Foto de portada: El gobierno porteño profundiza su carácter represivo


Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, profundiza su perfil cada vez más autoritario, represivo y reaccionario, con el objetivo de hostigar y disciplinar a los sectores más vulnerables.

En la Ciudad, la motosierra y la represión avanzan de la mano. Para imponer este rumbo, además, gobierna cada vez más por decreto. En lo que va del año ya firmó 259, consolidando una forma de gobierno que elude el debate parlamentario y avanza sobre derechos conquistados.

Entre las medidas más cuestionadas se encuentra el Decreto N.º 256/26, que modifica el Estatuto Docente y avanza sobre derechos laborales históricos de la docencia. También está el Decreto N.º 230/26, que obliga a garantizar entre un 50% y un 75% de funcionamiento en servicios como subtes, colectivos y recolección de residuos durante medidas de fuerza gremiales. Se trata de un nuevo ataque al derecho de huelga, una herramienta fundamental de las y los trabajadores para defender sus condiciones laborales.

A esta ofensiva antiobrera se suma el Decreto N.º 142/26, que restringe la atención médica a personas migrantes y a quienes tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires. Es una medida profundamente xenófoba y discriminatoria, que busca enfrentar a las y los trabajadores entre sí y responsabilizar a las y los migrantes y a quienes viven en el conurbano por el deterioro de los servicios públicos que el propio gobierno desfinancia.

Un desalojo cada 30 horas

La campaña oficial “Ley y Orden sin okupas”, desplegada en carteles y videos por toda la Ciudad, procura justificar esta escalada represiva. Su expresión más brutal son los desalojos “administrativos” que el Gobierno porteño lleva adelante bajo el argumento de un supuesto riesgo de derrumbe.
Frente a esta política, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2 ordenó suspender cautelarmente estos desalojos, que entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 afectaron a más de 1.200 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes que vivían en hoteles familiares o pensiones. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad continúa avanzando, desconoce la resolución judicial y profundiza una política cruel que expulsa a quienes menos tienen, mientras agrava la crisis habitacional.

La realidad social desmiente el discurso oficial. En la ciudad más rica del país, alrededor de medio millón de personas padecen la emergencia habitacional, unas 12 mil se encuentran en situación de calle y el 42 % de quienes alquilan destinan más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Lejos de impulsar un plan de viviendas populares o garantizar el derecho a habitar la ciudad, el macrismo sigue gobernando para los grandes desarrolladores inmobiliarios y la especulación.

El gobierno de Jorge Macri pretende instalar que la respuesta frente a la crisis social es más represión, más persecución y menos derechos. Mientras criminaliza la pobreza, ajusta la salud y la educación, y ataca las conquistas de las y los trabajadores, deja intactos los privilegios de los grandes grupos económicos que hacen negocios con la Ciudad. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad seguiremos enfrentando estas políticas en las calles, junto a quienes defienden la educación pública, la salud y el derecho a la vivienda.

Escribe Atilio Salusso

Bulgaria
Kristalina Georgieva, titular del FMI, dijo que su país Bulgaria había progresado enormemente. Pero a fines de 2025 hubo una rebelión obrera y juvenil que provocó la caída del gobierno de ese país. Se dio con masivas movilizaciones contra el achique del presupuesto social, el alza en los impuestos, las contribuciones a las jubilaciones y un brutal ajuste antiobrero.
Bulgaria fue parte de los países gobernados por el estalinismo hasta que en 1989 se restauró el capitalismo. Hoy es el país más empobrecido e inestable de la Unión Europea. ¡Kris-ta-lina, fuera de Argentina!
   
Ratas sionistas
Horas antes del partido contra Inglaterra el rabino Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, visitó al genocida Benjamín Netanyahu. Le entregó la camiseta albiceleste y una pelota oficial del torneo. La nota la dio Ben Gvir, ministro de Seguridad israelí, publicando un “¡Sí, Messi! ¡Vamos Argentina!”, lo que despertó repudios globales ante lo que se consideró un “respaldo manchado de sangre” por el asesinato sistemático de niñas, niños y mujeres en Palestina por parte del Estado sionista.
     
Vocero
El vocero que reemplazó a Adorni, Adrián Ravier viene dando exposiciones monocordes de media hora con frases tales como “hay que abrigarse más” (para justificar los tarifazos), “no saben manejar sus finanzas” (refiriéndose a las familias endeudadas) o “siendo un país bananero Argentina no va a recuperar nunca las Malvinas”. El último papelón fue cuando respondió una pregunta leyendo un papel que correspondía a otra. En estos días dijo que el dólar debería estar a 1.800 pesos, generando un revuelo entre los fachos libertarios. 
   
Río Tinto
Cuatro mineros quedaron bajo la nieve en Catamarca. Extraen litio para la multinacional Río Tinto a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Dos de ellos sobrevivieron tras caminar tres días a 16° bajo cero. Fueron salvados por bomberos rescatistas. La esposa de uno de ellos, Vilma Carrizo, denunció: “Rio Tinto decidió seguir operando pese a las inclemencias climáticas, me contacté con alguien del área, pensé que iban a buscarlo, esto nunca sucedió”.  
                                                            

Escribe Jorgelina Bueno, bióloga y becaria doctoral del Conicet

El gobierno de Javier Milei profundiza el ataque a la ciencia y la tecnología con miles de despidos en el Conicet, menos becas, ingresos congelados y salarios que perdieron un 40% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023. El ajuste y el desfinanciamiento provocan la peor fuga de cerebros desde la dictadura y golpean la soberanía científica y tecnológica del país.

Estamos ante el inminente despido de 380 investigadores, que a partir de agosto se quedarán en la calle. Se realizaron concentraciones en la explanada del Polo Científico para exigir la prórroga de las becas de estos investigadores y reclamar por la baja de las obras sociales. También hubo asambleas y cortes en Santa Fe y Godoy Cruz, donde la policía de Jorge Macri reprimió salvajemente a científiques y estudiantes que se manifestaban pacíficamente.

Tanto el Directorio del Conicet, presidido por Daniel Salamone, íntimo amigo de Milei, como el ahora exsecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, alegan que no hay plata para estos reclamos. Mientras tanto, el presupuesto del Conicet no solo se redujo un 47%, sino que, desde 2024, también se subejecutó.

El ataque al Conicet no es aislado. También alcanza al INTI, el INTA, la CNEA y otros organismos. El INTI viene de pelear contra el lockout, que implicó la dispensa obligatoria de todos los trabajadores y trabajadoras del organismo en todas las sedes del país y el cierre de su sede central, después de una campaña de retiros voluntarios y un recorte presupuestario del 55%.

La CNEA está luchando contra el despido de 70 trabajadores y la entrega de sus principales proyectos de investigación en materia nuclear, como el reactor Carem-25 y el RA-10. Este último es fundamental para la investigación de radioisótopos aplicados a la medicina nuclear. Además, la CNEA sufrió una reducción del 58% de su presupuesto desde 2023.

A esto hay que sumarle el ataque y el desfinanciamiento de las universidades, donde cada vez son más los laboratorios que se ven obligados a brindar servicios a empresas por monedas.

Este desguace es global y responde a una política del gobierno de Milei y el FMI. Se busca deliberadamente vaciar el sector, desmantelarlo por completo y permitir el extractivismo de los recursos tecnológicos en beneficio de las corporaciones. Por ejemplo, el Carem-25 fue entregado a la empresa Meitner Energy, mientras que las prioridades actuales de investigación en el Conicet se concentran en minería, energía y economía del conocimiento.

Este ajuste, además de ser un golpe de lleno contra la soberanía científica y tecnológica de un país semicolonial como el nuestro, profundiza una orientación de mercantilización de la ciencia para someter toda investigación y desarrollo técnico a los intereses de las grandes empresas.

Defendemos al Conicet y a los organismos de ciencia y técnica como organismos estatales. Luchamos por la reincorporación de las y los despedidos, el aumento salarial y el presupuesto necesario. También exigimos que las y los propios trabajadores y científicos determinemos qué proyectos necesita investigar nuestro país.

Necesitamos un Conicet de les trabajadores y poner en pie la coordinación de todos los sectores de ciencia y técnica, en conjunto con las universidades, para pelear en unidad contra este brutal ataque.

El sistema previsional atraviesa una crisis cada vez más profunda. Cada año se incorporan nuevas jubiladas y jubilados, pero la cantidad de trabajadoras y trabajadores que aportan al sistema no crece al mismo ritmo. La caída del empleo registrado, el avance de la informalidad y la expansión del monotributo dejan a la seguridad social con menos recursos para sostener a millones de jubilaciones.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, explicó que la antigua relación entre la clase trabajadora y jubiladas y jubilados quedó superada. Actualmente funciona un sistema de reparto asistido que se financia con aportes y contribuciones laborales y con recursos provenientes de impuestos. Sin embargo, más del 40% del trabajo permanece sin registrar y buena parte de los asalariados formales cobran salarios bajos, lo que reduce todavía más los ingresos previsionales.

El problema se agrava porque cada puesto de trabajo en blanco que se pierde representa menos aportes para financiar jubilaciones, pensiones, asignaciones y obras sociales. Al mismo tiempo, crecen el monotributo y otras formas precarias de contratación, cuyos aportes son mucho menores que los de una relación laboral registrada. Semino sostuvo que la Argentina ya ni siquiera cuenta con un verdadero régimen previsional, porque los haberes dejaron de reflejar la historia laboral y los aportes realizados. Cerca de cinco millones de jubilados y pensionados perciben alrededor de 483 mil pesos mensuales, una suma que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. “Tenemos casi cinco millones de jubilados que se están muriendo de hambre”, advirtió.

El gobierno de Javier Milei utiliza esta crisis para justificar nuevas reformas y recortes, mientras profundiza las causas del desfinanciamiento. Los despidos, la caída del trabajo registrado, la reducción de aportes patronales y el crecimiento de empleos precarios debilitan la seguridad social. Defender las jubilaciones exige recuperar el empleo en blanco, aumentar los salarios y terminar con el trabajo no registrado. 

Escribe Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Este miércoles 22 de julio se realizaron una serie de movilizaciones, cortes y un acto contra el plan motosierra de Javier Milei, los gobernadores y el FMI.

Por la mañana, los movimientos piqueteros y de desocupados realizaron un día nacional de lucha con cortes en todo el país. El más emblemático fue en el Puente Pueyrredón interrumpiendo el tránsito de zona sur hacia CABA. Del mismo participó una delegación de Izquierda Socialista encabezada por la diputada provincial Mónica Schlotthauer. El reclamo central es contra la suspensión del Plan Volver al Trabajo que otorgaba miserables 78 mil pesos a personas desempleadas.

Es un brutal ataque contra los sectores más vulnerables mientras se paga la fraudulenta deuda externa al FMI. “No hay plata”, dice el gobierno, mientras tanto, los senadores pasarán a cobrar 12 millones de pesos desde este mes. La política del gobierno, es de una crueldad ilimitada. Les quita 78 mil pesos con los que esas familias pueden comprar una garrafa de gas, pagar un servicio o acceder a un medicamento y alimentar la microeconomía de muchas barriadas populares.

Jubiladas y jubilados

Por la tarde tomaron la posta las y los jubilados realizando su tradicional ronda de los miércoles. Fue una concentración importante que cortó el tránsito en las inmediaciones del Congreso y de Avenida de Mayo. Esta vez contaron con el apoyo de la CGT y de las dos CTA que se hicieron presentes con varios sindicatos, quienes lamentablemente hicieron un llamado formal a la convocatoria debido a su pacto desmovilizador con el gobierno. Además, participó en una columna independiente, el sindicalismo combativo encabezada por el Sutna y los Ferroviarios seccional Oeste, organizaciones sociales y la izquierda. Reclaman una mejora en los haberes jubilatorios, mayor financiamiento para el PAMI y el acceso gratuito a medicamentos.

Jubiladas y jubilados encabezaron la tradicional marcha alrededor de la Plaza de los dos Congresos. Al final de la misma, se instaló una radio abierta de la cual hicieron uso de la palabra dirigentes de las organizaciones presentes, entre ellas Ana Valverde de Utjel, quien dijo: “En agosto, el aumento que nos ofrece el gobierno será de 8 mil pesos, ¿me pueden decir que se puede hacer con eso? No hay otro camino que seguir la lucha en las calles”.

La diputada provincial de Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada ferroviaria, Mónica Schlotthauer, sostuvo: “Acompañamos nuevamente a las y los campeones en la lucha contra Bullrich, los protocolos y Milei, defendiendo las jubilaciones que las patronales, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales nos quieren robar. Merecen nuestro incondicional apoyo. Para avanzar en estas luchas, necesitamos que la CGT rompa su pacto con el gobierno ultraderechista y convoque a un paro general y plan de lucha”.

Soledad Mosquera, Secretaria General de Ademys, exigió que “Ctera se deje de especular y convoque a un paro nacional docente para el 3 de agosto” y agregó: “Necesitamos la mayor unidad de acción, contra este gobierno facho de Milei, contra su motosierra, contra los cierres y despidos, contra la reforma laboral esclavista y la avanzada con los convenios laborales, contra la Ley de extranjerización de las tierras”.

En una tarde nublada y fría y en el entendimiento que seguimos reclamando a la CGT que rompa el pacto con el gobierno y que convoque junto a las CTA a un nuevo paro general y un verdadero plan de lucha para derrotar la motosierra de Milei, se resolvió mantener las marchas de los miércoles y organizar una movilización el día 6 de agosto, fecha en que se trataría en el Congreso la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que quita los topes a la compra de suelo nacional por parte de extranjeros y deja el camino libre para la extranjerización de tierras.