José Castillo

Javier Milei avanza con la privatización de AySA para pagar deuda externa y abrir negocios a empresarios aliados y socios internacionales como Mekorot, mientras millones de usuarios siguen sin agua corriente ni cloacas. 

El pasado 15 de septiembre, el gobierno decidió avanzar con la apertura de sobres de la privatización de AySA. El objetivo, como lo ha reconocido públicamente el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es recaudar rápidamente 500 millones de dólares para destinarlos a los próximos vencimientos de deuda del año que viene. Se trata de regalar la empresa a cambio de cumplir con el FMI y los pulpos acreedores internacionales.

Ese apuro hace que AySA se esté prácticamente regalando. Es dueña de redes subterráneas colosales, plantas potabilizadoras históricas, como la General San Martín, y estaciones elevadoras construidas a lo largo de décadas con fondos públicos. La empresa genera ingresos por cobro de tarifas de aproximadamente mil millones de dólares al año y cuenta con 3,8 millones de usuarios, alrededor de 14 millones de personas en CABA y 26 partidos del conurbano. O sea, en un solo año de recaudación, los nuevos dueños ya obtendrán el doble de lo que pagarán por la empresa.
Por otra parte, entre 2006 y 2023, los distintos gobiernos destinaron más de 13.400 millones de dólares en subsidios para sostener la operación y las obras. Venderla por solo 500 millones representa una fracción mucho menor de todo esto.

Las condiciones del pliego

Se ofrece un contrato de 30 años de explotación exclusiva, con opción de prórroga contractual por hasta 10 años adicionales. O sea, un regalo por los próximos 40 años. Las obligaciones para el ganador son sustancialmente menores a las exigidas en la privatización menemista de los años ‘90.
El nuevo marco proyecta alcanzar un 75,3% de cobertura de agua potable y un 63,9% de cloacas hacia 2031, para llegar al 90% de agua y al 75% de cloacas recién al término de los 30 años. La excusa es priorizar el mantenimiento técnico de la red existente y la “sostenibilidad financiera”, postergando la expansión masiva hacia zonas vulnerables. Amplias áreas del conurbano que carecen de agua o cloacas verán demorada su integración sanitaria por décadas.

Debido a ello, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó un amparo objetando estos estándares de calidad y cobertura. La Justicia Contencioso Administrativa confirmó una medida cautelar que exige a AySA garantizar la continuidad del servicio y las inversiones, derivando luego la causa al fuero federal. El gobierno de Milei, al continuar con el proceso, avanza pese a esta resolución judicial.

Los posibles compradores

Por un lado, tenemos el autodenominado Consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX. Está integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua AR B.V. Arcos, perteneciente al Grupo Equipav de Brasil, figura como operador técnico. Transclor pertenece al empresario Mauricio Filiberti, conocido como “el rey del cloro”.

Por el otro está el consorcio encabezado por Roggio ROAS, vinculado al Grupo Roggio, que participa en Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes. Su respaldo técnico internacional está dado por la empresa estatal de agua de Israel, Mekorot, y el grupo japonés Marubeni, a través de operaciones vinculadas al sector del agua.

¡No a la privatización!

AySA es el nombre de la empresa estatal que reemplazó en 2006 a Aguas Argentinas, sucesora a su vez, para el AMBA, de Obras Sanitarias de la Nación tras la privatización de los ´90. Tuvo que ser reestatizada después de la gestión de la francesa Suez.
El acceso al agua y las cloacas es un derecho humano, no una mercancía. AySA debe seguir siendo estatal y pasar a ser gestionada por sus trabajadoras y trabajadores y usuarios.

Mariana Scayola, secretaria de prensa de Ademys

Hace algunas semanas se publicaron los resultados de las pruebas PISA 2025 en nuestro país, diseñadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe indica que los resultados obtenidos por las y los estudiantes de tercer año de la escuela media marcan un claro retroceso en Lectura, Matemática y Ciencias.

Las pruebas PISA son evaluaciones estandarizadas creadas por la OCDE que se toman en casi un centenar de países, sin considerar los parámetros socioculturales de cada uno. Evalúan el estado de los aprendizajes con el objetivo de mejorar la “calidad educativa” y, por lo general, responsabilizan a las y los docentes del “fracaso educativo”. En definitiva, estas evaluaciones no están pensadas para contribuir a evaluar el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes.

El gobierno de Javier Milei, que aplica también el plan motosierra en Educación, salió rápidamente a negar cualquier responsabilidad, señalando que estos resultados son producto de las políticas de los gobiernos anteriores. Sin embargo, meses antes se había adjudicado los resultados positivos del Operativo Aprender en Primaria como fruto de su gobierno.

Nadie puede negar la tremenda crisis que viene atravesando la educación de nuestro país desde hace mucho tiempo. Sin dudas, es responsabilidad de los gobiernos anteriores y del actual también. Leyes educativas como la Ley Federal de Educación de Carlos Menem, que orientó el proceso de atomización del sistema educativo; la Ley de Educación Nacional del peronismo kirchnerista, que coloca como centro el rol “contenedor” de la escuela y también las habilidades y destrezas, desplazando al conocimiento como eje central de la tarea educativa; la baja del presupuesto educativo, que profundiza el deterioro salarial de las y los docentes y el abandono de la inversión en infraestructura; y el fracaso de las reformas de la escuela media han configurado el actual estado de la educación.

Las reformas educativas que los gobiernos nacionales y provinciales implementan fueron diseñadas por organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, entre otros. Estas políticas han avanzado en la liquidación del derecho social a la educación, denigrando el trabajo docente, profundizando el vaciamiento de la Escuela Pública y fortaleciendo la privatización del sistema educativo, colocando a la Educación como una mercancía.

Revertir esta enorme crisis educativa requiere medidas de fondo. La renacionalización del sistema educativo es una de ellas, junto con el aumento del presupuesto educativo al 10% del PBI o al 25% del total del presupuesto nacional. Para esto es necesario dejar de pagar la deuda externa y eliminar los subsidios a la escuela privada.

Las y los docentes deben cumplir un rol protagónico en la construcción de las currículas y los dispositivos educativos. Por todo esto, es necesario dar un primer paso con la realización de un Congreso Educativo donde las y los trabajadores de la educación debatan y resuelvan medidas para mejorar el rumbo educativo y frenar el ajuste y la mercantilización del conocimiento que impone hoy el gobierno de Milei con la complicidad de todos los gobernadores.

Montserrat Gayone referenta de Izquierda Socialista Bahia Blanca

Este miércoles se realizó en Bahía Blanca una Conferencia de prensa para convocar a la Marcha de la Bronca contra la política del gobierno de Milei, impulsada por la Asamblea Abierta que se realizará el sábado 19 a las 15.30 horas en la Plaza Rivadavia.

Participaron integrantes de la CTA , ADUNS y de SUTEBA , del movimiento socioambiental y jubilados. También entre los presentes estuvieron presentes integrantes del PTS, del PO y de Izquierda Socialista.

Se espera una amplia adhesión en esta localidad del SO Bonaerense, zona de sacrificio, que rodeada de poderosas empresas multinacionales exportadoras del agronegocio, la energía, el petroleo y el gas no recibió aportes de nación para reconstruir su infraestructura tras la inundación del 7 de marzo.

A la bronca generalizada por las penurias que pasa el pueblo, aquí se suma la bronca de que Milei venga a festejar con los CEOs de las empresas las fabulosas ganancias que les brinda el RIGI.

La gran Marcha de la Bronca contra el gobierno de Javier Milei, sus cómplices y el FMI suma numerosos artistas a la convocatoria.

Katja Aleman y Mirta Busnelli, Miguel Cantilo (autor de la Marcha de la Bronca), Bruno Arias y bandas como Los Gardelitos, Mal pasar y Bersuit Vergarabat son parte de una lista que crece día a día.

Miguel Cantilo se une “con la esperanza de que podamos, todos juntos, la unión y la fuerza, lograr un mejor tratamiento para las mayorías en la Argentina”.

Katiaj Aleman se refirío a “la bronca que tanta gente tiene acumulada por esta entrega, este remate y este desguace del país”.

Mal pasar mostró un afiche de la marcha junto al grito de “¡Próximo sábado, estamos todo ahí!”, “Corta la bocha”.

Las y los artistas expresan la bronca de millones contra la motosierra, los despidos, los aumentos, las deudas, los ataques a la cultura, la educación y la salud. Por eso somos parte de los convocantes junto al Plenario del Sindicalismo Combativo y decenas de organizaciones más. Te esperamos

María Meza, dirigenta de Izquierda Socialista Tierra del Fuego

El viernes 11 de septiembre, llegan a Ushuaia el canciller Pablo Quirno y el ministro de defensa Carlos Presti. Vienen a continuar la perfomance electoralista del gobierno entreguista de Milei, ese que nunca ocultó su postura sobre Malvinas. Sostiene que las islas “serían de los usurpadores que las ocupan” y que, al final, serían ellos mismos quienes deciden qué hacer con el destino de las Islas (¿autodeterminación de los isleños?). No esperábamos otra cosa del admirador de Margaret Thatcher.

Mientras el gobierno se cae a pedazos y el pueblo trabajador solo recibe hambre y dolor, estas figuras llegan a mostrarnos espejitos de colores. Porque, en paralelo a esa puesta en escena, avanza una Base Naval Integrada, y NO OLVIDAR QUE ES CON EEUU: un plan para fortalecer la presencia y la capacidad militar en un espacio geopolítico clave, donde se juega el control del Atlántico Sur y el ingreso a la Antártida.

La pregunta es inevitable: ¿qué lugar queda para el pueblo fueguino cuando el objetivo real es otro?
Porque la plata, además, no aparece para resolver las necesidades urgentes: les niegan a jubilados, a las personas con discapacidad, a las universidades, a la educación, a la salud y a la obra pública. Y sin embargo, anuncian una “inversión” de 500 millones de dólares, prometiendo que sería para “favorecer a las y los fueguinos”. La respuesta es contundente: mienten. Siempre mienten.

La contradicción se vuelve aún más grave cuando hablan de “defender la soberanía” mientras impulsan un atroz industricidio. En ese sentido, el gobierno nacional oficializó la Resolución 351/2026, que modifica los procesos productivos para la fabricación de aires acondicionados en Tierra del Fuego, y podría dejar sin trabajo a más de 3000 personas desde el 15 de diciembre.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, no nos dejamos engañar y denunciamos el acompañamiento a esa supuesta defensa de la soberanía que dejan entrever Melella y Vuoto. Malvinas no es una causa de un gobierno que pretende despoblar la Isla Grande para entregársela a la rapiña extractivista y a los intereses geopolíticos