Jan 30, 2023 Last Updated 4:00 PM, Jan 28, 2023


Escribe José Castillo

Ya estamos a punto de conocer la inflación de octubre. Rondará el 7%, acercándonos al valor anual de 100%. Los precios de la canasta familiar, se sabe, crecieron más aún. Es un secreto a voces que las grandes empresas de consumo masivo aplican abusivos aumentos, pero el gobierno solo inventa programas inocuos mientras deja que siga la carestía.

La vicepresidenta Cristina Fernández ya oficia de comentarista, como si ella no tuviera nada que ver con el gobierno y como si no hubiera sido quien respaldó el ascenso a Sergio Massa a superministro (respaldo que sigue sosteniendo cada vez que se le pregunta). Sin embargo, critica a las grandes empresas de consumo masivo (alimenticias, de tocador y de limpieza) por provocar aumentos desmedidos. Ahora el propio ministro Massa mandó a “investigar” los costos de quince fabricantes de esos productos, y le pidió a las grandes cadenas de hiper y supermercados (cómplices también en la carestía) que rechacen mercaderías con subas mayores al 4% mensual. El secretario de Comercio Matías Tombolini habla de “veinte o treinta grandes compañías formadoras de precios que representan el 65% del consumo masivo”. O sea, todo el mundo sabe de qué se trata esta suba desmedida de precios y quiénes son los ganadores.

Parecería una comedia, sino fuera por cómo afecta trágicamente al bolsillo del pueblo trabajador. Es que desde hace años, los distintos gobiernos vienen amagando con controles de precios que no son tales. Recordemos que durante la presidencia de Cristina, en 2014, se inauguró “precios cuidados”. Un acuerdo que, con idas y vueltas, aún existe. Se agrandó la lista de productos, luego se achicó, se volvió a agrandar y otra vez a achicar. Lo que jamás se hizo fue sancionar a nadie por incumplimiento. Las empresas hicieron de todo: desde hacer desaparecer distintos productos de las góndolas, cambiándolos por otros iguales con algún pequeño cambio (un clásico, los yogures con “más fruta” que reemplazaban al inexistente de precios cuidados), hasta aprovechar cada “vencimiento del acuerdo” para aplicar aumentos por arriba de la inflación.

Hace un año atrás, el entonces secretario de Comercio Roberto Feletti aplicó un “congelamiento” sobre 1.200 productos que nunca existió, ya que nadie lo controló.

Anuncios sobran. Hace un mes atrás el gobierno hablaba de un congelamiento por cuatro meses de una serie de bienes esenciales que tendrían los precios impresos en el envase. Por supuesto, nunca pasó del anuncio.

La nueva figurita se llama ahora “precios justos”. Se habla de congelar por 120 días entre 1.200 y 1.500 productos básicos de marcas líderes. A cambio se les ofrecerá a las empresas acceso preferencial al dólar oficial (a 166 pesos).

Nos animamos a anticipar cómo va a terminar todo esto. “Precios justos”, como todas sus variantes anteriores, va a fracasar. No es muy difícil adivinar el porqué: el hoy vigente “precios cuidados” tiene un cumplimiento de apenas el 50%, según datos del propio gobierno (¡uno de cada dos productos no está en la góndola!). Mientras tanto, el referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque da como gran línea que la gente no compre si los precios son altos, como si ello fuera posible cuando el kilo de pan acaba de alcanzar el valor récord de 500 pesos.

Las patronales y los economistas y periodistas del establishment dicen que estos fracasos se están debiendo a que “los controles de precios nunca funcionaron”. No es así: los controles de precios sí que funcionan, y protegen el bolsillo popular, si se los hace cumplir. En nuestro país contamos con la Ley de Abastecimiento, que permite multar, clausurar, encarcelar y hasta expropiar a quien viole una disposición legal sobre precios, acapare, o provoque desabastecimiento. El problema es que nunca se la aplica. Ningún empresario fue siquiera multado por haber violado alguno de todos estos acuerdos. Es que los gobiernos, este y el anterior, son socios de los negocios de estas patronales. Incluso les autorizan aumento cuando se trata de precios regulados, como en el caso de las empresas de medicina prepaga, o cuando hay una empresa del estado en condiciones de determinar un precio, como hace YPF subiendo “primero” los combustibles, para cubrir a las transnacionales que luego la siguen.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad exigimos un auténtico congelamiento y control de precios de todos los productos de la canasta familiar, con fuertes sanciones para quiénes lo violen. Esto, más un aumento de salarios de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, ajustado mensualmente por inflación, son las medidas más urgentes para defender el bolsillo del pueblo trabajador.  

Escribe Guido Poletti

La burocracia sindical viene maniobrando. Obligada, por la presión de las bases y el desbarranque de la inflación, a exigir reaperturas de las negociaciones paritarias, sostiene en cada caso que “logró empatarle a la inflación” con aumentos anuales cercanos al 100%.

La realidad es bien distinta. Primero, porque solo un puñado de gremios llegó realmente al 100% de incremento en el año, ya que la mayoría está aún en un aumento promedio de 75%. Pero segundo, porque aún los que lo hicieron lo lograron en cuotas, alcanzando ese valor recién a fin de año. O sea, sus salarios fueron perdiendo todos los meses contra la suba de precios, y apenas en el último lo empataron. Si anualizamos los salarios (o sea sumamos todo lo que se cobra desde enero a diciembre), y vemos qué porcentaje de aumento real tuvo esa masa salarial, los valores nos cantarán entre 65 y 70%, lejos, muy lejos, de la inflación de este año.

En otros casos, es peor aún. Los burócratas hablan de 100% incorporando sumas por única vez, bonos, o contando los futuros aumentos hasta marzo, abril o mayo del año que viene, cuando la inflación ya se habrá incrementado unos cuantos puntos de más. Repasemos: sumando bonos, sumas fijas y cuotas, los aceiteros alcanzarán a diciembre un incremento del 98%; los docentes bonaerenses del 94,2%; los de CABA del 91,6%; los bancarios del 94,1%; estatales nacionales 82,2%; transporte 65%; AFIP 93,4%; Plásticos 90%; Camioneros 80% (datos de informe comparado de consultora EcoGo). La pérdida salarial es tan visible que hasta las consultoras que asesoran a las empresas la reconocen. Así, ACM afirma en un informe: “en lo que va del año podemos notar una caída del salario real del 3,45% a nivel general. Para el caso del sector privado no registrado (los trabajadores informales) la caída es del 11,2%”. Como vemos, todo bastante lejos de un aumento “real” del 100%.

Si a los trabajadores privados en blanco les va mal, la realidad es muchísimo peor en el caso de las y los trabajadores del estado, sean de la administración nacional, provincial o municipal, maestros o trabajadores de la salud. Ahí ya ni se disimula que los “aumentos” no llegan ni de lejos a cubrir la inflación del año.

Peor aún le va a los tercerizados, monotributistas o la inmensa masa de trabajadoras y trabajadores que están por fuera de cualquier contratación legal. Muchos de ellos dependen para sus aumentos de lo que suceda con el salario mínimo, vital y móvil, que desde marzo apenas si subió un 75,5%, aunque su valor (57.900 pesos) representa menos de la mitad del costo de la canasta básica, o sea se encuentra en niveles cercanos a la indigencia.

Es urgente pelear por verdaderos aumentos de salario, de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por las y los trabajadores de ATE Indec en 205.000 pesos. Que se actualicen mensualmente por inflación. Tenemos que pelear y exigir a la CGT y las CTA que rompan su pacto con el gobierno y llamen a un plan de lucha para defender nuestro bolsillo frente al ajuste.


Escribe José Castillo

El gobierno sigue “rascando el fondo de la olla” de las reservas. En términos reales, apenas si quedan 4.000 millones de dólares. El superministro Massa se la pasa otorgando privilegios a distintos sectores patronales, ofreciéndoles dólares a precios más altos si ingresan los que obtienen de las exportaciones (así sucedió con el dólar soja en septiembre, con el dólar “Coldplay” para el negocio del espectáculo, con el dólar “tecnológico” para las empresas de servicios informáticos y ahora con el nuevo dólar “economía regional” para las patronales de distintas provincias). O más bajo (al inconseguible valor oficial de 166 pesos) a las importaciones de empresas de consumo masivo monopólico con la incomprobable promesa por parte de estas de que no subirán los precios.

Pero las reservas son un colador. Además de las conocidas maniobras de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones llevadas adelante por todos los sectores patronales, ahora se suman nuevas picardías. Veamos: en lo que va del año la cuenta de servicios de la balanza de pagos muestra un déficit de 8.039 millones de dólares. Esto quiere decir que en este concepto salieron exactamente los mismos dólares que entraron, solo en septiembre, por los privilegios otorgados a los monopolios sojeros. Para comparar, el año pasado, en los primeros nueve meses del año, el mismo rubro de servicios acumulaba un déficit cuatro veces menor (de 2.506 millones de pesos).

¿De qué se trata esa salida en concepto de “cuenta corriente de servicios”? Principalmente de dos rubros: “viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” y “fletes y seguros”.

Veamos el primero: ¿será que, a pesar del encarecimiento de los pasajes y otros gastos, los argentinos siguen haciendo turismo, incluso más que antes? Nada de eso: la trampa consiste en que en la suma de los giros al exterior por pagos de tarjetas se incluye tanto este rubro como el mucho más grande de “compras no presenciales a proveedores del exterior”, efectuadas por las empresas.
Miremos ahora la otra picardía: el saldo de fletes pagados por importadores se multiplicó por tres este año, pero no sucedió lo mismo con las importaciones. ¿Qué pasó? Evidentemente alguien está “sobrefacturando” los fletes, y así consiguiendo ilegalmente dólares al precio oficial de 166 pesos.

El gobierno de Alberto Fernández, Cristina y su superministro Massa, mientras ajusta al pueblo trabajador para cumplir con el FMI, deja que sigan llevando adelante estas maniobras que benefician a los monopolios exportadores, las transnacionales y los pulpos especuladores. Por eso decimos que, al mismo tiempo que debemos dejar de pagar la deuda externa, hay que nacionalizar el comercio exterior y la banca para terminar con todas estas maniobras y que los dólares que entren al país, se utilicen para resolver las más urgentes necesidades populares.     


Escribe José Castillo

El super-ministro Sergio Massa presentó como un “gran éxito” la reciente renegociación de la deuda con el Club de París. Recordemos que se trata de una parte de la deuda externa, de “estado a estado”, con diversos países imperialistas (por orden de importancia: Alemania, Japón, Holanda, España, Italia, Estados Unidos, Suiza, Francia y Canadá).

Es una de las partes más corruptas del endeudamiento argentino, cuyo origen se pierde en los negociados más oscuros de la época de la dictadura militar. Por ejemplo, parte de la deuda es por la compra de dos helicópteros a Gran Bretaña (a la empresa Westland) que nunca llegaron al país, ya que la entrega quedó suspendida por la guerra de Malvinas. Los sucesivos gobiernos argentinos siguieron reconociendo esa deuda, a pesar de que los helicópteros fueron revendidos por la firma inglesa a Irak, que los utilizó en la guerra del Golfo. Otro caso paradigmático es la deuda con Holanda y España, por gasoductos que nunca se construyeron.  

 Massa se ufana de que logró “mejorar” el acuerdo firmado en 2014. Digamos que eso no era muy difícil: la negociación llevada adelante en aquel momento por el gobierno de Cristina Kirchner, con Kicillof como ministro de Economía, fue un auténtico escándalo, ya que, con el reconocimiento de intereses, llevaba a que nuestro país terminara debiendo 9.000 millones de dólares. En los años siguientes, luego de varios pagos, aún se adeudaban 2.000 millones de dólares de capital y se acumulaban “intereses impagos” (generados por la negociación de Kicillof) por otros 2.400 millones. Esto último es lo que se logró reducir en la actual renegociación de Massa.

Pero no debemos confundirnos: seguimos reconociendo, y pagando, esa escandalosa deuda generada por la dictadura. Con esos 2.000 millones de dólares que se reconocieron se podrían construir 70.000 viviendas populares (creando 280.000 puestos de trabajo genuinos). En vez de eso, una vez más, se prioriza a los pulpos especuladores.

Escribe Guido Poletti

Ya se está efectivizando la suba de tarifas eléctricas. Para las empresas del área metropolitana (Edenor y Edesur) se ha autorizado un incremento del 27% a partir del 1° de noviembre. Es el segundo impacto en el bolsillo popular en apenas dos meses, que afecta directamente a casi un tercio del total de los hogares. Como sabemos, no es cierto que solo afecta a los usuarios ricos (se sabe que, por distintas causas, decenas de miles de hogares no se inscribieron en el registro para mantener los subsidios).

Sin embargo, los tarifazos no terminan ahí. El proyecto de ley de presupuesto ya aprobado en Diputados y en camino a aprobarse en Senadores autoriza a que las empresas propongan un nuevo cuadro tarifario en 2023 “hasta que sea suficiente para saldar su deuda con Cammesa”. En la práctica, se esperan nuevos aumentos del 40% entre diciembre y enero y de otro 40% entre febrero y marzo.

Expliquemos la deuda de Edenor y Edesur con Cammesa. Esta última es la empresa distribuidora mayorista (estatal) que le compra energía a las transportadoras y luego se la vende a las distribuidoras minoristas (como Edenor y Edesur). Sucede que estas dos privatizadas hace un largo tiempo que, si bien le cobran las tarifas a los usuarios, no le pagan un peso a Cammesa (en la práctica venden energía que reciben gratis). Así, fueron acumulando una enorme deuda con la empresa mayorista estatal (más de 200.000 millones de pesos). El acuerdo con el gobierno fue que Edenor y Edesur suban las tarifas para pagar esa deuda. Pero ese pago se hará…en cómodas cuotas durante ocho años. O sea, cobrar en efectivo a los usuarios y pagarle en cuotas al estado. Un escándalo. Un negociado a la medida de Vila-Manzano (los dueños de Edenor) y de la transnacional ENEL (propietarios de Edesur).

Nos oponemos a los tarifazos, y seguimos diciendo que la salida no pasa por ahí ni por los subsidios que le mantienen las ganancias a las empresas. La única solución pasa por reestatizar todas las privatizadas bajo gestión de los trabajadores y usuarios, para garantizar servicios de calidad y tarifa social para quien la necesite.                  

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