Escribe Camila Urquiza

Aunque el Gobierno tuvo que retirar los apartados sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mantuvo uno de sus capítulos más graves: el que acelera los desalojos de viviendas que recorta las posibilidades de defensa de millones de familias inquilinas. 

El proyecto establece que los juicios de desalojo se tramiten de forma sumarísima. Ante una deuda, el propietario puede intimar al inquilino y darle al menos diez días para pagar. Pero durante el juicio el proyecto permite que un juez ordene la restitución del inmueble antes de una sentencia definitiva. El violento operativo de desalojo este lunes 10 de una comunidad originaria de Santa Rosa, en Humahuaca, con varios heridos por las fuerzas represivas, prueba que no se necesita endurecer la ley cuando ya se cuenta con una justicia patronal.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, lo resumió así: “primero se desaloja, después te defendés”. La organización denuncia que, en determinadas situaciones, una declaración del propietario podría terminar en una orden de restitución en 72 horas, antes de resolverse el fondo del conflicto. 

La ley llega en medio de una crisis habitacional enorme. La Encuesta Nacional Inquilina de junio, realizada sobre 808 hogares de 16 provincias, muestra que más del 70% de los hogares que alquilan arrastra deudas. Entre los endeudados, un 55% recurrió a créditos para comprar alimentos y un 37% para pagar el alquiler. Cerca del 30% se encuentra en emergencia habitacional.

Es sobre esas familias que el Gobierno pretende acelerar los desalojos. Trabajadoras y trabajadores que pierden poder adquisitivo, se endeudan para comer o llegan con dificultad a fin de mes pueden quedar expuestos a mecanismos cada vez más rápidos para perder su vivienda. La ley transforma una crisis social provocada por los bajos salarios, el ajuste y los alquileres impagables en un problema que se resuelve expulsando al inquilino.

Hay que seguir peleando para impedir que Diputados convierta este proyecto en ley. Desde Izquierda Socialista planteamos un plan nacional de viviendas populares, créditos accesibles, impuestos progresivos a las grandes propiedades ociosas y el uso de tierras públicas para resolver las necesidades habitacionales. Los recursos tienen que salir de dejar de pagar la deuda externa y de afectar los grandes negocios inmobiliarios, garantizando el derecho a una vivienda digna para el pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

Uno de los capítulos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada aprobados en el Senado fue el relativo al cambio del régimen sobre expropiaciones. 

Ya la legislación vigente es tremendamente pro-patronal: plantea que sólo se puede expropiar previa declaración de “utilidad pública” y pagando el valor correspondiente de la empresa o propiedad en cuestión. Así, patronales que han realizado las mil y un tropelías, como echar trabajadores, vaciar la planta, no pagar impuestos o cargas patronales, destruir el ambiente y que además se han embolsado superganancias, luego cuando entregan la empresa todavía exigen el pago por el “valor” de la compañía. E incluso llevan esto a juicio a tribunales internacionales. Tales fueron los casos de YPF o Aerolíneas Argentinas.

Sturzenegger a favor de las grandes empresas 

La definición de “utilidad pública” se hace más restrictiva, se exige una definición específica y concreta, incluyendo el fin perseguido luego de la expropiación, demostrando, se dice textualmente  “que la medida es idónea, necesaria y proporcional”. Todo servido en bandeja para que la empresa sujeta a expropiación pueda ir a juicio y, seguramente, que le dé la razón la justicia patronal.

Se modifica el cálculo del valor del bien a expropiar, incorporando ya no sólo el monto contable sino también “los daños directos” y, peor aún, el “lucro cesante”. ¡Habrá que pagar lo que supuestamente ganaría la empresa en el futuro!

Del mismo modo, el valor del bien se fija tomando como referencia el período previo al anuncio de expropiación. Explicamos: la empresa sujeta a expropiación obviamente ya vale menos, pero se considera su valor “anterior”, obviamente superior.
Por último, se determina que el Estado no podrá tomar posesión del bien antes de haber pagado efectivamente la expropiación. Un “vía libre” para que las patronales vacíen la empresa. 

En síntesis, una legislación desvergonzadamente pro patronal y pro-imperialista, a la medida de lo que se puede esperar de este gobierno entreguista.

Foto de portada: A la izquierda, Comisario Gustavo Gauna


Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Muchos medios dijeron que el jueves 6 hubo “violencia”. No. Lo que hubo fue una despiadada represión policial (violencia estatal) contra una marcha pacífica, en la que participaron hasta niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. El objetivo, como siempre, fue desalojar la Plaza Congreso con carros hidrantes, gases y balas de goma para evitar que hubiera más masividad de gente que se iba sumando tras la salida de sus trabajos.

A tal punto llegó la salvajada e impunidad policial que el comisario inspector de la Federal, Gustavo Gauna, fue fotografiado disparando con una escopeta vestido de civil y sin identificación.

Más de 1.500 personas fueron heridas, una fotorreportera quedó internada con traumatismo de cráneo y hubo 29 detenidos (ya liberados). Se vio a policías con gomeras, itacas tirando a la cara y levantando luego los casquillos del suelo para limpiar la escena del crimen.
La cacería duró cinco horas, hasta la noche. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad pidió investigar los hechos como atentado al orden constitucional y que se aplique la Ley Antiterrorista que viene del gobierno de Cristina Kirchner.

Las y los manifestantes no son violentos, golpistas, ni terroristas (lo mismo dijeron contra los que se movilizaron contra la Ley Bases). Esa sucia campaña es para confundir e intentar tapar la única realidad, que son este gobierno y sus fuerzas represivas los responsables de atentar contra el pueblo trabajador votando leyes de saqueo y entrega, maniobra que en este caso les fracasó. ¡Basta de represión! ¡Castigo a los culpables!

Escribe José Castillo

Millones de familias están endeudadas y ya no pueden pagar sus préstamos por las tasas usurarias. Mientras el gobierno se lava las manos, bancos y fintech como Mercado Pago siguen acumulando ganancias a costa del pueblo trabajador. 

La pulverización de salarios, jubilaciones y planes sociales, el aumento del desempleo y el crecimiento de la pobreza tuvieron una consecuencia, el aumento del endeudamiento para pagar gastos corrientes, como comida, artículos de limpieza, medicamentos u otros consumos impostergables. Se pagaba con la tarjeta de crédito en cuotas y luego, a fin de mes, cuando llegaba el resumen, se abonaba solo el mínimo, acrecentando una bola de nieve infernal de endeudamiento. Después, cuando ya no se podía pagar ni siquiera el mínimo, se recurría a un préstamo personal otorgado por el banco para cubrir la tarjeta. Otros tomaban préstamos con Mercado Pago, Ualá u otras fintech. O, directamente, recurrían a prestamistas informales en los barrios. Hoy, todo eso está explotando.

Traduzcámoslo a números. Según un estudio de la consultora EcoGo, realizado a partir de datos oficiales del Banco Central, hay 20,9 millones de personas endeudadas. De ellas, 5,8 millones (el 26,1%) tienen atrasos en sus pagos mayores a 90 días. Esa mora se quintuplicó en los últimos 18 meses. Pero eso es un promedio. En los préstamos tomados fuera de los bancos, con Mercado Pago a la cabeza, el atraso supera el 30%.

¿Por qué creció el endeudamiento?

El presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, coinciden en un argumento ridículo, o cínico. Se trataría de que la gente tiene poca “educación financiera”. Habrían supuestamente descubierto que había oferta de créditos y los tomaron para viajar, cambiar el auto o comprar otros bienes de lujo, pensando que, por la inflación, las últimas cuotas se licuarían. Como la inflación cayó y esas cuotas siguieron pesando lo mismo, ahora hay gente que no las puede pagar.

La realidad es bien distinta. El pueblo trabajador, inmensa mayoría de los endeudados, tomó préstamos, como explicamos más arriba, para comprar bienes indispensables. Y después, para poder pagar las cuotas. A esto hay que agregar que los bancos y las fintech, como Mercado Pago, se aprovecharon de la necesidad y están exigiendo tasas estratosféricas y usurarias. Los préstamos más baratos, a los que la inmensa mayoría no accede, arrancan con tasas de interés anuales reales, sumando todos los costos administrativos, del 120%, contra una inflación del 33%. Pero cuando hay que recurrir a préstamos usurarios, se llega a exigir más del 700% anual.

¡Basta de usura!

Nuevamente, el presidente Milei, el ministro Luis “Toto” Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dieron la respuesta más cínica y miserable que alguien puede imaginar, “es un acuerdo entre privados”. Y reafirmaron una y otra vez que no piensan hacer nada. El presidente fue aún más allá, “a nadie le pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse”. Un planteo vergonzoso. ¡Sí! A más de una familia trabajadora le pusieron “una pistola en la cabeza”. Era endeudarse o no darles de comer a sus hijos, o no comprar un remedio vital. ¡De eso estamos hablando!
Se hacen los distraídos mientras ningún organismo del gobierno hace nada y se sigue permitiendo que los bancos y las fintech cobren esas tasas, que constituyen una parte fundamental de sus superganancias.

Hay que cortar todo esto de raíz. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad proponemos la condonación total de todas las deudas que tengan las familias trabajadoras, la prohibición de los embargos, planes de refinanciación con fuertes quitas de capital y tasas de interés cero. Mientras exigimos esta solución de emergencia inmediata, tenemos que tener en claro que es necesario terminar con estos negociados financieros. Esto solo será posible con la nacionalización de la banca, para que cumpla realmente el rol de direccionar el ahorro popular hacia créditos accesibles para el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

El gobierno presentó un nuevo proyecto de Ley de “Inocencia Fiscal” con más beneficios para los grandes evasores. Lo insólito es que hace apenas seis meses se había aprobado una ley similar, el 27 de diciembre de 2025, que entró en vigencia en febrero de este año. Igual que aquella, es un intento de aprobar una ley al servicio de los grandes evasores.

¿De qué se tratan estas leyes? Simple y sencillamente, de un gigantesco blanqueo que permite a evasores impositivos, a quienes fugaron millonadas e incluso a más de un empresario vinculado a negocios turbios (narcos, trata de personas, tráfico de armas) traer sus dólares y blanquearlos sin costo ni peligro alguno. No es una exageración. De esta legislación se aprovecharon José Luis Espert (financiado por el narco Fred Machado), Federico Sturzenegger y, hace apenas unos meses, el mismísimo Manuel Adorni.

La Ley de Inocencia Fiscal es un mecanismo que impide a ARCA (organismo estatal de recaudación de impuestos) investigar los bienes e incluso el aumento patrimonial de las personas que se presentan. Incluso si se llegara a descubrir de casualidad alguna evasión fiscal, basta con que el culpable pague el 50% de la deuda para que ya no se lo pueda acusar penalmente. Por supuesto, el objetivo de este proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que aumenta los montos del anterior, es que cualquiera, sin ningún control, pueda traer y blanquear dólares fugados.

Todos estos privilegios para los millonarios delincuentes de guante blanco se otorgan al mismo tiempo que el FMI exige eliminar el monotributo y, de ese modo, aumentar de hecho los impuestos a los sectores populares. También mientras el gobierno se niega a otorgar alivio alguno a los millones de trabajadoras y trabajadores endeudados.

Hay que oponerse a este escandaloso proyecto y reafirmar, una vez más, que es necesaria una profunda reforma impositiva, donde paguen más los que más ganan, los grandes empresarios y los millonarios, y no el pueblo trabajador.