Escribe Adolfo Santos

El caradurismo del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, no tiene límites. Durante los días previos a la reunión para definir el salario mínimo se la pasó amenazando con que iba a dar la pelea por un buen aumento. “El salario mínimo vital y móvil es de 16.875 pesos. Llevarlo a la canasta básica alimentaria implicaría un aumento de 200%, por lo cual los sindicalistas trataremos de acercarnos a esa cifra todo lo posible”, dijo en declaraciones radiales. Y agregó: “Vamos a tratar de acercarnos a la canasta básica, que es de 46.000 pesos. Queremos recuperar la pérdida del salario”.

Y no paró ahí. Criticó hasta una posible oferta del sector privado: “En la negociación, los empresarios van a plantear cifras por debajo de 35 por ciento”. Por eso alertó: “Es muy probable que no haya acuerdo, sino un laudo por parte del Ministerio de Trabajo”. Sin embargo, el día de la reunión, tanto el “combativo” Yasky como los burócratas de la CGT se comportaron como corderitos y, sin dar pelea, aceptaron el vergonzoso 28 por ciento. No solo quedaron a años luz de la promesa de acercarse a la canasta básica familiar, sino que propusieron un ajuste de 30%, ¡menos de lo que suponían que iban a ofrecer las patronales!

Estos dirigentes son una vergüenza. Simples funcionarios de un gobierno patronal al que apoyan incondicionalmente. En diálogo con C5N, Yasky aseguró: “Los salarios no bajaron en estos siete meses de cuarentena, sino que solo lo hicieron durante la presidencia de Mauricio Macri”. Nadie duda que Macri atacó duramente a los trabajadores, pero negar que este gobierno hace lo mismo es pura hipocresía. Solo con la inflación las pérdidas han sido inmensas, pero además la dirigencia sindical, la UIA y el gobierno acordaron una rebaja de 25% para millones de trabajadores y las paritarias siguen congeladas.

Después de firmar ese ajuste de hambre, Yasky declaró: “Se logró un paso importante” […] “Se llegó a un arreglo porque, del otro lado, no se encuentra un gobierno que quiere que el salario caiga” […] “Y se reincorporaron los empresarios pymes que Macri había echado. Los empresarios de las pequeñas y medianas empresas apoyaron nuestra propuesta porque saben que el trabajador les comprará, ellos se enfocan en el mercado interno”. Y cerró: “Se logró recuperar algo”. Repudiamos el papel nefasto de estos dirigentes burocráticos que traicionan los intereses de los trabajadores. Llamamos a continuar luchando por una nueva dirección sindical combativa, democrática y autónoma de los gobiernos patronales.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Esta semana nuestro país llegó al millón de contagiados por el nuevo coronavirus, alcanzando el sexto lugar después de los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y España. La Nación, del 19 de octubre, se hace eco de un segundo récord argentino, somos “desde hace un mes el país con mayor número de muertes diarias por millón de habitantes, con alrededor de ocho”. Mientras en la Argentina la pandemia continúa extendiéndose, en Europa se vive una segunda ola de Covid-19 de cuya gravedad dan cuenta las severas medidas de aislamiento tomadas en España y el insólito toque de queda en Francia.

 Europa, un sistema público de salud devastado

Las dos oleadas de la pandemia han hecho visible cómo se han ido destruyendo el sistema público de salud y las políticas de seguridad social, preciadas conquistas de los trabajadores europeos en la posguerra. Suecia, que representa en el imaginario popular lo más avanzado en el terreno de las políticas sociales, nos brinda un ejemplo de la descomposición que la dinámica mercantil ha impuesto al sistema de salud.

Attendo es una empresa privada que cotiza en Bolsa, con ganancias superiores a los 1.300 millones de dólares anuales. Es el mayor operador de residencias de ancianos en Suecia desde que el gobierno comenzó a privatizar su sistema de salud. En los establecimientos de su propiedad y gestión rige, como en cualquier empresa comercial, el principio del lucro. Por lo tanto, en los turnos nocturnos y los fines de semana hay una sola enfermera, sobrecargada de obligaciones y con el lógico deterioro en la calidad del servicio. La sed de ganancias de los accionistas de Attendo hace que los trabajadores de la salud de la empresa carezcan de los elementos de protección personal adecuados en cantidad y calidad. La empresa les proveía “máscaras de cartón como las de los pintores de casas” (Clarín, 9/10).

Las directivas generales vigentes en Estocolmo, cuando comenzó la pandemia, orientaban a los médicos a indicar cuidados paliativos a los pacientes geriátricos sin examinarlos ni pedir estudios. Se renunciaba de antemano a salvarles la vida, pero se preservaban las ganancias de las empresas prestadoras de servicios de salud. Durante lo peor del brote inicial, se negó el acceso a los hospitales a los ancianos que provenían de residencias geriátricas. Es que en las dos últimas décadas Suecia ha reducido sustancialmente su capacidad hospitalaria y la pandemia puso al rojo vivo este desmantelamiento. El resultado ha sido que entre las casi seis mil muertes vinculadas al coronavirus en Suecia más de 45% corresponden a los ciudadanos más vulnerables del país, los que viven en asilos. Una verdadera tragedia humanitaria en aras de la sacrosanta ganancia capitalista.

Política sanitaria o ganancias de las empresas

Es tan evidente la situación de desigualdad social que los observadores más lúcidos de la profesión médica llaman la atención sobre ella. Richard Horton, editor jefe de la prestigiosa revista médica británica The Lancet, escribe en el ejemplar del 26 de septiembre que el Covid-19 interactúa con otras enfermedades no contagiosas en un contexto social y ambiental caracterizado por una profunda inequidad social. Agrega que la vulnerabilidad de los ancianos, los miembros de minorías étnicas y trabajadores esenciales que comúnmente son mal pagos y con deficientes servicios sociales muestran que “por más efectiva que pueda ser una medida epidemiológica de protección o una vacuna, una solución puramente biomédica fracasará”. Los gobiernos deben desarrollar políticas y programas que reviertan esas profundas disparidades “si no nuestras vidas nunca estarán seguras frente al Covid-19”.

Nosotros agregamos, como venimos diciendo desde El Socialista, que no se puede avanzar en la lucha contra la pandemia sin tocar las ganancias del capital. El aislamiento preventivo, sea o no intermitente, sea parcial o total como aconsejen los expertos, no se puede garantizar sin un sueldo de 40.000 pesos para los afectados. Para testear y rastrear la circulación del virus se debe disponer de tecnología, reactivos y recursos humanos que hay que pagar. Para proteger al personal de salud con los equipos necesarios y pagar un sueldo digno que permita eliminar el poliempleo hay que aumentar el presupuesto para la salud.

Por eso venimos planteando que, para contar con la financiación, es imprescindible crear un fondo de emergencia a partir de un impuesto a las grandes fortunas y no pagar la deuda externa, como propone el FIT Unidad.

El jueves 15, a la medianoche, el doctor Alejandro Vega regresaba con la ambulancia al hospital cuando fue atacado por una persona que intentó matarlo tras efectuar tres disparos. El agresor, según el fiscal, es familiar de un fallecido por Covid-19. El Socialista entrevistó al doctor Fabián Torres, compañero de trabajo de Vega.

ES–¿El ataque al doctor Vega fue provocado por familiares de un paciente que falleció de Covid-19?

F.T.–Sí, eso es lo que determinó la investigación del fiscal. En menos de cuarenta y ocho horas, gracias a la movilización, se detuvo a un joven que fue acusado por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía. Estamos tristes, preocupados, porque puede volver a suceder. Necesitamos que la Justicia actúe con celeridad y que dicte una condena ejemplar. No podemos creer que alguien encargado de cuidar la vida de los pacientes, en estado de pandemia, ponga en riesgo su vida no tan solo con el Covid-19, sino porque aumentó la violencia desde que se inició la pandemia.

ES–¿Cómo está la situación sanitaria en la provincia?

F.T.–Río Negro es la sexta provincia del país con más contagios y la primera en la Patagonia, con casi cinco mil casos activos. Desde agosto que venimos con el sistema de salud colapsado en la zona del Alto Valle, con terapias colmadas en los hospitales de mayor complejidad por Covid, las situaciones más graves se resuelven con derivaciones. Hubo casos en que se debieron trasladar pacientes a Viedma, a más de 500 kilómetros de distancia, y a Buenos Aires por no encontrar camas en las ciudades cercanas ni en la capital neuquina.

ES–¿En qué condiciones laborales y sanitarias están afrontando la atención de las distintas enfermedades y, específicamente, el Covid?

F.T.–Nuestro hospital es de complejidad II y está equipado para urgencias y emergencias y realizamos derivaciones de casos críticos. Actualmente somos tres profesionales médicos que realizamos guardias activas de veinticuatro horas y dos especialistas que solo realizan consultorios. Enfermería se vio afectada por licencias por enfermedades preexistentes y por contagios de Covid. Tuvimos una semana sin servicio de mucamas y también se vio resentido el personal de choferes y administrativos por el Covid. Desde marzo venimos trabajando sin descanso con escasos recursos humanos, con insumos insuficientes e infraestructura inadecuada para este nuevo escenario de la pandemia. Y ahora se suma la falta de seguridad, que expone doblemente nuestras vidas en la búsqueda de algún culpable del coronavirus. Los culpables son los gobiernos que beneficiaron a los grandes sectores empresariales y no destinaron el presupuesto necesario para salud para enfrentar el Covid.

ES–¿Qué lograron después de la asamblea?

F.T.– Nos organizamos rápidamente horas después de este hecho repudiable y en asamblea exigimos la presencia de las autoridades municipales y provinciales para conseguir justicia por el colega atacado, seguridad para nuestro hospital, mayor personal, insumos y una dirección visible, al haber fallecido por Covid la directora. Conseguimos con nuestra unidad, y el apoyo de la comunidad, la seguridad para el hospital y para nuestro compañero Alejandro, que ya se encuentra en su casa, la detención del agresor y el nombramiento de una directora. Aún nos quedan demandas no satisfechas que hacen a nuestros derechos como trabajadores, ya que seguimos batallando solos y sin el apoyo de las autoridades provinciales y nacionales. Por lo menos en estos días algo cambió, ya que permanecemos en estado de alerta y asamblea y apostamos a que con la lucha y la unidad conseguiremos nuestros derechos.

Escribe Adolfo Santos

Insensible, el gobierno peronista de Axel Kicillof insiste en la tesis de desalojar por la fuerza a las familias que intentan resolver el problema de la falta de viviendas en Guernica. Después de meses de haber ocupado terrenos baldíos, más de mil humildes familias continúan sin recibir una solución por parte de las autoridades provinciales. En vez de eso, todo este tiempo el gobierno ha preferido maltratarlas con amenazas de desalojo y represión, como si la cuestión de la vivienda fuera un tema policial y no un grave problema social que afecta profundamente a los sectores más vulnerables.

Pero gracias a la firme voluntad de los ocupantes, al papel solidario de varias organizaciones sociales y de derechos humanos y a los partidos de izquierda, como los que integramos el FIT-Unidad, la toma se viene manteniendo. Esa firmeza ha obligado al gobierno a tener que sentarse a negociar soluciones, aunque lo ha hecho con propuestas parciales e insuficientes. Mientras tanto, continúa con una campaña de descrédito contra la ocupación alegando que la mayoría ya se retiró y que las que quedan no son más de doscientas familias fogoneadas por la izquierda.

No es esa la realidad. Un censo interno realizado el viernes 16 por los propios vecinos constató la existencia de 1.350 familias en el lugar. El gobierno sabe de eso y lo que significa semejante volumen de gente, por eso ha comenzado a hacer ofrecimientos en diversos asentamientos. En la reunión del jueves 15 ofreció 2,5 hectáreas, un poco más de dos manzanas, para que tomaran posesión definitiva ochenta familias, aunque no indicaron dónde están esos terrenos, y el resto de los ocupantes serían derivados a diferentes predios de forma provisoria. La propuesta fue analizada en una reunión el sábado 17 y rechazada por insuficiente.

Frente a esa postura, el gobierno se vio obligado a mejorar su ofrecimiento y a las 2,5 hectáreas le agregaron 5 hectáreas más, aunque de forma provisoria, no definitiva, para que acampen unas doscientas cincuenta familias en pequeños espacios de 7x7 metros y así abandonen la toma de Guernica. Este asentamiento provisorio sería por unos seis meses, mientras buscan otra solución. Pero ese ofrecimiento, además de no dar seguridad de una futura regularización, deja afuera a más de mil familias, por lo que tampoco significa una solución.

Por eso la situación continúa indefinida en medio de un prolongado sufrimiento de grupos integrados por niños y niñas viviendo en condiciones infrahumanas y que, sacados de ahí, no tienen adónde ir. Este fin de semana organismos de derechos humanos, como el CELS, Serpaj y sectores del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, iniciaron un nuevo censo para establecer la verdadera población existente en el lugar. El lunes 19 la fuerte lluvia y el mal tiempo impidieron la continuidad del mismo, sin embargo, hasta ese momento se llevaban registradas ochocientas familias y aún quedaban muchos sectores por recorrer.

Exigimos que el gobierno peronista ponga fin a las amenazas de desalojo y represión y busque una solución consensuada y definitiva. El peronismo ha gobernado la provincia 28 de los 32 últimos años y conoce perfectamente la gravedad de este problema, por eso no puede seguir dilatando con propuestas insuficientes. No son más importantes dos supuestos propietarios, “flojos de papeles”, que más de mil familias trabajadoras castigadas por una crisis económica que no provocaron. Tenemos que seguir apoyando lo que decidan las asambleas de los vecinos. A la vez que, desde el conjunto de las organizaciones populares, continuamos aportando a la campaña de solidaridad, mientras  exigimos una solución definitiva. A eso nos comprometemos desde Izquierda Socialista.

Izquierda Socialista / FIT Unidad viene realizando una campaña de apoyo y solidaridad con las familias de Guernica. En todo este tiempo, dirigentes y militantes de nuestro partido han realizado colectas en barrios y lugares de trabajo solicitando colaboraciones para la toma. Las que entregamos en diferentes oportunidades, principalmente alimentos, para ayudar a que resistan.

Además de la presencia permanente de nuestros compañeros de la zona sur, organizamos visitas de delegaciones de nuestras compañeras de Isadora, encabezada por la diputada (mc) Mercedes Trimarchi. Quienes produjeron un video en homenaje a la lucha de las madres de Guernica.

Como lo hicimos desde el primer día, Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo continuarán brindando su apoyo y solidaridad a las familias. Ya se hicieron presentes los diputados nacionales electos Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer. Lo mismo sucede con el sindicalismo combativo: visitaron Guernica miembros del cuerpo de delegados del Sarmiento, de la directiva de Ademys y del Suteba La Matanza, entre otros. Hay que rodear de solidaridad a Guernica para que la lucha  triunfe.

Desde Izquierda Socialista te invitamos a sumarte a esta campaña. Podés efectuar depósitos en la cuenta CBU 2850326240094614046868, o llamar al 54 9 11 6258-8523 para coordinar.