Escribe Mariano Barba

El presidente Javier Milei ratificó que la reforma se tratará en las sesiones extraordinarias de febrero, y la senadora Patricia Bullrich quiere que sea el 11. La llaman “modernización” para crear puestos de trabajo, pero, en realidad, es una guerra contra la clase trabajadora, ocupados y desocupados, para quitar conquistas de hace muchos años, conseguidas con luchas históricas.

La reforma esclavista se da en el marco de una situación económica muy difícil para las y los trabajadores y el pueblo, con el cierre de 19 mil pymes, la pérdida de 270 mil puestos de trabajo en los últimos dos años y salarios que son de pobreza para más del 70% de la clase trabajadora.

Incluso el economista Damián Di Pace, que promueve la reforma, declaró en LN+: “la reforma no generará nuevos empleos ya, porque tienen que darse muchas otras condiciones económicas que no están”. Todos recordamos que la flexibilización laboral menemista en los años ‘90 generó un salto en la desocupación del 6% al 18%.

Aprovechando su triunfo electoral, el gobierno apura la negociación con los gobernadores. Busca los votos de senadores y diputados. Persisten diferencias porque los gobernadores no quieren que se bajen impuestos coparticipables, como el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que se reducen para los grandes empresarios, el agro y la minería, ni el impuesto a los combustibles ni las retenciones al campo y a las petroleras. Según el periodista Ignacio Zuleta (Clarín, 18/01/26), un informe calcula la caída de la coparticipación a las provincias en 4,6 billones de pesos. Esta situación genera roces con algunos gobernadores, ya que Diego Santilli, el ministro negociador, solo les ofrece “garantías del Estado nacional para que las provincias se endeuden”. De esa forma empuja cada vez más al ajuste en las provincias.

¿Qué significa la reforma del gobierno?

• Es más barato despedir
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el 3% del sueldo, que va a una cuenta del trabajador en un banco. Ese 3% se quita de la contribución patronal que hoy va a la Anses. Por lo tanto, se la desfinancia en un monto enorme que alcanza al 0,5% del PBI. Además, para el cálculo de la indemnización se quitan el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo no remunerativo. El monto ya no se calculará por el mejor sueldo sino por el promedio y se pagará en doce cuotas. Incluso quieren aplicar un tope máximo.
Con ese 3% que va a la cuenta bancaria del trabajador nace otro gran negocio financiero para los bancos y las entidades financieras, como las billeteras habilitadas. ¿Se acuerdan de las AFJP, que terminaron en una estafa?

• Crecerá la precarización laboral y bajarán las jubilaciones
Millones de argentinos ya trabajan en un régimen muy precario, con derechos limitados. No mejorarán su situación si se aprueba la reforma, porque lo que ocurrirá es que las patronales, al tomar nuevas personas, dejarán de pagar contribuciones por varios años. Esto desfinancia el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre jubilaciones y pensiones, afecta el pago de asignaciones familiares y, además, abarata el despido.

• Salarios más bajos, con menos descanso y vacaciones
Se promueve la negociación por empresa y no por actividad. Se habilitan jornadas flexibles con banco de horas compensatorio, lo que permite extender hasta 12 horas la jornada si el patrón lo decide, sin considerarlo como horas extras, porque otro día “se las devuelve” cuando no lo necesita. Las vacaciones también pueden ser fraccionadas a criterio del empleador.

• Convenios colectivos
Cesan sus cláusulas si no hay acuerdo en las paritarias. De ese modo, el trabajador queda a voluntad del empleador.

• Desfinancia las obras sociales
Al bajar la contribución patronal del 6% al 5%, se genera una caída de 1 billón de pesos en los ingresos de las obras sociales, deteriorando aún más una prestación que ya es deficiente.

• Ataca las organizaciones sindicales y las asambleas
Limita el derecho de huelga, ya que deben ser autorizadas por la patronal y el Ministerio de Trabajo. También será más difícil hacer huelgas por gremio, porque obliga a guardias mínimas en la mayoría de los rubros laborales, como salud, educación, energía, telecomunicaciones, transporte y aduanas, donde pueden imponer que trabaje hasta el 75% de la planta.

¿Qué hace la CGT?

El dirigente sindical combativo Rubén “Pollo” Sobrero, en un debate por el canal TN, exigió a los defensores de la reforma: “Muestren un artículo favorable al trabajador. No lo hay”.

La CGT, que responde políticamente al peronismo, no opina lo mismo que nuestro compañero de Izquierda Socialista Sobrero. Por distintas vías negocia con el gobierno y apuesta a que los gobernadores frenen algunos puntos de la reforma. Hasta ahora viene amenazando con una movilización y quizá un paro para febrero, pero sin confirmarlo. La mayoría de los burócratas no están dispuestos a enfrentar globalmente la reforma. Apuntan a morigerar algunos artículos, como el cese de los convenios, la esencialidad, el FAL y la cuota solidaria.

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, el Movimiento Piquetero Independiente y las Jubiladas y Jubilados en Lucha, junto a la izquierda y a miles de activistas y delegados de todo el país, impulsaremos asambleas en los lugares de trabajo para rechazar la reforma. Exigimos que la CGT, junto a las CTA, convoque a un paro con movilización el día que se trate la ley en el Senado y que sea parte de un plan de lucha nacional para derrotar el proyecto de reforma laboral esclavista.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El viernes 9 de enero Javier Milei pagó 4.200 millones de dólares de deuda externa a los denominados bonistas privados. Al día siguiente envió otros 2.540 millones a Estados Unidos, devolviendo el salvataje preelectoral. Y el 1° de febrero girará 824 millones por pago de intereses al FMI. Son nuevos actos de entrega y piratería que repudiamos.

Cuando Javier Milei empezó a pagar la deuda externa dijo que ´las deudas se honran´. Pero Milei honra y paga una deuda que el pueblo no contrajo, mientras no paga las deudas que mantiene con el pueblo trabajador. Mejor dicho, el presidente les roba a las y los jubilados y recorta los presupuestos de salud, educación, universidades, el Garrahan, las personas con discapacidad, las partidas para el Manejo del Fuego y la protección de los bosques nativos, entre otras áreas, para cumplir con los usureros internacionales.

Además, no se trata del pago de ninguna ´deuda´ que el pueblo tenga que asumir. Esa plata el pueblo no la vio. Fue destinada a engrosar las fortunas de los supuestos acreedores externos mediante la denominada bicicleta financiera. ¿Alguien vio que se haya construido alguna vivienda, hospital o jardín maternal, o que se haya aumentado a las y los jubilados con la plata que Milei pidió prestada? No. Fue para salvar a los bancos y a los especuladores.

A su vez, se trata de un doble endeudamiento. El gobierno, además de pagar con reservas, como no le alcanzaba pidió un nuevo crédito a bancos imperialistas por 3 mil millones de dólares. Es decir, más endeudamiento para pagar endeudamiento, completamente ajeno a las necesidades de millones.

Los 4.200 millones de dólares que Milei pagó en enero fueron para cancelar deuda heredada del gobierno anterior de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El entonces ministro de Economía Martín Guzmán había premiado a los bonistas privados, léase fondos buitres y estafadores internacionales, renegociando una deuda que viene desde la dictadura y que Mauricio Macri ya no podía seguir pagando. Un gobierno peronista que, además, reconoció los 45 mil millones de dólares con los que se endeudaron con Luis Caputo en 2018, dinero que fue destinado a salvar a los bancos, tal como reconocieron el propio Macri y un informe del Banco Central de ese período.

Los 2.540 millones de dólares pagados a Estados Unidos corresponden a los fondos enviados por Donald Trump para frenar la corrida cambiaria antes de las elecciones y evitar una estampida del dólar. Fue un salvataje que le permitió al gobierno ganar los comicios. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, agradeció la devolución: “son decenas de millones en ganancias para los estadounidenses”. Y lo que se pagará el 1° de febrero corresponde a intereses pactados con el FMI. El saqueo es total. Encima, en 2026 se deberán pagar otros 20 mil millones de dólares.
¿Qué se podría hacer con 7.564 millones de dólares? Construir 150 mil viviendas populares, lo que daría trabajo a 600 mil desocupados. O comprar 2.500 aviones hidrantes para combatir el fuego.

Bajo el gobierno de Milei, la deuda ´aumentó en 29.511 millones de dólares, superando en total los 455 mil millones de dólares´ (Clarín, 16/01). Si se suman las deudas de las provincias y de las empresas, el monto supera ampliamente los 500 mil millones de dólares.

Milei paga una verdadera estafa. Lo mismo hizo el peronismo y lo hicieron todos los gobiernos anteriores. Sólo el Frente de Izquierda Unidad repudia esta nueva entrega y sostiene que la plata debe ir al pueblo trabajador, no a la usura ni al FMI comandado por Donald Trump. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El índice de diciembre mostró que la inflación sigue en alza. Pasó del 1,5% en mayo al 2,8% actual. La tendencia es claramente ascendente. La interanual del año pasado llegó al 31%. Sin embargo, los precios de los bienes y servicios en los que gastan sus ingresos las familias trabajadoras aumentaron mucho más. La carne acumuló un alza del 49,6% en 2025, las frutas del 47,4% y los alquileres del 37%. Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet señala que los servicios y el transporte aumentaron 525% entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 (Página/12, 15/01).

Javier Milei brindó por Luis Caputo. “Toto, el más grande”, dijo. Un gobierno mentiroso: en el Presupuesto 2026 afirmó que la inflación sería del 10%.

La suba se da en un contexto de caída del consumo popular, despidos masivos (400 por día, 272.607 formales), cierres de empresas y pérdida sostenida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. ¿A qué se debe? Al gran negocio de los grandes empresarios y monopolios formadores de precios. “Las empresas están intentando recomponer los márgenes de ganancia y por eso se ven subas mayores como en carne y combustibles, el producto principal y el segundo más importante de la canasta de consumo del hogar” (EcoGo, Clarín, 14/01).

Este aumento castiga aún más a salarios y jubilaciones. Las y los trabajadores registrados perdieron casi cinco puntos en 2025. La pérdida es mucho mayor desde que asumió Milei, período en el que la inflación acumulada trepa al 259%. Mientras tanto, la burocracia sindical firmó paritarias del 1% o 1,5% mensual, junto con sumas fijas insignificantes y no remunerativas. Por eso, gran parte de las familias trabajadoras se endeuda para comer y pagar servicios, o se ve obligada a trabajar en dos empleos y en changas sobreexplotadoras.

El gobierno sostiene que hay 12 millones de pobres menos. “Milei dice que bajó la pobreza y a mí me entra cada vez más gente a los comedores”, relató el ex boxeador Jorge “Roña” Castro, quien asiste a los sectores más humildes. La canasta de pobreza para una familia tipo ascendió a 1.308.713 pesos, un monto al que gran parte de la clase trabajadora no llega. La canasta de indigencia trepó a 589.510 pesos, y solo mide alimentos y bebidas, sin contemplar vivienda, salud, educación ni transporte. Con estos valores, la jubilación mínima y el salario mínimo, vital y móvil quedan por debajo de la línea de indigencia.

La conclusión es clara: con Milei se benefician los de arriba y pierde el pueblo trabajador. Es necesario un aumento salarial y jubilatorio de emergencia, junto con paritarias libres y sin techo. La CGT debe unificar este reclamo urgente con la lucha contra la reforma laboral esclavista, a través de un plan de lucha nacional que prepare un paro general.

Escribe Atilio Salusso 

Hidrantes
El gobierno compró a Dinamarca seis aviones de combate F-16, como parte de un total de 24 unidades. Son completamente obsoletos. Tienen cuarenta años de antigüedad y costaron 300 millones de dólares. La compra se realizó en medio de los incendios en la Patagonia. Con ese dinero se podrían haber adquirido 100 aviones hidrantes, a un valor de 3 millones cada uno. O 20 Boeing 737-300, con mayor capacidad de carga para combatir el fuego. Además de insólito, es aberrante.

Pichetto y Moreno con Trump
“La entrada de Estados Unidos en Venezuela era inevitable para terminar con una dictadura que no daba para más. Conversamos con Guillermo Moreno sobre la intervención americana y entendemos que es necesario comprender el evento como un nuevo orden”, escribió Miguel Ángel Pichetto en X. “Sintetizaste de manera excelente la conversación que mantuvimos”, respondió Moreno. Aval explícito a Donald Trump. También el gobernador del PJ de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respaldó explícitamente el acto imperialista criminal. Por su parte, si bien condenó los hechos, el kirchnerismo no participó en ninguna de las marchas de repudio que hubo. La dirigencia peronista da para todo, menos para lo correcto. 

Cantona
Éric Cantona, figura emblemática del fútbol mundial y actor francés, se posicionó abiertamente a favor de Palestina. Lo dijo hace unos días en el marco de un concierto en Wembley para recaudar fondos para el pueblo palestino. El delantero francés subió al escenario y señaló a la UEFA y a la FIFA por no suspender a Israel de las competiciones internacionales. “El fútbol es más que un deporte. Es cultura, es política, es poder blando”, declaró. “Hace más de dos años que empezó lo que Amnistía Internacional definió como genocidio”, dijo, y recordó el sufrimiento de las niñas y niños en Gaza.

Tierra cuadrada
El gobierno quiere implementar una reforma educativa en la que un cuarto de la enseñanza, del currículum, pueda ser elegido por las familias. Distintas voces salieron al cruce. “La escuela no puede validar cualquier prejuicio o ideología familiar. ¿Vamos a enseñar en las escuelas que la Tierra es cuadrada porque es la ideología de una familia? ¿Vamos a aceptar que se discuta el bien social que implican las vacunas porque determinado tipo de familia es antivacunas?”, cuestionó Romina De Luca, doctora en Historia y especialista en Educación (Clarín, 11/01). Contundente.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Un DNU que amplía de forma inédita las facultades de la SIDE, legalizando el espionaje interno, la persecución política y la represión encubierta. 

Ingresó al Congreso el DNU 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia y amplía de manera extraordinaria las facultades de la SIDE, habilitando un esquema de espionaje interno, persecución política y represión encubierta contra quienes se oponen a las políticas del gobierno. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para expedirse. Si no lo hace, ambas cámaras, Diputados y Senado, podrán tratar y rechazar el decreto en el recinto. Está en juego nada menos que la defensa de las libertades democráticas.

Milei legaliza el espionaje y le da impunidad

Con este decreto, el gobierno blanquea y refuerza el accionar clandestino de los servicios de inteligencia, otorgándole un marco “legal” a prácticas históricamente ligadas a la persecución política y la impunidad estatal. El DNU define las actividades de la SIDE como “actividad reservada”, lo que implica la ausencia de control público y judicial.

Entre los puntos más graves, el DNU habilita a la SIDE a detener personas ante supuestos casos de “flagrancia”, una facultad inédita en democracia para un organismo de inteligencia y que abre la puerta a una policía secreta paraestatal. La redacción ambigua permite incluir bajo vigilancia a opositores políticos, manifestantes, periodistas, militantes sociales e incluso a usuarios de redes.

A su vez, autoriza la coordinación con las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales y las policías, bajo el pretexto de “optimizar recursos” en tareas de contrainteligencia y “ciberseguridad”. De esta manera, se rehabilita la doctrina del enemigo interno, un concepto propio de los períodos más represivos de la historia argentina.

Rechazo de organismos de derechos humanos

El DNU generó un repudio inmediato. Decenas de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Huésped y Greenpeace, denunciaron el decreto como un ataque a las libertades democráticas. Además, realizaron presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintas relatorías de la ONU.

En su texto, advierten que el DNU obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, habilitando la vigilancia masiva; no prevé controles ciudadanos ni institucionales efectivos; establece que todas las actividades sean encubiertas, garantizando la impunidad; otorga facultades de detención a agentes de inteligencia; y permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interna, entre otros señalamientos.

Un cheque en blanco al aparato represivo

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda denunciamos este decreto como un cheque en blanco para fortalecer el aparato represivo del Estado. La SIDE ha sido históricamente responsable de espionaje ilegal, operaciones mafiosas, encubrimientos y crímenes contra luchadores populares, al servicio de los gobiernos de turno y del poder económico.

Mientras el Presupuesto 2026 otorgó aumentos millonarios a la SIDE (ver "Para espiar y vigilar sí hay plata"), el gobierno profundizó la motosierra sobre salud, educación, jubilaciones y políticas sociales. El DNU 941/25 marca un salto represivo del gobierno ultraderechista de Milei, que combina un brutal ajuste con represión. Por eso llamamos a rechazar este decreto y a movilizarse en defensa de las libertades democráticas. Decimos con claridad: abajo el DNU 941/25. Disolución de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia y espionaje.