Escribe Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste

El gobierno presenta su reforma como “modernización”, pero es un ataque que desmantela derechos históricos y busca imponer un modelo de trabajo esclavista.

Javier Milei, el FMI y las patronales ya definieron este proyecto como su eje estratégico, con el aval más o menos explícito de los gobernadores y de los bloques parlamentarios de los partidos patronales. Lo llaman “modernización” laboral para esconder una ofensiva superexplotadora que roza el esclavismo.

No modernizará nada. Por el contrario, el proyecto del gobierno busca hacernos retroceder cien años en los derechos conquistados por el pueblo trabajador. Flexibiliza hasta el esclavismo las condiciones laborales. Pretende eliminar la jornada de 8 horas para legalizar jornadas de 12. Busca que las horas y días de descanso queden a criterio de la patronal, desorganizando por completo la vida de la familia trabajadora, que ya no podrá estudiar, compartir tiempo con las y los hijos o siquiera garantizar retirarlos de la escuela a horario.

Todo esto por un salario “dinámico”, donde a partir de un básico miserable el resto quedaría atado a una “productividad” definida unilateralmente por la empresa. Y, por supuesto, transformando a cada trabajador o trabajadora en material descartable: aún con 20 o 30 años de antigüedad se podrá despedirlo por una suma miserable, abonada encima en cuotas.

Se trata de un proyecto profundamente antiobrero, que ataca cualquier forma de organización de la clase trabajadora. Virtualmente elimina el derecho de huelga al catalogar como “esenciales” a la mayoría de las actividades y criminaliza medidas de lucha como tomas, bloqueos o incluso la realización de asambleas. En síntesis, busca dividir a la clase trabajadora para dejar a cada uno o una sólo, sin derechos, frente a la patronal.

Un proyecto que no generará empleo ni blanqueará a los no registrados

El gobierno se apoya en el dato real de que una parte enorme de la clase trabajadora está no registrada y ya profundamente flexibilizada. Pero es una mentira que esta ley traerá más inversiones y empleo, y mucho menos que mejorará la vida de quienes hoy están en la informalidad.

En casi dos años de gestión, Milei aplicó medidas totalmente favorables a los empresarios. Les perdonaron hasta el 90% de las deudas por aportes patronales no pagados, les condonaron multas y les habilitaron un vergonzoso blanqueo de capitales, siempre con la excusa de que así “se generaría empleo”. La informalidad no bajó: aumentó. Y no sólo no se generaron nuevos puestos de trabajo, sino que el súper ajuste de Milei viene provocando el cierre de 30 empresas por día y 250 mil despidos en empleos registrados.

El objetivo real es que toda la clase trabajadora adopte el modelo ya impuesto en las aplicaciones. Un estudio reciente de la Fundación Encuentro sobre Rappi y Pedidos Ya muestra que para superar la línea de pobreza un repartidor debe completar 461 pedidos al mes, a un promedio de 2.553,60 pesos por pedido. Para lograrlo hay que trabajar 10 horas diarias, seis días a la semana, sin contar tiempos de espera, desperfectos de la bicicleta o moto ni enfermedad u otros inconvenientes, todos a cargo del trabajador o trabajadora. Sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin seguro por accidentes y sin reconocimiento de relación laboral por parte de la empresa. No es casualidad que uno de los redactores del proyecto de Milei sea Julián de Diego, abogado de Rappi, una de estas empresas negreras.

¿Y la CGT?

La nueva conducción de la CGT mantiene vergonzosamente su pacto con el gobierno. Uno de sus secretarios generales, Jorge Sola, afirmó que están esperando “el llamado para una reunión”, esquivando pronunciar un rechazo abierto al proyecto del oficialismo: “vamos a ser estratégicos en la discusión parlamentaria” (Página/12, 11/11). Mientras tanto, Gerardo Martínez continúa avalando el “pacto de mayo”, el acuerdo entre gobernadores y patronales que legitima todo. El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, también aportó lo suyo al declarar: “apostamos a que es necesaria en la Argentina una modernización del sistema laboral”. En concreto, la CGT apuesta a negociar para salvar sus privilegios en vez de pelear por los derechos conquistados por el pueblo trabajador en décadas de lucha.

Organicemos una gran campaña y exijamos paro nacional y plan de lucha

La reforma laboral esclavista puede derrotarse. El camino es la lucha, como lo demostraron las y los trabajadores del Garrahan. Tenemos que organizarnos: realizar reuniones de delegados, sacar pronunciamientos y convocar asambleas en cada lugar de trabajo. Debemos oponer al proyecto antiderechos del gobierno un programa inverso: registro de toda la fuerza laboral, prohibición de suspensiones y despidos, y reconocimiento pleno de derechos para las y los trabajadores flexibilizados. Esto es lo que plantea, por ejemplo, el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad.
Pero, sobre todo, tenemos que movilizarnos con la más amplia unidad de acción, como propone el sindicalismo combativo, mientras seguimos exigiendo a la CGT que rompa su pacto con el gobierno y convoque a un paro general y un plan de lucha contra esta reforma esclavista y contra la motosierra de Milei, Trump y los gobernadores.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El eje central de la reforma laboral que prepara Milei es para redoblar las ganancias capitalistas de los grandes empresarios. La presenta como necesaria para que haya trabajo registrado diciendo que si se le quitan impuestos a las patronales vendrá el milagro. Pero tamaña mentira ha sido develada por el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics) en un reciente informe de septiembre de este año.

Dicho informe, titulado “el ahorro de la burguesía por no registrar a sus empleados”, indica que en treinta años (entre 1994 y 2024) las patronales hicieron fabulosas ganancias contratando personal no registrado y por el beneficio del que gozaron por la rebaja de las contribuciones patronales, afectando de esta manera a las cajas jubilatorias. De esta manera, se apropiaron de 561 mil millones de dólares (18 mil millones de dólares anuales) discriminados de la siguiente manera: 282 mil millones de dólares al quedarse con la diferencia por el pago de un menor salario al no registrar personal y otros 279 mil millones de dólares por el ahorro que hicieron por la rebaja de las contribuciones patronales. Es decir, se quedaron con un monto similar a todo un PBI anual.

Otra revelación señala que por los famosos Tickets Canasta que se aplicaron en los años ‘90 (donde se pagó un 13% del salario con bonos, no remunerativos, es decir, sin que se hagan los aportes al sistema previsional y a las obras sociales), desde 1990 a 2007 hubo una apropiación patronal de 21 mil millones de dólares. ¿Dónde fue a parar toda esta plata? ¿A más fábricas, empleo o salarios dignos? No. Fueron a los bolsillos de las patronales. Prueba que el capitalismo es robo y superexplotación obrera, no trabajo y empleo.

*Foto de tapa Marcos Galperín de MercadoLibre y Paolo Rocca de Techint
 

Escribe José Castillo

El acuerdo comercial con Estados Unidos profundiza la entrega de recursos y consolida una semicolonización sin beneficios para el país. Un pacto hecho a la medida del capital yanqui y celebrado por Javier Milei.

El acuerdo comercial dado a conocer por los Estados Unidos es un nuevo salto en el saqueo y la semicolonización de nuestro país. Se trata de privilegios yanquis para profundizar el saqueo de nuestras riquezas.

La Casa Blanca decidió unilateralmente difundir el llamado “acuerdo marco de comercio e inversión bilateral”. Javier Milei, Federico Sturzenegger y Luis Caputo salieron a festejar y a vender que se trataba de un acuerdo “preferencial” con Argentina. No es así. El gobierno yanqui anunció acuerdos marcos bilaterales similares, en el mismo comunicado, con El Salvador, Guatemala y Ecuador.

El texto difundido es 100% favorable a los intereses estadounidenses. Casi todos los párrafos comienzan con “Estados Unidos podrá….”, seguido de privilegios para empresas y sectores yanquis. No hay una sola mención que indique alguna ventaja específica para nuestro país.

El acuerdo abarca aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital. Todo está al servicio de otorgar nuevos privilegios al capitalismo imperialista yanqui a expensas de nuestros recursos.

Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para exportaciones de los Estados Unidos de medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología informática, dispositivos médicos, vehículos automotores y una “amplia gama de productos agrícolas”, incluidos ganado vivo, aves de corral y cerdos.

Se plantean además modificaciones en las leyes de propiedad intelectual y patentes hechas a la medida de los laboratorios y empresas químicas y farmacéuticas yanquis. Del mismo modo, los productos norteamericanos podrán ingresar sin controles de seguridad, higiene ni normas bromatológicas. También se habilita la liberalización absoluta de la transferencia de datos y firmas digitales hacia los Estados Unidos.

¿Queda algo a favor de la Argentina?

El gobierno afirmó que el acuerdo “abrirá un mercado de millones de dólares a nuestro país”. Falso.

Veamos los párrafos que podrían leerse, con mucho esfuerzo, como los “más favorables” para la Argentina: “De conformidad con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos particulares de seguridad económica y de la cadena de suministros, Estados Unidos eliminará aranceles sobre recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas”.

Pero nuestro país debe cumplir requisitos definidos unilateralmente por el gobierno yanqui respecto de la “seguridad económica”. Por ejemplo, los ganaderos norteamericanos podrán argumentar que se pone “en riesgo su seguridad económica” para bloquear el ingreso de carne argentina. El texto incluso habla de abrir el acceso a recursos naturales “no disponibles”, lo que confirma que todo lo que compita con la producción estadounidense quedará prohibido.

En síntesis, lo único que le interesa a los Estados Unidos importar desde Argentina es lo que ya se exporta hoy: combustibles y minerales estratégicos que ellos necesitan.

Merece un comentario especial el párrafo cínico donde nuestro país se compromete a “restringir importaciones de países con trabajo forzoso o donde no se respeten los derechos laborales”, un eufemismo para referirse a China. Una hipocresía absoluta: mientras se usa ese argumento para beneficiar empresas yanquis por sobre las chinas, el gobierno de Milei impulsa una reforma laboral esclavista en Argentina.

Un acuerdo para la semicolonización total

En síntesis: este acuerdo habilita el ingreso irrestricto de productos y empresas yanquis a todos los sectores de nuestra economía, generando una injerencia política y económica sin precedentes, sin ningún beneficio para el pueblo trabajador ni para la economía nacional. Junto con el swap y la virtual intervención del Ministerio de Economía, el Banco Central y la Cancillería por parte de Scott Bessent y el JP Morgan, conforman “el combo perfecto” de lo que Milei llama “la alianza estratégica” (léase: sometimiento total) con el imperialismo yanqui.

¡No al pacto semicolonial! ¡Por la segunda y definitiva independencia!

El ultraderechista Milei pretende llevar la semicolonización del país a un extremo nunca visto. Hay que impedirlo, repudiando este acuerdo y todas las medidas de ajuste y saqueo impulsadas directamente por Milei, Trump y el FMI. Conquistar nuestra segunda y definitiva independencia exige otro programa económico (obrero y popular) que comience dejando de pagar la deuda y rompiendo todos los pactos de coloniaje, políticos y económicos, que nos atan al FMI y al imperialismo yanqui.

Escribe Guido Poletti

Se trata de la visita número 15 en apenas dos años de mandato. Javier Milei, que a muchas provincias sólo las pisó fugazmente en campaña, vuelve a priorizar Estados Unidos por encima de cualquier agenda federal. Otra vez, viaja a la caza de alguna foto con Donald Trump (¿y quizá también con Lionel Messi?), aprovechando el sorteo del Mundial 2026 como excusa diplomática.

Nuevamente asistirá a foros de negocios con empresas transnacionales estadounidenses, promocionando su reforma laboral y fiscal. En la práctica, ofrecerá trabajadoras y trabajadores argentinos más baratos, con menos derechos y con un esquema impositivo reducido para los capitales extranjeros. A esto se suma la apertura irrestricta de recursos naturales, eje permanente de la política económica de su gobierno y una demanda histórica de Washington.

Con este nuevo viaje, Milei continúa teatralizando su sumisión política e ideológica a Trump. No es casual que, igual que Estados Unidos, Argentina haya evitado participar del G20 en Sudáfrica (Joe Biden mencionó objeciones por “discriminación racial contra blancos”, un argumento rechazado por el propio gobierno sudafricano) y mostrara una presencia casi invisible en la cumbre climática de Belém, coherente con el negacionismo ambiental del trumpismo y del propio Milei.

El motivo formal del viaje será el sorteo del fixture del Mundial 2026. Allí Milei terminará aplaudiendo a los directivos de la FIFA, una estructura históricamente alineada con sectores conservadores y denunciada por corrupción en múltiples causas. Vale recordar la ocultación de muertes de trabajadores migrantes en la construcción de estadios para Qatar 2022, documentadas por The Guardian, o la defensa sistemática de la presencia del Estado de Israel en competiciones internacionales pese a las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Milei, que en Argentina utiliza los escándalos, coimas y negociados que rodean a Claudio “Chiqui” Tapia para impulsar la privatización de los clubes a través de las SAD (sociedades anónimas deportivas), no tendrá reparos en convertirse en comparsa de sus socios internacionales. Todo en línea con satisfacer las expectativas de Trump, su operador financiero Scott Bessent, el JP Morgan y el Fondo Monetario Internacional.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El gobierno de Jorge Macri salió a celebrar la reciente emisión de deuda de la Ciudad de Buenos Aires, presentada como un “éxito histórico” gracias a la “responsabilidad fiscal” y a la supuesta “confianza internacional”. Pero detrás de ese discurso prolijo se esconde una verdad elemental: cada dólar que hoy se toma prestado será pagado mañana por las y los trabajadores, por las mujeres y disidencias, por las juventudes, por las infancias y por los sectores más vulnerados de nuestra ciudad.

No es casual que el gobierno porteño festeje haber recibido ofertas por casi el triple de los 600 millones de dólares buscados. Los fondos internacionales no son filántropos: apuestan porque saben que gobiernos como el suyo (alineados con el ajuste que impulsa Javier Milei) garantizan el pago de la deuda a costa de recortar derechos y presupuesto para políticas de seguridad social. Y así como el jefe de Gobierno acompaña cada medida nacional de agresión a las mayorías, ahora se prepara para profundizar el ajuste local bajo el argumento del “endeudamiento responsable”.

Mientras Macri presume de tener “el menor nivel de deuda en doce años”, en los hospitales faltan insumos, en las escuelas se caen los techos y miles de familias siguen sin acceso a una vivienda digna. ¿De qué sirve endeudarse si no existe un solo plan serio de construcción de viviendas populares? ¿Para quién son esas obras que supuestamente “cambian la vida” de los porteños?

La respuesta es evidente: la deuda no financia derechos, financia negocios. Y, encima, se reprime a quienes se organizan para defenderlos. La Ciudad gobernada por Macri fue, en estos dos años, la punta de lanza de la represión policial contra docentes, trabajadores y movimientos sociales, siempre en sintonía con la motosierra de Milei.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo decimos con claridad: rechazamos la toma de nueva deuda porque significa más ajuste hoy y más desigualdad mañana. La salida no es endeudarnos para beneficio de los mercados, sino poner esos recursos al servicio de la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. En la ciudad más rica del país no falta dinero, hay que invertir las prioridades al servicio de quienes la sostienen todos los días, las trabajadoras y trabajadores.