Escribe Mercedes De Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El periodista Hugo Alconada Mon publicó una investigación en el diario La Nación (25/05/25) donde reveló el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que habilitaría al gobierno a permitir que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) pueda espiar a periodistas, economistas, opositores políticos y cualquier persona que opine distinto o haga críticas. El Plan incluiría supuestas tareas de espionaje interno sobre quienes busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública. Además, reafirma el alineamiento geopolítico del gobierno de Milei con Estados Unidos e Israel, a quienes se señala explícitamente como aliados prioritarios.

El periodista explica que el nuevo PIN, de “170 páginas llenas de generalidades, zonas grises y ambigüedades”, habilitaría a la SIDE a perseguir, según se pregunta, “a expertos, periodistas y ciudadanos que cuestionen los operativos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, para evitar los cortes de tránsito frente al Congreso durante las marchas a los jubilados”, o a “fenómenos derivados de la pobreza y la desigualdad. ¿Quedarían algunas organizaciones sociales bajo la lupa de los espías?”, señala.

Ante semejante escándalo, el gobierno admitió la existencia del PIN, pero amenazó con que su difusión implicaría un delito federal. Todo ello mientras el periodista Alconada Mon denunció en sus redes sociales intentos de hackeo y persecución. Sin embargo, el gobierno no puede ocultar que todo esto ocurre mientras la SIDE acaba de recibir otros 25.250 millones de pesos, elevando su presupuesto total para este año a 80.872 millones de pesos, según datos del Ministerio de Economía y el Boletín Oficial. De ese total, 13.436 millones de pesos corresponden al rubro de los oscuros “gastos reservados”, a disposición del espionaje y la persecución de opositores.

Nos solidarizamos con el periodista Alconada Mon ante los ataques recibidos y nos manifestamos por la total libertad de expresión. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, seguiremos luchando por la disolución de la SIDE, de todos los organismos de inteligencia y servicios secretos, y sus “gastos reservados”, los denominados “sótanos oscuros” de esta democracia capitalista.

Escribe Atilio Salusso

Barenboim
Cuando se le preguntó por qué las críticas al gobierno israelí o el apoyo a los palestinos se interpretan como “terrorismo” o “antisemitismo”, Michael Barenboim (hijo), también gran músico, quien actuará en junio en el Teatro Colón, respondió: “La complicidad de nuestros gobiernos occidentales y de gran parte de los medios en los crímenes atroces cometidos por Israel en Palestina es inmoral y probablemente ilegal. No es antisemita exigir que los Estados respeten las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio”.

La jueza
Se cayó el juicio por la muerte de Diego Maradona. ¿Por algún recurso o maniobra legal? No. Porque la jueza Julieta Makintach, en lugar de impartir justicia, actuó como una actriz. Fue descubierta grabando un documental sobre el juicio. “La jueza se burló de nosotros. Cinco años se tiraron a la basura, con decenas de testigos y pruebas”. La noticia se replicó en el mundo: Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, con palabras como “escándalo”, “jueza glamorosa” y “deslumbrante”. Por si faltara algo, el Gordo Dan, distribuyó en las redes una imagen que decía “Maradona es Milei”, con el rostro de ambos. Siniestro.

Karina Milei
“El jefe”, junto al titular de Diputados, Martín Menem, fue de campaña a Oberá, Misiones. Sin embargo, la comitiva facha-libertaria tuvo que irse a los empujones, mientras los yerbateros, al grito de “te votamos, pero mirá lo que nos hacés”, le enrostraron que tienen que vender el kilo de yerba a 300 pesos porque el gobierno cerró por decreto el Instituto Nacional de la Yerba Mate, lo que provocó que el valor de la materia prima no deje de caer. Todo, en beneficio de la industria yerbatera. La comitiva huyó a Posadas, esperando una caminata más apacible.
 
Alberto
Se conocieron nuevos chats entre Alberto y Fabiola. “Seguro me terminás pegando como siempre”, dijo ella. “Chantajeame con mi hijo y mi libertad y vas a saber quién soy”, respondió Fernández. El ex presidente está procesado por lesiones leves, graves y amenazas coactivas, agravado doblemente por el vínculo, abuso de poder y autoridad. Esto implicaría una pena de 3 a 18 años de prisión. La conducta está corroborada en un “contexto de violencia de género, signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto y Fabiola, por lo menos desde 2016 hasta 2024”. Mientras tanto, el machista de Alberto decía que su gobierno peronista le había puesto fin al patriarcado.
         

Escribe Jorgelina Bueno, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista y becaria doctoral del Conicet

El pasado miércoles 28, el Polo Científico fue copado por cientos de trabajadores y trabajadoras de la Ciencia y la Técnica (CyT), junto con otros sectores también en lucha, como los residentes del Hospital Garrahan, bajo la consigna “Nadie se salva solo”, en alusión a la serie El Eternauta. No es para menos, el ajuste del gobierno de Javier Milei es brutal y golpea a todos los sectores. 

En particular, a la CyT, se trata de un verdadero vaciamiento comparable a la situación del 2001. Al día de hoy, han renunciado casi 1.300 trabajadores solo en Conicet, y se han despedido a otros 1.000 trabajadores administrativos. A esto se le suma una reducción de becas doctorales y posdoctorales, una pérdida salarial del 40%, la total paralización del financiamiento por parte de la Agencia i+D+I y el desmantelamiento directo de organismos como el INTI, amparado en la Ley Bases. 

Mientras tanto, el gobierno plantea priorizar áreas “estratégicas” como la minería y la energía, mientras busca cercenar al resto. Es claro que para ellos, la CyT debe ser un instrumento para generar ganancias para los empresarios y no para el pueblo trabajador. Hoy, el porcentaje del PBI destinado a financiar el sector es de 0,15%, mientras que la deuda con el FMI se lleva casi el 6%. Plata hay, pero se la lleva el Fondo Monetario. Es momento de que se unan los reclamos y le exijamos a la CGT un paro general de 36 horas y un plan de lucha para derrotar la motosierra.

Escribe Mercedes de Mendieta
Diputada nacional electa Izquierda Socialista FIT-U

El gobierno de Milei viene atacando los derechos de las personas con discapacidad desde una mirada reaccionaria y asistencialista como viene denunciando la Asamblea de Discas en Lucha. La motosierra del ultraderechista ha reducido en un 23% los fondos destinados a pensiones no contributivas por invalidez laboral para 2025, pasando de $3,034 billones a $2,355 billones. Además, se han interrumpido pagos a prestadores de servicios esenciales como transporte, centros de día e internaciones y hogares, dejando miles de personas sin acceso a prestaciones fundamentales y medicamentos. Si bien las pensiones de miseria y la precarización laboral de trabajadoras y trabajadores venían desde los anteriores gobiernos, la situación se agravó y es hoy crítica.
Con la excusa de aplicar una “auditoría” y nuevos obstáculos burocráticos para tramitar el CUD (certificado universal de discapacidad), se estima que podrían darse de baja hasta 200.000 pensiones. Las personas con discapacidad vienen denunciando las terribles condiciones para llevar adelante las auditorías médicas, con larguísimas colas y horas interminables de espera, y que se solicita documentación y actualización de estudios imposible de conseguir en los plazos solicitados. Esto sin contar que las pensiones no contributivas son de unos miserables $260.000, es decir de indigencia. Una persona con discapacidad que trabaja 4 horas por día en un Taller Protegido cobra 28.000 pesos por mes. A lo que se suma el incumplimiento del cupo laboral del 4%, que hoy se cumplen apenas en un 2%.
Lo mismo ocurre con quienes son prestadores de diversos servicios sociales. Por ejemplo, un transportista está cobrando $541 el litro de nafta, cuando sale más del doble, produciendo lo que trae consigo una reducción del servicio.
Ni hablar de la situación que atraviesan las y los acompañantes terapéuticos y otros trabajadores del sector, que cobran 3.000 pesos la hora, cobrando a 90 o 180 días, una barbaridad por dónde se lo mire. El nomenclador que rige sus salarios precarizados está completamente desfasado de la inflación y congelado desde diciembre de 2024, y en muchas cosas se denuncia que las obras sociales ni siquiera lo cumplen. Muchas patronales de centros y escuelas privadas retienen hasta el 50% de lo que paga el miserable nomenclador y están reduciendo personal.
Nada extraña de un gobierno que vocifera discursos de odio hacia las personas con discapacidad, usando términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental".

¡Por una verdadera emergencia ya!
Este jueves 29 de mayo la Asamblea Discas en Lucha impulsa una Ranchada y Radio Abierta en la Plaza Congreso, en el marco de un paro de prestadores de 72hs que acompañaremos desde Izquierda Socialista. Entre los principales reclamos se encuentra la exigencia del tratamiento de la emergencia en discapacidad, que tiene dictamen de la Cámara de Diputados en base a un proyecto originario de Daniel Arroyo (UxP). Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) implicaría una erogación de entre $1,89 billones y $3,63 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI respectivamente. Es decir, estamos hablando de migajas si lo comparamos con los millones que se van al pago de la deuda externa.
Desde FIT-Unidad impulsamos un proyecto de fondo, no solo de emergencia, considerando insuficientes las medidas del dictamen. Por ejemplo, la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social propuesta es del 70% de un haber jubilatorio, cuando debería ser equivalente a una Canasta Básica Total para una persona adulta o, en el caso de ser Jefe/a de hogar, el equivalente a una Canasta Familiar. También que ningún trabajador de salud del sector de discapacidad debería cobrar menos que la canasta familiar y terminar con los retrasos en el pago de sus salarios y la retención de las obras sociales e instituciones.
Advertimos que con el nuevo pacto que el gobierno firmó con el FMI el ajuste sobre discapacidad se va profundizar. Así como ocurre con las y los jubilados, la discapacidad es una de las preferencias de la motosierra de Milei. El gobierno ya deja correr que ante una posible sanción de la emergencia vetaría la ley. Por eso creemos que la lucha de los colectivos de discapacidad y sus familias y de sus trabajadoras/os, tienen que unirse al conjunto de los reclamos de la clase trabajadora, exigiendo a la CGT y a las CTA un nuevo paro nacional de 36hs y un plan de lucha para tirar abajo el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Plata para las personas con discapacidad y las y los trabajadores del sector, no para el FMI.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno anunció distintas medidas para facilitar el uso de dólares que están fuera del circuito financiero para distintas transacciones. “A partir de hoy podes usar todos los dólares que tengas para lo que quieras, compres un monoambiente o un campo de millones de dólares, nadie te va a perseguir”, dijo el ministro Caputo. La primera pregunta es: ¿Quién tiene guita para eso? ¿Un trabajador, un jubilado, un estudiante? No. Ante la pérdida salarial permanente que sufren millones, obligados a tener que trabajar en varios lugares o a las familias populares que tienen que endeudarse para poder sobrevivir, pedirles que saquen los dólares del colchón para comprar casas o campos, es una burla total y un grado de cinismo sin límites por parte de esta banda de ultraderechistas y delincuentes de guante blanco que anidan en la Casa Rosada.

Bajo la mentira electoralista de que las medidas son para “devolverle la libertad a la gente” y que van a beneficiar a trabajadores, monotributistas, autónomos y pymes, tratan de esconder que es un premio para los evasores (blanqueo), eliminando controles fiscales por parte del Banco Central, el ARCA (ex AFIP) y la UIF (Unidad de Información Financiera) para fomentar grandes negocios capitalistas. A tal punto que hasta el FMI pidió “que se respeten las normas antilavado”.

Al señalar Caputo “quienes compren en dólares ya no tendrán que explicar de dónde adquirieron esas divisas”, está reconociendo que se trata de un blanqueo de dinero proveniente de paraísos fiscales, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y cuanto delito espurio hay. Las medidas premian al evasor. Recordemos que Milei tildó de “héroes” a los empresarios que no pagan impuestos. Mientras esto ocurre, el pueblo trabajador paga el 21% del IVA, el que no puede evadir porque ya viene adosado a los productos y bienes que consume. Los especialistas dicen “Dinero que se evade, elude, lava o fuga, es dinero que pierde el Estado para invertir en salud o educación” (Página12, 23/5).

Se trata de un gigantesco festival para evasores y lavadores de dinero que tendrán el camino allanado para comprar inmuebles, torres de lujo, acciones, tierras, autos de alta gama, yates. A tal punto que el gobierno no lo puede hacer todo por resoluciones administrativas o decreto, sino que tiene que enviar una ley al Congreso para modificar la Ley de Régimen Penal Tributario y la Ley del Impuesto a las Ganancias. Tan escandaloso es todo, que se están violando las más elementales reglas internacionales contra el lavado de dinero, tanto del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) como de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que nuclea a casi 40 países).

El trasfondo de estas medidas obedece a la crisis capitalista Argentina como parte de la crisis mundial, a la sumisión con el FMI y a las tremendas contradicciones que tiene el plan motosierra de Milei. El gobierno venía diciendo que con el brutal ajuste antiobrero y antipopular que está implementando y otras medidas fiscales o monetarias, se estaban solucionando los problemas, controlando el dólar y la inflación. Pero resulta ser que Milei terminó en los brazos del FMI, endeudándonos por 20.000 millones de dólares y antes había implementado otro blanqueo por el que entraron 23.000 millones de dólares al país. ¿Adónde fue esa plata sino a la bicicleta financiera?

Decir que estas medidas van a generar más actividad económica, mayor consumo, más inversiones y trabajo, no es más que el viejo verso de todos los gobiernos, ahora en versión ultraderechista, de que las recetas fondomonetaritas nos van a salvar. El único objetivo es hacerse de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central y seguir pagando la usurera deuda externa al FMI, intentando mantener en regla el dólar y contener los precios (siendo la inflación del mes pasado de un elevado 2,8%), que le permita el gobierno llegar a las elecciones de octubre de esta forma y afrontar el año electoral.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad repudiamos estas medidas. No hay que perdonarle ni un peso y ni un dólar a los evasores. Hay que intimarlos a que paguen todo lo que deben, bajo pena de cobrárselo con sus ganancias, empresas y bienes. Hay que imponer un fuerte impuesto progresivo a los grandes empresarios y multinacionales. Hay que eliminar el IVA de la canasta familiar y el impuesto al salario. Hay que dejar de pagar ya la deuda externa y romper con el FMI. Y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Medidas que deben ser parte de un plan económico obrero y popular, implementado, controlado y dirigido por la clase trabajadora y demás sectores populares, que termine con este sistema capitalista y empiece a combatir el hambre, la miseria, los salarios y jubilaciones miserables, el saqueo, la entrega y la dependencia.