Escribe José Castillo

El gobierno peronista del Frente de Todos se jacta de que “ahora sí” está logrando que los grandes acopiadores de soja se dignen a liquidarlas y así permitan engrosar las reservas. Claro que para ello les está garantizando un negocio redondo: pagarles la soja que liquidan a 200 pesos por dólar. Para el exportador de soja es el equivalente a bajarles las retenciones a 0%.

Un escándalo, teniendo en cuenta que el mismo Banco Central que paga 200 pesos por dólar a los grandes exportadores de soja, luego se lo vende a los importadores a 140 pesos. ¡Comprar a 200 para vender a 140! Todo esto le genera al estado una pérdida de 300.000 millones de pesos, que es el equivalente a todo lo que se recaudó el año pasado con el impuesto a las grandes fortunas.

Este “dólar soja” es un beneficio exclusivo para los grandes terratenientes, que son los que tuvieron capacidad para acopiar y esperar, especulando con las toneladas de soja en las silobolsas. El pequeño productor ya hace meses que se vio obligado a vender su cosecha para sobrevivir a la cotización anterior.

Recordemos que, según el último censo agropecuario (del año 2018), el 1% de las explotaciones agropecuarias concentran el 36% de la tierra. En el otro extremo, el 55% de las explotaciones tienen apenas el 2% de la tierra. Estamos hablando en un caso de fincas de más de 10.000 hectáreas y en el otro extremo de pequeñas chacras de 200.

Los quince mayores grupos de siembra del país, que suman 1,6 millones de hectáreas, son: Mariano Bosch (Adecoagro, 210.000 hectáreas), Roberto Urquía (Aceitera General Deheza, 200.000 hectáreas), Lartirigoyen y Cía (Grupo Glencore, 150.000), Manuel Santos Uribelarrea Balcarce (MSU, 140.000 hectáreas), Eduardo Elzstain (Cresud, 132.000 hectáreas), Grupo Duhau (120.000 hectáreas), Grupo Andreoli (100.000 hectáreas), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo, 99.000 hectáreas), Grupo Boehler (80.000 hectáreas), Markus Kahlbetzer (Liag Argentina, 79.000 hectáreas), Grupo Río Seco (65.000 hectáreas), Rafael Aliaga (Man Agro, 60.000 hectáreas), Daniel Cavigliasso (Maniagro, 60.000 hectáreas), Carlos Reyes Terrabusi (Virreyes Agropecuaria, 50.000 hectáreas) y Santiago Casares (Casenave y Asociados, 50.000 hectáreas).

A todo esto hay que sumarle los pooles de siembra, especuladores financieros que arriendan tierras exclusivamente para una cosecha y luego especulan con las toneladas cosechadas.

Los grandes productores de soja no sólo se están beneficiando con este tipo de cambio especial. También aprovechan para cobrar la soja en pesos a un dólar de 200 cuando venden al mercado interno, ya sea a quiénes la usan para alimentación de animales (vacas lecheras, cerdos, aves), a las empresas de biodiesel o a las aceiteras. Conclusión: en el corto plazo veremos “la segunda vuelta” de este mayor precio de los insumos, con un nuevo salto inflacionario.

En vez de castigar a los especuladores, se los está premiando. Obviamente, ahora viene la presión de los terratenientes que cosecharon maíz para que se les reconozca el mismo tipo de cambio, mañana sucederá lo mismo con los del trigo y así sucesivamente. Lo que está sucediendo, en el fondo, es una devaluación encubierta, en cuotas. Que terminará pagándola, con mayor inflación, el pueblo trabajador.

La solución pasa por nacionalizar el comercio exterior, para terminar con todas estas maniobras especulativas. Y para que sea el estado quien reciba los dólares exportados en forma directa y así pueda aplicarlos a las más urgentes necesidades populares.

A todo esto hay que agregar una salida de fondo. No va más esta estructura de propiedad de la tierra. Se necesita una profunda reforma agraria, con la expropiación de los grandes terratenientes y el apoyo con créditos blandos, subsidios, formación a través del INTA y precios sostén para los pequeños productores, las cooperativas y la agricultura familiar.

Escribe José Castillo

Sergio Massa viene prometiendo que, tras su gira por Estados Unidos, se avanzará en un acuerdo entre la AFIP y el Internal Revenue Service (IRS), organismo de recaudación de impuestos yanqui.

El gobierno del Frente de Todos afirma que hay 100.000 millones de dólares fugados de nuestro país y depositados en los Estados Unidos. Cierto. Tal vez incluso sean más. Es verdad que si se cobraran multas e impuestos sobre ese dinero, sería un dineral.

Pero lo totalmente ilusorio es imaginar que el gobierno de los Estados Unidos denunciará a esos capitalistas que fugaron de nuestro país y hoy juegan en el sistema financiero del país del Norte. Los acuerdos entre países para evitar la evasión impositiva, que existen, son totalmente asimétricos. Estados Unidos firmará un acuerdo con la Argentina, si le conviene, para evitar la eventual fuga de capitales yanquis hacia nuestro país, cosa que, evidentemente, hoy no sucede. Incluso si, en algún momento del futuro, se firmara algún pacto de intercambio de información impositiva, este bajo ningún punto de vista permitirá a nuestro país cobrar fuertes impuestos o multas a los evasores. A lo sumo abrirá las puertas para algún nuevo blanqueo de capitales, a la medida de los propios evasores.

Muchos de los evasores impositivos y los que fugan capitales son ampliamente conocidos. Si son personas físicas, tienen intereses en empresas y grupos económicos que funcionan en nuestro país. Si son empresas fantasmas, es bastante fácil encontrar lazos familiares y de testaferros con patronales locales.

En síntesis, lo que se debería hacer es exigir la repatriación de los capitales fugados, amenazando con incautar las riquezas locales de esos especuladores, no esperando una ilusoria “ayuda” de los yanquis, que nunca llegará. ¿O acaso no sabemos que la mayor corrupción es el ilegal, inmoral e impagable endeudamiento externo, generada por el mismísimo establishment financiero yanqui?

Escribe Adolfo Santos

El martes 13, Roberto Baradel y Hugo Yasky, dos burócratas sindicales ligados al gobierno del Frente de Todos, se reunieron con el embajador de los Estados Unidos Marc Stanley. Éstos dirigentes, que jamás consultan con las bases, fueron a la embajada yanqui a discutir el papel de los sindicatos para “defender los derechos de los trabajadores y la reconstrucción de la economía”. ¡Caraduras!

Discutir sobre derechos de los trabajadores y una economía inclusiva con el representante del imperialismo que ordena los ajustes y es el mayor explotador de la clase obrera mundial no es una ingenuidad. Reproducen a nivel sindical la política de entrega del gobierno peronista
que ellos defienden.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Discurso del odio”. Esa es la frase que está de moda en el peronismo. El gobierno la usa para decir que todos los males se deben a los editoriales de los medios que lo critican, a los fallos judiciales adversos y a los discursos violentos de la oposición patronal. Intenta desligarse del enorme repudio popular y de paso sentar un peligroso antecedente contra los que luchan, el sindicalismo combativo y la izquierda.
 
El Presidente de la Nación, La Cámpora, la CGT, las CTA y los medios afines al gobierno siguen con la campaña. Todo lo malo sería por culpa del famoso “discurso del odio”. Odio que estaría detrás del pedido de condena de un fiscal por los casos de corrupción, oficiando como caldo de cultivo del atentado contra la vicepresidenta.

La otra campaña que se suma a la del odio es la del lawfare. Esta palabra, en inglés, quiere decir “guerra judicial”, en este caso contra los gobiernos supuestamente “nacionales y populares” como el peronismo, para desestabilizarlos y que no puedan cumplir con su cometido de gobernar para los vulnerables.

La semana pasada se hizo una audiencia en el Congreso convocada por la diputada kirchnerista de la Ciudad Gisela Marziotta, donde participaron juristas y representantes de otros gobiernos latinoamericanos. La idea es promover una ley o modificar el Código Penal para condenar a los jueces que atenten contra políticos populares.

La teoría del lawfare hace referencia a que en Latinoamérica se estarían dando golpes de Estado (“golpes blandos”), no por los militares como antes, sino con fallos de jueces que responden a la embajada norteamericana. Es lo que vienen diciendo los gobiernos denominados “progresistas” como se los auto titula a los Lula en Brasil, al peronismo en Argentina o a las dictaduras de Maduro y Ortega, en Venezuela y Nicaragua respectivamente.

La diputada Marziotta dijo que el lawfare es el “Plan Cóndor” de nuestros tiempos (genocidio que aplicó Estados Unidos en el cono sur y Argentina con el golpe de Videla-Martínez de Hoz, con 30.000 detenidos desaparecidos). Otro de los participantes señaló que lo que le está pasando a Cristina se asemeja al golpe gorila del ‘55 contra Perón. Comparaciones que nada tienen que ver con la realidad.

En esos años sí hubo golpes de Estado que llamamos a combatir, como lo hizo nuestra corriente encabezada por Nahuel Moreno enfrentando el golpe gorila del ‘55 mientras el Partido Comunista y el Partido Socialista (quienes hoy están con el gobierno) estaban con la Fusiladora. O como lo hicimos con el golpe del ‘76, que se dio para liquidar a una generación de luchadores ante el desquicio del gobierno de Isabel Perón que ya venía implementando una tremenda represión con las bandas fascistas de las Tres A.

Hoy contra un juez, mañana contra los que luchan

El objetivo de esta campaña es intentar que el peronismo quede como víctima de una supuesta campaña de la derecha internacional, mostrándolo como “nacional y popular”, cuando viene gobernando para las multinacionales, los grandes empresarios y el Fondo Monetario.

Lo que tendrían que preguntarse el gobierno y sus seguidores es por qué el pueblo pobre y trabajador se estaría dejando llevar por personajes tan repudiables como Macri y no por los discursos positivos, “de amor”, del Frente de Todos. ¿No será que el pueblo trabajador está harto de tantas mentiras, del doble discurso oficial y de un tremendo ajuste, pobreza e inflación que está ejecutando el peronismo del Frente de Todos? ¿No será que este es el caldo de cultivo que engendra a estos sectores marginales ultraderechistas que provocaron el atentado, y no una gran organización de la derecha internacional que está detrás de todo, como pregona el gobierno?

Está claro que desde Izquierda Socialista no respaldamos a los medios sesgados; somos quienes venimos enfrentando con el Frente de Izquierda a Juntos por el Cambio y a los ultraderechistas como Milei, y decimos que a los jueces se los debe elegir por el voto popular. Pero a la par decimos que es falsa esta campaña del gobierno que usa para tapar su brutal ajuste. Campaña que irá contra los que luchan.

Alertamos que al “mote del odio” el gobierno se lo endilgará a las y los docentes que paran en varias provincias, a los movimientos sociales combativos y a la izquierda, apuntando contra el derecho a la protesta y a la verdadera oposición, que es el Frente de Izquierda Unidad.

Recordemos, como ejemplos, cuando en pleno gobierno de Cristina Kirchner a nuestro dirigente combativo Rubén “Pollo” Sobrero lo metieron preso por cuatro días, incomunicado, acusado falsamente de quemar trenes por Aníbal Fernández, entonces ministro de Cristina. O cuando Cristina como presidenta tildó de “vagos” a los docentes en una sesión de apertura del Congreso y con su actual abogado Dalbón dijeron que la culpa de la masacre de Once la tuvo el motorman.

Cristina como presidenta acusó a los paros generales por el salario de “destituyentes”, y con el Proyecto X (inteligencia de Gendarmería y el Ejército) se infiltraron en las marchas obreras y populares para iniciar causas penales contra sus dirigentes. El kirchnerismo, teniendo mayorías parlamentarias, nunca aprobó la ley para desprocesar a más de 5.000 luchadoras y luchadores sociales.

Por todo esto llamamos a rechazar a este discurso peligroso y a luchar por una salida de fondo, que vendrá con un gobierno obrero y popular y una Argentina socialista, que termine con esta debacle política y social a la que nos han llevado todos los gobiernos capitalistas.   

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Nuevo MAS y Castañeira participaron del acto convocado por Alberto Fernández el pasado viernes 2 de septiembre en Plaza de Mayo, día decretado como feriado nacional. Dicen que fueron al acto contra un “zarpazo reaccionario”, tildando de “secta podrida de derecha” al Frente de Izquierda por no haber salido a las calles contra un “atentado fascista”.

Parece que Castañeira y el Nuevo MAS no escucharon el discurso de Alberto Fernández cuando convocó a la marcha culpando al atentado por el “discurso del odio” y llamando a la “paz social”. El presidente había dicho el día previo: “El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que lo logremos”. ¿Eso fueron a apoyar? ¿Cómo que había que movilizar con el gobierno, el Frente de Todos y la burocracia sindical porque “estaba en juego la democracia”? Justo cuando Massa está redoblando el ajuste capitalista y viajó a Estados Unidos para seguir con la entrega.

Claro que repudiamos este atentado, como todas las acciones de sectores minoritarios ultraderechistas. Y exigimos investigación y castigo. ¿Pero de dónde se traduce que este atentado -por más repudiable que sea- haya sido una intentona golpista que puso en peligro las libertades democráticas del pueblo trabajador?

El Nuevo MAS le lavó la cara al gobierno, diciendo: “Es falso que hubiera sido una marcha en apoyo al gobierno”. Lo fundamenta alegando que “no fue un acto oficialista (incluso en la forma), el documento que se leyó fue un documento oficialista pero leído por una actriz”. (Textual de Roberto Sáenz, informe al Comité Central del Nuevo MAS, IZQ WEB 4/9). O sea, como lo leyó una actriz kirchnerista y no alguien de La Cámpora, no fue un acto pro gobierno. Un delirio total.

No solo eso, el Nuevo MAS señala que “fue una manifestación ultra progresiva y democrática” porque “al tomar las calles se evitó el giro reaccionario, y para mí la coyuntura quedó colocada un poco más hacia la izquierda. Se generó una marcha democrática por la izquierda”. (Idem de Sáenz). Para el Nuevo MAS no solo no fue un acto del Frente de Todos, sino que habría sido una “respuesta por izquierda” al atentado.

El Frente de Izquierda no marchó, porque como lo señaló en una declaración, “nuestro repudio a este atentado reaccionario no implica ninguna solidaridad política con un gobierno que está llevando a cabo un profundo ajuste contra el pueblo trabajador bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional”.

Esta política capituladora del Nuevo MAS viene de hace años. Recientemente, Castañeira también habló de “persecución y proscripción de Cristina”, ante el pedido de condena de un fiscal por sus responsabilidades en hechos de corrupción bajo sus doce años de gobierno (2003/2015). No es casual. Según el análisis de Sáenz, “Cristina y el peronismo son un obstáculo” para una salida bolsonarista”. Es decir, que habría que defender al democrático peronismo versus al fascista Juntos por el Cambio.

El Nuevo MAS capituló una vez más al peronismo y al kirchnerismo. Y es bueno recordar que nunca se sumó al Frente de Izquierda conformado en 2011 para pelear, en pleno kirchnerismo, por una salida obrera y socialista. Las razones están a la vista.