe Claudio Funes

Mientras era abrumador el repudio al atentado contra la vicepresidenta, hubo una voz que se mantuvo en silencio: la del diputado “libertario” Javier Milei. Incluso cuando algunos periodistas le preguntaron explícitamente, no se pronunció. Recién el sábado 3 de septiembre, con su voto afirmativo en la sesión especial de la Cámara de Diputados, Javier Milei manifestó que “repudiaba algo”, aunque de sus palabras no se dedujo que fuera exactamente el atentado sufrido por Cristina Fernández. No actuó de igual manera en 2018, cuando apuñalaron a Jair Bolsonaro en plena campaña electoral. Ahí su reacción fue inmediata: “Mi total y absoluto apoyo al Presidente de Brasil Jair Bolsonaro ante un nuevo ataque de la izquierda, cuyo elemento común en todo tiempo y lugar es la total intolerancia ante quién piensa distinto”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la sesión parlamentaria, en pleno debate, expresó su “total y absoluto repudio a todo acto de violencia”, sin referirse específicamente al atentado. Pero su postura es falsa, porque Javier Milei niega el terrorismo de Estado llevado adelante por la dictadura genocida que produjo 30.000 desaparecidos. Es falsa porque cruzó saludos con el entonces candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, afín a Augusto Pinochet, el sanguinario dictador.

Milei no repudia claramente el atentado a la vicepresidenta porque dentro de su fuerza política tiene grupos como los jóvenes libertarios ultraderechistas, que marchaban en la época de la pandemia contra las vacunas. El propio Javier Milei está relacionado internacionalmente con grupos de ultraderecha que se referencian en Bolsonaro y Donald Trump, o Vox en el Estado Español.

Por lo tanto, no es cierto que esté contra todo tipo de violencia. Javier Milei es un fascista y represor. En su propio discurso el sábado pasado mostró también su parte machista y misógina. Su salida política es más hambre y miseria para el pueblo trabajador y los sectores populares, otras de las formas que adquiere la violencia de los gobiernos del ajuste y el FMI. Por ello el “repudio” de Milei es repudiable.

Escribe Claudio Funes

La justicia electoral de La Plata desaprobó la rendición de gastos que realizó Avanza Libertad, la coalición electoral de José Luis Espert, por la impresión de boletas para las elecciones de 2021.
Según una resolución del juez federal con competencia electoral, se dispuso la desaprobación de la rendición de gastos que hicieron la Unión del Centro Democrático, el Partido Demócrata y Dignidad Popular por la adquisición de boletas y demás gastos de campaña. Por ello se le aplicó a ese espacio político una multa por más de 18 millones de pesos.

El Estado le otorgó a los libertarios ese monto, pero sus propios responsables económicos y apoderados denunciaron irregularidades en el manejo de los fondos. Las facturas de impresión de las boletas estaban firmadas por un remisero que nada tiene que ver con el negocio de la imprenta. Ahora, la justicia penal podría investigar a Avanza Libertad por posibles delitos de acción pública, como la malversación de fondos, si se comprobase que se emitieron facturas apócrifas.

José Luis Espert es el que afirma que hay que achicar la planta del Estado, que sobran 1.8 millones de empleados a los que él está dispuesto a echar. El que escribió La sociedad cómplice, donde plantea que los problemas del país se deben, en gran medida, a que la ciudadanía prefiere callar frente a las cuestiones estructurales dentro del sistema político, sindical y empresario. Pero resulta que Espert recibe aportes del narcotraficante Federico “Fred” Machado y trucha facturas para cobrar el financiamiento partidario y electoral por parte del Estado. Un caradura.