Dec 06, 2022 Last Updated 11:21 PM, Dec 5, 2022

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo - Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno anunció el programa “precios justos”. Son 1.800 productos -absorbiendo el listado que ya contenía Precios Cuidados-, que durante 4 meses, dicen, “no van a aumentar”. Pero hasta el propio gobierno reconoce que esto no es un congelamiento de precios. Es un acuerdo voluntario, a nadie obliga, a tal punto que las empresas se opusieron a que se le pongan los precios en las etiquetas de los productos. Además, en vez de obligarlas a que retrotraigan los aumentos siderales de meses atrás, el gobierno las autorizó para que los productos que ingresarán al nuevo programa lo hagan con un 4% superior al promedio registrado durante octubre de 2022 y que el resto de los productos que vendan esas mismas firmas tendrán otro aumento del 4% mensual en esos cuatro meses. Empresas que encima recibirán un dólar barato (el oficial a $166 para comprar los insumos importados de esos productos). Un negocio redondo.
Massa agradeció a las más de 100 empresas que firmaron el acuerdo. ¿Quiénes son? Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías, entre otras. Son las mismas que vinieron haciendo un colchón de ganancias en todo este tiempo y ahora recibirán otro sinfín de beneficios.

Nunca se sancionó a nadie por incumplimiento. Las empresas hicieron desaparecer productos de las góndolas, los precios cuidados tuvieron un desabastecimiento del 50% y al vencimiento del acuerdo los volvieron a aumentar por encima de la inflación. ¿Quién dice que con esto no va a pasar lo mismo?
El gobierno inventa programas inocuos porque es cómplice de la inflación. Es el peronismo del Frente de Todos el que aumenta las tarifas de gas, luz y transporte y autoriza las subas en los combustibles con YPF, las pre pagas, colegios privados o los medicamentos.

Dicen que los controles de precios nunca funcionaron. Mentira. Nunca se aplicaron. Porque los distintos gobiernos (hoy el Frente de Todos y antes Macri) son los que les cuidan las ganancias a los grandes capitalistas. La Ley de Abastecimiento permite multar, clausurar, encarcelar y hasta expropiar a quien no cumpla, acapare o provoque desabastecimiento. Y no se aplicó nunca.

Desde Izquierda Socialista proponemos un auténtico congelamiento y control de precios de todos los productos de la canasta familiar, con fuertes sanciones para quienes lo violen. Derogando el IVA de la canasta familiar. Y esencialmente aumentando los salarios y jubilaciones hasta alcanzar el valor de la canasta familiar, ajustados mensualmente por la inflación real. Todo esto como parte de otro plan económico obrero y popular que rompa con los dictados del FMI para terminar de verdad con la pobreza, la inflación y los bajos salarios.

El gobierno peronista del Frente de Todos sigue inmerso en una crisis política cada día más profunda. Pasó el discurso de Cristina en la UOM, donde los metalúrgicosla recibieron al grito de “queremos el aumento”. También el de Máximo, cuestionando cualquier postulación presidencial de Alberto Fernández. La respuesta de Aníbal Fernández, ahora defensor acérrimo de Alberto, apuntó a los Kirchner: “parece que no formaran parte de la gestión”. A todo esto se le pueden agregar las marchas y contramarchas sobre suspender o mantener las PASO. La mayoría del peronismo parecía estar a favor de lo primero, pero ahora se estaría desinflando aceleradamente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Un desbande, con un peronismo kirchnerista casi consagrado a garantizar su retiro a la provincia de Buenos Aires tras una cada vez más posible derrota presidencial el año próximo.

Toda esta crisis no sale de la nada. Es la manifestación más palpable de la bronca popular que crece, ante una realidad, el peronismo gobernante es responsable, en todas sus variantes, de más ajuste (aunque la vocera Gabriela Cerruti se niegue a usar esta palabra y la reemplace por “orden fiscal”), pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y sometimiento al FMI.

La del peronismo no es la única crisis, la oposición patronal de Juntos por el Cambio vive una similar. En su caso, una pelea a dentelladas por los cargos en un todos contra todos. Un sector de PRO contra otro, PRO contra radicales, halcones de PRO y un sector de los radicales contra palomas de PRO y otro sector radical; la propia interna de la UCR; Carrió metiendo la cuchara y amenazando con “presentarse ella”, y un largo etcétera. La forma en que se expresan esas peleas no es más educada que en el oficialismo. “Conmigo no se jode, la próxima te rompo la cara”, fue el saludo de Patricia Bullrich a un funcionario de Rodríguez Larreta en el acto de presentación del nuevo libro de Macri. Pero las diferencias en Juntos por el Cambio se acaban cuando se habla de programa: ahí todos coinciden en que hay que repetir el ajuste antipopular que realizaron en 2015, pero “más rápido”. Una propuesta antiobrera solo superada por los liberfachos de Milei, que directamente proponen un gobierno al estilo Bolsonaro.

El pueblo trabajador mira todas estas internas con una mezcla de bronca e indiferencia. Lo que realmente preocupa es la continuidad de la inflación, que ya está anualizada al 100% y mucho más alta aún para los alimentos. Un símbolo: el kilo de pan a 500 pesos. Frente a esto, los reajustes salariales corren claramente por detrás, perdiendo frente a la carestía de vida. En la inmensa mayoría de los casos quedan por debajo de la inflación, y encima son otorgados en cuotas.

Ante esta realidad lo auspicioso es que, después del ejemplo de la lucha de los trabajadores del Neumático agrupados en el Sutna, cada vez más sectores del pueblo trabajador responden saliendo a pelear. Los médicos, residentes, enfermeras y concurrentes han provocado una auténtica rebelión contra los salarios de miseria y la precarización laboral. También pelean los docentes en varias provincias. Marcharon y pararon los ferroviarios del Sarmiento. También se produjo la marcha de los autoconvocados de Luz y Fuerza Capital. Estas y otras luchas se dan mientras, por contraposición, las burocracias de la CGT y las CTA siguen firmando paritarias a la baja y apoyando vergonzosamente al gobierno.

El clamor por aumentos de salarios y jubilaciones que equiparen a la inflación real, y que sean reajustados mensualmente según el costo de vida, debe ir acompañado de la exigencia a la burocracia de que abandone su pacto con el gobierno y llame a un paro nacional y un plan de lucha contra el ajuste en curso. Esto es lo que estamos planteando desde el sindicalismo combativo, al que hay que apoyar y fortalecer con el fin de postularlo como una nueva dirección democrática y combativa para la clase trabajadora.

Pero a la vez, la pelea por aumento salarial debe ser parte de algo más amplio, un plan económico obrero y popular que arranque de suspender los pagos de la deuda externa, rompa con el FMI y destine todos los recursos a resolver las más urgentes necesidades de salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda.

Desde Izquierda Socialista estamos convencidos de que hay que resolver el problema de fondo, construir una nueva alternativa política, porque el peronismo, como explicamos más arriba, ya no va más. Es incapaz de resolver ninguno de los problemas del pueblo trabajador. Esta es la salida de fondo que venimos planteando desde el Frente de Izquierda Unidad, llamando a impulsar una fórmula presidencial única para las elecciones del año que viene, por un gobierno de las y los trabajadores y una Argentina socialista.


Escribe José Castillo

Ya estamos a punto de conocer la inflación de octubre. Rondará el 7%, acercándonos al valor anual de 100%. Los precios de la canasta familiar, se sabe, crecieron más aún. Es un secreto a voces que las grandes empresas de consumo masivo aplican abusivos aumentos, pero el gobierno solo inventa programas inocuos mientras deja que siga la carestía.

La vicepresidenta Cristina Fernández ya oficia de comentarista, como si ella no tuviera nada que ver con el gobierno y como si no hubiera sido quien respaldó el ascenso a Sergio Massa a superministro (respaldo que sigue sosteniendo cada vez que se le pregunta). Sin embargo, critica a las grandes empresas de consumo masivo (alimenticias, de tocador y de limpieza) por provocar aumentos desmedidos. Ahora el propio ministro Massa mandó a “investigar” los costos de quince fabricantes de esos productos, y le pidió a las grandes cadenas de hiper y supermercados (cómplices también en la carestía) que rechacen mercaderías con subas mayores al 4% mensual. El secretario de Comercio Matías Tombolini habla de “veinte o treinta grandes compañías formadoras de precios que representan el 65% del consumo masivo”. O sea, todo el mundo sabe de qué se trata esta suba desmedida de precios y quiénes son los ganadores.

Parecería una comedia, sino fuera por cómo afecta trágicamente al bolsillo del pueblo trabajador. Es que desde hace años, los distintos gobiernos vienen amagando con controles de precios que no son tales. Recordemos que durante la presidencia de Cristina, en 2014, se inauguró “precios cuidados”. Un acuerdo que, con idas y vueltas, aún existe. Se agrandó la lista de productos, luego se achicó, se volvió a agrandar y otra vez a achicar. Lo que jamás se hizo fue sancionar a nadie por incumplimiento. Las empresas hicieron de todo: desde hacer desaparecer distintos productos de las góndolas, cambiándolos por otros iguales con algún pequeño cambio (un clásico, los yogures con “más fruta” que reemplazaban al inexistente de precios cuidados), hasta aprovechar cada “vencimiento del acuerdo” para aplicar aumentos por arriba de la inflación.

Hace un año atrás, el entonces secretario de Comercio Roberto Feletti aplicó un “congelamiento” sobre 1.200 productos que nunca existió, ya que nadie lo controló.

Anuncios sobran. Hace un mes atrás el gobierno hablaba de un congelamiento por cuatro meses de una serie de bienes esenciales que tendrían los precios impresos en el envase. Por supuesto, nunca pasó del anuncio.

La nueva figurita se llama ahora “precios justos”. Se habla de congelar por 120 días entre 1.200 y 1.500 productos básicos de marcas líderes. A cambio se les ofrecerá a las empresas acceso preferencial al dólar oficial (a 166 pesos).

Nos animamos a anticipar cómo va a terminar todo esto. “Precios justos”, como todas sus variantes anteriores, va a fracasar. No es muy difícil adivinar el porqué: el hoy vigente “precios cuidados” tiene un cumplimiento de apenas el 50%, según datos del propio gobierno (¡uno de cada dos productos no está en la góndola!). Mientras tanto, el referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque da como gran línea que la gente no compre si los precios son altos, como si ello fuera posible cuando el kilo de pan acaba de alcanzar el valor récord de 500 pesos.

Las patronales y los economistas y periodistas del establishment dicen que estos fracasos se están debiendo a que “los controles de precios nunca funcionaron”. No es así: los controles de precios sí que funcionan, y protegen el bolsillo popular, si se los hace cumplir. En nuestro país contamos con la Ley de Abastecimiento, que permite multar, clausurar, encarcelar y hasta expropiar a quien viole una disposición legal sobre precios, acapare, o provoque desabastecimiento. El problema es que nunca se la aplica. Ningún empresario fue siquiera multado por haber violado alguno de todos estos acuerdos. Es que los gobiernos, este y el anterior, son socios de los negocios de estas patronales. Incluso les autorizan aumento cuando se trata de precios regulados, como en el caso de las empresas de medicina prepaga, o cuando hay una empresa del estado en condiciones de determinar un precio, como hace YPF subiendo “primero” los combustibles, para cubrir a las transnacionales que luego la siguen.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad exigimos un auténtico congelamiento y control de precios de todos los productos de la canasta familiar, con fuertes sanciones para quiénes lo violen. Esto, más un aumento de salarios de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, ajustado mensualmente por inflación, son las medidas más urgentes para defender el bolsillo del pueblo trabajador.  

Escribe Guido Poletti

La burocracia sindical viene maniobrando. Obligada, por la presión de las bases y el desbarranque de la inflación, a exigir reaperturas de las negociaciones paritarias, sostiene en cada caso que “logró empatarle a la inflación” con aumentos anuales cercanos al 100%.

La realidad es bien distinta. Primero, porque solo un puñado de gremios llegó realmente al 100% de incremento en el año, ya que la mayoría está aún en un aumento promedio de 75%. Pero segundo, porque aún los que lo hicieron lo lograron en cuotas, alcanzando ese valor recién a fin de año. O sea, sus salarios fueron perdiendo todos los meses contra la suba de precios, y apenas en el último lo empataron. Si anualizamos los salarios (o sea sumamos todo lo que se cobra desde enero a diciembre), y vemos qué porcentaje de aumento real tuvo esa masa salarial, los valores nos cantarán entre 65 y 70%, lejos, muy lejos, de la inflación de este año.

En otros casos, es peor aún. Los burócratas hablan de 100% incorporando sumas por única vez, bonos, o contando los futuros aumentos hasta marzo, abril o mayo del año que viene, cuando la inflación ya se habrá incrementado unos cuantos puntos de más. Repasemos: sumando bonos, sumas fijas y cuotas, los aceiteros alcanzarán a diciembre un incremento del 98%; los docentes bonaerenses del 94,2%; los de CABA del 91,6%; los bancarios del 94,1%; estatales nacionales 82,2%; transporte 65%; AFIP 93,4%; Plásticos 90%; Camioneros 80% (datos de informe comparado de consultora EcoGo). La pérdida salarial es tan visible que hasta las consultoras que asesoran a las empresas la reconocen. Así, ACM afirma en un informe: “en lo que va del año podemos notar una caída del salario real del 3,45% a nivel general. Para el caso del sector privado no registrado (los trabajadores informales) la caída es del 11,2%”. Como vemos, todo bastante lejos de un aumento “real” del 100%.

Si a los trabajadores privados en blanco les va mal, la realidad es muchísimo peor en el caso de las y los trabajadores del estado, sean de la administración nacional, provincial o municipal, maestros o trabajadores de la salud. Ahí ya ni se disimula que los “aumentos” no llegan ni de lejos a cubrir la inflación del año.

Peor aún le va a los tercerizados, monotributistas o la inmensa masa de trabajadoras y trabajadores que están por fuera de cualquier contratación legal. Muchos de ellos dependen para sus aumentos de lo que suceda con el salario mínimo, vital y móvil, que desde marzo apenas si subió un 75,5%, aunque su valor (57.900 pesos) representa menos de la mitad del costo de la canasta básica, o sea se encuentra en niveles cercanos a la indigencia.

Es urgente pelear por verdaderos aumentos de salario, de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por las y los trabajadores de ATE Indec en 205.000 pesos. Que se actualicen mensualmente por inflación. Tenemos que pelear y exigir a la CGT y las CTA que rompan su pacto con el gobierno y llamen a un plan de lucha para defender nuestro bolsillo frente al ajuste.


Escribe José Castillo

El gobierno sigue “rascando el fondo de la olla” de las reservas. En términos reales, apenas si quedan 4.000 millones de dólares. El superministro Massa se la pasa otorgando privilegios a distintos sectores patronales, ofreciéndoles dólares a precios más altos si ingresan los que obtienen de las exportaciones (así sucedió con el dólar soja en septiembre, con el dólar “Coldplay” para el negocio del espectáculo, con el dólar “tecnológico” para las empresas de servicios informáticos y ahora con el nuevo dólar “economía regional” para las patronales de distintas provincias). O más bajo (al inconseguible valor oficial de 166 pesos) a las importaciones de empresas de consumo masivo monopólico con la incomprobable promesa por parte de estas de que no subirán los precios.

Pero las reservas son un colador. Además de las conocidas maniobras de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones llevadas adelante por todos los sectores patronales, ahora se suman nuevas picardías. Veamos: en lo que va del año la cuenta de servicios de la balanza de pagos muestra un déficit de 8.039 millones de dólares. Esto quiere decir que en este concepto salieron exactamente los mismos dólares que entraron, solo en septiembre, por los privilegios otorgados a los monopolios sojeros. Para comparar, el año pasado, en los primeros nueve meses del año, el mismo rubro de servicios acumulaba un déficit cuatro veces menor (de 2.506 millones de pesos).

¿De qué se trata esa salida en concepto de “cuenta corriente de servicios”? Principalmente de dos rubros: “viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” y “fletes y seguros”.

Veamos el primero: ¿será que, a pesar del encarecimiento de los pasajes y otros gastos, los argentinos siguen haciendo turismo, incluso más que antes? Nada de eso: la trampa consiste en que en la suma de los giros al exterior por pagos de tarjetas se incluye tanto este rubro como el mucho más grande de “compras no presenciales a proveedores del exterior”, efectuadas por las empresas.
Miremos ahora la otra picardía: el saldo de fletes pagados por importadores se multiplicó por tres este año, pero no sucedió lo mismo con las importaciones. ¿Qué pasó? Evidentemente alguien está “sobrefacturando” los fletes, y así consiguiendo ilegalmente dólares al precio oficial de 166 pesos.

El gobierno de Alberto Fernández, Cristina y su superministro Massa, mientras ajusta al pueblo trabajador para cumplir con el FMI, deja que sigan llevando adelante estas maniobras que benefician a los monopolios exportadores, las transnacionales y los pulpos especuladores. Por eso decimos que, al mismo tiempo que debemos dejar de pagar la deuda externa, hay que nacionalizar el comercio exterior y la banca para terminar con todas estas maniobras y que los dólares que entren al país, se utilicen para resolver las más urgentes necesidades populares.     

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