Foto de portada: Al jefe de Gabinete Manuel Adorni lo sigue sosteniendo Karina Milei

Escribe Guido Poletti

Las denuncias contra Manuel Adorni exponen una trama de privilegios, negocios cruzados y enriquecimiento acelerado en el corazón del gobierno.

Se conocen nuevos hechos de corrupción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El escándalo es tal que incluso sectores del propio gobierno de La Libertad Avanza ya le soltaron la mano. Sin embargo, Javier Milei y, en particular, su hermana Karina aún lo sostienen.

Todo comenzó cuando se supo que llevó gratis a su mujer en el avión presidencial durante el viaje a Nueva York de febrero. Luego apareció el vuelo privado a Punta del Este, ese mismo mes, que atribuyó al pago de su “amigo” Marcelo Grandio. Poco después se conoció que Grandio era el dueño de la productora Imhouse, que ya acumulaba diez contratos con la TV Pública, área que dependía del propio Adorni en su rol de vocero presidencial. Más tarde trascendió que el empresario le había realizado previamente diez transferencias millonarias. ¿Todo es pura coincidencia?

Después está el tema de los viajes. Adorni, que se jactaba de “no tomarse vacaciones para seguir trabajando”, viajó a Aruba con toda su familia a fines de 2024, pagando con dólares en efectivo los pasajes y el all inclusive de lujo donde se alojó. En estos días se reveló que, además, también se había tomado “unos días” a mitad de 2024, en el exclusivo hotel Llao Llao de Bariloche.

De un departamento de clase media en Parque Chacabuco pasó, en pocos meses, a un piso de lujo en Miró al 700, Caballito. Además, adquirió una casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, donde el valor mensual de las expensas es de 700 mil pesos. En ambas propiedades, por si fuera poco, inició millonarias refacciones que ahora también salieron a la luz.

La frutilla del postre son, sin duda, las maniobras que desplegó para comprar ambas propiedades, con supuestos “préstamos” de jubiladas por 100 mil dólares cada una. Las explicaciones, confusas y contradictorias, se completan con la intervención en las escrituras de la escribana Adriana Nechevenko, un personaje vinculado a operaciones con narcotraficantes del caso efedrina.

La conclusión es concreta: un profesional mediocre que, repentinamente, se ve colocado en un lugar de poder impensado y que, sin detenerse un segundo, se lanza a enriquecerse y a aprovechar todos los privilegios posibles. Deja “marcados los dedos” por todas partes. Mientras tanto, al mismo tiempo, pontificaba en sus conferencias de prensa de todas las mañanas sobre “cómo terminar con la casta” y la supuesta “honestidad a toda prueba” del gobierno de nacional. Lo que ya se conoce, y lo que se sigue conociendo con revelaciones prácticamente todos los días, ha generado una sensación popular de asco y un masivo reclamo de su renuncia.

Acompañamos y compartimos esa bronca popular: ¡Fuera Adorni!

Adorni es apenas la punta del iceberg. En lo que respecta a la corrupción explícita y visible, comparte su conducta con la de Karina “3%”, que le robó la plata a los discapacitados del Andis; con la estafa de $Libra, en la que está directamente involucrado el propio presidente; y con los préstamos millonarios auto otorgados a numerosos funcionarios del gobierno por parte del Banco Nación para comprar propiedades lujosas.

A esto hay que agregar que el gobierno ultraderechista de Milei, y en particular su ministro de Economía, Luis Caputo, forman parte directa de la gigantesca corrupción estructural a la que está sometido el pueblo argentino: el escandaloso endeudamiento externo. Caputo y la mayor parte de los funcionarios de su equipo formaron parte de J.P. Morgan y de otros pulpos internacionales, que fueron quienes se beneficiaron explícitamente con el capítulo de endeudamiento desde el gobierno de Mauricio Macri en adelante. Federico Sturzenegger, por su parte, tiene un currículum más extenso aún en este tema: fue cómplice del canje de deuda de Domingo Cavallo previo al Argentinazo de 2001.

Estamos ante un gobierno de corruptos, socios, a la vez, de empresarios corruptos, banqueros y buitres internacionales. Estos son quienes están hambreando al pueblo argentino y saqueando sus riquezas. Razón de más para seguir peleando hasta derrotar la motosierra y todas sus políticas ultraderechistas.

foto de portada: Lugones fue uno de los oradores de AmCham

Escribe Guido Poletti

Pami está en una crisis terminal, con miles de prestaciones suspendidas y médicos que no cobran, lo que los obligó a llevar adelante un paro de 72 horas. Diariamente, miles y miles de jubilados y jubiladas peregrinan desesperadamente por las oficinas, se quedan sin sus remedios y ven que los centros de salud ya no los cubren.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, está ocupado en otra cosa: fue uno de los oradores de AmCham, el foro organizado para grandes empresarios y sus negocios con Estados Unidos. Allí, “explicó” cuál es el problema del Pami.

Sorprendentemente, no es el ajuste ni su desfinanciamiento, sino que, según dijo textualmente el ministro: “Pami tiene alrededor de un millón de personas de más de 80 años sobre los 5 millones de beneficiarios. Tiene casi 6 mil personas de más de 100 años. Es una carga muy grande”.
¡Obvio! Si es una obra social de jubilados y jubiladas, ¿qué edad pretende que tengan? Pero, mucho más grave, ¿qué está proponiendo? ¿Dejarlos sin cobertura?

No nos sorprendería: sería una parte más del auténtico genocidio que se está llevando adelante sobre las y los adultos mayores, empezando por los montos miserables que están percibiendo. Y que se muestra, semana a semana, cuando los apalean frente al Congreso.
De Lugones y sus declaraciones solo cabe decir: miserable y vergonzoso, como todo lo que sale de las cloacas de este gobierno ultraderechista.
       

Escribe José Castillo

Apenas asumió, Javier Milei puso al Banco Nación en la lista de empresas estatales a privatizar. Recordemos que fue la lucha de los propios trabajadores y trabajadoras del banco, con una amplísima solidaridad social, la que logró sacarlo de esa lista.

Ahora, el gobierno de La Libertad Avanza le encontró “otra función” al Banco Nación, presidido por el karinista Darío Wasserman, esposo de la titular de La Libertad Avanza porteña, Pilar Ramírez: otorgarles a sus propios funcionarios créditos por millones de dólares, con el objetivo de que se compren lujosas mansiones.

Repasemos la lista de los más importantes. Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de la ministra Sandra Pettovello, recibió 400 millones de pesos. El diputado Juan Bongiovanni, de La Libertad Avanza, consiguió 185 mil dólares. Juan Pablo Carreiro, “Juan Doe”, tuitero de ultraderecha, recibió 112 millones.

Una larga lista de beneficiarios pertenece al riñón del ministro de Economía. Ahí están Felipe Núñez, asesor de Luis “Toto” Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, con 475 millones, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con 367 millones.

Increíblemente, la defensa del gobierno es que “todo habría sido legal”. Una auténtica vergüenza: millones de personas de las clases populares están endeudadas por haber tenido que usar sus tarjetas de crédito para comprar comida y hoy no pueden pagar. El gobierno no les ofrece ninguna salida; al contrario, les promete más motosierra. Para quienes sí hay plata es para enriquecer a sus funcionarios y militantes. Realmente indignante.

Escribe José Castillo

El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación del Coimagate, detectó nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Andis. En este contexto, pidió 29 indagatorias, entre las que se incluyen las ampliaciones de Diego Spagnuolo, íntimo amigo del presidente Javier Milei que estuvo al frente del organismo, y del lobbista Miguel Ángel Calvete, ambos ya procesados por ser considerados jefes de la asociación ilícita que funcionó en esa dependencia. Según el dictamen del fiscal, se trata de maniobras, desfalcos y coimas por 75 mil millones de pesos en favor de un grupo de empresarios y funcionarios involucrados.

Picardi describió que los “nuevos hallazgos” demuestran que más de 20 empresarios formaron parte de un entramado delictivo en la Andis, que fue “conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian”.

Picardi explicó que las novedades “no constituyeron hechos aislados, sino que respondieron a un entramado de vínculos personales, económicos y funcionales que garantizó la manipulación de compras públicas de manera permanente”. Volvieron a aparecer referencias a descuentos de un 3%, la misma cifra que iba a parar a manos de Karina Milei, según se le escucha decir en audios filtrados a Diego Spagnuolo.

El círculo se cierra. Cada vez es más innegable que Spagnuolo y Karina Milei se robaban la plata que debía destinarse a discapacidad, en complicidad con sus empresarios amigos.

Foto de portada: Clase pública en frente a la Facultad de Ciencias Sociales

Escribe Mercedes de Mendieta, Docente UBA y diputada nacional electa de Izquierda Socialista FIT-Unidad

Luego de que el 20 de abril venciera el plazo del segundo fallo de la Justicia para que Javier Milei cumpla con la aplicación de la ley de financiamiento universitario, la cuarta marcha federal universitaria ya tiene fecha: será el 12 de mayo, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Estamos en una pulseada por el futuro de la educación pública y gratuita.

A pesar de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la orden de actualizar los salarios de las y los trabajadores universitarios y las becas estudiantiles, el gobierno de Milei sigue sin cumplir la ley. El fallo fue notificado el 31 de marzo y, al 20 de abril, cuando vencía el plazo, no solo no se transfirieron a las universidades nacionales los fondos por la deuda salarial, sino que el instructivo de liquidación de sueldos que la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió dispone un “aumento” del 1,7% (sin ningún tipo de negociación paritaria) para abril, una burla total. Este “aumento” es en realidad una nueva rebaja salarial, ya que la inflación de marzo fue del 3,4%, exactamente el doble. Muy lejos de la recomposición del 51% que establece la ley conquistada en las calles.

En paralelo, el gobierno de Milei evalúa llevar el conflicto a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, mientras activa en el Congreso negociaciones con sus cómplices para modificar la ley de financiamiento universitario, algo que ya intentó en las sesiones extraordinarias de febrero. No olvidemos que esta modificación implica un “aumento” del 12,4% en cuotas hasta septiembre, es decir, un recorte salarial.

El gasto que Milei dice “imposible de pagar” representa, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, solo el 0,23% del PBI, un monto ínfimo. Por ejemplo, ese monto podría pagarse 15 veces con las exenciones impositivas previstas en el presupuesto nacional 2026, que alcanzan el 3,4% del PBI. Solo las exenciones en el impuesto a las ganancias, del 0,62%, representan más del doble del costo de la ley universitaria.

Se profundiza la fuga de cerebros

Como ocurre con la mayoría de las y los trabajadores del país, la situación salarial se volvió insostenible. Un ayudante de primera cobra, por 10 horas semanales, 250 mil pesos. Más de 10 mil docentes ya renunciaron a sus cargos. Esto implica no solo una pérdida de profesionales y una profundización de la fuga de cerebros, sino también un impacto directo en el cierre de comisiones y en la reducción de la oferta horaria, con mayor precarización laboral para quienes resisten. Un ejemplo es la Facultad de Agronomía, donde renunciaron 100 personas entre docentes e investigadores.

Frente a esto, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, cuyos intentos de negociar con el gobierno a espaldas de la comunidad universitaria han quedado expuestos, fueron cuestionados por la lucha de docentes, no docentes y estudiantes. Indigna escucharlos criticar, casi por igual, al gobierno de Milei, responsable de incumplir la ley, y a los paros docentes que defienden la universidad. Incluso el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y otros rectores amenazaron con descuentos a quienes adhieran a los paros, una práctica funcional a la motosierra de Milei y completamente regresiva frente a quienes impulsan la lucha.

Construyamos la masividad de la cuarta marcha

Las federaciones gremiales docentes (Conadu y Conadu Histórica) convocaron a paros escalonados en las semanas del 13 y del 27, mientras que la Fatun, que nuclea a las y los trabajadores no docentes, impulsa medidas para el 23 de abril. Por eso, es imprescindible profundizar el plan de lucha. No alcanzan las medidas parciales ni las negociaciones por arriba. Es necesario convocar de manera urgente a instancias interclaustros e interfacultades que permitan organizar la resistencia desde abajo, articulando a docentes, no docentes y estudiantes en un plan de lucha común.

Finalmente, luego de meses de exigencia, la cuarta marcha federal ya tiene fecha: el 12 de mayo hacia Plaza de Mayo y todas las plazas del país, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Pero no podemos confiar en los rectores que negociaron a espaldas de la comunidad universitaria ni en las conducciones de las federaciones estudiantiles radicales y peronistas, que no llaman a organizar a las y los estudiantes. La tarea ahora es volver a ser millones, como el 23 de abril de 2024, cuando una marea llenó las calles en defensa de las universidades. Porque lo que está en juego no es solo un presupuesto: es el futuro de la educación universitaria pública, gratuita y de excelencia, la producción de conocimiento y el sistema de ciencia y técnica al servicio de un proyecto de país independiente de las multinacionales, el FMI y el imperialismo yanqui.