Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Licitaciones truchas, sobreprecios y coimas armaron un circuito privado de negocios sobre el presupuesto de discapacidad. La investigación apunta a un entramado que llega hasta el corazón del gobierno ultraderechista.

Mientras el gobierno de Javier Milei se niega a aplicar la emergencia en discapacidad, aun con miles de personas sin cobertura, sin prestaciones garantizadas y con instituciones al borde del colapso, avanza la causa judicial contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidades (Andis), varios funcionarios del organismo y una red de empresarios favorecidos por el más crudo capitalismo de amigos.

La causa, a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, investiga un entramado de licitaciones fraudulentas, sobreprecios escandalosos y retornos ilegales. Entre los quince imputados ya citados se destacan figuras centrales como Spagnuolo; Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud; Miguel Ángel Calvete, operador farmacéutico; y un actor clave: Pablo Atchabahian, médico y empresario detenido con prisión domiciliaria en Mendoza.

La investigación expone un mecanismo de negocios privados montado sobre el dinero destinado a las personas con discapacidad. Un saqueo organizado que desnuda la verdadera cara del proyecto libertario: ajuste brutal para los más vulnerables y privilegios para un puñado de empresarios y funcionarios que no puede quedar impune.

Se trata de un desvío estimado en 37 mil millones de pesos a través de licitaciones fraudulentas gestionadas por sólo cuatro droguerías. Según el fiscal, existía una estructura aceitada: compras fragmentadas para simular competencia, sobreprecios de hasta veinte veces el valor real y coimas del 5% al 8% a cambio de contratos de productos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

El núcleo corrupto operó mediante licitaciones “reducidas”: se habría convocado únicamente a cuatro droguerías (Profarma, Génesis, New Farma y Floresta) íntimamente vinculadas con los imputados, para repartir contratos con sobreprecios astronómicos. Además, los audios incautados revelarían una tasa adicional de retornos ilegales: un 3% del valor de algunos contratos habría sido destinado a Karina Milei, hermana del presidente, según la acusación.

La complicidad entre funcionarios, empresarios y droguerías demuestra que el saqueo no sólo roba recursos: se ejecuta mientras se atacan los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como los de prestadores y trabajadores del sector, que ya están en condiciones de completa precariedad y pobreza. Se les cae la careta a quienes decían que iban a terminar con los “curros del Estado”: se hicieron del Estado para montar sus propios curros. Con Milei, la corrupción avanza.

Karina la “cajera” bajo la impunidad selectiva

Uno de los nudos de esta red de corrupción es Miguel Ángel Calvete, a quien el fiscal describe como un “director paraestatal”. Aunque no ocupa ningún cargo formal en la Andis, ejercía influencia directa en adjudicaciones a proveedores. Su hija, Ornella Calvete, renunció días atrás a su puesto como directora de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía después de que la Justicia encontrara 700 mil dólares en efectivo en su departamento durante un allanamiento. En los chats incautados surge un dato clave: Calvete padre le dice a su hija que “con el 3% a KM está perfecto”, en referencia a Karina.

Sin embargo, la secretaria general de la Presidencia aparece mencionada en el expediente como destinataria de retornos ilegales pero no figura imputada. Su colaborador Eduardo Menem, señalado por Spagnuolo en los audios, tampoco. Esa omisión es decisiva: muestra los límites de una justicia patronal que evita avanzar sobre el triángulo de poder.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad hemos denunciado, desde la filtración de los audios de Spagnuolo, las redes de corrupción y el rol de Karina Milei y el clan Menem junto con el resto de los funcionarios y empresarios implicados. Exigimos que todos los corruptos vayan presos y devuelvan el dinero que se robaron. Y seguiremos acompañando al colectivo de discapacidad, sus familias y trabajadores en la lucha por la aplicación efectiva de la emergencia en discapacidad y por todos sus reclamos.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT-Unidad

El informe del Congreso confirma que Javier Milei fue clave para la maniobra que hizo estallar la criptomoneda $LIBRA. Sobran pruebas, pero la impunidad sigue blindando al presidente.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados presentó su informe final sobre el caso $LIBRA, la estafa que tiene a Javier Milei y a su entorno más cercano en el ojo del huracán pero que aún se mantiene en la impunidad. Se confirmó lo que venimos denunciando: entre estúpido y corrupto, Milei es lo segundo.

Luego de tres meses de investigación, el documento (de más de 200 páginas) concluye que Milei brindó una “colaboración imprescindible” para que la criptomoneda explotara en demanda antes de desplomarse, generando pérdidas millonarias para miles de usuarios. Según el informe, lo ocurrido el 14 de febrero de 2025 es compatible con “una presunta estafa”, y sin el mensaje del presidente desde su cuenta oficial en X (ex Twitter) la maniobra no hubiera sido posible. Fue la promoción presidencial la que disparó la demanda, lo que benefició a un puñado de billeteras privilegiadas: 114.410 usuarios perdieron dinero (muchos entre 10 y 100 mil dólares) mientras sólo 36 billeteras ganaron más de 1 millón de dólares cada una gracias a información privilegiada.

La cronología de una estafa anunciada

El informe detalla reuniones previas entre Milei, su hermana Karina Milei y los impulsores de $LIBRA, además de vínculos financieros entre los involucrados, entre ellos Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Entre las nuevas pruebas aportadas por la comisión, obtenidas tras solicitar información a plataformas de criptomonedas (exchange) como Binance, Gate.io y OKX, se destaca la identificación de algunas billeteras virtuales vinculadas a la estafa $LIBRA. Esas billeteras apuntan directamente a Novelli, Terrones Godoy, Sergio Morales y Hayden Davis. Al analizar sus transacciones, se comprobó que hubo movimientos entre ellos el 30 de enero de 2025, fecha en que Davis fue fotografiado con Milei en la Casa Rosada. También detectaron operaciones entre billeteras vinculadas a $LIBRA con los montos exactos mencionados en el “presunto acuerdo de cooperación” difundido por periodistas, que detallaba un pago inicial de 300 mil dólares y luego 250 mil dólares mensuales. La comisión encontró transacciones por esos valores exactos.

Además, elaboró una cronología en la que se identificó que Novelli recibió grandes sumas en billeteras virtuales justo antes de abrir cajas de seguridad en un banco. Esas cajas se hicieron conocidas tras la filtración de imágenes donde se veía a la madre y la hermana de Novelli retirando bolsos luego del estallido del caso $LIBRA, después del 14 de febrero.

Sobran las pruebas pero reina la impunidad

Las conclusiones de la comisión incluyen que el Congreso evalúe “la posibilidad de iniciar un juicio político al presidente” y que se denuncie penalmente a “los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación”. El informe final fue remitido para ser incorporado como prueba en la causa que llevan adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, quienes también se negaron sistemáticamente a colaborar con la comisión.

Aunque las pruebas sobran y el camino de la gran estafa $LIBRA quedó nuevamente al descubierto, mostrando la responsabilidad directa de Milei, Karina Milei y los mercenarios financieros Novelli, Terrones Godoy y Davis, lo que impera es una justicia patronal que garantiza la impunidad ante un escándalo de corrupción internacional encabezado por el presidente. Tampoco vemos perspectivas de que avance la recomendación de iniciar un juicio político a Milei, propuesta que desde Izquierda Socialista impulsamos desde el primer momento, acompañándola con el llamado a la movilización popular.

Seguiremos exigiendo que avance la investigación y que se termine con la impunidad de Milei estafador, y lucharemos para poner fin a la corrupción estructural de este régimen y del sistema capitalista.

El gobierno ultraderechista de Milei, de la mano de las patronales y las fuerzas políticas que le responden, busca imponer un nuevo y brutal ajuste a partir de las reformas estructurales: laboral, jubilatoria, impositiva, y ahora también educativa. Todo para beneficiar a las grandes empresas y descargar el peso de la crisis y el ajuste sobre nuestras espaldas.

El proyecto de Ley Nacional de Educación denominado "Libertad Educativa" no es una simple reforma; pone el centro en la “libertad”, pero es la destrucción estructural y profunda de nuestro sistema educativo, un cambio cualitativo. Atenta contra el carácter estatal, gratuito, público, obligatorio, laico de nuestras escuelas y también contra la ESI y la libertad de cátedra. Además pretende atacar los derechos laborales en base a una educación mercantilista, avanzar hacia la privatización de la escuela pública y eliminar la educación como un derecho social.

Intenta avanzar en la privatización, mercantilización, flexibilización laboral con la eliminación del Estatuto Docente, incorporar la religión dando por tierra la laicidad de nuestras escuelas con el fin de avanzar en la batalla cultural de la ultraderecha y dar un golpe desde lo ideológico; busca borrar más de 100 años de conquistas de la clase trabajadora y los sectores populares, medidas que hace décadas los diferentes gobiernos y organismos internacionales tratan de implementar, pero la lucha de las y los estudiantes y la docencia les impide desarrollar. Ahora Milei pretende satisfacer estos requerimientos históricos de los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial entre otros.

¿Cuáles son los lineamientos generales de este proyecto? 

* Privatización y Desfinanciamiento de la Educación.

- El Estado deja de ser EL GARANTE de la Educación Pública y se ubica en un rol subsidiario, desentendiéndose de la responsabilidad de garantizar el derecho a la Educación. Esto se fundamenta en que la familia sería el agente natural y primario de la Educación de hijos e hijas.
- Se plantea la responsabilidad de financiamiento compartida con las familias, habilitando el cobro de "aportes" o aranceles (Art. 67). Las empresas que "aporten" al financiamiento podrán tener injerencia directa en los proyectos curriculares de las escuelas, permitiendo que la educación se transforme en un negocio y no en un derecho, violentando así el carácter gratuito. Implica achicar el rol del Estado para beneficiar el negocio de la privatización de la escuela pública estatal.
- Se establece la igualdad de trato y reconocimiento jurídico entre instituciones estatales y privadas. Se busca seguir aumentando los subsidios a la educación de gestión privada en desmedro de las públicas.
- Se profundiza la descentralización y el vaciamiento a través de la municipalización, y desaparece el piso de 6% del PBI para educación.
- Se ataca nuevamente a la Universidad Pública, planteando un refinanciamiento. Plantea ubicar las partidas de financiamiento de las Universidades en relación con la Matrícula estudiantil. Vuelve a desconocer la ley conquistada en el Congreso en septiembre del 2025 para las partidas de emergencia.

* Flexibilización laboral y ataque a los derechos docentes

- Se declara la Educación como Servicio Esencial y no como un “derecho”. Se ataca así a las organizaciones sindicales de conjunto y a la docencia. Van por la criminalización de la huelga y del derecho a organizarse para pelear por salario, derechos laborales,  la educación pública entre otros reclamos.
- Se crea el Consejo Escolar de Padres con función de dirección operativa, que podrá nombrar, contratar y despedir directivos y docentes, eliminando la estabilidad laboral. En este marco, se otorga al equipo directivo la potestad de seleccionar y disponer la contratación, suspensión o separación del personal, y de administrar recursos humanos y financieros.
- Se define la estabilidad laboral mediante criterios de evaluación ligados a resultados de aprendizaje, desempeño, formación y ética, abriendo la puerta a la diferenciación salarial (meritocracia). De un plumazo desaparecen las normativas sobre estabilidad y acceso a la docencia (Estatuto Docente), pudiendo por ejemplo despedir por razones ideológicas, políticas, sindicales.
- La evaluación del personal docente se incorpora como variable a los “resultados de aprendizaje de los alumnos; compromiso con la institución y participación en proyectos escolares; formación y actualización profesional; aportes a la mejora institucional” (artículo 109°). Lo que claramente implica la posibilidad de introducir variables de diferenciación salarial y de quiebres en la estabilidad laboral. Además, aumenta el poder de las instituciones sobre el colectivo docente.

* Mercantilización Curricular, religión y ataque a la ESI

- Se plantea la injerencia empresarial en los currículum y se impulsarán "Prácticas de formación laboral" para mayores de 16 años, legalizando la flexibilización y la mano de obra barata de jóvenes.
- Cada institución podrá incorporar Religión a la currícula. Los contenidos deberán ser consensuados con las familias, acorde a sus valores, lo que representa un ataque directo a la Educación Sexual Integral (ESI). Además esta ley promueve currículas sesgadas, ideológicas y que no garantizan una formación integral y crítica, vulnerando más derechos.
- Se acrecienta la fragmentación educativa al establecer que cada escuela puede definir de mínimo un cuarto de su currículum, estableciendo contenidos mínimos comunes, y el resto definidos por la institución, permitiendo además la injerencia de las empresas sobre los contenidos de cada una según sus necesidades y no pensados de forma integral.
- Se habilitan formas alternativas como la educación en el hogar (Home Schooling) y la educación a distancia/híbrida, impartida por las familias, tutores o personas elegidas por ellos. Esta idea es consistente con la noción de que cualquiera puede ser un agente educador y  de que cualquiera puede asociarse para enseñar-aprender. Se habilitan la cursada presencial y virtual denominada educación híbrida (art 43) combinando cursada presencial y virtual, y la educación completamente a distancia, incluso en instituciones educativas radicadas en el exterior. Es decir, quitar el criterio de institucionalidad de la escuela.
- Se crea un portal con resultados de evaluaciones por escuela (Art. 63), lo que permitirá crear procesos de elección y selección de escuelas por parte de las familias recreando el formato de los voucher. Además se profundiza cada vez más la fragmentación del sistema educativo en “escuelas para pobres” y “escuelas para ricos”. Las familias de barrios populares o con menos recursos tendrán opciones limitadas, lo que llevaría a profundizar la segmentación y la inequidad, negando en la práctica el derecho a la igualdad educativa.

Para imponer este brutal ataque, el gobierno plantea derogar la Ley Nacional de Educación, la Ley Superior de Educación, La Ley de Educación Técnica y Profesional, entre otras normativas. Desaparece también la ley de financiamiento educativo (ley 26.075), que establece un piso del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) como inversión anual consolidada en educación, sin contemplar ningún mecanismo de financiamiento educativo, salvo los “aportes” de las familias y empresas.

Todos los gobiernos han ido profundizando la desinversión en la educación pública, y ninguno ha cumplido las metas de financiamiento del 6% del PBI, incluídos los Kirchneristas. Pero  este proyecto  de la ultraderecha significa un salto cualitativo, un cambio profundo sobre el criterio de la educación, desapareciendo como derecho  social para convertirse en un negocio mercantilista, el cual ambicionan  los empresarios y capitalistas.

¡Derrotemos este proyecto de Ley Anti Educativa con la movilización. Que la Ctera y los gremios provinciales llamen a asambleas y plan de lucha! 

Desde Docentes en Marcha llamamos a rechazar este Proyecto, que va de la  mano de las exigencias directas de Trump y el FMI, y proponemos una salida de fondo para defender la escuela pública empezando por la Renacionalización del sistema educativo y una Ley de Emergencia Educativa que garantice el 10% del PBI nacional para educación. Garantizar esos fondos eliminando los subsidios a las escuelas privadas y al mismo tiempo suspender los pagos de la deuda externa. Sostenemos la necesidad de un nomenclador único nacional, que pasen al básico todas las bonificaciones anulando toda bonificación vinculada al presentismo, meritocracia o productividad, por la anulación de las armonizaciones y toda legislación que ataque nuestro régimen jubilatorio.

La CTERA y los gremios provinciales deben terminar con la parálisis que le permitió a Milei y a las provincias avanzar sobre nuestros salarios, condiciones laborales y reformas parciales que se vienen implementando; deben poner en pie de lucha a las y los docentes para derrotar este proyecto antieducativo.

Llamamos a la docencia, a todas y todos los trabajadores de la educación, estudiantes y a las familias, a organizarse desde las escuelas en la máxima unidad para organizar un gran movimiento en defensa de la Escuela Pública y rechazar de plano este Proyecto del gobierno. 

       ❌Rechazamos el Proyecto  de Ley de Educación del Gobierno. 

       ❌Que CTERA y los sindicatos provinciales convoquen a asambleas por escuelas,  distritos y provincias para debatir cómo enfrentar este ataque con un Plan de Lucha nacional que impida su sanción.

       ❌ Impulsemos asambleas con las familias y sindicatos de trabajadores en cada localidad para defender en unidad el derecho social a la educación que esta ley ataca.

       ❌Organicemos un gran movimiento en defensa de una Escuela Pública, Estatal, Gratuita, Laica científica y con perspectiva de género.

       ❌Luchemos por una Ley de Emergencia Educativa que garantice el 10% del PBI nacional para educación; anulando los subsidios a las escuelas privadas y suspendiendo los pagos de la deuda externa, para financiarla.

       ❌ Renacionalización del sistema educativo, nomenclador único nacional pasando al básico todas las bonificaciones, anulación de toda bonificación vinculada al presentismo, meritocracia o productividad. Por la anulación de las armonizaciones y toda legislación que ataque nuestro régimen jubilatorio.

       ❌Plata para salarios y Educación pública , No para Trump y el FMI.

 Docentes en Marcha Nacional

El Frente de Izquierda Unidad acaba de presentar un proyecto de ley para rechazar la reforma laboral esclavista de Milei y sus cómplices, postulando medidas de fondo para brindar empleo registrado, trabajo genuino y salarios y jubilaciones dignas.

PROYECTO DE LEY
La Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, reunidos en el Congreso sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE EMERGENCIA LABORAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMAL

CAPÍTULO I
Declaración de Emergencia Laboral Nacional
Artículo 1° – Declárase la Emergencia Laboral Nacional y Promoción del Empleo Formal por el término de dos (2) años, prorrogable por igual período, ante la grave situación de desocupación, informalidad, precarización y pérdida de derechos laborales que atraviesa el pueblo trabajador en el país.
Artículo 2° – Durante la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el empleo estable, formal y con derechos, priorizando el acceso al trabajo de jóvenes, mujeres, diversidades y sectores más vulnerados.

CAPÍTULO II
Derogación de leyes y decretos flexibilizadores
Artículo 3° – Deróganse todas las normas de carácter nacional que hayan significado la precarización de las condiciones laborales o la legalización de formas de contratación por fuera del trabajo formal y estable. Ratifícanse los derechos reconocidos en cada uno de los convenios laborales y la vigencia de la ultraactividad de los mismos.
Artículo 4° – Anúlese expresamente el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 y todas sus disposiciones referidas a materia laboral; la Ley 27.742, denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Anúlense todas las leyes y decretos de flexibilización laboral dictados durante la última dictadura militar. Toda modificación de las leyes laborales que no hubiera establecido mejores y/o mayores derechos o condiciones de trabajo que los establecidos en el texto original de la Ley de Contrato de Trabajo (1974), no será de aplicación a las relaciones laborales, debiendo regirse las relaciones laborales por el texto original de la LCT, sin que eso limite los alcances de la presente Ley de Emergencia. De la misma manera, las reformas laborales regresivas de los años 1990 con los gobiernos de Menem y el PJ; y de los posteriores gobiernos patronales respecto de toda norma que permita la tercerización, monotributismo, pasantías o cualquier forma de contratación que eluda la relación laboral con plenos derechos y estabilidad.

CAPÍTULO III
Prohibición de despidos y suspensiones
Artículo 5° – Prohíbanse por el término de vigencia de la presente ley los despidos sin justa causa y las suspensiones en todo el territorio nacional, tanto en el sector público como en el privado o en empresas autárquicas, a cualquier trabajador en relación de dependencia. Se dispone el inmediato pase a planta permanente de la totalidad de trabajadores precarizados, contratados, tercerizados, becarios, monotributistas. Estas acciones se aplicarán en el total de las y los trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente o de cualquier forma contractual. Todo contrato laboral se prorrogará por este plazo establecido.
Artículo 6° – En caso de incumplimiento, el empleador deberá reinstalar al trabajador o trabajadora afectado/a de forma inmediata y abonar una indemnización equivalente al doble de la prevista por la Ley de Contrato de Trabajo. De no hacerlo, la Secretaría de Trabajo garantizará la inmediata reincorporación del trabajador despedido/a o suspendido/a para que vuelva a cumplir sus tareas normales y habituales.
Artículo 7° – Cuando existan cierres, quiebras o despidos masivos, el Estado nacional deberá proceder a la estatización de la empresa o establecimiento de que se trate bajo control de sus trabajadores, garantizando la continuidad de la producción y los puestos de trabajo. En empresas que argumenten pérdidas en las ventas, baja producción o inicien un procedimiento de crisis, se habilitará la apertura de los libros contables y el acceso a toda la información bancaria o comercial a una “Comisión de Control” de sus trabajadores y delegados electos por asamblea del personal.
Artículo 8° – Declárase la emergencia económica, financiera y tarifaria de las Empresas recuperadas y Cooperativas de trabajadores/as, por el período de dos (2) años, incluyendo las siguientes medidas: suspensión de ejecución de sentencias de desalojo, suspensión de corte de suministro de servicios públicos, emergencia tarifaria, acceso a tasas preferenciales de financiamiento mediante créditos y acceso prioritario a las compras del Estado de los productos fabricados por las mismas.

CAPÍTULO IV
Plan de trabajo genuino y primer empleo joven
Artículo 9° – Créase el Plan Nacional de Obras Públicas, Vivienda y Urbanización Popular, con el objetivo de generar trabajo genuino, mejorar la infraestructura, urbanizar villas y asentamientos y construir 500 mil viviendas populares, que generarían más de dos millones de nuevos puestos de trabajo genuino.
Artículo 10° – Establécese el Programa de Primer Empleo Joven sin Precarización, destinado a trabajadoras y trabajadores de 18 a 25 años. Los contratos deberán garantizar: a) Igual salario por igual trabajo. b) Plena registración laboral con el salario y convenio correspondiente. c) Acceso a todos los derechos laborales, gremiales y de seguridad social. d) Capacitación laboral gratuita y en horario de trabajo.
Artículo 11° – Prohíbese cualquier forma de “beca laboral”, “pasantía” o programa de empleo que implique trabajo sin relación de empleo, sin salario equivalente al de la actividad o sin aportes jubilatorios y cobertura social.

CAPÍTULO V
Reducción de la jornada laboral
Artículo 12° – Fíjase la jornada máxima legal de trabajo en seis (6) horas diarias o treinta (30) horas semanales, sin disminución salarial. La jornada nocturna no excederá las cinco (5) horas.
Artículo 13° – Las empresas y la administración pública deberán reorganizar sus planteles laborales para garantizar el cumplimiento de la nueva jornada, repartiendo las horas de trabajo disponibles sin afectar los salarios. Las horas liberadas podrán distribuirse a nuevos trabajadores a incorporar, garantizando trabajar menos para trabajar a todas y a todos.
Artículo 14° – Esta reducción regirá para todas las modalidades contractuales. Conforme al Artículo 7° de la presente, créanse comisiones de trabajadores para el control, en cada lugar de trabajo, de la implementación de todo lo regulado en esta ley.

CAPÍTULO VI
Aumento de salarios, jubilaciones y programas sociales
Artículo 15° – Dispónese un aumento general de salarios, jubilaciones y programas sociales para equipararlos al valor de la canasta familiar, con actualización automática mensual según el índice de inflación. Instruméntase un seguro universal al desempleo, igual a la canasta básica y la inmediata reapertura de las inscripciones a los programas sociales, hasta resolver la emergencia laboral.
Artículo 16° – El Salario Mínimo, Vital y Móvil no podrá ser inferior al costo total de la canasta familiar que publican mensualmente las y los trabajadores y técnicos de ATE INDEC. A la reunión del Consejo del Salario que lo regula, deberán asistir representantes paritarios electos por sus trabajadoras y trabajadores, con mandato expreso de las bases y podrán disponer, en acuerdo con el sector patronal, valores superiores si así lo consideran factible, necesario y justo, pero nunca podrá ser menor a ese monto.
Artículo 17° – Restitúyanse la totalidad de los aportes patronales a la seguridad social, eliminados por gobiernos anteriores. El Poder Ejecutivo nacional cancelará la totalidad de las deudas con las cajas provinciales y anulará las transferencias al ANSES realizadas entre 1994 y 1997 de las cajas de jubilación y pensión de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para restablecer los beneficios jubilatorios perdidos. Se respetarán los regímenes particulares de trabajadores docentes, salud, personal judicial, aeronavegantes, portuarios y similares, con tareas específicas, con exposición al riesgo, el desgaste psicofísico o insalubres, que tienen requisitos de edad y aportes diferentes a las del régimen general.
Artículo 18° – Establézcase la movilidad jubilatoria al 82% móvil real y se dispone la administración de todos los fondos y sistemas previsionales bajo el estricto control de jubilados y trabajadores, por comisiones de representantes electas democráticamente.

CAPÍTULO VII
Trabajadores de plataformas digitales
Artículo 19° – Se reconoce la relación laboral de dependencia entre las empresas de plataformas digitales y sus trabajadoras y trabajadores.
Artículo 20° – Establézcanse los siguientes derechos básicos: Jornada máxima de seis (6) horas diarias o treinta (30) semanales. Remuneración garantizada mínima equivalente al valor de la canasta familiar determinada mensualmente por las y los trabajadores y técnicos de ATE INDEC. Pago por días y horas de inactividad climática. Provisión por parte de las empresas de todos los elementos de trabajo, seguridad e higiene. Derecho a vacaciones, licencias por enfermedad y accidentes, cobertura previsional, sindicalización reconocidos por las empresas.

CAPITULO VIII
Sobre las licencias
Artículo 21° – Sustitúyase el texto del artículo 177 de la Ley 20.744 de Régimen del Contrato de Trabajo, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 177.- Queda prohibido el trabajo de las personas gestantes durante los 45 (cuarenta y cinco) días anteriores al parto y hasta 135 (ciento treinta y cinco) días después del mismo. Acreditando autorización médica, la persona gestante podrá optar por la reducción de la licencia anterior al parto, en cuyo caso se extenderá proporcionalmente el período de descanso posterior. El progenitor no gestante o corresponsable parental tiene derecho a licencia por nacimiento por hasta 135 (ciento treinta y cinco) días después del parto, siendo esta licencia de carácter obligatorio e intransferible y pudiendo rotar en el uso de la licencia entre ambos progenitores.
Artículo 22° – Creación. Las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género, ya sea que se desempeñen en ámbitos estatales, públicos y/o privados, en cualquier forma de empleo registrado o no registrado, tendrán derecho a licencias laborales con goce de haberes con el fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Nº 26.743 de Identidad de Género.

CAPÍTULO IX
Financiamiento e impuestos extraordinarios
Artículo 23° – Créase un impuesto extraordinario y permanente a la renta financiera, a las grandes fortunas, bancos, multinacionales y terratenientes.
Artículo 24° – Los fondos recaudados se destinarán al Plan Nacional de Obras Públicas, Vivienda y Empleo Joven, y a los aumentos salariales y previsionales establecidos en la presente ley.
Artículo 25° – Declárase la suspensión de todo pago de la deuda externa, tanto nacional como de las provincias y CABA, investigando su carácter fraudulento e ilegítimo, para destinar esos fondos a instrumentar esta ley. Prohíbase la emisión de toda nueva deuda externa para el pago de intereses o capital a usureros o bonistas privados, fondos de inversión, organismos internacionales o multilaterales de crédito, como el FMI y el Banco Mundial, entre otros.

CAPITULO X
Derecho a la libre organización sindical y respeto del derecho de huelga
Artículo 26° – El Poder Ejecutivo deberá abstenerse de injerir en la actividad de las organizaciones sindicales existentes y en las distintas formas de organización que elijan libremente los trabajadores y trabajadoras. Entre ellos los contemplados en la Ley 25.877 (huelga en servicios esenciales), 23.551 (asociaciones sindicales) y 14.250 (negociación colectiva), que son un piso de derechos que no pueden ser restringidos.
Artículo 27° – El Poder Ejecutivo deberá abstenerse de regimentar el derecho de huelga y de participación en la actividad sindical, respetando la libertad de organización de los trabajadores y trabajadoras en sus lugares de trabajo y en todo el territorio nacional, respetando los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (Art. 87) y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, entre otros. Se prohíbe cualquier medida que penalice, limite, reprima u obstaculice la libre organización de los trabajadores y trabajadoras, así como de sus delegados y representantes, cualquiera sea su condición contractual.
Artículo 28° – Se ratifica que el derecho de huelga puede ser ejercido por los trabajadores y las trabajadoras con independencia de sus organizaciones sindicales.

CAPÍTULO XI
Disposiciones finales
Artículo 29° – Créase una Comisión Nacional de Control y Seguimiento de la Emergencia Laboral, integrada por representantes de trabajadores, jubilados/as, organizaciones sociales, sindicales, de la juventud, de mujeres, disidencias y diversidades, de representantes de los partidos con o sin representación parlamentaria, comprometidos con esta problemática de la clase trabajadora y los sectores populares, la que tendrá carácter deliberativo y resolutivo.
Artículo 30° – La presente ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 31° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. De forma.

Vilma Ripoll
Christian Castillo
Alejandro Vilca
Mercedes De Mendieta
Juan Carlos Giordano

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El presente Proyecto de Emergencia Laboral Nacional y Promoción del Empleo Formal tiene por objeto enfrentar la profunda crisis laboral, social y económica que atraviesan la clase trabajadora y los sectores populares de nuestro país, agravada por las políticas del gobierno ultraderechista de Javier Milei, la Libertad Avanza, su alianza con el PRO y el acompañamiento cómplice de los distintos gobernadores, sectores patronales y burocráticos.

Durante las últimas décadas, los gobiernos militares, del PJ, la UCR, Alianza, del PRO y la ultraderecha, impulsaron “reformas laborales” en nombre de la “modernización”, la “productividad”, las “inversiones”, el “empleo formal” y apelando con hipocresía a las carencias de jóvenes y sectores “sin derechos ni estabilidad”, consecuencia de las políticas que esos mismos gobiernos aplican, las que no han hecho más que incrementar la informalidad, precarizar las condiciones de trabajo, facilitar los despidos y degradar los salarios reales.

Como demostramos a continuación, la historia reciente evidencia que ninguna de las llamadas “reformas laborales” impulsadas por los sucesivos gobiernos ha generado empleo genuino ni formalización laboral. Al contrario, incrementaron la informalidad en el empleo, la que saltó del 16% en 1974 al 21% en 1982 con la dictadura.

Raúl Alfonsín terminó eyectado en 1989 con el 32,5% de informalidad. En 1995, Carlos Menem terminó su primera presidencia con un 30% y al finalizar su reelección en 1999, la informalidad laboral trepó al 37%, casi 4 de cada 10 trabajadores por esas contrarreformas.

De la Rúa la elevó al 38% y luego del breve gobierno de Duhalde, saltó al 49.7% en 2003 tras el estallido de la convertibilidad que provocó el Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Después la informalidad “bajaría” en términos relativos al 33.5% en 2013, tras una nueva década perdida, pese a las altas tasas de “crecimiento” derivadas del rebote económico pos crisis de 2001 y la coyuntura internacional con alto rendimiento de los comodities.

Con Macri la informalidad laboral pasó al 40,2% en 2019 (Infobae, 6/01/2024). Y con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa (2019-2023), sube al 41.4% en 2023, según el INDEC. Así arrancó Milei, pero con sus políticas nefastas volvió a saltar al 43,2% el trabajo informal en este segundo trimestre de 2025, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Desmintiendo los supuestos “beneficios” de la Ley Bases, del DNU 70/23 y de toda la desregulación y ajuste ultraderechista. Así, cada “reforma” fue un ataque a las conquistas históricas de la clase obrera y un beneficio para las grandes patronales, bancos, terratenientes, sectores concentrados de la economía y el FMI.

La cuarta y más agresiva oleada en la contrarreforma laboral

En Argentina pueden identificarse una secuencia de oleadas o fases en el intento de liquidar los derechos laborales en las últimas cinco décadas: La primera comenzó con la dictadura militar de 1976, con Videla, Martínez de Hoz y el FMI, al derogar la Ley de Contrato de Trabajo,
reemplazándola por la Ley 21400/76. Bajo un genocidio se prohibió el derecho de huelga, se disolvieron los cuerpos de delegados y se instauró un régimen de terror, interviniendo la CGT y los sindicatos. Hubo apertura de importaciones, ingreso de capitales especulativos y desindustrialización. El discurso de entonces era un calco del actual: la confianza ciega en la regulación del “mercado” y el verso de “modernizar” y hacer más “eficiente” la economía. Terminó en desastre.

La segunda fase más clara fue en los ’90 con el gobierno peronista de Carlos Menem, en el marco del Consenso de Washington y el FMI. Con el discurso de “flexibilizar el trabajo para crear empleo”, se legalizaron múltiples formas de contratación precaria, se fragmentó la negociación colectiva, redujeron las indemnizaciones y bajaron los aportes patronales a la mitad (del 33% al 18%). El resultado: fuerte crecimiento del trabajo informal, desindustrialización y endeudamiento.

Hubo otro intento con la Ley 22.250 o “Ley Banelco” para suspender la ultraactividad de los convenios, habilitar convenios por empresa y aumentar el período de “prueba” a seis meses. Una ley pedida también por el FMI, que De la Rúa promulgó en el 2000 y marcó el inicio del fin de la Alianza por la denuncia de coimas en el Senado para votarla.

Los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y el PJ sostuvieron el paquete legal que garantiza el trabajo precario e informal, pese al contexto internacional para revertirlo. No lo hicieron, defendiendo la lógica de este sistema capitalista que defienden porque, como reconoció la ex presidenta, “nunca los bancos y empresas ganaron tanto como con estos gobiernos”.

Una tercera fase se vivió con Macri, que intentó una flexibilización laboral en 2017/18 bajo el argumento de que las leyes eran “obsoletas” y desalentarían el empleo y las inversiones. Junto a una reforma judicial al propagandizar la supuesta “industria del juicio laboral” que hacen los trabajadores ante despidos, accidentes de trabajo o en defensa de sus derechos que las patronales no reconocen. No pudo aprobarla, pero avanzó en convenios regresivos sectoriales, mientras aumentaban la informalidad y el desempleo.

Ahora, con Javier Milei asistimos a la más agresiva fase de esta contra ofensiva antiobrera y reaccionaria: el DNU 70/23, declarado inconstitucional por la Justicia del Trabajo, y su Ley Bases son una vuelta atrás en años en la legislación laboral. Como antes, tampoco generaron empleo, sino que luego de dos años de motosierra, hay “menos empleo y más salida del mercado laboral, menos asalariados formales, más cuentapropistas e informales” (El Economista, 18/9/2025).

El cuento de la “modernización” y la estafa reiterada del “empleo formal”

Milei y sus voceros patronales y mediáticos repiten que su reforma buscaría “dar derechos a los que no los tienen” y “crear trabajo formal”. Es el mismo verso que usaron los militares, el menemismo, la Alianza y el macrismo. Pero no hay un solo artículo de su reforma que mejore la situación de quienes trabajan en la informalidad. Al contrario, anulan derechos de los que aún los conservan, empujando a la baja las condiciones generales de la clase trabajadora.

Nuestra apretada reseña demuestra que cada avance en la “reforma laboral” se tradujo en más informalidad, más desempleo y salarios más bajos. La supuesta “creación de empleo formal” nunca ocurrió porque es un eslogan discursivo para que pase la quita de derechos. Y porque no depende de las leyes laborales, sino del modelo de desarrollo económico y del reparto efectivo de la riqueza socialmente generada.

Salarios “dinámicos” y “banco de horas”, herramientas del ajuste empresarial

Ahora reinstalan estos mecanismos: el “banco de horas” ya está en la actual legislación mediante los convenios colectivos, es presentado como un “mecanismo de flexibilidad”. Elimina las horas extras, desorganiza la vida obrera y deja a cada trabajador “a disposición” de la empresa, que puede exigir más horas sin pagarlas como tales.

Y el invento de los “salarios dinámicos”, del Secretario de Trabajo Julio Cordero -abogado por décadas del grupo Techint-, busca sustituir los componentes fijos del salario (básico, antigüedad, etc.) por conceptos variables ligados a la productividad o la decisión del empleador. Ambos persiguen un mismo objetivo: reducir el costo laboral y aumentar las ganancias empresarias, precarizando aún más la vida laboral.

La obsesión y “libertad” de despedir fácil y barato

Otro eje es facilitar y abaratar los despidos. La ley 20.744 fija una indemnización igual a un sueldo por año trabajado, tomando en cuenta todos los adicionales salariales. Pero quieren reducirla a solo 10 sueldos, excluyendo adicionales y aguinaldo, y pagarla en cuotas.

Es legalizar el despido libre y barato: a un trabajador con 20 o 30 años de antigüedad se lo puede echar con una suma miserable. A su vez, reemplazar la indemnización por un “fondo de cese laboral” pagado por los propios trabajadores (UOCRA) es otra cesión al poder patronal. La CGT acompaña con un pacto cómplice, limitada a presentaciones judiciales o parlamentarias, sin organizar un paro y un verdadero plan de lucha nacional para derrotar la reforma laboral, con el ejemplo del gran triunfo de la lucha del Garrahan.

Para quitar derechos, también atacan el derecho de huelga

Uno de los elementos más perversos de las medidas que propone el gobierno es el intento de cercenar los derechos de huelga y organización que han conquistado los trabajadores y trabajadoras durante décadas. No es casualidad. Es la protesta la que ha permitido conseguir los derechos que tenemos, la que permitió defenderlos y lo hará nuevamente ante esta nueva fase de reformas.

La huelga es “la madre de todos los derechos” y por eso el gobierno y los empresarios quieren limitarla, no solo en los “servicios esenciales” sino en toda la actividad económica. Además, le dan más poder a las empresas para limitar las asambleas y toda acción sindical, así como afectan la representación de base mediante la reducción de la cantidad de delegados y la tutela los representantes obreros (delegados, congresales, etc.).

Tenemos nuestra propia propuesta para democratizar los sindicatos y superar sus límites burocráticos, pero no será de las manos del Estado. Por eso rechazamos esta ofensiva incluida en la “reforma laboral”, así como cualquier injerencia del Estado en la libre organización gremial.

Hay plata: que la crisis la paguen quienes la provocan

La reforma laboral es parte de las “reformas estructurales” que exigen el FMI, Trump y el Tesoro yanqui, junto con la reforma fiscal y previsional. Milei las llama “reformas de segunda generación”, pero su contenido es idéntico al de las dictaduras, los gobiernos patronales y el FMI en las últimas décadas: bajar impuestos a los ricos, reducir el “costo” social y recortar jubilaciones, todo para asegurar la ganancia capitalista.

Por eso proponemos esta Ley de Emergencia Laboral y Promoción del Empleo Formal, con medidas concretas e inmediatas para proteger los derechos conquistados, ampliarlos, generar empleo genuino y distribuir la riqueza socialmente producida. Es falso que “no hay plata” como repiten Milei, los distintos gobernadores, empresarios y el Fondo Monetario.

Por eso proponemos un impuesto extraordinario y permanente a la renta financiera, a las grandes fortunas, bancos, multinacionales y terratenientes, así como el no pago de la estafa de la deuda externa, destinando esos recursos a resolver las estas demandas sociales. Con ello se podrían construir 500.000 viviendas populares dando trabajo genuino a más de 2 millones de personas, lo cual reactivaría la economía en beneficio del pueblo trabajador.

Defender los derechos laborales no es mirar al pasado, sino construir un presente y futuro con justicia social, igualdad y solidaridad para la clase trabajadora y el pueblo. Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Proyecto de ley en PDF

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Nuestro país avanza aceleradamente a profundizar su condición semicolonial con los Estados Unidos. El acuerdo comercial dado a conocer por los Estados Unidos es un nuevo salto en calidad en esta dirección. Aumenta los privilegios yanquis para el saqueo de nuestras riquezas y ni siquiera disimula ofrecer algo a cambio.

Arturo Jauretche denominó “estatuto legal del coloniaje” al Pacto Roca-Runciman firmado en 1933 entre Argentina y Gran Bretaña, que prácticamente entregaba todas nuestras riquezas al arbitrio del saqueo inglés. Fue, en su momento, un salto en la semicolonización de nuestro país. El vicepresidente de entonces Julio Argentino Roca (hijo del genocida de la “conquista del desierto) afirmó en el brindis posterior a la firma del acuerdo: “Argentina es una joya más de la Corona de Su Majestad británica”. 

¿Por qué traemos esta referencia histórica? Porque el acuerdo marco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina que se ha dado a conocer, supera en muchos grados a aquel de hace casi un siglo. Ya no seremos una joya de su Majestad británica, sino una estrellita menor de la bandera yanqui. 

La “cocina” del acuerdo

El llamado “acuerdo marco de comercio e inversión bilateral” fue escrito por la United States Trade Representative (USTR) y estaba listo hace tres meses, en los que permaneció congelado a la firma de Trump. Milei aspiraba a que sería firmado con toda pompa por ambos presidentes, de igual a igual, en ceremonia en la Casa Blanca, cuando realizó su famosa visita a principios de octubre, que se limitó a un almuerzo (donde Trump respondía preguntas a periodistas que empujaban, para acomodarse, las sillas donde estaba sentada, dando la espalda, la delegación argentina). Nada se anunció ni firmó en esa oportunidad.

Hace un par de semanas, el vocero presidencial Manuel Adorni, ante una pregunta específica, dijo que “se seguía negociando” y que no podía informar nada porque había un acuerdo de confidencialidad. Todo falso: ni se negociaba ni había acuerdo de confidencialidad alguno. 

Finalmente ayer, por su cuenta, la Casa Blanca decidió dar a conocer que el acuerdo había sido “firmado” e informar al respecto. El gobierno argentino, como todo cipayo semicolonial, se enteró por los medios. 

Inmediatamente Milei, Sturzenegger y Caputo salieron a festejar y vender que se trataba de un acuerdo “preferencial” con Argentina. ¡Mentira! El comunicado del gobierno yanqui anuncia acuerdos marcos bilaterales similares, en el mismo comunicado, con El Salvador, Guatemala y Ecuador. 

El contenido 

El texto dado a conocer es 100% favorable a los intereses estadounidenses. Ni siquiera lo disimula. Una simple lectura lo demuestra. Casi todos los párrafos comienzan con “Estados Unidos podrá….” a lo que sigue un privilegio para las empresas y sectores yanquis. No hay una sola mención que indique específicamente alguna ventaja para nuestro país. 

El acuerdo es amplísimo. Abarca aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital. Todo, absolutamente todo, al servicio de otorgar privilegios al capitalismo imperialista yanqui a costa de nuestras riquezas. 

Detengámonos en algunos de los párrafos más importantes. Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para exportaciones desde los Estados Unidos de medicamentos, productos químicos, máquinas, productos de tecnología informática, dispositivos médicos, vehículos automotores y una “amplia gama de productos agrícolas”. ¡Se habilita hasta la entrada de ganado vivo, en pie, aves de corral y cerdos!

Se plantean modificaciones en las leyes y disposiciones de propiedad intelectual y patentes a la medida de los laboratorios y empresas químicas y farmacéuticas yanquis, dando una certificación de defunción a la industria similar en nuestro país (algo que no se había animado a hacer ni siquiera el peronismo menemista). Del mismo modo, los productos norteamericanos entrarán a nuestro país sin ningún control de seguridad, higiene ni bromatológico, con la sola presentación del certificado emitido por las oficinas yanquis como la Food and Drugs Administration (FDA). 

También se habilita la más absoluta liberalización de la transferencia de datos y firmas digitales hacia los Estados Unidos, en una pérdida absoluta de soberanía al respecto. Si ya, actualmente, nuestros datos personales, comerciales y perfiles eran utilizados, sin nuestra autorización, por las grandes multinacionales de tecnología y procesamiento de datos, esto pegará un salto astronómico: es el sueño cumplido no sólo de la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono, sino también de Elon Musk, Mark Zuckerberg y todos y cada uno de los megamillonarios de la industria de plataformas. 

¿Queda algo a favor de la Argentina?

El gobierno de Milei y los medios de comunicación afines al establishment festejan el acuerdo afirmando que “abrirá un mercado de millones de dólares a nuestro país”. Falso. 

Veamos los párrafos que pueden ser leídos, con mucho esfuerzo, como los “más favorables” para la Argentina: “De conformidad con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos particulares de seguridad económica y de la cadena de suministros, Estados Unidos eliminará aranceles sobre recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas”. Clarísimo: nuestro país debe cumplir ciertos requisitos que los definirá el gobierno yanqui, con respecto a la “seguridad económica”. ¿Cuáles son? No lo sabemos y, lo peor, lo definirá Estados Unidos. Por ejemplo: los ganaderos yanquis dirán que se pone en riesgo su negocio y por lo tanto “la seguridad económica” para oponerse al ingreso de más carne argentina. O la industria del acero y el aluminio, o del limón o lo que fuera. Exactamente igual que como está ahora. Por si queda alguna duda el texto habla de la posibilidad de abrir el acceso a recursos naturales “no disponibles”. O sea, todo lo que compita con producción norteamericana quedará vedado. Lo mismo cuando dice “artículos sin patentes” donde quién definirá qué significa “sin patentes” será el propio gobierno yanqui. En síntesis, lo único que le interesa a los Estados Unidos que ingrese desde Argentina es lo que está siendo exportado ahora, como combustibles y minerales, que los yanquis necesitan. Se cuidará también que, en lo posible, las empresas que vendan al país del norte sean afines a los intereses yanquis. 

Comentario especial merece el cínico párrafo donde nuestro país se compromete a “restringir importaciones de países con trabajo forzoso o donde no se respeten los derechos laborales”, un eufemismo para referirse a China. Oración totalmente hipócrita, porque mientras se usan estos argumentos para favorecer empresas yanquis por sobre las chinas, al mismo tiempo se promueve una reforma laboral esclavista en nuestro país. 

En síntesis: este acuerdo lo único que hace es dar vía libre al ingreso de productos y empresas yanquis a todos y cada uno de los sectores de nuestra economía, creando a la vez una injerencia política y económica sin precedentes. Sin absolutamente ningún beneficio para el pueblo trabajador o la economía de nuestro país. Junto con el swap y la virtual intervención del ministerio de Economía, el Banco Central y la Cancillería por parte de Scott Bessent y el JP Morgan, crean “el combo perfecto” de lo que Milei llama “la alianza estratégica” (léase sometimiento total) con el imperialismo yanqui.

¡No al pacto semicolonial! ¡Por la segunda y definitiva independencia!

Hace décadas que venimos perdiendo la independencia conquistada por nuestros patriotas hace dos siglos. Primero quedamos sometidos a los británicos y luego, desde hace 70 años (después del golpe de la fusiladora de 1955) al imperialismo yanqui. Dependencia que se fue profundizando y pegó un salto descomunal con la dictadura genocida de Videla y Martínez de Hoz, que nos encadenó a la deuda externa, mecanismo que fue continuado por todos los gobiernos posteriores sin excepción. El ultraderechista Milei pretende dar un nuevo salto cualitativo, llevando la semicolonización del país a un extremo nunca visto. Hay que impedirlo, repudiando este acuerdo y todas las medidas de ajuste y saqueo impulsadas directamente por Milei, Trump y el FMI. Conquistar nuestra segunda y definitiva independencia exige otro programa económico, alternativo, obrero y popular, que comience por dejar de pagar la deuda y romper con todos estos pactos de coloniaje, políticos y económicos, que nos someten al FMI y al imperialismo yanqui. Para que así nuestras riquezas y recursos, sean dirigidos a resolver las necesidades más urgentes del pueblo trabajador: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda. Esto es lo que desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad proponemos y la pelea que venimos dando.