Escribe Guido Poletti

En los lugares de trabajo, estudio, en los barrios, solemos encontrarnos compañeras y compañeros que continúan teniendo expectativas en que el peronismo encabece la oposición al gobierno ultraderechista de Milei. Sin embargo, ante la necesidad de salir a pelear contra el ajuste, claramente el peronismo no está a la altura de los desafíos, demostrando que ya no es alternativa para el pueblo trabajador.

El peronismo está en proceso de “reorganización”. Se trata de una forma diplomática de decir que continúa inmerso en una feroz interna, sin liderazgos claros y con fuertes divisiones, que se expresan incluso públicamente.

Dentro del sector que hasta hace poco podía definirse genéricamente como “kirchnerismo” han aparecido disputas entre La Cámpora (Máximo Kirchner y, más solapadamente, la propia Cristina) y Axel Kicillof, quien empieza a dar señales de un juego propio, dando guiños de diálogo con gobernadores de Juntos por el Cambio, tanto radicales como Maximiliano Pullaro de Santa Fe, o del PRO como Ignacio Torres de Chubut. Esta política de “apertura” también la llevan adelante otros gobernadores peronistas como el de La Rioja, Ricardo Quintela, quien llama a la unidad con Horacio Rodríguez Larreta.

Además están las divisiones que se expresan en el Parlamento, con legisladores que pasaron a apoyar la Ley Bases, en concordancia con gobernadores peronistas que se autodenominan dialoguistas (como los que participaron de la firma del acta el 9 de Julio). Como si todo esto fuera poco, queda por saber la posición de líderes centrales hasta las elecciones, como el propio Alberto Fernández, quien está a punto de publicar un libro donde se diferenciaría fuertemente de Cristina. O el ex candidato a presidente Sergio Massa, volcado escandalosamente a hacer negocios privados con buitres usureros de nuestro país.

Por último, tenemos las divisiones ya históricas de sectores del peronismo que han estado por fuera de Unión por la Patria e incluso más atrás, tal los casos del peronismo cordobés o de Miguel Ángel Pichetto.

La “unidad” de Guillermo Moreno

El ex secretario de Comercio del kirchnerismo y, recordémoslo, autor del fraude en las estadísticas del Indec y la persecución con patotas a sus trabajadoras y trabajadores, se viene presentando en los últimos meses como un nuevo referente, custodio de un peronismo basado en su “doctrina histórica”.

Por eso resultó interesante la reunión de “economistas” que convocó hace pocas semanas, como una señal de lo que debe ser la “unidad del peronismo”. Evento al que concurrieron todos, a saber: con representantes de Kicillof, Massa, Máximo, Juan Grabois y Pichetto. Estuvieron presentes los massistas José Ignacio de Mendiguren y Eduardo Setti, Santiago Fraschina por La Cámpora, Pablo Wahren por Patria Grande y Roberto Feletti, actualmente referenciado en Kicillof. No fue un hecho aislado, y estuvo avalado por una reunión propia entre Moreno y Máximo, buscando sin duda, colocarse como abanderados de una virtual “reunificación” de un peronismo reorganizado. Ambos, explícitamente, elogiaron a Pichetto al sumarlo a la convocatoria; Máximo diciendo: “No hay barreras ni cancerberos para nadie. Más allá de su aventura macrista de 2019, nadie puede negar que es un hombre del justicialismo” (Clarín, 19/7) y Moreno afirmando histriónicamente que “es un buen compañero” y que su posición a favor de la Ley Bases “no tiene mayor importancia”.

¿Cuál es la salida?

En los miles que resisten al ajuste, en los que quieren salir a pelear y enfrentar consecuentemente a Milei, crece la crítica a distintos sectores del peronismo: “no están a la altura de los desafíos que tenemos”, se suele escuchar cada vez más. Saben que no alcanzan con los discursos parlamentarios que apuntan a simplemente esperar que se desgaste el gobierno y ganarle electoralmente dentro de cuatro años. ¿Qué quedará para ese entonces? La CGT, cuyos principales dirigentes responden al peronismo, en nombre de la gobernabilidad se han llamado a otorgarle una tregua al gobierno, congelando darle continuidad al paro general del 9 de mayo. También hay una pregunta más de fondo: ¿con qué programa de gobierno se propone como alternativa el peronismo? ¿Otra vez con lo que fracasó con Alberto, Cristina y Massa, con el FMI y los acuerdos con los buitres de la deuda?

Ciertamente, algunos diputados, como Eduardo Valdés, Juan Marino o Victoria Montenegro, han tomado el tema de la represión de Patricia Bullrich y la libertad de los detenidxs en la última marcha contra la Ley Bases. U otros que hacen fuertes denuncias como Sergio Palazzo, tanto contra el impuesto al salario o con respecto al envío de oro al exterior. Valoramos estos hechos y los llamamos a que organicemos juntos grandes acciones para enfrentar todo esto, sea la represión, el ajuste o el saqueo de la deuda externa.  

Pero tenemos que sacar una conclusión de conjunto. Lo que no va más es el propio peronismo. Ninguna “reconstrucción” ofrecerá una salida a favor del pueblo trabajador. No sirve para pelear consecuentemente contra el ajuste. Y mucho menos como alternativa política para el futuro. Lo contrario a lo que venimos haciendo y sosteniendo consecuentemente desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Con nuestras bancas en el Congreso y también movilizándonos en las calles. Y además, ofreciendo un programa alternativo, diciendo claramente que no hay salida si no dejamos de pagar la deuda externa y rompemos con el FMI.

Escribe Adolfo Santos

Después del contundente paro nacional del 9 de mayo, la burocracia de la CGT decidió poner el freno a la lucha y entrar en una tregua con el gobierno antiderechos encabezado por Milei. Ellos, como el gobierno y la oposición patronal, reconocieron el “peligro” que sería para el plan motosierra del FMI darle continuidad a la lucha con otro paro nacional y plan de lucha. Por eso dejaron pasar la Ley Bases y su “plan de lucha” se redujo a presentaciones judiciales contra algunos puntos de la reforma laboral que podrían afectar los “cofres” de los sindicatos y el pago de impuesto a las ganancias.

Con esta actitud, están dejando correr miles de despidos en la industria y en el Estado, cierres de empresas, paritarias a la baja, la reforma jubilatoria que retira derechos, la esencialidad del “servicio” educativo, los despidos sin pago de indemnizaciones, la precarización laboral y ni se pronuncian sobre las privatizaciones, dejando a la clase trabajadora librada a su suerte.

Hace una semana, la cúpula de la CGT visitó al secretario de Trabajo Julio Cordero, hombre de Paolo Rocca del Grupo Techint, que viene despidiendo trabajadores de su planta Tenaris SIAT de Valentín Alsina. Lejos de reclamar por esos y otros despidos, se limitaron a negociar el piso de ganancias y a pedir que el gobierno no apele a la Corte Suprema. Sin embargo, al día siguiente, Milei reglamentó el impuesto a las ganancias y no sólo no subió el piso para pagar la carga tributaria, sino que incorporó las horas extras, bonificaciones y aguinaldo, al monto para pagar. Tremendo.

Pero en vez de apoyarse en la clase trabajadora, para enfrentar al gobierno, los dirigentes de la CGT rumbearon a la embajada yanqui. Allí, Gerardo Martínez (Uocra), Maia Volcovinsky (Judiciales) y Andrés Rodríguez (UPCN), se reunieron con Marc Stanley y una delegación de legisladores yanquis. Trascendió que el embajador les recomendó evitar que la clase trabajadora gane la calle y les pidió sostener la gobernabilidad, prometiéndoles mediar con el gobierno en relación a sus pedidos. Con asesores como este, seguro perdemos por goleada.

El único camino para defender nuestros derechos es romper la tregua de la CGT con este gobierno empobrecedor y represivo y exigirle un nuevo paro nacional y plan de lucha para derrotar el plan motosierra de Milei y el FMI.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El pasado 11 de julio seis diputadas y diputados de la Libertad Avanza visitaron a peligrosos genocidas en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Esos militares asesinos están condenados a cadena perpetua por enormes violaciones a los derechos humanos, entre ellos Alfredo Astiz, Raúl Gulielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda. Esto no puede quedar en la impunidad.
 
El escándalo fue mayor cuando se supo que estos denominados “representantes del pueblo” usaron una combi proporcionada por el presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem ahora intenta deslindar responsabilidad diciendo que la visita fue por “cuestiones personales”, mientras hay pedidos de que se conforme una comisión investigadora y haya sanciones concretas.

El revuelo impactó en propios y extraños. Hubo críticas hasta de representantes del bloque libertario y políticos amigables del gobierno. ¿Quiénes son las y los diputados que fueron? Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.

Benedit y Ferreyra ya habían ido a visitar a otros genocidas a la cárcel VIP de Campo de Mayo el 15 de marzo, donde los milicos allí alojados cuentan con televisores y cancha de tenis. Entre ellos está el ex capellán de la Bonaerense, Christian Von Wernich, condenado a prisión perpetua por el asesinato de siete personas y más de cuarenta secuestros. ¡Qué bendito capellán!

También visitaron esa cárcel dos funcionarios del Ministerio de Defensa comandado por Luis Petri, quienes fueron, según ellos, a cumplir una tarea que les compete, “observar el estado de las instalaciones”. Algunas versiones señalan que se llevaron un boceto de decreto para liberar a los militares.

A esta altura, con tantas pruebas, hay que hablar sin duda de una “política de Estado” por parte de este gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villarruel para intentar salvar a estos monstruos.
 
Quién es Astiz

Entre los genocidas visitados hay uno emblemático: Alfredo Astiz. Alias el “Ángel de la Muerte”, se infiltró en el grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo haciéndolo desaparecer, igual que a dos monjas francesas, siendo condenado por esto último en ausencia en Francia.

Si bien fue beneficiado por las leyes de impunidad de Punto Final y Obediencia Debida de Raúl Alfonsín, luego fue condenado a perpetua por su actuación en la ESMA, el mayor centro clandestino donde pasaron más de cinco mil personas, muchas de las cuáles fueron arrojadas al Río de la Plata en los denominados vuelos de la muerte.

En 2011 y en 2017, Astiz recibió sentencia por los delitos de privación ilegítima de la libertad (647 hechos), tormentos (651), homicidio (32), sustracción, retención u ocultamiento de un menor de diez años (15), entre otros delitos de lesa humanidad.

Astiz fue declarado “héroe de Malvinas” por quienes lo visitaron. Pero resulta ser que este cobarde, al mando del grupo Los Lagartos, se rindió sin tirar un tiro ante los ingleses, mientras en enero de 1977, en plena dictadura, hirió por la espalda y luego secuestró e hizo desaparecer a la joven Dagmar Hagelin, de diecisiete años de edad, uno de los casos de mayor repercusión internacional.
 
Visita humanitaria no. ¡Reivindican el genocidio!

Benedit, el diputado que organizó la comitiva, dice que se trató de una “visita humanitaria”. Sería según él para pedir por presos inocentes y de avanzada edad. Pero se trató de una visita puesta al servicio de la campaña oficial en defensa de quienes perpetraron el terrorismo de Estado. Lo dejó claro en un chat que envió al bloque de La Libertad Avanza informando del viaje, el que nunca desmintió (ver ilustración).



Ahí se lee claramente: “Fuimos a ver represores, no, fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista//Hay héroes de Malvinas //Los cargos han sido probados: no; muchos son inventados// Vamos al rescate del imperio de la ley con espíritu de justicia//”.

En el prontuario de Benedit figura que fue dirigente de la Sociedad Rural de Entre Ríos y está por la derogación de la ley que conquistó el aborto legal, por ejemplo.

Está claro que el negacionismo de los 30.000 está íntimamente ligado a la política de este gobierno de buscar impunidad para quienes cometieron hechos aberrantes. Por eso hay que mantener la guardia bien alta y seguir movilizados. Ni olvido ni perdón. Cárcel común a todos los genocidas y por lo que falta: castigo a los cómplices civiles de la dictadura, empresarios, políticos patronales, burócratas sindicales y la Iglesia. Que se abran los archivos de la represión 1974/1983. Y, por supuesto, no dejar que esta visita repudiable quede en la impunidad.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Javier Milei y Patricia Bullrich enviaron un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de dieciséis a trece años. Menos que los catorce años de la dictadura de Videla, edad que en 1980 pasó a dieciséis. El gobierno considera que los adolescentes, niñas y niños deberían estar presos, no en una escuela o sin hambre.

Diputadas y diputados del gobierno visitaron a peligrosos genocidas en la cárcel ¿Y ahora Milei dice que la inseguridad la generan los menores de trece? ¿Hay algún tratado internacional, especialistas en el tema u organismos de derechos humanos que aconsejen esto? No. En cambio, sí aconsejan garantizar fondos para educación, salud, fomentar clubes de barrio o culturales para sacar a los chicos de la calle y evitar ser soldaditos de los narcos. Pero Milei hace lo contrario, destinando por ejemplo cien mil millones de pesos a los espías de la SIDE.  

Este proyecto es para criminalizar la adolescencia (al estilo Bukele), mientras los delincuentes de guante blanco son beneficiados con el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas y mafiosas.
El gobierno dice que Argentina está atrasada respecto a otros países del continente que bajaron la edad. Catorce años en Chile, Perú, Colombia; trece en Guatemala y Nicaragua; doce en Brasil, México y El Salvador, o la locura de llevarla a siete años en Granada y Trinidad y Tobago. ¿En estos lugares hay más seguridad? No. Y está probado que la cantidad de adolescentes que cometen delitos es mínima.
Todas las reformas anteriores, de mano dura, limitar excarcelaciones, más poder a la policía o aumento de las penas, como las Leyes Blumberg impulsadas bajo el gobierno peronista kirchnerista en 2005, trajeron más inseguridad y hacinamiento en las cárceles, no menos.

El caldo de cultivo de la violencia está en la pobreza, la marginalidad y desigualdad social, por un lado. Y la complicidad de los gobiernos, fuerzas de “in” seguridad y la Justicia con las bandas delictivas, por otro. Las políticas represivas no van. Hay que terminar con todo esto tomando medidas de fondo, combatiendo el plan motosierra de Milei y eligiendo a los comisarios y jueces por el voto popular para, entre otras cosas, no ensañarse con los pibes.
          

Escribe Adolfo Santos

El martes 30 de julio se realizó una conferencia de prensa convocada por el Polo Obrero en su local de Parque Patricios. En la misma se informó que el juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento contra 12 compañeros del Polo Obrero, el socio de Editorial e Impresiones Rumbos y dos compañeras de Barrios de Pie. Mientras tanto, el magistrado les niega la ampliación de la indagatoria y la presentación de pruebas, violando el derecho a la defensa.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, explicó: “Fueron rendidos el 97,3% de los proyectos en cuestionamiento, y el restante marginal fue obstaculizado justamente por la inhibición de cuentas dictada por el juzgado.”

Desde Izquierda Socialista nos hicimos presente llevando la solidaridad con nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer y el legislador electo Pablo Almeida. También estuvieron presentes Christian Castillo (PTS), Vanina Biasi (PO), Gabriel Solano (PO), compañeras y compañeros de organizaciones piqueteras y del sindicalismo combativo.

En su intervención, Mónica Schlotthauer repudió la persecución política a las organizaciones que luchan. Hizo responsable al gobierno de Milei y llamó a seguir luchando contra el plan motosierra y por el derecho a protestar. Desde Izquierda Socialista seguiremos acompañando a las organizaciones piqueteras combativas, mientras que exigimos el cierre de todas las causas, así como también seguimos luchando por la libertad de Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez, presos por manifestarse contra la Ley Bases.