Escribe Adolfo Santos

En un acto político con una escenografía que rememoraba las tristemente célebres puestas en escena fascistas de Benito Mussolini, con banderolas verticales donde se leía: “Dios, Patria, Familia, Propiedad y Libertad”, dirigentes ligados al gobierno ultraderechista de Milei, lanzaron la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”.

En un tono entre patético y militarista, Daniel Parisini, uno de sus principales referentes, más conocido como el Gordo Dan, dijo desde la tribuna que esta organización “será el brazo armado de La Libertad Avanza (LLA), la guardia pretoriana del presidente Javier Milei”. Como era de esperarse, las declaraciones causaron bastante revuelo. Sobre todo, porque entre los presentes había muchas figuras que ocupan importantes cargos en el gobierno, son apadrinadas por Santiago Caputo, uno de los más influyentes asesores de Milei, y cuentan con importantes recursos económicos para actuar.

Conocidos como la Banda de San Miguel, entre otros, son parte de este grupo el diputado provincial Agustín Romo (LLA); el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo (con fuerte influencia en la Cancillería); el diputado nacional Santiago Santurio; el director de Comunicación Digital de Presidencia “Juan Doe”; el subsecretario de Asuntos Universitarios, Alejandro “Gallego” Álvarez; y el escritor anti derechos Agustín Laje, principal referente de la Fundación Faro, que cuenta con el financiamiento de sectores del empresariado nacional que pagaron entre 25 mil y 100 mil dólares para ocupar una mesa en una cena de gala en el Yacht Club Puerto Madero el día de su lanzamiento.

Sería ocioso discutir cuáles serán “las verdaderas armas” de este grupo de ultraderecha y contra quiénes las van a utilizar finalmente. Hoy hay violencia desde el propio gobierno que actúa con crueldad contra las y los trabajadores, jubiladas y jubilados, sectores populares, mujeres y disidencias y aplica un violento plan de ajuste y retira derechos. Y también hay disputas internas en LLA de Provincia de Buenos Aires en vista a las próximas legislativas. De un lado Santiago Caputo y la Banda de San Miguel, y del otro Karina Milei, Martín Menem y su puntero Sebastián Pareja, para quien la Banda de San Miguel “no representa ni dos macetas de territorio”, se lanzan amenazas.

No podemos ignorar estas manifestaciones de la ultraderecha. Son fachos, violentos que avanzan amparados por la protección de un gobierno que viene destilando odio desde el primer día y que insufla actos de provocación permanente diciendo: “van a correr, zurdos de mierda”. Y que también va contra periodistas, escritores, los movimientos sociales, la lucha de las mujeres y disidencias y las organizaciones sociales. Milei es un misógino, negacionista del genocidio de la última dictadura militar e insulta y amenaza a todo el que no piensa como él. Y encontró una funcionaria a su medida en Patricia Bullrich para reprimir la protesta y acusar de “terroristas” a los que luchan.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, nos sumamos al Proyecto de Resolución presentado por la bancada del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados que expresa un claro “repudio a las dichos llevados adelante en la reunión de lanzamiento de la agrupación Fuerzas del Cielo a conformarse como el brazo armado de LLA” y compartimos “el llamado a las organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y personalidades de distintos ámbitos a repudiar esta incitación a la persecución política por tratarse de un hecho de extrema gravedad y peligrosidad, cuyo objetivo es perseguir a las voces opositoras, atacar a las y los que luchan e impedir la protesta social”.

Escribe José Castillo
 
Se realizó la 30° Conferencia Industrial de la UIA. La particularidad de este año fue que el gobierno decidió abiertamente boicotear el evento: tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo se bajaron de la invitación a participar. El diputado José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto, directamente los insultó, llamándolos “caraduras” y diciéndoles “que se vayan a cagar” ante las quejas por la apertura a las importaciones, que pone en riesgo la existencia de muchos sectores industriales.

Las críticas de los dirigentes de la UIA fueron más que tibias y medidas. Martín Rappallini, presidente de la Conferencia, señaló: “Queremos que nos respeten; no es contra nosotros, es con nosotros”, se quejó de la apertura indiscriminada a productos extranjeros, pero inmediatamente pasó a elogiar a la política económica de Milei: “nos presenta nuevos desafíos”. Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad, hizo malabares para no criticar al gobierno.

Es que, por un lado, la UIA comparte con el conjunto de la patronal local y extranjera su posición anti obrera a favor de la flexibilización laboral, la baja salarial y el ataque a los derechos sindicales. Pero por el otro, vive una fractura interna entre las grandes empresas, como Techint, que son los grandes ganadores con el RIGI y los negocios gasíferos y petroleros, y otras patronales más dependientes del mercado interno, hoy totalmente afectado por la recesión.

La moraleja de todo esto es que la lucha contra el ajuste y la motosierra de Milei y el FMI sólo puede ser llevada adelante por el pueblo trabajador, el único que no tiene complicidades con el gobierno. No hay “patrones buenos”, más allá de que algunos pueden estar más perjudicados, mientras otros son privilegiados en sus negocios.

Escribe Atilio Salusso

La novia
Fue destituido el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Fernando Mengo. El ministro Luis Petri lo había designado porque “a lo largo de su vida ha dedicado su vocación a la fuerza para honrarla y servirla”. Pero resulta ser que lo volaron por “denuncias de acoso y/o abuso a mujeres” y “el uso indebido de aeronaves de la institución con fines particulares” (32 vuelos para ver a su novia, la suboficial Yanina Torres, que oficiaba en Entre Ríos). Lo apodaban Alberto Fernández. En su reemplazo fue designado un tal Gustavo Valverde, que dicen cuenta “con una significativa trayectoria en la aviación”.
 
¿Facho bueno?
“Es un militante de las ideas de la libertad y sería un buen candidato. Las ideas las expresa con mucha claridad. Es un profesional, un médico que tiene experiencia y capacidad de expresión. Si uno habla con él es una persona absolutamente normal, equilibrada, cree en la libertad en todos los órdenes y está en contra de lo que ha sido el sistema político hasta ahora”. Esto dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, del facho Daniel Parisini, quien lanzó la fuerza de choque con signos fachos denominada “el brazo armado de Milei”.
 
Diez palos verdes
El Yacht Club de Puerto Madero albergó el lanzamiento de la Fundación Faro, una especie de think tank oficial para financiar la formación de cuadros ultraderechistas de La Libertad Avanza. El mitin congregó a 500 personas que pagaron 25 mil dólares promedio por cubierto. Se recaudaron más de diez millones de dólares, los que le gustan a Milei. Estuvieron Georgie Neuss (personaje multi negocio); Marcos Galperín (Mercadolibre); Martín Migoya (Globant); Claudio Belocopitt (Swiss Medical); Eduardo Elsztain (Irsa); Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Federico Braun (La Anónima); José Luis Manzano (ex ministro menemista) y representantes de laboratorios, de Sancor Seguros, entre otros “personajes de bien”.
 
¿Quién gana?
“Las compañías crecieron 34.648 millones de dólares en la Bolsa Porteña. Duplicaron su valor en los últimos doce meses. Un 130% desde que asumió Milei” (La Nación, 17/11). El número indica cuánto vale una compañía de acuerdo al precio de sus acciones en el mercado de capitales. ¿Quiénes son? YPF S.A., Telecom, Pampa Energía, Grupo Galicia, Macro, Central Puerto, BBVA, Loma Negra, Edenor, Cresud, Cablevisión, Transener, Mirgor, Banco Supervielle, Banco de Valores. Cuando Milei dice que milita en defensa de “la propiedad”, es la de ellos.

Escribe José Castillo

El gobierno de Javier Milei vuelve con algo que ya fracasó en los años ´90, la privatización de las empresas públicas. En aquel momento, con Carlos Menem y Domingo Cavallo y utilizando la excusa del “déficit fiscal” y la supuesta “ineficiencia”, se liquidó al mejor postor todo el patrimonio nacional.
Las consecuencias fueron terribles: prácticamente se desmanteló la red ferroviaria nacional, una de las más importantes de Latinoamérica, dejando a miles de pueblos incomunicados y condenados a la desaparición. En el área metropolitana de Capital y Gran Buenos Aires se siguió viajando hacinado, llegando al extremo de que la corrupción empresaria terminara en una masacre como la de Once. Aerolíneas Argentinas fue entregada a Iberia, que virtualmente la vació y casi la lleva a la quiebra, mientras se abrían los negocios de cabotaje para empresas como Lapa (la del avión que no pudo despegar de Aeroparque y terminó causando un desastre) o Southern Winds (que culminó acusada de narcotráfico). Se privatizó la electricidad, y así aparecieron los cortes masivos y el desastroso servicio de empresas como Edenor, Edesur y Edelap. Gas del Estado, con una de las redes más extendidas del mundo, también fue desguazada en pedazos y aún hoy, treinta años después, sigue habiendo problemas de desabastecimiento. YPF terminó en manos de Repsol, que liquidó las reservas y vació la empresa, que finalmente tuvo que ser reestatizada. Podemos seguir con otros ejemplos, pero creemos que con estos basta.

Hoy Milei vuelve con lo mismo, planteando volver a privatizar lo reestatizado (como Aerolíneas Argentina, la Hidrovía del Paraná o los ferrocarriles) o avanzando con nuevos negocios y entrega de riquezas, en el gas, el petróleo o la minería, a través de programas como el RIGI.

Las empresas públicas no están “para dar ganancias”. Su objetivo es cumplir un rol social y propender al desarrollo y la integración del país. Aerolíneas Argentinas y la red ferroviaria deben cubrir todo el territorio, más allá de los sectores de mayor “importancia económica”. El acceso al gas, a la electricidad y al agua potable es un derecho humano y debe estar garantizado con tarifas sociales para quien la necesite. Nuestros recursos no renovables, como el gas, el petróleo o los minerales, deben ser cuidadosamente explotados, al servicio de nuestro pueblo y con pleno cuidado del ambiente y consenso con las poblaciones involucradas.

Tenemos que oponernos fuertemente a este intento privatizador de Milei, al mismo tiempo que seguimos reclamando la reestatización de todas las empresas privatizadas de los ´90 que todavía siguen en manos de los saqueadores. Oponiendo, en cambio, la consigna de la reestatización de todas las privatizadas, bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios.

Escribe Mariano Soria

El 20 de noviembre pasado, día de la conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado contra la flota anglo-francesa que intentaba imponer sus condiciones comerciales y violar nuestra soberanía en 1845, Javier Milei anuncio la reprivatización del control sobre la “Hidrovía”, que constituye un canal navegable entre la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, hasta el océano Atlántico. Aunque su parte más rentable es entre Timbúes (40 kilómetros al norte de Rosario) y el mar, ya que por ese tramo circula el grueso la exportación de las multinacionales cerealeras de nuestro país, lo que significa 70 mil millones de dólares de movimiento comercial, el 80% de todo el país. Este esquema de saqueo se complementa con un sistema de puertos prácticamente privatizados en su totalidad, sobre los que el Estado no tiene casi control.

La administración de la navegación del Paraná, es un negocio de 300 millones de dólares en peajes a los barcos, aunque por la falta de controles, seguro es mucho mayor. Y la multinacional belga Jan de Nul es candidata a quedarse con el negocio, que ya lo tuvo desde 1994 hasta 2021, cuando Alberto Fernández y el peronismo hicieron una puesta en escena de “reestatización”, pero manteniendo a dicha empresa en el dragado y la operación técnica del Paraná. Jamás se invirtió para que sea el Estado Nacional y las provincias, con sus técnicos y profesionales, quienes controlaran definitivamente al río Paraná, su navegación y sus puertos.

Algunas condiciones de la licitación, dejarían fuera de la competencia a una empresa china, y también a otras europeas. Es importante recordar que en mayo de este año, la Administración General de Puertos (AGP) y el Comando Sur del Ejército yanqui hicieron un “acuerdo” para la asistencia “técnica” del control del río, como ya sucedía en Paraguay. O sea una entrega de una zona estratégica de nuestro país al imperialismo que, por supuesto, no quiere compartir con empresas chinas ese privilegio.

La cuenca del Paraná es el lugar común de doce millones de personas. Un ecosistema complejo con una biodiversidad inigualable. Es también víctima de los crímenes del agronegocio y los negociados inmobiliarios; y a su vez, de las consecuencias del calentamiento global que le producen bajantes de su caudal cada vez más frecuentes.

El río Paraná, lejos de ser sacrificado en el altar de las ganancias de un puñado de multinacionales, debiera ser puesto a resguardo, saneamiento e integración dentro de un plan de transición ecológica al servicio de las necesidades populares. En vez de licitar una nueva “sociedad anónima”, necesitamos una empresa estatal bajo control de sus trabajadores y las comunidades locales, con colaboración de científicas y científicos comprometidos con la defensa de los territorios, para dar vuelta la hoja, y dejar atrás este camino de saqueo, depredación ambiental y hambre.