La más que repudiable violencia de género del ex presidente peronista Alberto Fernández contra Fabiola Yañez sacó de la primera plana de los medios de comunicación la continuidad del feroz ajuste de Javier Milei y su plan motosierra. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sinceró: “estos episodios nos dan tiempo”. Para seguir ajustando salvajemente, agregamos nosotros.

Mientras todos los días salen números que reflejan la auténtica hecatombe social que viene provocando la política de La Libertad Avanza (LLA) (70% de niños pobres, 1,5 millones que se saltean una comida al día, medio millón de puestos de trabajo perdidos, caída récord de la economía al nivel de la pandemia, etcétera) también sale a la luz el “para qué” de este ajuste. No es cierto que “ya tocamos fondo” y que ahora “viene la recuperación salarial y el crecimiento”, como nos  mienten Milei y su ministro Luis Caputo. El ajuste está al servicio de cumplir con los pagos de deuda, tanto a los acreedores privados como al FMI. Para pagarle a estos buitres usureros vale todo, desde rematar nuestras riquezas vía el RIGI hasta sacar 1.500 millones de dólares de oro físico al exterior, para ofrecerlo como garantía a cambio de un nuevo préstamo (llamado REPO), que se usará para abonar los próximos vencimientos, en la bola de nieve sin fin del endeudamiento.

Esto es llevado adelante por un gobierno ultraderechista que, además, refuerza y pone una millonada para financiar la nueva SIDE, y tiene un grupo de legisladores y funcionarios dedicados a hacer las mil y una maniobras para liberar de la cárcel a los genocidas de la dictadura.

¿Se trata de un gobierno fuerte y sin fisuras, que por eso puede ir haciendo pasar el ajuste? De ninguna manera, crecen la bronca y las luchas y se siguen sumando los arrepentidos de haber votado a Milei. Todo en el marco de un gobierno sumido en sus propias internas, como la que protagonizan el propio presidente contra su vice, Victoria Villarruel.

Pero la fortaleza de LLA se apoya en la debilidad y crisis de quien aparece como la principal oposición patronal: el peronismo.

Es que todo lo que explicamos más arriba sucede mientras, al mismo tiempo, millones contemplan horrorizados la violencia de género ejercida contra Yáñez. Que tiene como uno de sus efectos un peronismo que profundiza su crisis, al no poder dar excusas: fue la propia Cristina la que puso a Alberto como presidente, fueron sus funcionarios y funcionarias las que se callaron ante lo que pasaba. Es el mismo peronismo que tiene a un Axel Kicillof que compartió actos con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, también acusado, en su caso directamente de abuso sexual y violación. Un peronismo que ya venía con la mochila de haber perdido las elecciones por ser responsable de su propio ajuste, el llevado adelante por Alberto, Cristina y Massa en el gobierno 2019-2023 para cumplir con el FMI. Que este año, mientras denuncia y se opone formalmente a las políticas de Milei, le ha otorgado, por medio de sus dirigentes sindicales, la burocracia de la CGT y las CTA, una auténtica tregua al gobierno, permitiendo que siga avanzando el ajuste. Y que ahora recibe este auténtico mazazo, que demuestra que sus políticas en defensa de las mujeres y disidencias no eran más que doble discurso, de utilidad electoral.

¿Qué hacer? Es la pregunta que escuchamos en los lugares de trabajo, estudio y en los barrios populares. Porque mientras Milei sigue avanzando con su plan motosierra, el peronismo demuestra, hoy más que nunca, que ya no es una alternativa para el pueblo trabajador, para las mujeres, para la juventud y para los que quieren salir a pelear contra el ajuste.

La salida pasa por otro lado. Sin duda, se trata de apostar a una nueva alternativa política. La que hace años venimos construyendo desde el Frente de Izquierda Unidad. Que opone al ajuste un programa económico alternativo, obrero y popular. Pero que, por sobre todo, afirma que la solución es que, de una vez por todas, gobiernen los que nunca lo hicieron, los que no tienen complicidad con el actual estado de cosas: las y los trabajadores y la izquierda. Iniciando el camino hacia una Argentina socialista. Que, para que quede claro, no tiene nada que ver con lo que Milei llama “socialismo” ni con el régimen de hambre y represión  del dictador Maduro. Un socialismo en cambio, que será con democracia para las y los trabajadores y pondrá todos los recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares. 

Con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, Ismael Jalil, de la Correpi y activista de la causa palestina, el “Pollo” Sobrero, organismos de derechos humanos, sindicales y políticos.

27 de agosto, 15hs, en la seccional Gran Buenos Aires - Oeste (Constitución 218 - Haedo)

Escribe José Castillo

El astronómico incremento del boleto de transporte en el AMBA es un auténtico mazazo al ya castigado salario de las y los trabajadores. A eso se suma los anuncios de nuevos aumentos para el mes que viene.

La escena se repite a cada rato: pasajeros que, desesperadamente, tratan de saltar molinetes porque no tienen más crédito en la tarjeta SUBE, gente que en el colectivo pide por favor si alguien le puede pagar el pasaje (o a veces que el chofer los lleve gratis). Y también la contrapartida: extraños personajes vestidos “de negro”, con saco y corbata, parados sin identificación en casi todas las estaciones del Subte, contratados ilegalmente por EMOVA, con el objetivo de evitar que alguien se cuele.

¿Qué hay detrás de todo esto? Las consecuencias de un nuevo tarifazo en el transporte público (tren, colectivos y subte) de Capital y Gran Buenos Aires. Para medir sus consecuencias, recordemos que la inmensa mayoría de las y los trabajadores toman dos medios de transporte para llegar a su lugar de trabajo o estudio (o sea, cuatro por día), un presupuesto imposible de solventar. Ya se escuchan testimonios de personas que, con trabajos informales, hacen cuentas y dicen que ni siquiera les conviene ir a trabajar, ya que gastan más de lo que ganan. Que hoy nos refiramos a este hecho que afecta al AMBA no quiere decir que el resto del país esté mejor, simplemente allí los tarifazos se dieron antes y el boleto es igualmente impagable.

En el caso del AMBA, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el costo del boleto mínimo aumentó un 600% en sólo ocho meses de gestión.

El último aumento, vigente desde el 12 de agosto, fue del 37%. Un auténtico mentís a la propaganda del gobierno de que “se acabó la inflación”. A todo esto se suma el anuncio del gobierno de Milei de que, a partir de septiembre, dejará de subsidiar totalmente el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires (lo que anticipa un nuevo aumento). El gobierno también informó que en breve se podrá pagar el boleto con cualquier medio de pago (billetera virtual, tarjeta de débito o crédito), lo que implica, al quitarle ese rol a la tarjeta Sube, que desaparecerán los descuentos por combinar dos o más viajes consecutivos, otro golpe al bolsillo.

¿Hasta dónde llegará el ajuste?

El gobierno ultraderechista de Milei avanza con su superajuste al servicio de incrementar las ganancias de las grandes patronales, los especuladores financieros, los buitres de la deuda y el FMI. Ya pulverizó los salarios y las jubilaciones. Provocó medio millón de despidos. Generó una recesión que liquidó los ingresos de los que viven de changas o de ocupaciones informales. Ahora se apresta a reglamentar una flexibilización laboral furiosamente antiobrera. Les aumentó los impuestos a las y los trabajadores (con la restitución a descuentos por “ganancias” para los salarios) y se los bajó a los ricos y a las empresas. Liberó los alquileres, que pegaron saltos astronómicos, al igual que las prepagas y los medicamentos. Todo esto mientras desfinancia a límites extremos la salud y la educación públicas y habilita el saqueo de los recursos naturales con el RIGI.

No hay salida con este programa. Es mentira que, en algún momento, más cercano o más lejano, vendrá una recuperación que favorecerá al pueblo trabajador. Si dejamos que avance, la realidad será cada vez peor.

Por eso, al mismo tiempo que salimos a pelear contra todas y cada una de las medidas de este ajuste, reclamando a la CGT que rompa su pacto desmovilizador y llame a un nuevo paro general y un plan de lucha, tenemos que oponer otro programa económico, como el que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Que sea realmente alternativo, obrero y popular, opuesto por el vértice al actual. Que empiece por suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa, que rompa con el FMI, que les cobre fuertes impuestos a los ricos y las grandes empresas, que nacionalice la banca y el comercio exterior y reestatice las privatizadas. Para así, con todos esos recursos en nuestras manos, ponerlos en marcha para resolver las más urgentes necesidades populares: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino para todos y fondos para salud, educación y vivienda.

Escribe Guido Poletti

El dato de Unicef es aterrador: en nuestro país 1,5 millones de niñas y niños se saltean una comida al día porque sus padres y madres no tienen dinero para comprar alimentos.

Un dato de esta magnitud nunca se había reflejado en toda la historia argentina. Es la contracara de los números dados a conocer la semana pasada, que mostraba que  el 70% de les niñes aparecían bajo la línea de pobreza y el 30% bajo la de indigencia.

Todo esto resulta de una suma de factores, todos consecuencia obvia del superajuste de Milei. Primero y principal, la caída en picada de los salarios, que deja a millones de familias sin poder adquirir lo más básico de la canasta familiar. Agreguemos a esto que hay medio millón de personas que directamente perdieron sus ingresos al ser despedidas. La recesión hace que también quienes viven de changas o trabajos informales vean reducidos extremadamente sus ingresos.

Claro que a esta realidad le debemos sumar el desmantelamiento de todas las redes de ayuda social, empezando por el desfinanciamiento de miles de comedores populares, a los que desde la asunción del gobierno de Milei ya no les llega dinero ni comida.

El hambre y la desnutrición infantil son la peor cara, la más cruel, del plan que lleva adelante el gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza. Otro motivo que hace más urgente que nunca que la CGT y las CTA rompan la tregua, lancen un nuevo paro general y un plan de lucha para enfrentarlo.

Escribe José Castillo

Se viene la reglamentación de la reforma laboral que fue votada en la Ley Bases. Se trata de una auténtica declaración de guerra contra la clase trabajadora. Su intencionalidad es clara: barrer con la legislación laboral que se ganó con décadas de lucha.

Todo, absolutamente todo, es a favor de las patronales y contra las y los asalariados. Veamos:

Se extiende el período de prueba a 6 meses (y a 8 para empresas de 6 a 100 trabajadores, e incluso hasta un año para patronales con entre uno y 5). Toda una invitación a emplear y despedir a los pocos meses sin pagarles un peso, como material descartable.  

Se eliminan las sanciones de todo tipo (infracciones, multas, acciones penales, intereses punitorios por sanciones anteriores no pagadas) a las patronales que violaron la ley teniendo trabajadores en negro.
A las y los trabajadores que estaban contratados en negro por sus patronales y ahora sean blanqueados, sólo se le considerarán hasta cinco años de aportes (si venían trabajando en esas condiciones desde más tiempo, pierden todo ese período). Peor aún, esos cinco años no se considerarán para el cálculo del haber inicial jubilatorio.

Se les da más herramientas a las patronales para desconocer la relación de dependencia y de esa manera evitar pagar indemnización por despidos. Así, quedan expresamente fuera de la ley de Contrato de Trabajo, los contratos de obra, de servicios y de agencias. Además, si el empresario está inscripto como monotributista, podrá contratar hasta tres empleados como “colaboradores”, sin que eso se considere relación de dependencia (y, obviamente, podrá despedirlos gratis cuando lo desee).

Se habilita además a que, en acuerdo con la burocracia sindical, se pueda cambiar el régimen de despidos de la ley de Contrato de Trabajo por el “fondo de cese laboral”, similar al que tiene la Uocra actualmente.

Se facilita despedir a trabajadoras y trabajadores por discriminación. Bastará pagar unos centavos más de indemnización, pero se deroga la legislación actual, donde en esas situaciones la justicia podía declarar nulo el despido y obligar a la reinstalación del trabajador en su puesto.

Se avanza con toda una legislación antisindical y de recorte del derecho a huelga, ya que se considerará justa causa de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos.

En síntesis, el gobierno ultraderechista de Milei muestra, con esta reglamentación, su peor cara pro-patronal y a favor de la superexplotación. Habrá que salir a dar pelea para impedir que esto se ponga en marcha.