Durante dos meses el Congreso recibirá, todos los martes y jueves, a distintos expositores que argumentarán a favor y en contra del derecho al aborto. Hay más de 500 inscriptos al debate y se puede seguir en vivo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados. El movimiento de mujeres, lejos de mirarlo por TV, convoca a los #MartesVerdes en la puerta del Congreso, para que no quede ninguna duda sobre cuál es nuestro reclamo: aborto legal, seguro y gratuito, que solo conquistaremos con la movilización en las calles.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial electa Izquierda Socialista/FIT

En el marco de la discusión sobre el derecho al aborto legal, consideramos que es fundamental llevar el debate a los diferentes espacios de trabajo y estudio para que más y más compañeras y compañeros puedan aclarar sus dudas y se pronuncien a favor de esta gran lucha.

Escribe Malena Zetnik 

Cada año, aproximadamente 500.000 mujeres deciden interrumpir sus embarazos en la Argentina. Algunas lo hacen en hospitales y centros de salud públicos apelando al marco legal de causales de abortos no punibles, en los casos de violación o peligro de la vida o salud integral de la mujer (Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo y artículo 86 del Código Penal).

El obispo chileno Juan Barros fue acusado de encubrir los abusos sexuales cometidos en la década de 1980 por el sacerdote Fernando Karadima, sentenciado por el propio Vaticano en 2011. Pero en su visita al país trasandino el pasado enero, ante la pregunta de un periodista, el papa Francisco afirmó que “no hay una sola prueba en contra, todo es calumnia, ¿está claro?”.

El Socialista entrevistó a Cristian Gordillo, minero de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y secretario general adjunto de ATE Río Turbio, en el acampe que los mineros establecieron frente al Congreso.

¿Cómo se inició el conflicto?
-El conflicto lleva más de 75 días con la paralización total del yacimiento desde enero, pero se inició con las políticas de ajuste de Macri en 2016, con una serie de despidos hasta llegar a 500 trabajadores en enero. La mina depende del Ministerio de Energía de la Nación. Empezaron presionando con el convenio de trabajo y terminaron con los despidos, donde el ministerio nos extorsionó diciendo “entreguen el convenio colectivo”. Teníamos los sueldos congelados arbitrariamente y con una paritaria de 21% de aumento en 2016 que el gobierno no cumplió. Entendemos que es parte del plan de ajuste, que incluye retiros “extorsivos” y jubilaciones anticipadas, buscando reducir la planta de trabajadores del Estado, como si fuéramos un costo.