Escribe Diego Martínez

A raíz del atentado contra Cristina Kirchner, surgieron distintas posturas en relación al avance de la extrema derecha en el país. El gobierno insinúa que el atentado contó con el aval de las “cúpulas” de la derecha y que puso en jaque a la democracia. Ninguna de las dos cosas es cierta. Estas expresiones neofascistas existen, pero son ultra minoritarias, marginales, y no cuentan con el apoyo de sectores burgueses ni entre los trabajadores y la clase media.

Puede haber compañeras y compañeros que, impactados por el intento de magnicidio, entren en dudas con el discurso del gobierno. Pero la situación es muy distinta, por ejemplo, a la de los años ‘70. En los años previos al golpe del ‘76 la situación era totalmente distinta. En aquel momento la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que actuaba durante el gobierno de Isabel Perón, estaba conformada por el lopezreguismo y patotas de la burocracia sindical que asesinaron a miles de luchadores obreros y populares.

La envergadura de los grupos que existen actualmente es completamente distinta. Y no se asienta en ningún sector organizado de manera permanente. Esto no quiere decir que no sean peligrosos ni que no haya que repudiar enérgicamente su accionar llamando a la más amplia unidad para ello, ya que no solamente apuntan contra distintas minorías, sino también particularmente contra todos los sectores que realicen acciones de lucha como movilizaciones, paros o cortes de ruta.

Uno de ellos es el centro cultural Kyle Rittehouse de La Plata, que lleva el nombre en honor a un joven estadounidense que mató a dos personas en una marcha antirracista. Los dos integrantes de este grupo realizaron atentados contra locales de partidos de izquierda y monumentos de la memoria. José Derman, uno de ellos, se entrevistó con representantes del partido de Milei, a quienes les ofreció fiscalizar en las elecciones. Cuando allanaron su casa encontraron fotos de Bolsonaro y del economista libertario.

Otro grupo que se dio a conocer es “Revolución Federal”, que se pronuncia en contra de los “planeros”, “los zurdos”, los extranjeros de países limítrofes, las “feminazis” y el “curro de los derechos humanos”. Se manifiestan a favor de la pena de muerte y en una marcha contra el gobierno colocaron guillotinas y bolsas mortuarias en la Plaza de Mayo.

El caldo de cultivo para el surgimiento de estas expresiones es la crisis y la descomposición social del capitalismo, lo que trae aparejado un crecimiento de la violencia. La desesperación que se genera entre amplias franjas de trabajadores y sectores populares, junto a la crisis política, es canalizada mediante un discurso engañoso por los liberfachos Milei y Espert,  quienes sí representan un verdadero peligro  y a quienes llamamos a combatir y desenmascarar. Estos personajes buscan inventar “chivos expiatorios” como los piqueteros o los inmigrantes, a quienes pretenden hacer pasar como los causantes de la debacle social, para que los trabajadores canalicen su bronca en ellos y no en los capitalistas.

Los verdaderos responsables de la decadencia social son los sucesivos gobiernos capitalistas, tanto del peronismo como de Cambiemos, que han llevado adelante políticas de ajuste y de entrega generando más miseria y descomposición social.

Llamamos a repudiar a estas expresiones neofascistas y a luchar por lo opuesto. Por una salida obrera y socialista para terminar con este capitalismo que actúa como caldo de cultivo y engendra este tipo de expresiones completamente repudiables. 

Escribe Guido Poletti

Aunque el gobierno lo niegue, está en curso un ajuste cada día mayor para cumplir con las exigencias del FMI. Salarios y jubilaciones por debajo de la inflación, tarifazos en los servicios públicos y recortes en salud, educación y obra pública lo demuestran.

La vocera presidencial Gabriela Cerruti volvió a insistir en que en la Argentina “no hay ningún ajuste, solo reasignación de partidas no ejecutadas”. Sonó parecido a cuando, en la mismísima conferencia de prensa donde se estaban anunciando los aumentos del gas, la electricidad y el agua, la titular de Aysa, Malena Galmarini, también sostuvo que “no se trataba de aumentos, sino de reestructuración de categorías de subsidios”.

Es, en ambos casos, el sumun del doble discurso. Porque casi en el mismo momento en que Cerruti hacía estas declaraciones, a 10.000 kilómetros de distancia, en Washington los funcionarios del Ministerio de Economía se esforzaban por mostrar al establishment del Fondo Monetario Internacional cómo habían llevado adelante dicho ajuste. Quieren cumplir con la exigencia del FMI de llegar a fin de año con un achicamiento del déficit fiscal que alcance el 2,5% del PBI.

Lo concreto es que en septiembre ya están corriendo los tarifazos de luz y gas. Que los jubilados cobraron con reajustes muy por debajo de la inflación del trimestre anterior, y por lo tanto sus haberes se siguieron pulverizando. Que los salarios de los empleados públicos, docentes y trabajadores de la salud siguen perdiendo poder adquisitivo. Que los recortes en la obra pública, en las refacciones de escuelas y hospitales, lentamente empiezan a verse en la realidad. Y que hay ajustes vergonzosos, como el que sufren las personas con discapacidad.

Todo esto no es más que la materialización del ajuste de 230.000 millones de pesos que anunció el superministro de Economía Sergio Massa el mes pasado. Que ni aún así alcanzará para llegar a reducir el déficit fiscal al 2,5% del PBI, tal como está planteado en el acuerdo con el Fondo firmado en marzo pasado. Para llegar a ese número, hará falta al menos otro recorte de igual o superior tamaño en el último trimestre del año. Y uno más grande aún para el año próximo, cuando haya que cumplir con una meta todavía más exigente con dicho organismo, ya que entonces habrá que llegar a un déficit de apenas 1,9% del PBI.

El “ajustado” es siempre el pueblo trabajador. Mientras tanto los monopolios agroexportadores reciben un dólar que el gobierno les paga a 200 pesos (cuando luego lo vende a 140) generando de hecho un subsidio al sector de 300.000 millones de pesos. Claro que esto “no se cuenta”, ya que apunta a cubrir la otra exigencia del FMI: llegar a acumular reservas por 5.800 millones de dólares y así mostrar que se tiene capacidad de pago de los vencimientos de deuda externa.

Es evidente que, por este camino, no hay ninguna posibilidad de resolver ninguna de las más urgentes necesidades populares en materia de salario, jubilación, empleo genuino, planes sociales, vivienda, salud o educación. El futuro es ajuste sobre ajuste, así hasta el infinito. Por eso insistimos en lo que venimos diciendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: la única salida es romper inmediatamente con el FMI y dejar de pagar la deuda externa. Solo así tendremos los recursos para empezar un camino distinto, un plan económico de emergencia obrero y popular que priorice el bienestar del pueblo trabajador.

Reducciones en el Procrear

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que dirige Jorge Ferraresi, sufrió un recorte de  50 mil millones de pesos -el 16,4% de su presupuesto-, íntegramente destinados al plan Procrear, dedicado al otorgamiento de créditos hipotecarios a tasa subsidiada. En un país con un déficit habitacional de 5 millones de viviendas, no solo el Estado no construye, sino que incluso reduce los escasos créditos existentes para acceder a una casa o refaccionarla.

Recorte en discapacidad

Tres días después del anuncio de ajuste del ministro Massa, la Superintendencia de Salud anunció un “diferimiento de los pagos de todas las prestaciones por discapacidad”. Aclaremos que por diferimiento se entiende un plazo aún mayor al habitual de tres meses.  El sistema de prestaciones básicas en discapacidad está completamente vaciado. No están funcionando la mayoría de prestaciones a nivel nacional, no se están aprobando las horas ni disciplinas que necesitan las personas con discapacidad. Está totalmente cortada la cadena de pagos a los prestadores. Hay docentes integradores que no cobran desde mayo. Los montos para transporte no se han actualizado y ya no alcanzan para pagar a los prestadores.

Jubilaciones: otra vez perdieron

El último aumento fue del 15,53%, con el agregado de un bono de 7.000 pesos que percibirán durante 3 meses los perceptores de la mínima, que se reducirá gradualmente hasta 4.000 pesos para los que cobren dos haberes mínimos (90.705 pesos).
Aunque el gobierno habló de aumento “real” (superior a la inflación) del haber mínimo, que sin bono es de 43.353 pesos, para el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se trató de “una falacia berreta”. El bono, dijo, busca encubrir que el 15,53% equivale a 200 pesos por día para personas que apenas cubren entre el 35% y el 40% de su canasta de consumo. Además, el incremento para los demás jubilados fue casi dos puntos inferior al 17,3% de inflación del trimestre precedente, brecha que crecerá con la inflación prevista de aquí a fin de año.

Salarios: corren por detrás de la inflación

Los propios datos oficiales reconocen la pérdida del poder adquisitivo con respecto a la inflación. En el acumulado del primer semestre el índice de salarios cerró con un alza del 34,3% en promedio, contra una inflación de 36,2%. Esta suba del índice fue producto de una suba del 36% en los sueldos de los trabajadores privados, del 35,5% en los de los empleados públicos, y de 27,9% en los trabajadores no registrados.

Estos números empeoraron con el desboque inflacionario de julio, del 7,4%, y agosto (se calcula un número cercano a 6,4%). Los salarios estatales de todos los niveles (nacional, provincial y municipal) están perdiendo fuertemente su poder adquisitivo. Este es el mecanismo que está utilizando el gobierno para cumplir esta parte del ajuste exigido por el FMI.

Educación: sin computadoras ni refacciones a las escuelas

El ministerio de Educación está sufriendo un recorte de 50 mil millones de pesos, el 5,2% de los gastos previstos para este año. De ese total, 30 mil millones corresponden al Conectar Igualdad, plan que contempla la entrega de netbooks a estudiantes de escuelas secundarias. Esto implica prácticamente “cerrar” el programa por lo que resta del año y no entregar una computadora más. Otros  15 mil millones son recortes al Programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes.  Y  5 mil millones de pesos a otros a programas de infraestructura y equipamiento.
A todo esto hay que sumarle que el ajuste en los fondos que se envían a las provincias repercute indirectamente en que los gobernadores lo usan como excusa para no aumentar los salarios de los docentes, profundamente deteriorados por la inflación.

Tarifazos en curso

Este mes de septiembre ya empezaron a correr los aumentos a los servicios de gas y electricidad. Con incrementos que serán superiores al 20% para la mayoría de los usuarios en las boletas que recibirán individualmente. A esto se le deberá sumar como afecta dicho tarifazo en los llamados gastos comunes de electricidad en consorcios, o en las boletas de pequeños comercios. Pronto este aumento dará una “segunda vuelta”, rebotando sobre los precios. Todo esto mientras ni siquiera se conocen la grillas de las nuevas tarifas y, por supuesto, las audiencias públicas supuestamente exigidas por la ley brillan por su ausencia.

La salud pública es uno de los sectores que más está sufriendo los brutales ajustes aplicados por el gobierno peronista del Frente de Todos para cumplir con los acuerdos firmados con el FMI. La suspensión de fondos, para el pago a las y los prestadores que atienden a personas con discapacidad, está paralizando esta actividad tan sensible. En esta página queremos visibilizar esta justa lucha desarrollada por los  profesionales de la salud y transportistas que no reciben sus pagos, y que son apoyados por los familiares de personas con discapacidades. -Lee también Una lucha unificada de prestadores y familiares-

El Socialista entrevistó a Horacio Labat (foto), quien participa junto a su familia en la asamblea regional de Córdoba.


E.S.-¿Cómo afecta a las familias este recorte en atención a la discapacidades?

Horacio Labat: Las familias de personas con discapacidades (PCD) nos vemos directamente afectadas por los recortes. En este momento, la falta de pago a los prestadores provoca la interrupción de la atención, lo cual significa un retroceso importante en el desarrollo de las terapias. Cada día perdido significa varios pasos atrás en un proceso en que cada minuto de trabajo del profesional terapeuta tiene un valor incalculable. Es por eso que muchos profesionales no quieren parar a pesar del tiempo sin cobrar. Pero la mayoría se vio obligada a hacerlo porque la situación económica no da para más.

Los familiares no podemos menos que solidarizarnos con los profesionales y con los transportistas. Ellos cumplen un papel tan importante que muchas veces se convierten casi en un integrante más de nuestras familias. Conviven a diario con las PCD, celebran sus logros, comparten temores y alegrías con sus familias, acompañan con su profesionalismo lugares sumamente necesarios.

Por todo esto acompañamos en sus reclamos y estamos dispuestos a seguir codo a codo en las calles junto a ellos.
 
E.S.- ¿Cuáles son los principales reclamos y cómo se están organizando?

H.L.: Estamos reclamando la inmediata liquidación de los aranceles profesionales, adeudados desde hace cinco o seis meses, y que afecta la atención de nuestros familiares.

Sin embargo, existe heterogeneidad en la lectura de la situación dentro de esta movida de prestadores y familiares. Muchos solo quieren que se regularicen los pagos, sin importar el contexto político, y abogan permanentemente para que “no se politice el movimiento”, tal vez sin tener en cuenta que la problemática parte de una decisión política y merece una respuesta política.

Otros, en cambio, creemos que estos recortes son parte de un fenomenal ajuste del gobierno nacional que viene de la mano de la modificación del sistema de prestaciones. Existe un proyecto de DNU, a la espera de la sanción de parte del Ejecutivo, que quitaría el manejo de los fondos a las obras sociales y las depositaría en manos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero esa transferencia se haría sin el aporte de los afiliados a las obras sociales y solo con el aporte de fondos del Tesoro Nacional, que no garantiza la cobertura total de las prestaciones necesarias. Además, un monitoreo permanente con trámites interminables afectaría la ya de por sí difícil situación por la que cotidianamente atravesamos las PCD y nuestras familias.  
 
E.S.- ¿Cuál creés que sería la salida para solucionar este conflicto?

H.L.: Antes que nada, necesitamos que aparezca ya el dinero para pagarle a los prestadores, para que se reanuden los procesos terapéuticos. Porque, después de todo, ese dinero es el que aportamos todos los meses a nuestras obras sociales.

Pero, además, reclamamos una solución de fondo. Un Sistema Único Nacional de Salud Gratuito que atienda tanto a quienes tienen obra social como a los que no. También es importante que se integre al personal hoy tercerizado al régimen laboral del Estado, en igualdad de derechos con el resto del personal de la salud pública.

En la realidad de nuestro país, quienes hoy contamos con trabajo y obra social, mañana podemos estar en la calle y sin cobertura. ¿Qué pasaría con nuestros hijos y familiares? ¿De qué manera podríamos sostener los tratamientos necesarios?
Por eso hay que exigir plata para cubrir la necesidades de las PCD y no para la deuda externa y el FMI.

Mariana Reale (foto) es psicóloga y trabajadora independiente del área de discapacidad en el Gran Buenos Aires. En este espacio nos brinda su visión sobre este importante conflicto.
- Lee también Personas con discapacidades / La lucha contra el recorte-
 
Los trabajadores de la salud del área de discapacidad estamos en paro y movilización desde el lunes 29 de agosto, porque hubo una interrupción en la cadena de pagos. Como prestadores independientes que brindamos servicios de salud, de terapias, de acompañamientos a niños y niñas con necesidades educativas especiales, estamos denunciando y tratando de concientizar y visibilizar la situación de emergencia que atraviesa nuestro sector frente al ajuste que está implementando el gobierno.

 La crisis está planteada por la cesación de pagos a todos los profesionales y prestadores del área de discapacidad. No hemos recibido el pago del mes de agosto, siendo que recibimos con tres y hasta cuatro meses de atraso esos vencimientos, sin reajustes al valor real del mes en que realizamos el servicio. Esta crisis, que no es de ahora, sino que lleva años, se agravó por la interrupción del pago debido a que el estado no giró los fondos a las obras sociales y prepagas para que realicen los pagos a los prestadores.

 Esta es la situación que estamos tratando de visibilizar y por lo que el viernes 9 se hizo una marcha silenciosa de velas. Se vio el fuerte apoyo de las familias y personas con discapacidades, que vienen teniendo una presencia unificada con los trabajadores y trabajadoras desde que se armó la carpa Blanca frente a la Casa Rosada. Ese acampe, que en principio era por tres días, ante la falta de respuestas continuó y fueron sumando cada vez más apoyos. Se nos hace imposible volver a trabajar sin recibir nuestro pago del mes de agosto, teniendo que afrontar gastos de alquiler, de impuestos, de matrícula de formación, de supervisión, de todo lo que implica sostener la práctica independiente en calidad de monotributistas.

Esta es la situación de precariedad laboral en la que nos encontramos desde hace mucho tiempo y que cada vez se hace más insostenible. Esto es lo que nos mantiene movilizados. Si bien la carpa Blanca se levantó el viernes 9, seguimos funcionando en asambleas. La semana que viene se van a decidir los próximos pasos en una asamblea del colectivo de discapacidad, de la cual la agrupación de prestadores precarizados va a formar parte, junto a las asociaciones y grupos de familias de personas que vienen participando.

Agradezco este espacio para poder mostrar nuestra difícil situación. Durante todos estos días vimos la importancia de difundir, de concientizar, de que digamos a la sociedad entera que tome conocimiento de la situación que estamos atravesando. La discapacidad es algo que nos puede tocar a todas y a todos, no es algo específico de un grupo minoritario de personas. La discapacidad puede ser una condición innata o una condición adquirida en cualquier circunstancia y momento de la vida, por lo cual es importante no ser indiferentes ante esta difícil situación que estamos pasando.