Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Al mismo tiempo que se daba la visita de Javier Milei a Estados Unidos, se supo que el secretario del Tesoro yanqui, Scott Bessent, ya habría “retirado” del Banco Central de la República Argentina los 2.100 millones de dólares prestados hace dos semanas para mantener quieto el dólar. Y lo habría hecho con unos buenos intereses de ganancia a cambio. “Ganamos plata en esa operación con Argentina”, dijo abiertamente el secretario del Tesoro norteamericano.

Los detalles se conocerán en los próximos días, cuando informe el gobierno de Estados Unidos, ya que la semicolonización de nuestro país es tal que el Ministerio de Economía y el Banco Central ni siquiera se dignaron a informar la operación.

Días después se pudo observar cómo crecían las reservas negativas del Banco Central. Se confirmaba que se habían ido esos 2.100 millones de dólares y que, a cambio, se había reemplazado contablemente por un “papel” de la Tesorería yanqui. Esto refleja que ya se habría activado el famoso swap con Estados Unidos. Como vemos, ni un centavo de dólar “fresco”: todo operaciones contables para esconder la especulación y la fuga de divisas, y en el futuro inmediato para garantizar los pagos de deuda.

JP Morgan pone funcionarios pero no dólares

Otro gesto de semicolonización por parte del gobierno de Milei fue inundar de empleados del JPMorgan (el principal banco de los Estados Unidos) los cargos más altos del Ministerio de Economía, el Banco Central y ahora también la propia Cancillería, con el nombramiento de Pablo Quirno como ministro de Relaciones Exteriores.

A cambio, se había anunciado hace un par de semanas que habría otro “auxilio” financiero hacia nuestro país, por unos 20 mil millones de dólares, esta vez motorizado por bancos privados encabezados por el propio Morgan.

Sin embargo, en el mismo momento en que Milei estaba en los Estados Unidos, Jamie Dimon, presidente del Morgan, declaró que, como a la Argentina iban a llegar 100 mil millones de dólares de inversiones directas, probablemente “no haría falta” dicho auxilio.

 Recordemos que, a pesar de que el gobierno ofrece todo para el saqueo (en litio, energía, con el RIGI, garantizando hasta la impunidad más absoluta para llevarse las ganancias y provocar el más absoluto desastre ambiental sin consecuencias), en la realidad todavía no vino absolutamente nadie. Todos esperan que el gobierno de Milei primero les dé más garantías de superexplotación, avanzando con la reforma laboral.

Por si todo esto fuera poco, del tan mentado “acuerdo comercial”, que se decía que “ya estaba casi firmado”, no se supo tampoco nada. Donald Trump continúa castigando a las exportaciones argentinas con los mismos aranceles que antes (se destacan el 50% al acero y al aluminio), y las famosas nuevas exportaciones de carne también están en veremos, ante las quejas de los propios ganaderos yanquis.

A todo esto se suman nuevas exigencias que van desde una ley de patentes a medida de los intereses de los laboratorios estadounidenses, hasta la instalación de una base militar yanqui en Tierra del Fuego y la prioridad para el saqueo en futuras privatizaciones.

A esto nos lleva el alineamiento “incondicional” de Milei con Trump: más semicolonización, más saqueo y más miseria para nuestro pueblo.

Hay que enfrentarlo, peleando por romper con los pactos coloniales, dejar de pagar la deuda externa y así priorizar las necesidades más urgentes del pueblo trabajador.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/ FIT Unidad

A pesar de que el gobierno de Javier Milei consiguió el 4 de noviembre un dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 con el apoyo de la UCR, el PRO y bloques provinciales en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el oficialismo esperará a la renovación legislativa para estar en mejor posición de negociar y votar el proyecto. Todo esto ocurrió mientras avanzaba el acuerdo con los gobernadores.

En la comisión se presentaron además tres dictámenes alternativos: uno de Fuerza Patria, otro conjunto del Encuentro Federal (Miguel Pichetto) con Democracia para Siempre (radicales), el MID (ex La Libertad Avanza) y la Coalición Cívica (Elisa Carrió), y finalmente el que presentó el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U).

El peronismo, en crisis y sin rumbo, se limitó a proponer “mejorar” o “negociar” modificaciones al proyecto de más motosierra y ajuste del gobierno de Javier Milei.

Desde el Frente de Izquierda Unidad presentamos un dictamen alternativo, obrero y popular, que parte de romper relaciones con el FMI y declarar el desconocimiento soberano de la deuda externa, destinando esos recursos a salarios, jubilaciones, universidades, educación, salud, discapacidad, ciencia y técnica, políticas contra la violencia de género y todas las necesidades sociales urgentes.

Presupuesto y las reformas que se vienen

El proyecto de presupuesto de Javier Milei fue elaborado para cumplir con los requerimientos del FMI y del imperialismo norteamericano. Detrás del superávit fiscal se esconde una nueva ofensiva contra la clase trabajadora para garantizar el pago de 4.500 millones de dólares en vencimientos de deuda externa previstos para enero, y miles de millones más durante 2026.

Como era previsible, no están incluidos los intereses y nuevos pagos que derivarán de los acuerdos con Estados Unidos y el JP Morgan, dólares que llegarán a cambio de más entrega y sometimiento.

El Presupuesto 2026 se basa en el principio innegociable del equilibrio fiscal, plasmado en la llamada “regla fiscal”, un mecanismo que impone superávit financiero cueste lo que cueste. ¿Cómo funciona? Si la recaudación sube, se bajan impuestos a los más ricos; si baja, se recortan salud, educación y políticas sociales.

Entre los ajustes más destacados, se prevé una reducción del presupuesto educativo al 0,75 % del PBI, mientras que las transferencias a universidades ya cayeron un 33,4 % real entre 2023 y 2025. En materia de violencia de género, el texto directamente niega el problema, eliminando partidas para el Programa Acompañar y la Línea 144. El único rubro que aumenta es el de la SIDE y los servicios de deuda.

Advertimos que, bajo el argumento de que “es necesario un presupuesto”, todos los bloques políticos patronales, incluido el peronismo, se disponen a negociar el proyecto junto con la agenda de reformas laboral, penal, fiscal y jubilatoria que impulsa el gobierno, con la complicidad de los partidos patronales y los gobernadores.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llamamos a la clase trabajadora a organizarse junto al sindicalismo combativo, exigiendo a la CGT un paro general con plan de lucha para enfrentar a Javier Milei, a los gobernadores, a Donald Trump y al FMI.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

A pedido de Scott Bessent y Barry Bennet, y tras el triunfo electoral de Javier Milei, el gobierno convocó a 20 de los 24 gobernadores (oficialistas, dialoguistas y peronistas) para avanzar en un acuerdo contra la clase trabajadora. 

El acuerdo entre el oficialismo y los gobernadores incluye una agenda de más motosierra y reformas estructurales al servicio del FMI y de la entrega al imperialismo yanqui.

La línea dictada por el imperialismo norteamericano fue ejecutada por Milei, que sentó en su mesa a los gobernadores aliados como Frigerio (Entre Ríos), Poggi (San Luis) y Macri (CABA), junto a los dialoguistas del disuelto frente de Provincias Unidas, entre ellos Pullaro (Santa Fe), Llaryora (Córdoba), Vidal (Santa Cruz) y Torres (Chubut), y a los peronistas Jalil (Catamarca), Jaldo (Tucumán) y Zamora (Santiago del Estero).

El presidente les planteó la necesidad de sancionar cuatro leyes clave para su plan: Reforma Fiscal e Impositiva, Reforma y Modernización Laboral, Reforma del Código Penal y el Presupuesto 2026.

El nuevo pacto constituye una declaración de guerra contra la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, que deberán salir a las calles a enfrentarlo. El eje principal de esta agenda reaccionaria será la reforma laboral esclavista. Pero se comenzará por el Presupuesto 2026, primera prueba que debe pasar este pacto. También se incluyen la reforma penal (que contempla la baja de edad de imputabilidad), la reforma fiscal favorable a los ricos y, en un futuro no muy lejano, la reforma jubilatoria, que implicaría la eliminación de las cajas especiales provinciales y un aumento de la edad jubilatoria a 70 años, con una mirada patriarcal que iguala la edad entre hombres y mujeres.

Todo esto a cambio de migajas: los gobernadores ofrecieron su apoyo a un presupuesto de “equilibrio fiscal” a cambio de recibir coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) o beneficios impositivos para el petróleo y otros sectores empresarios.

Los peronistas que fueron y los que no

El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sintetizó la posición del sector al afirmar: “No nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales”. Jaldo es el caso más paradigmático: junto con Jalil, ha apoyado mediante diputados y senadores leyes clave del gobierno, como la Ley Bases y el DNU de la deuda, y ahora respalda abiertamente la reforma laboral, dejando al descubierto la complicidad del peronismo provincial con el intento de retroceder al siglo XIX los derechos laborales que aún conserva una parte de la clase trabajadora formal.

Por su parte, los cuatro gobernadores peronistas que no fueron invitados (Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)) expresaron su descontento diciendo que fue “un error del presidente” no haberlos convocado. Sin embargo, esta queja no tiene nada de progresiva: reclaman estar en la foto, no para oponerse a las reformas, sino para negociar su parte del pacto de ajuste.

Así demuestran que no representan una alternativa para el pueblo trabajador. Buscan posicionarse ante la crisis del peronismo, agudizada por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, y muestran, una vez más, que no son una salida para enfrentar a Milei ni a su plan de guerra contra la clase trabajadora.

Enfrentemos el pacto de Milei y los gobernadores

Milei y sus cómplices intentarán avanzar en las reformas estructurales del FMI, que la clase trabajadora viene resistiendo desde hace décadas y que forman parte de la agenda de las patronales y el imperialismo para profundizar la superexplotación y el saqueo en nuestro país. Pero ningún resultado electoral ni la complicidad de los gobernadores garantizan que puedan imponerlas.

La historia reciente lo demuestra: cuando el gobierno de Macri, tras ganar las elecciones legislativas de 2017, intentó avanzar en las reformas laboral y jubilatoria, se encontró con una auténtica rebelión popular. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, llamamos a organizar la resistencia junto al sindicalismo combativo. Y a exigir a la burocracia de la CGT que rompa el pacto con el gobierno y convoque a un paro general con un plan de lucha para derrotar las reformas estructurales del FMI y el ajuste de Milei.

Escribe Guido Poletti 

Noviembre arrancó con un nuevo mazazo para el ya pulverizado bolsillo del pueblo trabajador: se viene una nueva ola de tarifazos.

El gobierno oficializó aumentos para el gas y la electricidad de aproximadamente un 3,8%. En el caso del gas, los hogares pasarán a pagar más que las empresas, algo que nunca había sucedido en la historia.

También se autorizaron incrementos en la medicina prepaga, que, a las astronómicas facturas mensuales actuales, podrán sumarle subas que rondarán entre el 2,1 y el 2,8%.

El transporte público también aumentó en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El boleto de los colectivos en territorio bonaerense subió un 4,1%, alcanzando los 572,86 pesos para el tramo mínimo. En CABA, el boleto de menor valor pasó a ser de 568,91 pesos.

Desde noviembre, el valor del pasaje en el subte pasó a costar 1.157 pesos para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada. Quienes usen una SUBE no registrada pagarán un valor sensiblemente mayor: 1.839,63 pesos.

También se registraron aumentos en los alquileres. Para los contratos regidos por la vieja ley, la suba será del 42,45%, prácticamente impagable.

Por si todo esto fuera poco, comenzaron nuevos incrementos en la nafta y el gasoil, que, por supuesto, a lo largo del mes repercutirán en el precio de otros productos.

Es mentira que está “domada” la inflación. Los precios siguen subiendo, y en todos los casos superan cualquier incremento de salarios y jubilaciones. Por eso sigue siendo necesario salir a pelear por un salario digno, donde nadie gane menos que el valor de la canasta familiar.

Para eso, la CGT tiene que romper su pacto con el gobierno y lanzar un nuevo paro general y un plan de lucha que empalme con la pelea contra la reforma laboral que está anunciando el oficialismo. Se puede ganar: las y los compañeros del Hospital Garrahan demuestran que, con la lucha, es posible.

Escribe Guido Poletti

Se inició un nuevo juicio por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández y varios de sus funcionarios. Se trata de la conocida “causa de los cuadernos”, donde se entrecruzan coimas millonarias entre grandes empresarios, secretarios y ministros de los tres gobiernos peronistas kirchneristas.

Nunca dudamos de los numerosos hechos de corrupción que rodearon a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En su momento los denunciamos uno por uno. Basta recordar, por citar un ejemplo, toda la corrupción vinculada a la masacre de Once, denunciada sistemáticamente por nuestras compañeras y compañeros de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, en especial por Rubén “Pollo” Sobrero y Mónica Schlotthauer.

En este caso, más allá de la evidente responsabilidad de los funcionarios involucrados, resulta escandaloso que la inmensa mayoría de los empresarios cómplices hayan sido liberados de cargo y culpa mediante el simple expediente de transformarse en “testigos colaboradores”. Un auténtico despropósito judicial.

Los gobiernos corruptos

No se nos escapa el oportunismo del momento elegido para iniciar este juicio. Su objetivo es desplegar un show mediático que distraiga del avance del gobierno contra el pueblo trabajador, con nuevas medidas de ajuste y el lanzamiento del ataque mayor: la reforma laboral.

El inicio del juicio, y la decisión de prolongarlo para transformarlo en un “culebrón” que dé rating a los medios de comunicación antikirchneristas, contrasta con la absoluta parálisis de las causas que involucran al presidente Javier Milei y a su hermana Karina. Tal es el caso del Cripto-gate, del que surgen novedades casi a diario desde Estados Unidos, pero que en la justicia argentina continúa cajoneado. Lo mismo ocurre con las denuncias de coimas contra Karina Milei, el famoso “3%” cobrado a costa de las personas con discapacidad.

El gobierno ultraderechista de Milei es escandalosamente corrupto. También lo fue el de Macri, con casos emblemáticos como el de Calcaterra. Y ni hablar de la larga lista de hechos de corrupción del kirchnerismo. Si seguimos hacia atrás, encontramos los históricos escándalos del menemismo (Yoma-gate, Swift-gate, tráfico de armas a Croacia y Ecuador, privatizaciones). En todos los casos se repite el mismo patrón: gobiernos coimeros por un lado, empresarios beneficiados por el otro. Todos socios y felices, a costa del pueblo trabajador.

La deuda externa

Cuando se habla de corrupción, nunca debemos olvidar el mayor monumento a la corrupción de la historia argentina: la ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta deuda externa generada por la dictadura genocida de Videla y Martínez de Hoz, de la que se beneficiaron innumerables grupos económicos locales y extranjeros, como la familia Macri.

Esa deuda fue luego reconocida, pagada y multiplicada por absolutamente todos los gobiernos posteriores: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, los Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei. Dentro de esa cadena hubo operaciones fraudulentas como el megacanje de 2001 (por la que el hoy ministro Federico Sturzenegger debería estar preso, de no haberlo salvado la Corte Suprema), o los negociados con bancos internacionales como el JP Morgan y el Deutsche Bank, donde trabajaron Luis “Toto” Caputo, Santiago Bausili y toda la actual plana mayor del equipo económico de La Libertad Avanza.

¿Cuál es la salida?

Nuestra posición siempre fue clara: todos los responsables deben ser condenados y devolver lo robado, sin excepciones, incluyendo a los empresarios beneficiados por estos negociados. Pero la conclusión más profunda es que la corrupción está estructuralmente ligada a los gobiernos patronales y a sus políticas de entrega al capital imperialista, con sus consecuencias de ajuste, endeudamiento y saqueo.

La única salida es que gobiernen quienes no tienen complicidad con este pasado: las y los trabajadores y la izquierda, poniendo en marcha un programa obrero y popular que comience por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, con Trump y con todos los lazos que atan al país al sometimiento político y económico del imperialismo yanqui.