“Que se despierte la CGT”. Esto gritó una jubilada mientras era reprimida frente al Congreso por las fuerzas de choque de Patricia Bullrich y Javier Milei. El veto a la nueva Ley de Movilidad no fue suficiente para que la CGT anunciara alguna medida de fuerza, solo sacó un comunicado el día después.
El reclamo de esa digna jubilada redobla lo que venimos exigiendo desde el sindicalismo combativo y la izquierda. La CGT debe romper la tregua con el gobierno y convocar a un nuevo paro general y plan de lucha nacional.
No hay “clima para un paro”, dicen los burócratas del sector mayoritario de la CGT en el que convergen “gordos”, “independientes” y Luis Barrionuevo. ¿Pero por qué no hacen asambleas y plenarios de delegados para consultarle a los millones de trabajadores si hay clima o no? ¿Acaso no hubo clima en los paros generales exitosos del 24 de enero y el del 9 de mayo?
“El gobierno libertario provocó un saque en el gasto público que al tipo de cambio oficial suma alrededor de 37.000 millones de dólares. El 32% del paquete total le pegó a jubilaciones y pensiones, un 26% fue por el parate de obras públicas nacionales y provinciales y 18% corresponde a recortes en subsidios económicos. El guadañazo más grande de los últimos treinta años”. (Clarín, 31/8). Sin embargo Héctor Daer, Gerardo Martínez, y la mayoría de la cúpula cegetista, mantienen negociaciones con el secretario de Trabajo y hombre de Techint, Julio Cordero, para que salga, supuestamente, una “reglamentación buena” de la reforma laboral prevista en la Ley Bases. Pero Federico Sturzenegger acaba de decir que la semana que viene la va a reglamentar para que los empresarios “fijen el sistema de despidos como quieran”, incluso pagados con fondos de los propios trabajadores como en la Uocra.
También se supo que “a través de Santiago Caputo y Luis Barrionuevo se acordó el reparto de fondos para las obras sociales, entre otras coincidencias que evitan por ahora un choque” (La Nación, 31/8).
Esto ocurre al mismo tiempo que los últimos acuerdos paritarios se firmaron por debajo de la inflación. UPCN acaba de pactar el 2% para septiembre y 1% para octubre, cuyo titular, Andrés Rodríguez, dijo que no había que hacer más marchas ni juntarse con los “zurdos” porque hay que apostar al “diálogo institucional” con Milei. El gobierno, a su vez, dijo que a partir de octubre pretende no homologar acuerdos salariales superiores al 2% mensual.
Hasta Rubén Urbano (UOM Córdoba y CGT regional) dijo: “Tendríamos que fijar una fecha para un paro general con movilización por los jubilados y la situación general. Si no, le seguimos haciendo el caldo gordo a un gobierno que está haciendo mucho daño”. Y agregó: “me parece que vamos a tener que esperar que los dirigentes vuelvan del Vaticano”, en referencia a la visita al Papa pautada para el 16 de septiembre. ¡Con el Papa y no con la clase trabajadora!
Después del exitoso paro general del 9 de Mayo, la CGT se borró. Dejó pasar la Ley Bases (impuesto al salario, reforma laboral, privatizaciones) y ni estuvo en la marcha del 12 de junio sino que la repudió. Allí hubo una feroz represión y treinta y tres manifestantes encarcelados. Luego, para simular que estaba activa, participó simbólicamente en la marcha de San Cayetano el 7 de agosto, tres meses después del paro. Hoy es 4 de septiembre. Pasaron cuatro meses de la última huelga general.
Mientras ocurre esto, el sindicalismo combativo lucha. Vaya el ejemplo del plan de lucha que ya va en su octava semana de la docencia de Neuquén con la combativa seccional Capital encabezada por nuestra compañera de Izquierda Socialista Angélica Lagunas. Este miércoles se movilizan nuevamente las y los jubilados al Congreso contra el veto y preparan una marcha nacional para el 20 de septiembre en conmemoración de su día.
En este marco, en una conferencia de prensa de este martes, el Frente Sindical (representado por Pablo Moyano, secretario General de la CGT), la Corriente Federal (Sergio Palazzo de La Bancaria), las dos CTA (Yasky y “Cachorro” Godoy) y la UTEP convocaron a marchar al Congreso el próximo miércoles 11 de septiembre, a partir de las 13, contra el veto de Milei a la ley jubilatoria. Es muy importante que dirigentes que forman parte de la CGT llamen a movilizar. Desde la corriente sindical A Luchar recientemente conformada que encabeza Rubén “Pollo” Sobrero y otras y otros importantes dirigentes nacionales, llamamos a marchar el 11. Y lo vamos a hacer exigiendo que la CGT de conjunto abandone la tregua con el gobierno y fije fecha para concretar un nuevo paro general como parte de un plan de lucha nacional unificando al conjunto del movimiento obrero. Para el martes 10 se había convocado una marcha a Plaza de Mayo junto al Sutna y el resto del sindicalismo combativo. Llamamos a unificar esa acción confluyendo todas y todos el 11. Con la política de retomar el ejemplo de los primeros meses de lucha contra el gobierno de Milei, con enormes movilizaciones y dos paros generales, convencidos que de esa forma se podrá derrotar el plan motosierra de Milei, el FMI y los gobernadores.
Escribe José Castillo
Al mismo tiempo que el gobierno vetó el reajuste jubilatorio e impuso un techo de 2% en las paritarias, se desató un vendaval de aumentos de tarifas de todo tipo. El objetivo, confesado por el propio ministro Luis Caputo, es garantizar los fondos para pagar los próximos vencimientos de deuda de este año y el próximo.
A partir de este mes las tarifas de luz, gas y agua subirán en promedio un 4,5%. Un nuevo salto en los tarifazos que se vienen dando desde el comienzo del gobierno ultraderechista de Javier Milei.
La canasta de servicios públicos (datos IIEP/UBA) subió un 380% entre diciembre pasado y agosto, mientras que el salario mínimo pasó en el mismo período de 156.000 a 262.000 pesos. Para comparar, hoy una familia tipo gasta en promedio 150.000 pesos exclusivamente en pago de servicios (luz, gas, agua y transporte). Para un ingreso promedio, estas tarifas pasaron de representar el 6,2% del total a ser actualmente el 14,3%.
Digamos además que este tarifazo no será el último, ya que el gobierno ha proclamado que quiere llevar los subsidios a cero, cuando hoy todavía representan el 56% del valor de la tarifa. Por lo que hay que esperar que en los próximos meses haya nuevas subas llevando cada servicio al doble que lo actual. Como los sectores que conservan todavía los subsidios son los de menores ingresos, estos nuevos aumentos van a pegar de lleno entre los más pobres, agravando su situación.
En lo que respecta al transporte, ya hubo un tarifazo muy fuerte en colectivos, subte y tren en el AMBA a principios de agosto. Ahora se suma que el gobierno nacional anunció que retira el subsidio a los colectivos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. En lo inmediato, las empresas ya anunciaron que reducirán sus frecuencias, en especial de noche. Además se eliminará el boleto combinado (que permite pagar menos por un segundo y tercer viaje inmediato al anterior). Partiendo de la base de que un trabajador o trabajadora toma promedio tres medios de transporte de ida (y otro tanto de vuelta) para desplazarse a sus lugares de trabajo, se calcula que solamente esta medida significa un incremento de 40% en el costo diario de transporte.
A todo esto hay que sumarle los aumentos autorizados en los otros precios regulados: las prepagas, los servicios de internet y telefonía celular, las cuotas de los colegios privados y los combustibles, todos en un promedio de 5%. Y, además, los alquileres, que, en el caso de tocarles ser ajustados por la ley vieja, subirán este mes un 245% (un alquiler de 200.000 pesos pasará a ser de más de 650.000).
¿Bajarán los precios de los productos de primera necesidad?
El gobierno miente diciendo que todos estos aumentos de tarifas son para “financiar” la baja del impuesto PaIs, que pasará este mes de 17,5% a 7,5%. Primero y principal, digamos que ese impuestos (a compra de dólares y productos importados) lo aumentó el propio Milei cuando asumió (a contramano de todas sus promesas demagógicas de que antes de subir un impuesto “se cortaba la mano”). Segundo, si a alguien favorece esa baja, es a los grandes empresarios, que podrán traer del exterior sus insumos o productos terminados a un menor precio.
Sin embargo esto no redundará en que bajen los productos finales que el pueblo trabajador ve en las góndolas. De hecho, es al revés. Las consultoras LCG y EcoGo registraron una fuerte aceleración de la suba de los precios de los alimentos en la última semana de agosto. Tanto las cadenas de supermercados como las empresas productoras de productos de consumo masivo ya le anticiparon al ministro Caputo que “no ven condiciones” para bajar sus precios. Pueden hacer esto porque nadie las controla. Y, obviamente, con el guiño del gobierno siguen priorizando sus superganancias, engrosadas con el enorme salto que le dieron a todos los bienes tras la devaluación de diciembre.
En síntesis, todo seguirá aumentando a costa del bolsillo del pueblo trabajador. ¿Para qué? Milei y su ministro Caputo dicen que es para “no entregar su gran logro, el superávit fiscal”. El mismo argumento que utilizan para vetar el reajuste jubilatorio. Pero este superávit fiscal, conseguido a costa de hambrear al pueblo trabajador, no es para generar ninguna reactivación o mejora futura. Al contrario.
Lo reconoce el propio ministro: la prioridad es cumplir con los millonarios vencimientos de deuda externa. Los que faltan de este año (5.680 millones de dólares) y, sobre todo, los impresionantes del año que viene (28.000 millones, y de ellos, 5.000 millones en enero).
Lo dijimos una y mil veces. Así no tenemos futuro. Hay que suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa y romper el acuerdo leonino que tenemos con el FMI. Hay que parar los tarifazos, retrotraerlos y reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados, para ponerlas a funcionar bajo la gestión de sus trabajadoras, trabajadores y usuarios, única forma de garantizar servicios de calidad con tarifa social para quien la necesite. Hay que terminar con los abusos de las empresas monopólicas de consumo masivo y las grandes cadenas de hiper y supermercados, congelando y poniendo precios máximos a los productos de la canasta familiar, con severas sanciones a quienes los violen. Hay que eliminar el IVA a esos productos, así como el impuesto a las ganancias sobre los salarios, reemplazándolos por fuertes tributos a pagar por parte de las grandes empresas y los multimillonarios.Todo ello al servicio de atender las más urgentes necesidades populares de salarios y jubilaciones justas, trabajo genuino, y salud, educación y vivienda, y garantizarlos para todas y todos.
Escribe Adolfo Santos
Como vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria le parecía poco, el gobierno ultraderechista de Milei reprimió violentamente a las y los jubilados que reclamaban contra el veto frente al Congreso. La aplicación del Protocolo de Seguridad de la ministra Bullrich contra uno de los sectores sociales más vulnerables el miércoles 28 de agosto, expresa una brutalidad pocas veces vista. Pero se equivocan Milei, Bullrich y el FMI si creen que los pueden amedrentar y continuar robándole sus haberes impunemente.
Para la consultora del Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa): “Fue tan fuerte la licuación de jubilaciones que en el promedio 2023 habían perdido un 35% de su valor real respecto al promedio 2017. En el caso del haber mínimo (con un bono que les puede ser retirado en cualquier momento) la pérdida fue de 15%”. Jubiladas y jubilados son el sector más atacado por los sucesivos gobiernos. Con Macri perdieron el 20%. Alberto Fernández y Cristina modificaron la movilidad con lo que, a finales de diciembre de 2023, si sumamos la devaluación de Milei, las jubilaciones perdieron el 32%. Llegó Milei e hizo lo mismo, cambió la fórmula de cálculo, y de los 20,6% de inflación de enero sólo dio 12,5%.
Por eso no hay palos ni gas pimienta que puedan frenar la protesta ante semejante robo. Las organizaciones que nuclean a las y los jubilados, entre las que se encuentra la Utjel/A Luchar, vienen trabajando de manera unificada y han demostrado una importante capacidad de movilización. El 28A marcharon al Congreso y de ahí a Plaza de Mayo con importantes columnas, enfrentaron con un coraje conmovedor la represión policial que dejó varias compañeras y compañeros heridos. Lejos de recular, el viernes 30 convocaron a una conferencia de prensa en el local del Sutna para llamar a una nueva movilización este 4 de septiembre contra el veto presidencial y preparan una gran Marcha Nacional el 20S, día de las y los jubilados.
No es que esta Ley sea buena, pero es necesario pararle la mano a un ajuste permanente que afecta el haber jubilatorio y retira beneficios. Mientras ajusta brutalmente a las y los jubilados para obtener superávit fiscal, Milei dispone de 100 mil millones de pesos en concepto de “gastos reservados” para organismos de inteligencia que nadie controla, otorga beneficios a los grandes empresarios mediante el RIGI y la reducción impositiva y continúa pagando la fraudulenta deuda externa. El 12S nos sumaremos a la convocatoria de Pablo Moyano, Sergio Palazzo, las CTA, la UTEP y Territorios en Lucha contra la Ley de Movilidad Jubilatoria. Exigimos que la CGT en su conjunto salga del letargo, convoque a un paro y plan de lucha, y se sume a esta movilización contra el veto.
Escribe José Castillo
El robo a los jubilados, su protesta y la violenta represión nos traen a la memoria otras luchas similares.
Una figura que merece ser recordada es Norma Plá. Recordemos la historia. En los comienzos del menemismo, las y los jubilados sufrieron una estafa parecida a la actual. Las cajas jubilatorias fueron vaciadas y posteriormente se privatizaron, a través de las tristemente célebres AFJP.
La inmensa mayoría de quienes percibían jubilaciones lo hacían con el haber mínimo y esta era de miserables 100 pesos (absolutamente de indigencia para la época).
Norma Plá empezó a encabezar todos los miércoles marchas al Congreso, junto con un pequeño grupo autoconvocado. Pasó a ser conocida popularmente luego de sus 48 días de acampe en Plaza Lavalle. La consigna era simple, pero contundente: jubilados 450 (ese era el monto que reclamaban para la mínima).
Fue protagonista de mil batallas en las calles, más de una vez haciendo retroceder cuerpo a cuerpo a la policía. La que más trascendió fue la del 5 de junio de 1991, donde enterada de que el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo había concurrido al Congreso, logró abrirse paso, tirar vallas y, a los empujones, terminó cara a cara frente al ministro de Menem. En una conversación forzada, rodeados ambos de micrófonos y grabadores de todos los medios, donde Cavallo trató de zafar haciéndose el “emocionado”, Norma Plá le reclamó: “no pague la deuda externa, pague a los jubilados”. Otro hecho muy recordado, y que, al igual que el anterior todavía puede verse por youtube, fue cuando concurrió al programa televisivo Polémica en el Bar, y derrotó contundentemente a los periodistas más chupamedias de Menem, como el mismísimo Gerardo Sofovich, que se quedó sin palabras ante sus argumentos.
Enferma, siguió marchando hasta enero de 1996. En junio de ese año murió. Hoy, el recuerdo de Norma Plá flota en esta nueva lucha generación de jubiladas y jubilados que no están dispuestos a entregarse sin pelear.
Escribe Guido Poletti
Todos los días nos cruzamos con compañeras y compañeros en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios, que se preguntan si el peronismo, que de hecho es la principal fuerza numérica de oposición patronal, puede realmente ser la alternativa a este gobierno ultraderechista y a su feroz plan de ajuste. Categóricamente creemos que no.
Primero, por lo mismo por lo que hoy todavía Javier Milei conserva cierta fortaleza: el recuerdo del desastre para el pueblo trabajador que fue el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, descargando sobre las espaldas de las y los trabajadores un ajuste hecho a medida del acuerdo con el FMI. Segundo, por las escandalosas revelaciones de los repudiables hechos de violencia de género llevados adelante por el ex presidente contra su pareja Fabiola Yáñez.
El peronismo está sumido en una fuerte crisis y cruzado por diversas internas. ¿Acaso de acá saldrá una “renovación” con alguna política favorable hacia el pueblo trabajador?
Lamentablemente el peronismo no garantiza ni siquiera cumplir su rol de partido patronal opositor. De entrada, ya se fugaron hacia el oficialismo de Milei el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y todo su bloque de diputados. Amagaron, en un ida y vuelta aún sin definición, los peronistas de Catamarca encabezados por su gobernador Raúl Jalil.
De los que quedaron claramente como opositores, poco se puede esperar. Uno de los que se postulan como jefe nacional del peronismo es el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el mismo que le está pagando a sus propios trabajadores con bonos provinciales.
Otro que tiene exposición mediática es Guillermo Moreno, que se presenta como “peronista ortodoxo”. De qué se trata esto realmente es una incógnita, ya que hace un mes atrás realizó una convocatoria en la que invitó a todos, incluyendo al peronismo cordobés y hasta a Miguel Ángel Pichetto, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019, ahora reconvertido en jefe de un bloque “dialoguista” con Milei, y uno de los que consiguió los votos para que aprueben la Ley Ómnibus. En los últimos días, Moreno al igual que otros dirigentes peronistas como Sergio Berni o el senador José Mayans, realizaron escandalosas declaraciones elogiando a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin que se les caiga la cara de vergüenza, sostuvieron que la defensora de genocidas y reivindicadora de la dictadura militar podía ser considerada “casi peronista”, por su supuesta raigambre “nacionalista”. Sin recordar que, hace menos de dos meses, desempató en el Senado para aprobar la Ley Ómnibus.
¿Qué pasa con el peronismo kirchnerista?
Cristina salió a responder diciendo que los que ven “peronismo” en Villarruel “están para el psiquiátrico”. Lo que no dice es que todos ellos hoy son referentes porque fueron colocados por su propio gobierno en cargos importantes. Moreno truchando las estadísticas del Indec y atacando a los trabajadores del organismo con su patota. Berni jugando de “rambo” y jactándose de reprimir a trabajadoras y trabajadores en lucha en la Panamericana.
Pero también hay que analizar en qué anda el propio peronismo kirchnerista, más allá de sus propias internas. La figura más expectable, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, habla de ampliar alianzas, nada menos que con Maximiliano Pullaro (el gobernador que ajusta a sus propios trabajadores y propone una reforma jubilatoria confiscatoria para docentes y el resto de los estatales de su provincia) e Ignacio Torres, el gobernador del PRO de Chubut. Al mismo tiempo, apaña al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, acusado de violencia sexual. La otra figura de ese sector es Wado de Pedro, la cabeza de las negociaciones con La Libertad Avanza en torno a la aprobación del pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema.
La CGT debe romper la tregua
Después de este recorrido por el peronismo político nos queda recordar que las direcciones sindicales, tanto de la CGT como de las CTA, también responden a distintos sectores de esta fuerza. Y son ellos los que le están dando oxígeno al gobierno, en medio de la bronca popular creciente. Luego del segundo paro nacional del 9 de mayo, la burocracia de la CGT le dio virtualmente una tregua al gobierno, adoptando una política “dialoguista”, en medio de la continuidad de los ataques al pueblo trabajador, reforma laboral incluida, dejando aisladas las distintas luchas que se están dando por sector. Alineados con la estrategia más general de todo el peronismo, priorizan las declaraciones opositoras por sobre salir a enfrentar el ajuste, apostando a que el desgaste del gobierno les vuelva a dar chances electorales en 2027.
Ahora, ante la escandalosa represión y veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, parte del sindicalismo ha llamado a una marcha al Congreso. El Frente Sindical (Pablo Moyano), la Corriente Federal (Sergio Palazzo), las CTA y la UTEP encabezan ese llamado. No hay posibilidad de tregua con un gobierno que, apoyado en la represión, aplica un brutal plan de ajuste contra las y los trabajadores y las y los jubilados. La CGT de conjunto debe sumarse a esta movilización y llamar a un paro y plan de lucha para derrotar el plan motosierra.
Fortalecer el Frente de Izquierda Unidad
A esta altura, se impone una conclusión: el peronismo no sirve para enfrentar el ajuste de Milei ni es alternativa política a la ultraderecha. Por eso es necesario fortalecer una opción, distinta, opuesta a la que ofrece el peronismo en sus distintas variantes. Es la que venimos construyendo desde el Frente de Izquierda. Apoyando, en la calle y desde las bancas, todas las luchas que se dan contra el ajuste. Formando parte del sindicalismo combativo, que pelea por una nueva dirección sindical combativa y democrática para la clase trabajadora. Y, por sobre todo, postulando un programa de emergencia alternativo al ajuste y la motosierra de Milei. Que arranca por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para dar prioridad a la resolución de las más urgentes necesidades populares. Programa que sólo puede llevar adelante un gobierno de los que nunca gobernaron: las y los trabajadores y la izquierda, iniciando el camino hacia una Argentina socialista.