Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora estuvo presente en el acto y nos dirigió la palabra: “Escuchamos muchas mentiras en televisión, donde los políticos dicen que no hay otra solución que pagar esta deuda fraudulenta. Y nosotros afirmamos que hay otro camino. Por ejemplo, en las escuelas hay que enseñarle a los niños que los que votaron este acuerdo son traidores al pueblo. Hay que enseñar que así como están nuestros próceres San Martín y Bolivar, están estos traidores al pueblo que son lo opuesto. Es una mentira que no va a haber ajuste, cuando todos los días aumentan los precios. El ajuste ya vino. Le mienten al pueblo. En poco tiempo vamos a estar en el fondo del pozo.

Y vamos a tener que reaccionar. Este acuerdo es una canallada y una indecencia. Hay que denunciar a estos traidores al pueblo, como hicimos las Madres de Plaza de Mayo durante tantos años. Este acto muestra que estamos fuertes y en resistencia. Y el Fondo Monetario se va a tener que ir, porque lo vamos a echar de una patada en el culo. Hablo en nombre de 30.000 mujeres y varones desaparecidos presentes que luchaban por la justicia social. Eso querían los desaparecidos, los que estuvieron presos, los que sufrieron el exilio. Y lo que menos hay con este pacto es justicia social. Si se leé artículo por artículo te das cuenta que no hay nada que nos lleve a vivir con justicia social. Los traidores al pueblo nunca van a ser felices porque van a ser señalados siempre por nosotros. ¡30.000 compañeros detenidos y desaparecidos presentes, hasta la victoria siempre!”

Escribe José Castillo

La inflación está completamente desbordada. Los precios de los alimentos suben astronómicamente, pulverizando salarios y jubilaciones. Alberto Fernández llama a una guerra contra la inflación, pero, en su afán de no afectar ningún interés de los poderosos, hace que sea el pueblo trabajador quien sigue perdiendo.

La semana pasada se conoció la inflación de febrero. El número fue de terror: 4,7%, acumulando 8,8% entre enero y febrero. Así, en los últimos doce meses tuvimos una suba de precios del 52,3%. Pero esto no es lo peor: los alimentos, lo que más pega en el bolsillo de las y los trabajadores, tuvo un alza de 7,5%.

Con estos valores, la canasta básica total, que mide el mínimo oficial para no ser pobre, subió un 6,6%, a 83.807,29 pesos. Claro que este número no considera algunos gastos importantes que tienen la mayoría de las familias trabajadoras, como por ejemplo el alquiler de una vivienda. Tomando esto en cuenta, la Junta Interna de ATE Indec calcula que el mínimo para que una familia tipo no caiga en la pobreza ya asciende a 136.104. La canasta básica alimentaria, por su parte, aumentó en febrero un 9%, por lo que el nivel de indigencia hoy se encuentra en 37.413,97 pesos.

Pero esto no es lo peor. Todos estos números son anteriores a la gran suba de precios que se dio desde fines del mes pasado en adelante. En muchos casos, con la excusa de “la guerra Rusia-Ucrania”. Marzo, además, acumulará toda una serie de aumentos autorizados por el gobierno (20% en las tarifas de servicios públicos, 6% en las prepagas de salud, 17% en colegios privados con subvención estatal en CABA y 11,8% en provincia de Buenos Aires, entre otros).

El anuncio de la economía de guerra…y más aumentos

El martes 15 el presidente Alberto Fernández anunció que el viernes 18 se iba a iniciar la “guerra contra la inflación”. Ridículo. Casi fue una señal a los grandes monopolios para que se lanzaran a una carrera de aumentos de precios “para cubrirse”. Finalmente, cuando el viernes volvió a hablar el presidente, no hizo ningún anuncio importante. En los días siguientes se conocieron las “medidas”: más de lo mismo, nada serio. Solo palabras y más palabras, en el típico estilo del gobierno peronista del Frente de Todos, con grandes frases y promesas de sancionar a los especuladores, pero en realidad sin tocar un pelo a los poderosos, garantizándoles el mantenimiento de sus superganancias.

Tenemos un ejemplo concreto en lo que pasó con la carne. Nadie controla nada. Los exportadores de carne más importantes (agrupados en el consorcio ABC) , que son quienes exportan el 82% de la carne, amenazaron con abandonar el acuerdo “cortes cuidados”, por el que se habían comprometido a vender al mercado interno a determinados precios regulados. En la práctica nunca lo cumplieron, y la carne siguió subiendo incluso por encima del promedio de la inflación (57,9% de promedio en el último año). El motivo: los exportadores se habían comprometido a enviar 6.000 toneladas al mercado local y solo enviaron 2.500. Por supuesto no recibieron ni la más mínima sanción.

Medidas que no solucionan nada

Analicemos ahora las medidas en concreto. Se anunció la creación de un “fondo de estabilización para el precio de la harina”, en concreto un fideicomiso financiado por una suba de las retenciones (de 31 a 33%) a las exportaciones de aceite y harina de soja. Traduzcamos: el gobierno va a subsidiar a los molinos el precio de la harina de trigo (que, como explicamos en otra nota, son en su mayoría grandes empresas monopólicas), financiándolo con un impuesto a las exportaciones de las transnacionales que venden soja procesada (aceite y harina de ese origen). ¿Alguien cree que con esta medida va a bajar el precio del pan o de los fideos? Para comparar: ya hace un año que existe un fideicomiso similar para el aceite comestible (mezcla, soja o girasol), y sin embargo los precios de estos productos siguen por las nubes.

La otra medida que se está anunciando es la fijación de un conjunto de “precios de referencia” para una serie de productos de la canasta familiar. Nos preguntamos: ¿qué quiere decir “de referencia”? ¿Se va a sancionar a quiénes no lo cumplan? Porque hace años que existen “precios cuidados”, meses pasados se creó “precios máximos” (que teóricamente también existió todo el primer año de la pandemia) y existen los “cortes cuidados” para la carne, que citábamos más arriba. Pero todo siguió subiendo. Esos cartelitos a lo sumo le sirvieron a los grandes supermercados como una estrategia de marketing para quitarle clientela a los negocios de cercanía, como los supermercados chinos, pero no evitó las remarcaciones, las desapariciones de productos en las góndolas mientras por arte de magia aparecían al lado otros solo diferentes en el packaging a mayor precio y mil maniobras más que hicieron que todo siguiera subiendo. Incluso, fue bajo el paraguas del propio programa de precios cuidados que el gobierno terminó autorizando aumentos (como lo volverá a hacer cuando venza el programa el próximo 7 de abril).

Lo que nunca se hizo, a pesar de amenazas grandilocuentes para las cámaras de televisión, fue sancionar a los especuladores. La ley de Abastecimiento, a la que ahora se esgrime como amenaza, nunca fue aplicada. No existe una sóla multa, ni mucho menos clausura, a ninguna empresa por subir precios o hacer desaparecer productos de las góndolas.

La inflación es una herramienta del ajuste a la medida del FMI

Lo tenemos que decir con todas las letras: la “guerra contra la inflación” no existe. El gobierno del Frente de Todos utiliza la inflación para hacer pasar el ajuste pactado con el FMI. Esa es su forma de hacer caer los salarios. Mientras todos los cálculos dicen que la inflación de este año terminará como mínimo en 55/60%, con la complicidad de la burocracia sindical se vienen firmando acuerdos del 45% anual y en cómodas cuotas (como se dió en la UOM, en docentes e incluso en el Consejo del Salario Mínimo). Las jubilaciones siguen acumulando pérdidas. Y, además, la inflación también se utiliza para licuar partidas sociales, que se ajustan por debajo de la suba de precios.

En síntesis, la inflación seguirá subiendo en los próximos meses, motorizada por los tarifazos y la suba de los precios de los combustibles, exigencia del FMI. Y ni que hablar de cuando el gobierno deba cumplir con el otro requerimiento del Fondo: actualizar (léase devaluar) el valor del dólar.

Las y los trabajadores tienen que salir a defender el poder adquisitivo de sus salarios, al igual que las jubilaciones. Son necesarios aumentos de emergencia para alcanzar como mínimo el valor de la canasta familiar, actualizaciones mensuales de lo que se pierde y la inmediata reapertura de todas las paritarias, sin techo alguno. Acompañado por un autentico programa de lucha contra la carestía, como el que proponemos desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo.

La concentración en el sector de alimentos en nuestro país es enorme. Por eso, esas empresas aumentan precios a voluntad y violan las regulaciones, e incluso los acuerdos de precios firmados por ellas mismas.

Las dos empresas más grandes del sector amasan superganancias. Así, Arcor ganó el año pasado 19.918 millones de pesos (triplicando su ganancia de 5.441 millones de 2020). Molinos Río de la Plata, otra empresa monopólica líder en alimentos, ganó en 2021 2.829 millones.  

En medio de las medidas de la supuesta “guerra contra la inflación”, el ministro de Producción, Matías Kulfas, se reunió con las cámaras patronales que agrupan a las empresas del sector, básicamente la Copal, juntamente con los grandes empresarios de la comercialización: la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), donde confluyen Coto, Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo y Vea) y La Anónima.

Pero la concentración se da en todos los rubros que componen la canasta de alimentos. Así tenemos:

• Lácteos
La Serenísima (Mastellone-Arcor), Sancor (Adecoagro) y Dadone, concentran el 75% del negocio

• Bebidas sin alcohol
Coca Cola, ADA y Pepsico controlan el 85%

• Productos congelados
BRF, Swift y Molinos tienen el 60%

• Aceites
Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza suman el 90%

Escribe José Castillo

El negocio agroexportador argentino está extremadamente concentrado, monopolizado y extranjerizado.

Esto se da en el complejo sojero, donde claramente prevalecen transnacionales como Cofco (china), ADM, Cargill y Bunge (yanquis), Dreyfus (francesa), Glencore (anglo-suiza) junto grandes empresas locales como Aceitera General Deheza.
Lo mismo se repite con el trigo. Si bien hay 37.425 productores, el 10% más grande concentra el 43,4% del total del área sembrada y sólo diez empresas suman el 94,9% de las exportaciones de trigo. Básicamente son las mismas que en la soja: ADM (18,2%), Cofco (17,6%), Cargill (15,5%), Bunge (12,7%) y Dreyfus (10,8%).

Estas son las empresas que en apenas dos semanas, desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, con la suba de los precios internacionales de los granos, se hicieron de ganancias por 2.000 millones de dólares extras.
Si ahora vamos al negocio molinero (de dónde se obtiene la harina) vemos que acá también se da una altísima concentración monopólica.En la molinería también hay concentración: 4,7% de los molinos, con una producción superior a las 100.000 toneladas, nuclea el 50,4%. La principal empresa es Molinos Cañuelas con más del 23%. Le sigue en tamaño Molinos Río de la Plata y Morixe.

Si seguimos hacia abajo en la cadena de producción, tenemos la fabricación de pastas secas. De 47 empresas, cinco acaparan el 76,5% de la producción. Molinos Río de la Plata sola se queda con el 44,5% del total.
El único sector no concentrado es el de las panaderías. Existen entre 15.000 y 20.000 pequeños comercios que producen y comercializan pan, facturas y tortas. El costo de la harina, producto de los abusos de todo el resto de la cadena, viene creciendo cada vez más y así encareciendo el pan, que ya llega a 320 pesos el kilo.

El aumento de las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja, del 31 al 33% es apenas una vuelta al mismo valor que tenía durante el macrismo, ya que había sido el Frente de Todos, en un intento de congraciarse con las empresas del sector, quien el año pasado había reducido la alícuota. A la vez su recaudación (se calcula entre 350 y 400 millones de dólares) se usará para subsidiar al sector molinero, como vimos también altamente monopolizado. Se trata de un “pase de manos” entre distintas patronales, una tan especuladora como la otra.

A pesar de los amagues de defender “la mesa de los argentinos”, se viene repitiendo un patrón común desde el conflicto de 2020 con Vicentín. El gobierno del Frente de Todos habla contra los monopolios agroexportadores, amenaza con medidas, habla de subas de retenciones (como a principios de 2021), y luego, a la menor queja de los agrupamientos patronales del sector, retrocede o toma medidas mínimas, como las actuales, que no mueven el amperímetro.

Defender de verdad el bolsillo de las y los trabajadores requiere de medidas de fondo, ir de verdad contra estos monopolios, recortarle sus superganancias y quitarles el lugar de chantaje que hoy tienen, terminando con el monopolio de hecho que tienen sobre el sector externo de la economía, reemplazándolo por otro, al servicio del pueblo trabajador: la nacionalización del comercio exterior.

Verduras           32%
Frutas              10,4%
Aceite               8%
Lácteos            10%
Golosinas          15%
Galletitas          20%
Arroz               22%
Bebidas cola       9%
Fideos secos     9,2%