El titular del gremio gastronómico Luis Barrionuevo suele hacer declaraciones rimbombantes, desde aquella famosa “tenemos que dejar de robar por lo menos dos años” en los años ’90 o “en este país nadie hace la plata trabajando”. La semana pasada en el programa de Mirtha Legrand fue interpelado por sus declaraciones en donde recordaba al gobierno de Macri que “los que se metieron con los sindicatos, Alfonsín y De La Rúa y no terminaron sus mandatos”, “no pisen la cola del león”, acusando a Barrionuevo de antidemocrático y desestabilizador . Barrionuevo otra vez mostró su honestidad brutal al responder que era mejor no pisar la cola del león –la burocracia sindical en la conducción de los sindicatos y el modelo sindical– “¿o qué quieren, que venga la izquierda?”.
“Yo aviso, que lo interpreten como quieran”, otra nueva recomendación de un burócrata al gobierno.

El gobierno está en una durísima ofensiva de vaciamiento de los medios públicos con despidos en Radio Nacional, TDA, las señales Encuentro, Paka Paka y Deportv y un intento de lockout patronal en la TV Pública. Al mismo tiempo anuncia un congelamiento salarial atacando el convenio colectivo y el Estatuto del Periodista. Estos medios son una gran conquista cultural de toda la población a  la que el gobierno de los CEOs quiere destruir para favorecer a los monopolios privados de la comunicación. Junto a la defensa de los medios públicos contra el vaciamiento y el ajuste del gobierno, rechazamos los despidos y reclamamos la reincorporación de todos los trabajadores.

 A través de un decreto, el gobierno decidió cancelar la paritaria, que se establecía en el artículo 10 de la ley 26.075 (de financiamiento educativo), además de recortar la representación gremial de Ctera de cinco miembros a uno.

Escribe Guillermo Sánchez Porta
 
El gobierno intenta profundizar su ajuste al salario docente, modificar las condiciones laborales, liquidar el régimen jubilatorio, seguir la desinversión en infraestructura escolar, recortar el presupuesto para la educación pública, avanzar en los despidos, la inestabilidad laboral y fortalecer el negocio de la educación privada, mientras avanza en la reforma para liquidar la escuela secundaria y los profesorados.
Macri y Finocchiaro (ministro de Educación nacional) saben que es imposible meter todo ese ajuste en una paritaria que sea firmada por los dirigentes gremiales, ante la mirada de los docentes y  la sociedad.
 
Macri se desentiende del financiamiento educativo
En otros tiempos el sistema educativo obligaba al gobierno nacional a financiar y sostener los salarios y la infraestructura educativa de todo el país. Menem primero, los Kirchner después y ahora Macri, impusieron que sean las provincias las encargadas de sostenerlo y que la Nación se desentienda. Cada docente, así haga el mismo trabajo y cumpla las mismas horas que otro, tiene un salario diferente en cada provincia. El estatuto docente (convenio laboral) se modificó por provincia, como el sistema jubilatorio, según pasara o no el ajuste en cada lugar. Las escuelas se deterioran o no se construyen, según la inversión provincial. Y el gobierno nacional logró desentenderse casi totalmente del pago de salarios. Sólo invierte en las universidades y en subsidios a la educación privada, que crecen aceleradamente. Lo que Macri y Finocchiaro intentan ahora es institucionalizar esta política, liquidando la paritaria nacional.

Ctera y los demás gremios deben llamar a asambleas
y a un plan de lucha nacional
Alesso, Baradel y los dirigentes de Ctera se quejan de este decreto. Aunque callan que durante el kirchnerismo, igual que ahora, las paritarias nacionales fueron cerradas por decretos y ellos los dejaron pasar. Macri, Finocchiaro o Vidal, para lograr apoyo a sus medidas, denuncian que Ctera sólo responde al kirchnerismo. Lamentablemente Alesso y Baradel dan pie a esa campaña. Al punto que el gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz no paga salarios, descuenta y reprime, los docentes estuvieron casi todo el año de paro y los dirigentes de Ctera no hicieron nada y no denuncian al gobierno provincial, sólo porque es kirchnerista.
Es necesario que la docencia reclame con claridad el fin de la provincialización. Exigir que el gobierno nacional se haga cargo del sostenimiento financiero y se renacionalice el sistema educativo. Que se blanquee el salario de todos los docentes del país y volvamos a un tener un básico único nacional igual a la canasta familiar. Que se frenen los ajustes y la política de liquidar el derecho social a la educación. Que se invierta en educación lo que va para la deuda externa, las multinacionales y los subsidios a escuelas privadas.
Para eso Ctera y los gremios deben llamar a asambleas y un plan de lucha nacional unificado. ¡Basta de dejar a las provincias libradas a su suerte! Desde los sindicatos combativos y la oposición multicolor nacional debemos reclamarlo y coordinar nacionalmente un plan de acción.

El gobierno de Macri comenzó 2018 con una nueva ofensiva de despidos en el ámbito estatal. Intenta así una vuelta más de tuerca en su ajuste permanente. Los 122 despedidos en el hospital Posadas se inscriben en esta política, favorecida por la no efectivización de los trabajadores a lo largo de distintos gobiernos, incluidos los kirchneristas, ya que solo el 20% del personal es de planta permanente.

Escribe Mónica Méndez Consejo directivo provincial de la Cicop

Este ataque a los trabajadores del Posadas es un ataque a la salud del pueblo trabajador. Por ello se llevó adelante una jornada de lucha convocada por la Cicop el martes 23 de enero, por la reincorporación inmediata de los compañeros despedidos y por el funcionamiento normal de las áreas críticas del hospital. Mientras se desarrollaba el paro de veinticuatro horas, luego de una conferencia de prensa, los médicos de la Cicop, el Sindicato de los Trabajadores de la Salud–Hospital Posadas y la oposición de ATE llevaron adelante una asamblea en el hall central que contó con una gran concurrencia. En ella se votaron tres resoluciones: intentar cortar la Autopista del Oeste, que los diputados ahí presentes reclamen ante la dirección por los despedidos y llevar adelante el 29 de enero una movilización al Ministerio de Modernización.
Esta lucha en curso es una expresión más de la resistencia que los trabajadores oponen al salvaje ajuste del gobierno y sus cómplices, la burocracia sindical, en este caso de UPCN y ATE (Darío Silva de ATE Morón, ante el pedido de asamblea por parte de los trabajadores, respondió enviando una patota a apalearlos).
 El ajuste en el Posadas tiene ribetes dramáticos. A la vez que las autoridades despiden y amedrentan al personal, saturando el nosocomio con fuerte presencia de fuerzas represivas, también muestran su desprecio por  la salud de los pacientes. Dejar cesantes a trabajadores con más de 15 y 20 años de contrato, con vasta experiencia, que los hace prácticamente irreemplazables, tiene por efecto que los servicios de neonatología, unidad coronaria, terapia intensiva, algunos de pediatría y de tratamiento contra el cáncer, queden desarticulados. El vaciamiento de estos servicios es una rotunda desmentida a la excusa de que “sobra personal”, o que “son ñoquis”. Estos despidos tienen un claro objetivo: deshacerse de aquellos más comprometidos con la defensa de las condiciones de trabajo y del hospital público, gratuito y de calidad para luego, allanado el camino, continuar despidiendo,  precarizando el trabajo (ya ha ingresado personal monotributista) y proceder a arancelar sus servicios.
La combatividad de los compañeros demuestra que esta pelea se puede ganar, hace falta un plan de lucha unificado, desarrollar el fondo de huelga y decidir cada acción y todas las iniciativas en asamblea. Izquierda Socialista expresa su repudio a los despidos y proclama su más absoluta solidaridad y compromiso con la lucha de los trabajadores del hospital  Posadas.

Desde el 14 de enero un grupo de trabajadores de la empresa Clorox (Ayudín), ubicada en Aldo Bonzi, La Matanza, se encuentran en conflicto debido a que la patronal multinacional desde hace más de un año viene profundizando medidas de flexibilización, intentando cambiar las condiciones de trabajo. La bronca estalló cuando la patronal se negó a reconocer el certificado médico de un compañero que luego fue maltratado por la seguridad de la empresa provocándole un preinfarto en puerta de fábrica. Desde entonces y por varios días, un grupo de trabajadores impulsó un piquete impidiendo el ingreso y egreso de cargas a la planta.
Actualmente el Ministerio de Trabajo ha dictado la conciliación obligatoria. La empresa no reconoce esta medida y cínicamente argumenta que los activistas que encabezan el piquete “alteran” la paz social en la empresa. Los trabajadores le han concedido una última semana de plazo al ministerio. Desde Izquierda Socialista hemos acercado nuestra solidaridad y nos hemos puesto a su disposición para apoyar incondicionalmente su lucha contra la patronal de Clorox.              
Corresponsal