1 TN papelón
El periodista Jonatan Viale vendía un adelanto de la entrevista que le hizo a Javier Milei. Se vanagloriaba porque le hizo decir que le dieron “un cachetazo”. Con eso desmentía, según él, que las entrevistas estaban pactadas. Le duró poco. Al rato se reveló el papelón. Salió el crudo donde se ve a Santiago Caputo parando la filmación, diciéndole a Milei que tiene que decir y a un Viale retrocediendo en chancletas con el interrogatorio: “Entiendo, puede traer un quilombo judicial”, dijo Jony. Recordemos que Milei habla de “periodistas ensobrados”. Otro traspié mileísta de TN y Viale.

Fenómeno Barrial
La frase “fenómeno barrial” es la que usa Milei en sus posteos como latiguillo cuando un comentario suyo o alguna visita a un país llega a los medios internacionales. Hace poco la había utilizado para intentar demostrar que su discurso cala en la mente de uno de los hombres más ricos del mundo, el que saluda como los nazis, Elon Musk. Ahora también Milei logró “reputación mundial” con la estafa cripto. ¿Cuál fue el logro? Como dicen en las redes, “el logro fue que lo puetearan en todos los idiomas”.

ATE con Papa
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, visitó al Papa. Le imploró “que adelante el viaje a la Argentina porque hay un pueblo sufriente. Le pedimos que rece por Milei para que lo haga mejor persona”. ¿Mejor persona a un facho?
Aguilar dijo que la visita lo llenó “de fe y esperanza” y que salió de la misma “más fuerte que nunca”. Esperemos que eso se traslade a un verdadero plan de lucha de ATE para derrotar la motosierra, no en lavarle la cara al jefe del Vaticano que con una bendición celestial puede cambiar al personaje que está aplicando un brutal ajuste promocionando estafas mediante.

Gendarme
Patricia Bullrich fue a Salta y la pasó mal. Se hizo viral el reproche del padre de un gendarme. “Mi hijo gana 750.000 pesos, paga 400.000 de alquiler y tiene dos hijos”. La ministra, sorprendida y en modo campaña, le dijo: “Le prometo un plan Procrear” (no quiero planes le contestó el padre), precisamente se trataba del plan de viviendas que Milei anuló por decreto. Y cuando la ministra le dijo “estamos haciendo un gran esfuerzo con el 5% de aumento que le dimos”, el padre le volvió a contestar “eso no alcanza para nada”. Hasta su propia tropa se le sublevó.

Escribe Cristian Duarte, comisión de reclamos de los ferroviarios del Sarmiento

El gobierno ultraderechista de Javier Milei publicó el decreto mediante el cual se autoriza la privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA (BCLSA). Desde el Cuerpo de Delegados del Sarmiento nos oponemos terminantemente a esta medida. Las privatizaciones del ferrocarril han estado al servicio de grandes grupos económicos, viciados de corrupción y no solo han fracasado, sino que nos llevaron a desastres como la masacre de Once.

El Belgrano Cargas es una empresa del Estado creada en 2013. En ese momento se hizo cargo de la explotación comercial, operacional y logística de otras líneas ferroviarias de cargas que habían estado en manos privadas (Pescarmona, Camargo Correa) y fueron abandonadas con grandes pasivos. De esta forma, el BCLSA, engloba tambiém el ferrocarril General San Martín y General Urquiza. Esto demuestra que los ferrocarriles en manos privadas tienen como único propósito hacer grandes negocios y embolsar ganancias sin realizar inversiones. Prueba de ello fue la mencionada Masacre de Once o los 435 descarrilamientos por año de ferrocarriles de carga privados que siempre denuncian Rubén “Pollo” Sobrero, el cuerpo de delegados y la Bordó nacional.

Como es típico de este gobierno entreguista, viene por la destrucción total de un patrimonio valioso como es el ferrocarril. Esta privatización propone un verdadero desguace de la empresa estatal que se llevará a cabo bajo las modalidades de remate público para venta de material rodante y la concesión de obra pública para las vías ferroviarias, sus inmuebles aledaños y el uso de todos los talleres ferroviarios. Para hacer atractivo el negocio, la venta del material rodante, será destinada al financiamiento y pago de obras de las vías a ser concesionadas. Lo que se dice un “capitalismo sin riesgos”. Además, se delega al ministro Luis Caputo la facultad de convocar y adjudicar la licitación pública para su concesión.

Esta medida es parte de la motosierra que Javier Milei viene aplicando sobre el ferrocarril desde que comenzó su gestión. Empezó con el desfinanciamiento de los trenes de pasajeros, luego con los despidos en Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf) y otros en Chaco. Mientras anunciaban la privatización del Belgrano Cargas dieron a conocer la noticia de que el servicio a Pehuajó dejará de funcionar y editaron un decreto para vender tierras ferroviarias, entre ellas una parte del predio de Haedo. Es decir destrucción total y tierra arrasada. Por eso debemos organizar la lucha para detener estas políticas.

Por un ferrocarril 100% estatal

El gobierno de Milei miente cuando habla de que sobra personal y eso causa pérdidas al Estado. En el caso del Belgrano Cargas, los 4.600 trabajadores y trabajadoras tienen a su cargo 7.600 kilómetros de vías, 163 locomotoras y 11.620 vagones. Un número bajo de personal si tenemos en cuenta la importancia de ese servicio. El objetivo del gobierno con esta privatización es beneficiar a las multinacionales y grandes empresas privadas exportadoras de cereales y productos mineros, para que sigan haciendo suculentos negocios. Pero no podría avanzar en estas medidas sin la anuencia de la burocracia sindical de la lista Verde de Sergio Sasia, secretario de la Unión Ferroviaria, que se beneficiará con un 10% de las acciones y un funcionario en el directorio. Igual que José Pedraza durante el peronismo menemista.

Desde el cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento, la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria y la lista Bordó, llamamos a todos las y los ferroviarios a organizar la lucha para enfrentar la privatización que significa profundizar el saqueo, nuevos despidos y reducción salarial. La única forma de tener un ferrocarril moderno, eficiente y rentable es que se estatice el 100% del sistema que integre el servicio de carga y de pasajeros. Una empresa estatal gestionada por sus trabajadoras y trabajadores y usuarios, que tenga como objetivo la comunicación de todo el territorio nacional, el desarrollo de sus economías regionales trasladando la producción y a las y los trabajadores que levantan este país cada día.


 
 
 
 
 
 

Escribe Ana Valverde, dirigente UTJEL

A pesar de que tenía la posibilidad de prorrogarla por dos años más, el gobierno determinó que el próximo 23 de marzo finalice el plazo para acogerse a la moratoria a todos aquellos que no consigan justificar treinta años de aportes. Esta medida constituye un duro golpe para quienes cumplan con el requisito de la edad (60 años para las mujeres y 65 para los varones), pero no puedan comprobar los treinta años de aportes. La moratoria no es una dádiva del Estado, es la forma de disimular la violación de leyes laborales y previsionales por parte de las patronales. Por eso, eliminarla, generará un gravísimo problema a las y los trabajadores que quieran jubilarse futuramente.

Una gran parte no completa los aportes porque las patronales no realizan los depósitos correspondientes. Además, contratan en negro u ofrecen servicios prestados en un mercado desregulado y precarizado donde las y los trabajadores sufren todo tipo de atropellos. Si esto sucede en la industria y en las grandes empresas, imaginen lo que pasa con un trabajador rural, una empleada en casa de familia, o en trabajos temporales. Por eso defendemos la continuidad de la moratoria, que es para subsanar un problema generado por las patronales y la falta de control de los distintos gobiernos y no por el o la trabajadora.

Pero además, el gobierno ultraderechista prepara una dura reforma previsional, cuyos términos fueron acordados con el Fondo Monetario Internacional. La infidencia de ese proyecto que el gobierno quería ocultar en un año electoral, es lo que acaba de provocar la expulsión del titular de la Anses, Mariano de los Heros. “Voló por los aires” dijo Milei aduciendo que un funcionario de “segunda línea” no podía deschavar los malignos planes del gobierno.

Echaron a de los Heros y designaron a Fernando Bearzi, un ejecutivo de la firma offshore Noctua International WMG, constituida en las Islas Caimán, de la que Luis “Toto” Caputo fue accionista. Noctua es una firma que se utilizó para administrar fondos de inversión. Bearzi que era asesor financiero de Noctua, según consta en la filtración Paradise Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ahora va a dirigir la Anses. No nos extraña que con la misma liviandad que promociona la estafa de las cripto monedas, Milei ponga un zorro a cuidar del gallinero.

Llamamos a la unidad de las organizaciones que representamos a las y los jubilados a mantener y acrecentar la movilización, exigiendo de la CGT y las CTA que se sumen a la misma en defensa de la prorrogación de la moratoria y que la Anses y el PAMI sean devueltos a sus legítimos dueños: las y los trabajadores activos y las y los jubilados y pensionados y no entregado a un agente de fondos buitres.

Escribe Mariano Barba

Con la presencia de una delegación encabezada por nuestra diputada nacional de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer y de Pablo Almeida, delegado general de ATE Ministerio de Economía, acompañamos al Polo Obrero en la conferencia de prensa realizada en los tribunales de Comodoro Py, para repudiar el juicio contra más de diez dirigentes sociales, entre los que se destaca Eduardo Belliboni, quienes son acusados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita por los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”. Desde noviembre del año pasado, el magistrado dio por cerrada la instrucción impidiendo que el Polo Obrero presente decenas de testigos y entregue pruebas que derrumben algunos elementos importantes de la acusación. Están negando el derecho de defensa, derecho básico para poder afrontar un ataque judicial y político de tal magnitud. No solo se cometió esta arbitrariedad, sino que también desde el Polo Obrero solicitan el apartamiento del fiscal por la comprobación de que giró parte el texto de elevación a juicio a la producción del programa de Luis Majul, antes que las partes fueran notificadas. Una verdadera componenda con los periodistas voceros incondicionales de Javier Milei y Patricia Bullrich.

En la conferencia de prensa decenas de adherentes al Polo Obrero llevaron su testimonio desmintiendo la posición del fiscal y reclamando el fin de la persecución a la organización y la restitución de los alimentos a los comedores populares.
Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con las y los compañeros del Polo Obrero y acompañamos las acciones públicas de denuncia de este juicio amañado y persecutorio.

El gobierno peronista de Llaryora, fiel ejecutor de la motosierra de Milei, vuelve a la carga para privatizar la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), ahora amparados en la adhesión a la Ley Bases.

Todas las privatizaciones han significado malos servicios y tarifas impagables para los usuarios, mientras las ganancias han sido siderales para los empresarios privados, como lo demuestran los casos de Edenor y Edesur en CABA, y otras privatizaciones de servicios básicos, a lo largo y a lo ancho del país.

Este proyecto de Sociedad Anónima significa la privatización de la empresa, la pérdida total de la soberanía energética sobre el principal servicio público en la provincia y la liquidación del Convenio Colectivo de Trabajo de sus trabajadores, una conquista histórica. Fue la movilización de todo el pueblo trabajador y sectores populares cordobeses, la que derrotó los cuatro intentos anteriores de privatización impulsada tanto por gobiernos radicales como peronistas.

Conocida la intención del gobierno, las y los trabajadores lucifuercistas, convocaron a una multitudinaria asamblea en el sindicato, donde resolvieron asambleas por lugares de trabajo, y la convocatoria a un acto unitario con otras organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos para impulsar una gran movilización contra la privatización.

Desde Izquierda Socialista y A Luchar nos hicimos presentes en dicho acto para acompañar esta pelea y exigir a las CGT y CTA un verdadero plan de lucha y paro provincial para defender a la EPEC estatal e integrada. Hoy debemos rodear de la más amplia unidad y solidaridad esta lucha.
                     
Corresponsal