Escribe Adolfo Santos

Lejos de permitir el libre derecho a la manifestación,  aún cuando se trataba de una concentración tan importante, las fuerzas de seguridad bajo las órdenes de Bullrich provocaron permanentemente hostigando desde la mañana a los manifestantes. Luego, a media tarde, iniciaron una feroz represión. La Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura, comenzaron a acorralar manifestantes, golpearlos, gasearlos y a reprimirlos con carros hidrantes y balas de goma. Fue una operación calculada para acabar con una gran manifestación que se iba renovando hora a hora y se realizaba de manera pacífica.

La violencia escaló al punto que, sin mediar palabras, cinco diputados nacionales de Unión por la Patria fueron gaseados en la cara por las fuerzas represivas y debieron ser derivados al Hospital Santa Lucía para ser atendidos. Varios periodistas se quejaban de que el operativo les impedía ejercer la libre información y que era la propia policía la que acababa cortando las calles al impedir el paso de los manifestantes. Sin duda que la tentativa de impedir el trabajo de prensa está ligado a ocultar los excesos de la represión, aunque no pudieron disimular la brutalidad ejercida contra personas mayores o la ostentación de armas de fuego por parte de los agentes de Prefectura.

El escenario de guerra generado por una feroz represión fue calculado para dispersar la protesta contra la Ley Bases y demuestra el carácter reaccionario de lo que fue votado en el Senado. Montaron una provocación sobre una manifestación que se desarrollaba de forma pacífica y que terminó con una verdadera cacería humana de manifestantes por parte de la policía motorizada. Fue necesaria mucha violencia para imponer una serie de medidas que atacan profundamente los intereses de la clase trabajadora y sectores populares y que entrega el patrimonio nacional.

Son hechos gravísimos, incompatibles con el mínimo respeto a las libertades democráticas, propios de un gobierno de ultraderecha que en la tentativa de imponer un proyecto reaccionario acusa a los manifestantes de golpistas. Repudiamos a la principal responsable de esta represión, la ministra Patricia Bullrich, quien declaró: “El operativo fue perfecto, no hubo pasividad frente a una violencia inusitada”. Y luego de forma irresponsable acusó a unas ochenta organizaciones sociales, políticas y sindicales por los incidentes que organizó su propia fuerza de seguridad. Entre esas organizaciones menciona a Izquierda Socialista y demás partidos del Frente de Izquierda, ATE, Cicop, Suteba, Ctera, Sutna, Conadu, CGT, Smata, Camioneros, Federación de Aceiteros,  Conductores Navales, UOM entre otras. Repudiamos la violenta represión, rechazamos esta grotesca acusación y exigimos la inmediata libertad de todos los manifestantes detenidos durante la brutal represión.

Escribe Atilio Salusso

Milei catalogó de “terroristas” a los manifestantes que, según su mensaje delirante, “intentaron un golpe de Estado”. Además, felicitó “a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar”, es decir, por la brutal represión. Está claro que para este siniestro gobierno ultraderechista es “terrorista” una maestra que se moviliza contra la poda antieducativa, el médico que percibe un salario miserable en un hospital público o una jubilada que cobra la mínima, como se vio hoy con una de ellas, a quien le robaron el celular y encima vino un policía y la gaseó impunemente. También Milei tilda de terroristas a diputadas y diputados que se solidarizan con un reclamo justo.

¿Cómo puede ser que este gobierno que reivindica el genocidio y niega los 30.000 sea el mismo el que tilda a una gran movilización como “golpe de Estado”? Es una barbaridad. En todo caso, el ataque antidemocrático es el del gobierno, cuando dice que quiere destruir el Estado. O cuando compromete al pueblo argentino apoyando al gobierno sionista genocida israelí cuando asesina al pueblo palestino.

Ahora queda claro a qué se debe el fortalecimiento del aparato represivo o la compra de armas y de aviones por parte del gobierno “para combatir el terrorismo”. No se refiere a los que lavan dinero o a los narcos. Se refiere a los que luchan.

El gobierno habla de “golpe de Estado” ante una marcha pacífica que cuestiona su plan motosierra para justificar su plan represivo, mientras aplica una política salvaje llevando la pobreza 55% mientras le quita la comida a los comedores populares.

Repudiamos esta campaña sucia del gobierno y a su plan represivo. Llamamos a la más amplia unidad para enfrentar esta campaña peligrosa contra quienes reclamamos dignamente. Defendamos el derecho a la protesta, las libertades democráticas atacadas y repudiemos la criminalización contra quienes luchamos. ¡Abajo el protocolo represivo de Milei y Patricia Bullrich!

Escribe Fernanda López, dirigenta de Unión y Lucha Barrial e integrante de Izquierda Socialista/FIT Unidad

La política del brutal Plan Motosierra de Milei tuvo un hito en estos días cuando decidió no entregar alimentos a los comedores populares. Esa mercadería, que corre riesgo de vencerse cuando aumenta día a día la pobreza en nuestro país, fue ocultada. También desnudó un hecho de corrupción en el gobierno ultraderechista: son ineficientes y corruptos.

El gobierno ultraderechista de Milei incautó hace seis meses más de 5 millones kilos de comida en dos depósitos, uno en Villa Martelli en la zona norte del conurbano bonaerense y otro en Tafí Viejo, Tucumán. Ocultó su existencia y solamente realizó un plan de entrega cuando fue obligado por una orden judicial a partir de una denuncia de Juan Grabois. ¡Es indignante! Mientras la pobreza crece al 55% y 25 millones de argentinos estamos bajo esa línea, se guardan la comida que le falta a miles de vecinos en los barrios de todo el país.

Esto generó la indignación de millones de trabajadores, incluidos varios que votaron a Milei, y más crisis política en el gobierno, que buscó un chivo expiatorio para desviar la atención y por eso denunció a Pablo de la Torre, el segundo de Sandra Pettovello en el ministerio de Capital Humano, por contrataciones laborales “truchas” en la secretaría de Niñez con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Ya son 38 los funcionarios de ese ministerio que dejan sus puestos por crisis política o por quedar expuestos en casos de corrupción.

Supuestamente no repartían la comida porque encontraron “irregularidades”, en 1.000 comedores pero en el país hay 40.000 comedores y merenderos y otros miles no registrados. Si están tan preocupados por los supuestos malos manejos, ¿Por qué no le repartió la mercadería en la enorme mayoría de establecimientos restantes o lo hizo por su cuenta sin los “intermediarios” a los que tanto basurea?

A pesar del escándalo, Javier Milei defendió a Pettovello, afirmando que intentaban desprestigiar y ensuciar su gestión.  No solo es una cuestión  de ineficiencia, este gobierno desprecia a los pobres. Por eso se había encanutado la comida y tenía la decisión de no repartirla, incluso a riesgo de que el alimento se descomponga.

No a la criminalización de las organizaciones sociales ¡Nadie con hambre!

Las supuestas “denuncias” del gobierno contra las organizaciones sociales, hechas en base a una red de espionaje ilegal, son una pantalla para esconder que su verdadera intención es desligarse paulatinamente de la asistencia alimentaria a los sectores sociales vulnerables y dejarlos librados a su suerte como hace con otros sectores. Su política es dar beneficios de todo tipo a las patronales y recortar partidas sociales, hundiendo al pueblo trabajador en la miseria. Es por eso que se redujo en un 46% el presupuesto para comedores y merenderos, y no se reparte la comida. Igual situación sufrimos en la Provincia de Buenos Aires donde el gobernador peronista Kicillof tampoco nos hace entrega de la mercadería.

En este contexto los comedores sólo sobreviven con mercadería entregada por algunos municipios, con las donaciones solidarias de vecinos a los que no les sobra nada y con el esfuerzo de miles de compañeros de las organizaciones sociales que militan para poner en pie los comedores. Muchos de ellos son tildados de “vagos” por la prensa adepta a Milei, pero la gran mayoría de ellos trabaja de forma precarizada, porque ninguna familia sobrevive con un plan social de 80 mil pesos. Son estas compañeras y compañeros los que ponen el hombro en su tiempo libre para que los merenderos puedan funcionar.

Lo que busca hacer este gobierno ultraderechista, con la ayuda de sus “periodistas” amigos, es demonizar a las organizaciones sociales para debilitar la lucha de los barrios. Buscan lograr por esta vía lo que no pudieron conseguir con su fracasado protocolo “anti piquetes”. Quieren que nadie reclame por comida, por las necesidades sociales que cada vez son más grandes y menos aún por trabajo genuino. Por todo esto atacan al movimiento piquetero combativo criminalizando a sus dirigentes, hecho que repudiamos como un acto de persecución política.

Llamamos al conjunto de las organizaciones sociales a seguir en pie de lucha contra el plan motosierra hambreador del ultraderechista de Milei como así también a organizarnos para reclamarle a Kicillof en Buenos Aires que se retome la entrega de alimentos de inmediato.

No puede ser que en un país que produce alimentos para 400 millones de personas haya gente que no coma. Exigimos que se incrementen las partidas de comedores y merenderos para que ningún compañero o compañera pase hambre y trabajo genuino. Plata para comida, salud, educación vivienda, no para el FMI, los usureros internacionales y los empresarios amigos del presidente, que disfrutan de subsidios millonarios otorgados por este gobierno y los anteriores mientras los sectores más vulnerables pasan hambre.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En un acto de provocación hacia el movimiento feminista, y mientras persigue a referentas de las organizaciones sociales y comedores, el gobierno ultraderechista de Milei a través de su ministra de Capital Humano Pettovello, designó a la fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin) en el reparto de la provisión de más de 465.000 kilos de leche en polvo. Esta fundación es dirigida por el médico antiderechos y miembro del Opus Dei, Abel Andino.

La fundación Conin nació en 1993 que dice combatir la desnutrición infantil y fue criticada en varias ocasiones por la Sociedad Argentina de Pediatría  (SEP) y por su método que recomienda ‘que cada niño reciba desde el momento de su nacimiento en adelante una caja de leche por mes’ como solución. Según la SAP esto carece de fundamento científico y dista mucho de ser la solución, planteando que la desnutrición tiene que ser abordada desde una mirada interdisciplinaria, considerando la pobreza como un punto fundamental y fomentando la lactancia materna.

En 2018, cuando la #Mareaverde luchaba en las calles por conquistar el aborto legal, Albino fue parte de los pañuelos celestes y sectores antiderechos que pasaron por el Congreso Nacional durante el debate. Contra toda información científica, dijo que “el preservativo no sirve para prevenir el SIDA, ya que el virus atraviesa la porcelana”. Algo que iba en línea con declaraciones previas dónde indicó que “los métodos naturales de control de la fertilidad son los únicos sin contraindicaciones médicas” o que “la mujer debe esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad tanto física como moral”. Un posicionamiento que refleja lo más atrasado del oscurantismo religioso que ataca los avances de la ESI y las conquistas de las mujeres y disidencias.

Durante el gobierno de Macri, Abel Andino cumplió funciones bajo el ala de la reaccionaria Carolina Stanley,  periodo durante el cual la fundación Conin recibió millones en financiamiento: sólo en dos años de gobierno macrista obtuvo 52 millones de pesos en subsidios, según informó el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, al Congreso.

Repudiamos que el reparto de alimentos se realice a cargo de estas organizaciones antiderechos y exigimos que se incrementen las partidas de comedores y merenderos para que ningún compañero o compañera pase hambre.

Escribe Mariano Barba

Ante las magras jubilaciones, golpeadas por la “licuadora” de Milei, diputados peronistas, radicales, de la Coalición Cívica y de Hacemos Coalición Federal (Pichetto) presentaron y votaron una ley que determina una nueva fórmula de actualización calculada en base a la inflación mensual más una compensación extra - “empalme”- del 8,1%, por única vez.

Esta votación impulsada por la oposición patronal muestra la debilidad de Milei en el Congreso, que hasta ese momento no ha logrado que le aprueben ninguna ley oficialista, y tuvo como respuesta del presidente ultraderechista de “vetar” esta ley y descalificaciones como “degenerados fiscales” y “casta inmunda”.

Fuera del ruido del Congreso, el resultado de la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones llevó a que el 86 % sea pobre y casi ocho de cada diez, indigentes. Una situación que se profundiza por la alta inflación desde diciembre y por la eliminación, con el DNU 70/24, de la fórmula de actualización existente para aplicar una actualización por decreto en la que no se considera la pérdida durante los primeros meses del gobierno de Milei.

En los últimos seis meses las jubilaciones de las categorías más bajas perdieron entre un 24,5 y 35,7% de su poder adquisitivo, que se suma al 32% perdido en los últimos cuatro años de Alberto, Cristina y Massa.

Sin embargo, la ley de la oposición patronal no responde a las necesidades de jubiladas y jubilados. Más allá del cachetazo político a Milei, la nueva fórmula es un parche más, ya que apenas alcanzaría a un incremento de 80.000 pesos. Por tal razón el Frente de Izquierda se abstuvo, señalando que ese proyecto no recupera en absoluto la pérdida salarial de los últimos meses y años.

En contraposición, el bloque del FIT Unidad presentó y defendió su propio proyecto que propone un haber jubilatorio que cubra la canasta básica (estimada en 800.000 pesos para mayo). Myriam Bregman defendió la abstención ante el proyecto patronal “en virtud de que el resultado no depende de nuestro voto y en consulta con las organizaciones de jubilados [...] se necesita una verdadera recomposición de haberes y no cuidar el déficit cero que pide el FMI”. Desde Izquierda Socialista respaldamos esta política y agregamos que el haber jubilatorio tiene que calcularse empezando con el 82 % móvil sobre el salario del activo. Porcentaje que en su momento fue vetado por Cristina Kirchner en el gobierno.