Dec 13, 2025 Last Updated 4:39 PM, Dec 12, 2025


Escribe José Castillo

El acuerdo comercial con Estados Unidos profundiza la entrega de recursos y consolida una semicolonización sin beneficios para el país. Un pacto hecho a la medida del capital yanqui y celebrado por Javier Milei.

El acuerdo comercial dado a conocer por los Estados Unidos es un nuevo salto en el saqueo y la semicolonización de nuestro país. Se trata de privilegios yanquis para profundizar el saqueo de nuestras riquezas.

La Casa Blanca decidió unilateralmente difundir el llamado “acuerdo marco de comercio e inversión bilateral”. Javier Milei, Federico Sturzenegger y Luis Caputo salieron a festejar y a vender que se trataba de un acuerdo “preferencial” con Argentina. No es así. El gobierno yanqui anunció acuerdos marcos bilaterales similares, en el mismo comunicado, con El Salvador, Guatemala y Ecuador.

El texto difundido es 100% favorable a los intereses estadounidenses. Casi todos los párrafos comienzan con “Estados Unidos podrá….”, seguido de privilegios para empresas y sectores yanquis. No hay una sola mención que indique alguna ventaja específica para nuestro país.

El acuerdo abarca aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital. Todo está al servicio de otorgar nuevos privilegios al capitalismo imperialista yanqui a expensas de nuestros recursos.

Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para exportaciones de los Estados Unidos de medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología informática, dispositivos médicos, vehículos automotores y una “amplia gama de productos agrícolas”, incluidos ganado vivo, aves de corral y cerdos.

Se plantean además modificaciones en las leyes de propiedad intelectual y patentes hechas a la medida de los laboratorios y empresas químicas y farmacéuticas yanquis. Del mismo modo, los productos norteamericanos podrán ingresar sin controles de seguridad, higiene ni normas bromatológicas. También se habilita la liberalización absoluta de la transferencia de datos y firmas digitales hacia los Estados Unidos.

¿Queda algo a favor de la Argentina?

El gobierno afirmó que el acuerdo “abrirá un mercado de millones de dólares a nuestro país”. Falso.

Veamos los párrafos que podrían leerse, con mucho esfuerzo, como los “más favorables” para la Argentina: “De conformidad con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos particulares de seguridad económica y de la cadena de suministros, Estados Unidos eliminará aranceles sobre recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas”.

Pero nuestro país debe cumplir requisitos definidos unilateralmente por el gobierno yanqui respecto de la “seguridad económica”. Por ejemplo, los ganaderos norteamericanos podrán argumentar que se pone “en riesgo su seguridad económica” para bloquear el ingreso de carne argentina. El texto incluso habla de abrir el acceso a recursos naturales “no disponibles”, lo que confirma que todo lo que compita con la producción estadounidense quedará prohibido.

En síntesis, lo único que le interesa a los Estados Unidos importar desde Argentina es lo que ya se exporta hoy: combustibles y minerales estratégicos que ellos necesitan.

Merece un comentario especial el párrafo cínico donde nuestro país se compromete a “restringir importaciones de países con trabajo forzoso o donde no se respeten los derechos laborales”, un eufemismo para referirse a China. Una hipocresía absoluta: mientras se usa ese argumento para beneficiar empresas yanquis por sobre las chinas, el gobierno de Milei impulsa una reforma laboral esclavista en Argentina.

Un acuerdo para la semicolonización total

En síntesis: este acuerdo habilita el ingreso irrestricto de productos y empresas yanquis a todos los sectores de nuestra economía, generando una injerencia política y económica sin precedentes, sin ningún beneficio para el pueblo trabajador ni para la economía nacional. Junto con el swap y la virtual intervención del Ministerio de Economía, el Banco Central y la Cancillería por parte de Scott Bessent y el JP Morgan, conforman “el combo perfecto” de lo que Milei llama “la alianza estratégica” (léase: sometimiento total) con el imperialismo yanqui.

¡No al pacto semicolonial! ¡Por la segunda y definitiva independencia!

El ultraderechista Milei pretende llevar la semicolonización del país a un extremo nunca visto. Hay que impedirlo, repudiando este acuerdo y todas las medidas de ajuste y saqueo impulsadas directamente por Milei, Trump y el FMI. Conquistar nuestra segunda y definitiva independencia exige otro programa económico (obrero y popular) que comience dejando de pagar la deuda y rompiendo todos los pactos de coloniaje, políticos y económicos, que nos atan al FMI y al imperialismo yanqui.

Escribe Guido Poletti

Se trata de la visita número 15 en apenas dos años de mandato. Javier Milei, que a muchas provincias sólo las pisó fugazmente en campaña, vuelve a priorizar Estados Unidos por encima de cualquier agenda federal. Otra vez, viaja a la caza de alguna foto con Donald Trump (¿y quizá también con Lionel Messi?), aprovechando el sorteo del Mundial 2026 como excusa diplomática.

Nuevamente asistirá a foros de negocios con empresas transnacionales estadounidenses, promocionando su reforma laboral y fiscal. En la práctica, ofrecerá trabajadoras y trabajadores argentinos más baratos, con menos derechos y con un esquema impositivo reducido para los capitales extranjeros. A esto se suma la apertura irrestricta de recursos naturales, eje permanente de la política económica de su gobierno y una demanda histórica de Washington.

Con este nuevo viaje, Milei continúa teatralizando su sumisión política e ideológica a Trump. No es casual que, igual que Estados Unidos, Argentina haya evitado participar del G20 en Sudáfrica (Joe Biden mencionó objeciones por “discriminación racial contra blancos”, un argumento rechazado por el propio gobierno sudafricano) y mostrara una presencia casi invisible en la cumbre climática de Belém, coherente con el negacionismo ambiental del trumpismo y del propio Milei.

El motivo formal del viaje será el sorteo del fixture del Mundial 2026. Allí Milei terminará aplaudiendo a los directivos de la FIFA, una estructura históricamente alineada con sectores conservadores y denunciada por corrupción en múltiples causas. Vale recordar la ocultación de muertes de trabajadores migrantes en la construcción de estadios para Qatar 2022, documentadas por The Guardian, o la defensa sistemática de la presencia del Estado de Israel en competiciones internacionales pese a las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Milei, que en Argentina utiliza los escándalos, coimas y negociados que rodean a Claudio “Chiqui” Tapia para impulsar la privatización de los clubes a través de las SAD (sociedades anónimas deportivas), no tendrá reparos en convertirse en comparsa de sus socios internacionales. Todo en línea con satisfacer las expectativas de Trump, su operador financiero Scott Bessent, el JP Morgan y el Fondo Monetario Internacional.






Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El gobierno de Jorge Macri salió a celebrar la reciente emisión de deuda de la Ciudad de Buenos Aires, presentada como un “éxito histórico” gracias a la “responsabilidad fiscal” y a la supuesta “confianza internacional”. Pero detrás de ese discurso prolijo se esconde una verdad elemental: cada dólar que hoy se toma prestado será pagado mañana por las y los trabajadores, por las mujeres y disidencias, por las juventudes, por las infancias y por los sectores más vulnerados de nuestra ciudad.

No es casual que el gobierno porteño festeje haber recibido ofertas por casi el triple de los 600 millones de dólares buscados. Los fondos internacionales no son filántropos: apuestan porque saben que gobiernos como el suyo (alineados con el ajuste que impulsa Javier Milei) garantizan el pago de la deuda a costa de recortar derechos y presupuesto para políticas de seguridad social. Y así como el jefe de Gobierno acompaña cada medida nacional de agresión a las mayorías, ahora se prepara para profundizar el ajuste local bajo el argumento del “endeudamiento responsable”.

Mientras Macri presume de tener “el menor nivel de deuda en doce años”, en los hospitales faltan insumos, en las escuelas se caen los techos y miles de familias siguen sin acceso a una vivienda digna. ¿De qué sirve endeudarse si no existe un solo plan serio de construcción de viviendas populares? ¿Para quién son esas obras que supuestamente “cambian la vida” de los porteños?

La respuesta es evidente: la deuda no financia derechos, financia negocios. Y, encima, se reprime a quienes se organizan para defenderlos. La Ciudad gobernada por Macri fue, en estos dos años, la punta de lanza de la represión policial contra docentes, trabajadores y movimientos sociales, siempre en sintonía con la motosierra de Milei.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo decimos con claridad: rechazamos la toma de nueva deuda porque significa más ajuste hoy y más desigualdad mañana. La salida no es endeudarnos para beneficio de los mercados, sino poner esos recursos al servicio de la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. En la ciudad más rica del país no falta dinero, hay que invertir las prioridades al servicio de quienes la sostienen todos los días, las trabajadoras y trabajadores.

 

Escribe Mariano Barba

A un mes de la derrota electoral, la crisis interna del peronismo se profundiza. El debate interno muestra una gran dispersión de sectores y choques que se manifiestan públicamente, sin una salida a la vista. El desastroso gobierno de Alberto Cristina y Massa profundizó la debacle. 

En medio de esta crisis, surge la pregunta: ¿En el peronismo están discutiendo cómo encabezar la resistencia contra las medidas de ajuste de Javier Milei o se trata de una pelea por el control del aparato mientras negocian con el gobierno? En la nueva composición del Congreso, el peronismo quedó con 97 diputados, varios de los cuales ya se encaminan a formar bloques separados. 

Algunos de sus gobernadores abren negociaciones por el presupuesto nacional tratando de arañar fondos para sus provincias. Es el caso de los gobernadores del “Norte Grande”, que se reúnen por separado para negociar directamente con el ministro Diego Santilli. Así actúan Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Sus senadores y diputados pueden ser claves para aprobar el presupuesto del ajuste y las reformas laboral y tributaria.

Por otro lado, están los cuatro gobernadores peronistas que no firmaron el Pacto de Mayo, pero que ahora reclaman ser atendidos por Santilli. Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) -quien declaró que Cristina “lo tiene harto”, Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Estos últimos, junto a Sergio Ziliotto (La Pampa), se coordinan por fuera de la tutela de Cristina en otra batalla por el control del aparato del Partido Justicialista.

La principal pelea tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo encabezado por Máximo Kirchner y Cristina choca con Kicillof. En esa interna interviene Sergio Massa, que busca mediar para reposicionarse como posible candidato presidencial en 2027.

¿El peronismo es la salida? 

En este marco de división interna, las distintas alas del peronismo no ofrecen ninguna alternativa al servicio de las y los trabajadores. Si nos llevamos por sus discursos, siguen manifestando que son opositores a Milei, y lo enfrentaron electoralmente con frases fuertes. En cambio, si los analizamos por la política práctica que llevaron adelante en los dos primeros años del gobierno ultraderechista, vemos que primó la negociación y no el apoyo a las luchas; y varios gobernadores peronistas, a través de sus parlamentarios, dieron quórum y votos para aprobar la Ley Bases de Milei. Con un agravante, la CGT, que responde al peronismo, luego de cada paro, se mandó a cuarteles de invierno, afectando la continuidad de las luchas y reclamos de la clase trabajadora.
 
Con la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre, Milei va a apretar el acelerador para que pasen varias reformas anti derechos. ¿Qué hará el peronismo? Cristina critica a Milei todos los días, pero al mismo tiempo ya expresó que hay que “rever el rol del Estado” y “actualizar” las relaciones laborales. Y Kicillof, el principal gobernador justicialista, anunció un presupuesto para 2026 con salarios de pobreza y pidiendo un nuevo endeudamiento por 3 mil millones de dólares para beneficiar a empresarios amigos. Mientras tanto, Juan Grabois, que se presenta como la “pata izquierda”, permanece dentro del peronismo defendiendo a Cristina como su referente indiscutible. Y la CGT sigue priorizando el pacto con el gobierno y no organizando la pelea contra las reformas. El peronismo y sus distintas alas ya no son salida ni alternativa para cambios profundos en un país totalmente en crisis. 

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, proponemos, un plan económico obrero y popular de emergencia, opuesto a la motosierra de Milei y al ajuste de los gobernadores. Un plan que empiece por dejar de pagar la deuda al FMI y a los buitres acreedores, terminar con los despidos, recuperar las empresas privatizadas y garantizar que la explotación de las riquezas quede en el país. Seguiremos junto a la clase trabajadora apoyando sus luchas e invitándolos a sumarse a la construcción de esta alternativa socialista.

Escribe Pablo Delverde

El fútbol profesional argentino no deja de sorprender con escándalos. Con su lógica de verticalismo extremo, muchos de ellos están ligados a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su hombre fuerte, el tesorero Pablo Toviggino, operador político y disciplinario del Consejo Federal.

El Comité Ejecutivo resolvió sorpresivamente entregar el título de campeón de la Liga Profesional 2025 a Rosario Central por haber terminado primero en la tabla anual. La tensión aumentó cuando los jugadores de Estudiantes de La Plata, obligados a hacer un “pasillo de honor”, decidieron darle la espalda al ingreso del equipo rosarino en señal de protesta.

Este episodio expuso la acumulación de arbitrajes polémicos y fallos disciplinarios que, desde la Primera C y el Torneo Federal hasta la Liga Profesional, se repiten semana a semana. El caso Barracas Central es un ejemplo estructural: un club históricamente menor que escaló categorías al ritmo de decisiones que generaron sospechas en todo el fútbol argentino.

Además, en las últimas semanas, la financiera Sur Finanzas (señalada como cercana al entorno dirigencial) quedó bajo investigación de la DGI por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Habría movido 818 mil millones de pesos por fuera del sistema bancario mediante operaciones con identidades sin capacidad económica real. Sur Finanzas, además, se había convertido en sponsor de clubes de primera y del Ascenso, así como de la Liga Profesional, consolidando un vínculo entre negocios poco claros y la estructura del fútbol profesional.

¿Hay dos bandos frente a este problema?

La crisis actual del fútbol argentino aparece como un punto de supuesto enfrentamiento  entre el gobierno nacional ultraderechista y la conducción de la AFA. Pero ambos plantean modelos de poder con consecuencias profundas para el deporte que es pasión de multitudes.

Por un lado, la estructura Tapia-Toviggino, sostenida en un modelo mafioso con falta de transparencia y un sistema de favores que concentra el poder en una o dos personas. Una conducción que opera sin ningún mecanismo democrático y que sostiene vínculos económicos absolutamente turbios.
Por el otro, están los sectores que impulsan una mayor privatización del fútbol a través de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) incluido el gobierno de Milei. Presentadas como una modernización necesaria, las SAD buscan abiertamente convertir clubes sociales en empresas, abrir la puerta a grupos económicos y desmantelar el carácter popular del deporte.

Ambas caras representan un mismo riesgo: una profundización en la ya existente mercantilización del fútbol argentino. Mientras un sector funciona bajo una lógica de poder mafioso y verticalista, el otro propone entregar los clubes a fondos privados y grandes empresarios.
Queda claro que ninguno de estos dos modelos sirve para hacer avanzar ni al fútbol ni al deporte, que son una inmensa pasión popular de masas en nuestro país.





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