Escribe Guido Poletti

A fines del año pasado, Javier Milei le regaló un libro a todo su gabinete, que apareció mostrándolo mientras posaban para la foto. Se trata de Defender lo indefendible, del economista libertario Walter Block. El texto, publicado originalmente en 1976 y reeditado en 2018, propone legalizar actividades como el proxenetismo, la usura, el trabajo infantil y toda una larga serie de prácticas aberrantes.

Bajo el falso argumento del “consentimiento” y “la libertad”, Block, y Milei que lo promueve, plantean que actividades que hasta hoy el más mínimo acuerdo moral definiría como intolerables pasen a ser “legales”. Así, un padre podría emplear a su hijo menor de edad, y sería legal tanto para el padre como para el patrón. También un traficante de armas o de trata de personas estaría habilitado, con la sola demostración de que existe algún tipo de “acuerdo” entre las partes para llevar adelante la transacción. Lo mismo ocurriría con cualquier tipo de relación entre mayores de edad y menores.
Block llega incluso a justificar que el chantaje y la extorsión deberían ser legales, ya que se trataría de un simple “acuerdo de partes”: uno se compromete a no revelar algo, a cambio de que el otro le pague.

Hace dos años, durante su campaña presidencial, el ahora mandatario llegó a decir que estaba a favor de legalizar la venta de órganos. También sostuvo que los padres serían libres de mandar a sus hijos al colegio o enviarlos a trabajar, e incluso se llegó a plantear la posibilidad de venderlos. Del mismo modo, defendió que se podría privatizar la fauna oceánica, como en el ejemplo de las ballenas que aparecen en Puerto Madryn. Muchas compañeras y compañeros pensaron entonces que se trataba de una exageración que nunca se iba a plantear seriamente.

Sin embargo, el presidente ultraderechista, el mismo que hace un año sostuvo que las diversidades sexuales eran pedófilas, terminó 2025 recomendando a su gabinete la lectura del libro de Block y haciendo propaganda de esas ideas. Milei va por “lo indefendible”. No tiene límites si no lo paramos. Por eso este sábado nos movilizaremos, a un año de la primera marcha antifascista. Y en los próximos días también debemos hacerlo contra la reforma laboral. A la ultraderecha sólo podrá derrotársela con la movilización popular en las calles. 

Escribe Guido Poletti

El presidente ultraderechista Javier Milei quiere copiar a Donald Trump como un espejo. Por eso lanzó un conjunto de operativos intimidatorios contra la población migrante, a la vez que se registró un récord de expulsiones. 

Busca así, patéticamente, replicar los repudiables y fascistas métodos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en los Estados Unidos. 

Mientras en los últimos meses se dio un récord de inadmisiones en los pasos fronterizos y expulsiones, con un número de 5.000 personas entre diciembre y enero, ya han comenzado los operativos intimidatorios en los barrios populares. Tanto los datos de las personas no admitidas como expulsadas, como los detalles de los operativos, son comunicados como grandes éxitos de gestión, en un video oficial de la propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Así, la semana pasada se dio un espectacular operativo intimidatorio por parte de agentes de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal en una feria de Villa Celina (La Matanza), donde, mientras se filmaba y viralizaba por los medios, se intimó a 16 personas a regularizar su situación bajo amenaza de ser expulsados del país. Además, también se detuvo a otras cuatro personas de nacionalidad boliviana bajo la acusación de “administración ilegal de puestos”. Todo mientras, en forma absolutamente ilegal, se detenía arbitrariamente a personas por su aspecto étnico. Así, las fuerzas que realizaron ese operativo de saturación interceptaron de manera sistemática a todo aquel que, casualmente, presentara “piel morena y rasgos originarios” (tal fue la orden que se dio a los agentes), sin que mediara sospecha alguna de actividad delictiva previa. En un despliegue que incluyó equipamientos con datos biométricos se forzó la identificación de 458 personas, 369 de ellas extranjeras. A pesar de que sólo lograron encontrar 16 en situación irregular, el gobierno estigmatizó al conjunto, realizando un enorme despliegue intimidatorio al mejor estilo ICE.

Estas acciones están en el marco de la decisión del gobierno, en noviembre del 2025, de pasar la Dirección Nacional de Migraciones desde el Ministerio del Interior, hacia el Ministerio de Seguridad. La primera consecuencia de este traspaso fue la creación de una área autónoma de “seguridad migratoria”.

No hay que dejar pasar estos hechos. Hay que repudiarlos como lo que son: un accionar fascista que busca, con su copia de lo que hace Trump, dar otra señal de sumisión a las políticas del amo del norte.

Escribe Hugo Iglesias, dirigente de Izquierda Socialista Tierra del Fuego

Javier Milei avanza en la carrera por someter la soberanía de nuestro país al servicio de las exigencias de Donald Trump, quien busca controlar el cruce bioceánico y la Antártida. Al mismo tiempo, profundiza sus compromisos geopolíticos con el gobierno de Estados Unidos, aceptando integrar el fraudulento Consejo de Paz para legitimar el genocidio y la colonización de Gaza. Por eso puso el pie en el acelerador para avanzar sobre Tierra del Fuego, en función de esos compromisos con el imperialismo.

En la madrugada del 21 de febrero, fuerzas de la Prefectura Naval ocuparon el puerto de Ushuaia para dar paso a la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), suspendiendo su habilitación por un año, con posibilidad de prórroga. La excusa fue una fallida ley del Consejo Provincial que pretendía disponer fondos del puerto, superavitario, para pagar deudas de la obra social. La reacción en contra evitó que esos fondos se usaran, pero, como se trataba de un pretexto, la intervención se produjo igual.

Lo verdaderamente importante es que el puerto de Ushuaia es un objetivo apetecible para Milei, los empresarios y las potencias extranjeras. Algunos quieren privatizarlo por su alta rentabilidad para el turismo internacional. Otros buscan disponerlo para fines geopolíticos, con vistas al control de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur, incluida Malvinas.

En los últimos días, el gobierno dispuso el traspaso de las bases Carlini y Brown, que tienen funciones científicas, desde la Cancillería al Comando Conjunto Antártico (Cocoantar), dependiente del Ministerio de Defensa. Ambas bases forman parte del Programa Antártico para la investigación ambiental y climática, además del apoyo logístico a la presencia de nuestro país. Científicos e incluso ex militares de estas misiones señalan que el traspaso atenta contra esos objetivos.

El personal apostado en esas bases venía advirtiendo que el desmantelamiento de recursos, producto del ajuste del Estado nacional, estaba poniendo en peligro su funcionamiento. Esto podría ser parte de una estrategia para justificar el traspaso.

Cabe señalar que desde 1959 el Tratado Antártico internacional impide el uso militar de ese territorio. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri dispuso el pase de la mayoría de las 13 bases argentinas al Cocoantar, dejando solo las dos señaladas para fines científicos. Milei hoy cierra el círculo.
Fuentes no oficiales han manifestado que el Ministerio de Defensa no tiene recursos para afrontar este nuevo objetivo. Entonces, ¿a qué responde la medida? ¿Quién sí tiene los recursos para sostener o desmantelar estas bases?

No podemos olvidar las dos visitas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, y la conferencia sudamericana de Defensa realizada en nuestro país en 2025, donde se estableció el compromiso de trabajo conjunto para “defender el Atlántico Sur” del supuesto “peligro de China en la región”. En noviembre de 2025, producto de estos acuerdos, se realizaron actividades conjuntas de las fuerzas navales argentinas con las estadounidenses en la base militar de Ushuaia.

A esta avanzada militarista se suma la ofensiva de Milei para destruir la economía de la isla y desalentar la permanencia de su población. En noviembre de 2025, el gobierno nacional redujo la obligatoriedad del 70% al 30% de las partes nacionales que componen un celular, favoreciendo a los importadores y afectando el empleo.

En enero, la fábrica Newsan ya despidió a 150 trabajadores. Las plantas de Mirgor avisaron a las y los contratados que este año no van a trabajar. También a quienes están bajo el formato PPD (Prestación Personal Discontinua) no les dieron fecha de ingreso.

El 15 de enero entró en vigencia el decreto 333/2025, que reduce a 0% los aranceles de importación. Este decreto había sido suspendido en mayo pasado, luego de una huelga general de los metalúrgicos que culminó con un paro provincial, una verdadera pueblada. La medida pone en peligro más de 6 mil puestos de trabajo industriales y varios miles más que esta industria derrama en servicios y comercio.

En enero, por resolución 20/2026, la Secretaría de Comercio e Industria eliminó la obligación de las empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial de la Ley 19.640 de destinar el 15% de los impuestos exentos al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). Este fondo debía servir para generar empleo e infraestructura que permitieran reconvertir el sistema productivo y volverlo sustentable durante el período de prórroga de la ley, que vence en 2030.

Desde su creación, el fondo no se utilizó. Recién el año pasado grandes empresarios, como Rubén Cherñajovsky (Newsan) y Nicolás Caputo (Mirgor), presentaron proyectos que los benefician, sin retorno y sin crear nuevas fuentes de empleo.

Desde el Frente de Izquierda Unidad se presentó un proyecto en octubre de 2025 para que el fondo fuera provincializado y puesto bajo control de un directorio con mayoría de trabajadores y vecinos, de modo que sirviera a un plan de sustentabilidad económica que defendiera el empleo.
La liquidación de este fondo ahoga aún más al gobierno provincial del peronista Gustavo Melella, que ha demostrado su inutilidad para resolver la crisis financiera. No recompone los salarios estatales. La obra social provincial (OSEF) afronta graves problemas presupuestarios y los hospitales públicos están colapsados. Todo esto pronostica una crisis cada día más aguda. Pero la población de la isla ya está retomando la experiencia del paro provincial de mayo pasado contra el decreto de aranceles cero. Y con las y los portuarios a la cabeza, comenzó la resistencia.

Docentes y estudiantes contra la reunión con los senadores yanquis

El 25 de enero un avión de la fuerza aérea estadounidense aterrizó en Ushuaia con una comitiva de senadores con supuestas preocupaciones por atender a la crisis climática y ambiental de la región. Docentes y el Centro de estudiantes de la sede de Río Grande de la Universidad de Tierra del Fuego rechazaron la presencia de científicos del Conicet (a título individual) y de la Universidad (a título oficial) en las reuniones con estos representantes de un gobierno negacionista de los problemas ambientales y cuyos fines no son sino colonialistas.

Escribe Agustín Cazeaux, Presidente del Centro de Estudiantes de Río Grande de la Universidad de Tierra del Fuego

En reclamo contra el cese de la intervención y el derecho a trabajar de los casi 130 empleados, los portuarios se movilizaron este 3 de febrero a las puertas de la Dirección del puerto de Ushuaia y los estudiantes los acompañamos en la guardia diaria como desde el principio de la lucha.
La convocatoria impulsada por 50 organizaciones como la Confederación General del Trabajo (CGT) Ushuaia y los principales sindicatos y organizaciones sociales y políticas se congregaron para solidarizarse con los portuarios.

Como representante del Centro de Estudiantes de la sede de Río Grande de la Universidad de Tierra del Fuego (UNTdF) y de la Agrupación Unión Resistente de Estudiantes Fueguinos (UREF), pude reclamar en la asamblea contra la ofensiva del Gobierno nacional para destruir el empleo en la isla.
Durante mi intervención lo más aplaudido fue el reclamo de un paro nacional el día que se trate el proyecto de reforma laboral esclavista y la necesidad de hacer crecer la solidaridad y unidad de obreros y estudiantes.

Con la necesidad manifiesta de organizar un verdadero plan de lucha para derrotar la reforma y la intervención del puerto, desde la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) se realizó una colecta para pagar los gastos de transporte para poder llegar con las banderas que viajaron desde Río Grande.
En la asamblea también hablaron Oscar Martínez de la UOM de Río Grande, Horacio Catena de SUTEF, Ramón “Moncho” Calderón de la CGT de Ushuaia, Claudia Etchepare de ATSA, Roberto Murcia de la Dirección provincial de Puertos y el veterano de Malvinas Héctor Horacio Chávez.

Escribe Marcela Almeida, miembra de la Junta Interna ATE Indec

El lunes 2 de febrero, al llegar al Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) nos encontramos con la noticia de que había renunciado su director, Marco Lavagna.  Y la sorpresa fue mayor cuando nos enteramos de que la razón habría sido que el gobierno no le permitía publicar el nuevo índice para medir la inflación.

Pese a los compromisos anunciados frente al Congreso de la Nación y en el calendario del organismo, el Ministerio de Economía vetó la actualización del Índice de Precios al Consumidor que se iba a comenzar a publicar este 10 de febrero. Esta actualización incluía la nueva canasta de bienes y servicios que se usa para medir la inflación mensualmente y sus ponderaciones (los pesos que cada artículo tiene en el número final).

Lejos de ser una cuestión menor para las y los  trabajadores, esta intromisión del gobierno en el índice de precios impacta de lleno en los bolsillos populares. El IPC se utiliza para negociaciones paritarias o jubilaciones, por lo que siempre hemos defendido tener la mejor medición posible.
Desde la junta interna de ATE Indec venimos señalando que desde principios del año 2025 estaban las tareas concluidas para actualizar el IPC. Sin embargo, con el argumento de que era “año electoral” las autoridades se negaron a hacerlo. 

Ahora, Milei y sus voceros Caputo y Adorni, esgrimen argumentos técnicos que resultan ridículos. Quieren esperar a que “se consolide el proceso de desinflación” o que la inflación llegue a cero. Hablan de la supuesta incomparabilidad de los datos. Esto no resiste el menor análisis. Si la inflación tendiera a la baja como dice el gobierno se notaría con cualquier metodología y en los bolsillos de la población. Contrariamente, en los últimos meses la inflación no para de subir. ¡Lo único que se “desinfla” son nuestros salarios! Los trabajadores estatales nacionales hemos perdido cerca del 30% de nuestro poder adquisitivo desde que llegó Milei al gobierno. Eso quiere decir que sólo podemos comprar un 70% de lo que adquirimos hace 2 años. Y los alquileres, las tarifas y el transporte no paran de subir…

Por ello denunciamos que lo que buscan es esconder el ajuste que tienen planeado para este año a través de la quita de subsidios a servicios públicos, que con las nuevas ponderaciones más altas para los servicios, iban a redundar en un IPC anual sensiblemente más alto.

Por eso nos oponemos a esta manipulación y señalamos el peligro que se corren con la calidad y credibilidad de los futuros índices. Señalamos que la única salida posible es un Indec independiente de los gobiernos de turno, donde los trabajadores del organismo seamos quienes definimos las metodologías sin injerencia de los políticos patronales.