Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Se espera que Milei hable de Malvinas este miércoles en la ONU. El 70% de los consultados considera que su discurso patriotero es puro oportunismo.  El proyecto de “Ley en defensa de la soberanía nacional” que envió el gobierno al Congreso es un verdadero cheque en blanco para el saqueo, la represión y el alineamiento con Estados Unidos e Israel.

Después de decir que el despliegue de la bandera de los jugadores en el Mundial fue “una bravuconada propia de un barra brava termocefálico mononeuronal”, el ultraderechista Milei dio una voltereta discursiva simulando que pasó de kelper a malvinero. No se lo cree nadie.
Tal es su doble discurso, que en los fundamentos del proyecto de ley enviado a Diputados dice que el mismo “constituye un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”. Una farsa total.
 
El verso de las sanciones

El gobierno dice que esta ley dispone un “régimen sancionatorio superador” a la anterior. Pero resulta que las sanciones que se aplicaron antes, no impidieron que sigan los proyectos ilegales en las islas comandados por el Reino Unido. Igual va a pasar ahora. Se disponen “multas, suspensión o cancelación de habilitaciones para desalentar esas políticas”, pero a renglón seguido se les dice a esos capitales piratas que podrían hacer lo mismo en territorio nacional, tentándolos a que vengan al país para gozar de treinta años de “seguridad jurídica” mediante exenciones impositivas, aduaneras y de todo tipo bajo las disposiciones del RIGI (artículo 32 de la ley). Y permite que el magnate Elsztain, amigo de Milei, siga siendo propietario de la empresa inglesa que actúa en las islas de manera monopólica.
 
¡Ojo con la seguridad nacional!

De 133 artículos de la ley, solo el 30% se refiere a Malvinas. El resto habla de “amenazas externas, terrorismo, infraestructura crítica, inteligencia, ciberseguridad” y otras cosas más, con el objetivo de reforzar el aparato represivo, lo que representaría un verdadero estado de excepción, otorgándole a Milei y a las Fuerzas Armadas la facultad de disponer medidas sumarísimas y violatorias de fundamentales garantías democráticas, como si Argentina estuviera en guerra. ¿Qué tiene que ver esto con la defensa de Malvinas? Nada.

Dispone “articular y coordinar funciones estatales en materia diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia nacional”, creando el Consejo de Seguridad Nacional presidido por Milei, Diego Santilli, Quirno (Cancillería), Caputo (Economía), el milico Presti (Defensa) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (la ex SIDE paraestatal), organismo que desde 2023 aumentó su presupuesto en un 48%, logrando subir las partidas en 70.000 millones de pesos en los últimos meses.

Se dice que sería para “proteger los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres” y las denominadas “Infraestructuras Críticas” (que hacen a servicios esenciales como salud y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del Estado). Un amplio abanico para actuar con medidas sin ningún tipo de control.

En concreto, el gobierno podría disponer que las Fuerzas Armadas protejan a las multinacionales del RIGI por considerar que son inversores estratégicos cuando sean “amenazados” por los pueblos originarios que no se dejan despojar de sus tierras; o que un paro de transporte, en Salud o Educación, o un paro general, afecta al funcionamiento del Estado y a la soberanía y por ende corresponde que sean castigados por las fuerzas represivas.

A su vez, la ley crea el RePET (Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo), representando una enorme peligrosidad. Milei tildó de terroristas a estudiantes, docentes, periodistas y a quienes protestamos en las calles. Una organización de Derechos Humanos, partido de izquierda u ONG podría ser acusada de terrorista o de ser una amenaza externa, por el solo hecho de tener vinculaciones con otras similares en el exterior. A tal punto es la arbitrariedad, que el artículo 126 del proyecto dispone que en caso de que se registre a alguien como terrorista y no lo sea, nadie va a responder ni civil, comercial, laboral o penalmente por ello.

En otro tramo la ley señala que las Fuerzas Armadas van a enfrentar riesgos, amenazas y desafíos externos por lo cual faculta el derribo de aviones o el hundimiento de buques, como si Argentina estuviera en guerra. Nuestro país no está en conflicto militar, pero sí lo están Estados Unidos e Israel (aliados del gobierno de Milei) con sus permanentes agresiones imperialistas, como las de Trump contra Irán o las de Israel contra El Líbano y el genocidio en Palestina, a las cuales Milei se podría sumar con apoyo militar. Una verdadera locura.

Por otro lado, la ley dispone penas de 5 a 12 años de prisión para quienes alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública mediante campañas de desinformación. ¡El mismo Milei que apoyó la toma del Capitolio por seguidores de Trump desconociendo un resultado electoral o las acciones golpistas de Bolsonaro con el mismo objetivo!
 
Hay que derrotar este proyecto nefasto

Desde Izquierda Socialista rechazamos este proyecto sumamente peligroso y llamamos a evitar que pase, convocando a la mayor unidad de todos los sectores políticos que se reivindican democráticos, organizaciones sociales, sindicales, barriales y estudiantiles para ello. Denunciamos que Milei lo haga enarbolando cínicamente un falso patriotismo por Malvinas, como lo hicimos desde el mismo momento que pronunciaba la cadena nacional. Y nos comprometemos a seguir postulando una verdadera política para recuperar Malvinas y defender todo el territorio nacional, de las multinacionales saqueadoras y del imperialismo, haciendo realidad las consignas: Fuera ingleses de Malvinas, Fuera FMI de Argentina, Fuera Trump de América Latina. Objetivo que se logrará con la Segunda Independencia nacional, mediante un gobierno de la izquierda y de la clase trabajadora y una Argentina Socialista, que tendrá que ser con plena democracia para el pueblo trabajador y la juventud.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Tres grupos de inversión vinculados a accionistas de Navitas Petroleum, la compañía israelí cuya actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas es ilegal según la legislación argentina, poseen acciones de Mercado Libre por 41 millones de dólares. Se trata de Migdal Insurance & Financial Holdings, Harel Insurance Investments & Financial Services y Meitav Investment House.

Lo paradójico es que el gobierno de Javier Milei anunció medidas contra empresas, accionistas y otros actores vinculados a las actividades de exploración y explotación petrolera en las Islas Malvinas. ¿Va a sancionar a quien considera su “héroe” y presenta como ejemplo de empresario?

Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

37 toneladas de oro representadas en 1.500 lingotes fueron sacados del Banco Central para llevarlos a otro país. El gobierno argumentaba que no decía el lugar por cuestiones de seguridad. Sin embargo, el presidente del Central, Santiago Bausili, reveló en el Senado que estaría en Basilea, Suiza. Pero no hay prueba que lo demuestre, según la Auditoría General de la Nación. Se sospecha que estarían en el Banco de Londres, los piratas de Malvinas. Caputo había dicho que los lingotes estando en Argentina no rendían frutos, y habló de llevarlos para lograr “retornos”. ¿Quién se quedó con ese vuelto?
¿Te acordás cuando nos decían que si Argentina dejaba de pagar la usurera deuda externa como proponemos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad nos iban a embargar? Fijate, entregaron hasta el oro y encima seguimos sometidos al FMI.

A casi tres años del jujeñazo la justicia de Jujuy elevó a Juicio a 19 luchadores. 

El gobierno provincial de Carlos Sadir y Gerardo Morales, junto al juez Rodolfo Miguel “Nino” Fernández y el fiscal Diego Funes, fijaron el próximo 26 de octubre como fecha de inicio de uno de los juicios más polémicos contra la lucha social en la provincia.

Entre los imputados se encuentra el “Profe” José Iván Blacutt, dirigente de Izquierda Socialista y miembro de la comisión directiva de Adiunju, sindicato de docentes universitarios. Junto a él, otros 18 dirigentes de distintas organizaciones sociales, como la CCC, Nuestra América, el MRP y UNIR, entre otras, comparten el mismo destino.

En este marco, el pasado lunes 14 de septiembre se realizó en la sede de Adiunju una conferencia de prensa donde los imputados, junto a su equipo de abogados, pudieron informar a los medios y a la sociedad en su conjunto sobre su situación de persecución y criminalización. Allí contaron con el apoyo de sectores sindicales combativos como el SEOM, de municipales, y Cedems, de docentes, así como de distintas organizaciones sociales, comunidades originarias y organismos de derechos humanos.

En esta oportunidad, los abogados denunciaron algunas de las tantas irregularidades de la causa, como la exclusión de testimonios y la imposibilidad de presentar pruebas fundamentales para la defensa. Además, cuestionaron que la causa se eleve a juicio cuando aún existen presentaciones y recursos pendientes de resolución judicial.

En la lucha por el desprocesamiento de los compañeros se vienen realizando diferentes acciones, como la radio abierta del jueves 17 en Plaza Belgrano, donde se expresó todo el repudio en un marco de unidad. Entre distintos sectores, Sebastián López, secretario general del SEOM, y Mercedes “Mecha” Sosa, secretaria general de Cedems, declararon su total apoyo a los procesados y condenaron la persecución a los luchadores sociales.

Tal como declaró el “Profe” Iván Blacutt, “esta acción judicial es una clara persecución política en miras de las elecciones de 2027. El gobierno de Jujuy, al igual que el gobierno nacional de Milei, busca disciplinar y callar la protesta social”.

El sábado 19, en la Marcha de la Bronca, también se denunció la persecución política y el armado de causas contra luchadores, que en Jujuy es moneda corriente. El repudio a la causa es fuerte y amplio, por lo que reclamamos el desprocesamiento y el no inicio de este juicio contra los luchadores del Jujeñazo.

Corresponsal

Navitas Petroleum, es una empresa israelí, que junto a Rockhopper (empresa petrolera británica) aprobaron una inversión de 1.800 millones de dólares para llegar primeras al petróleo en Sea Lion. ¡Tienen planteado llevarse el primer barril en 2028!   
Todo esto es ilegal y sucede mientras el gobierno de Milei, cómplice del genocida Israel, ahora hipócritamente defensor de las Malvinas, no hace nada más que dar discursos.   
¡Todavía no salió el primer barril, estamos a tiempo de frenarlo!   

FUERA ISRAEL DE PALESTINA
FUERA LOS INGLESES Y NAVITAS DE MALVINAS   

7 DE OCTUBRE
3 años de la profundización del genocidio contra el pueblo palestino.   

¡EL GENOCIDIO CONTINÚA!  

Israel ataca deliberadamente a infancias palestinas, desde el 2023 más de 20.000 infancias palestinas fueron asesinadas y más de 44.000 resultaron heridas. Comete un genocidio reproductivo, el control sobre el crecimiento demográfico palestino es uno de los objetivos centrales para el exterminio del pueblo palestino. Hay 9.600 palestines secuestrades en prisiones israelíes, el sistema de detención israelí es un régimen de humillación, coerción y terror sistemático e institucionalizado, con el respaldo de las autoridades israelíes.   

Israel continúa con el bloqueo de insumos médicos y alimentos, permitiendo ingresar solo al 30% de los camiones con insumos.   
Sigue expandiendo la línea amarilla, más del 60% del territorio es controlado por Israel, dejando a casi dos millones de personas hacinadas en espacios cada vez más reducidos.   

¡POR UNA PALESTINA LIBRE DEL RÍO AL MAR!
¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!   
@accionargentinaxpalestina @movimiento_bds