Escribe Atilio Salusso

Baile frustrado
Donald Trump quería tener su salón de baile en la Casa Blanca. Iba a ser financiado con donaciones privadas por 400 millones de dólares, con capacidad para 600 personas. Pero la iniciativa despertó una ola de rechazos entre arquitectos, historiadores y expertos en preservación por alterar el equilibrio arquitectónico de la residencia presidencial, además de errores groseros como que la escalinata de ingreso no conducía a la entrada principal. Hasta que un juez la frenó: “El presidente de Estados Unidos es el mayordomo de la Casa Blanca ¡Sin embargo, él no es el dueño!”, dijo. Por ahora, Stop al supuesto bailongo.

Legal?
Los créditos del Banco Nación para la mafia facho-libertaria siguen dando sorpresas. Tuvo que renunciar Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de la ministra Sandra Pettovello. Recibió 400 millones de pesos, pero fue “un acto legal”, dijo. Otro beneficiado fue el diputado Juan Bongiovanni de La Libertad Avanza por 185 mil dólares, “como hicieron miles de personas” dijo. Resulta ser que este personaje es sobrino de otro Bongiovanni, que preside la Fundación Libertad de Rosario (promoviendo el achique del Estado), y primo de otro Bongiovanni, director de la misma fundación en Madrid, quien se dedica a enseñar “mecanismos de recaudación y lobby para los partidos de la derecha global”. Una pinturita.
 
Voto indigno
El gobierno de Javier Milei votó en la ONU contra de la resolución que califica a la esclavitud africana como “crimen contra la humanidad”. ¿Junto a quién? A Estados Unidos (Trump) e Israel (Netanyahu). Fueron los únicos tres votos negativos, de 123 votos a favor y 52 abstenciones.
Los paí­ses afri­ca­nos, alia­dos en la cues­tión Mal­vi­nas, le recla­ma­ron al emba­ja­dor argen­tino por el insó­lito voto. Un Juan Rocatagliata enrojecido contestó “no fue mi decisión”. El canciller y ex JP Morgan, Pablo Quirno, lo fundamentó: “Nuestros socios son Estados Unidos e Israel, no África ni el Tercer Mundo”. Así le está yendo a este gobierno. ¡No en nuestro nombre!                         

 

Escribe José Castillo

Hay nuevos despidos y más ajuste en el sector público. Pero también aumenta el desempleo privado, impulsado por el cierre de miles de empresas. Los salarios, por su parte, siguen perdiendo mes a mes frente a una inflación en alza.

El ministro de Economía, Luis Caputo, terminó confesando ante sus íntimos (como reveló un periodista): “ajusté, arreglé con el Fondo, abrí la economía, creamos el RIGI, sacamos la reforma laboral, ¡más no puedo hacer!”. Y reconoció, de forma resignada, que la inflación no va a bajar “a cero en agosto” como prometieron, ni va a llegar ninguna lluvia de inversiones por la baja del riesgo país, que sigue alto, por encima de los 600 puntos.

Javier Milei, mientras contradictoriamente sigue afirmando que está todo bien, también dijo: “queda pendiente una gran corrección de precios regulados que hace que vaya a tardar más el efecto sobre la inflación”. (Entrevista al medio español El Debate).

El ajuste de La Libertad Avanza tiene claros ganadores y perdedores. Se conocieron nuevos datos de distribución del ingreso del Indec: el 10% más rico de la población gana 13 veces más que el más pobre. La mitad de los ocupados gana menos de 800 mil pesos, muy por debajo de cualquier medición de la línea de pobreza. Hace poco también se conoció el dato del crecimiento del desempleo.

Los salarios siguen perdiendo. Así sucedió en 2024 y en 2025. En los últimos meses, el deterioro frente a la inflación se aceleró. Según los datos oficiales de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), en noviembre pasado el promedio de suba salarial fue del 0,8%, mientras que los precios subieron 2,5%. En diciembre, los salarios crecieron nominalmente 1,3%, pero la inflación volvió a superar los 2,8%. En enero fue peor aún: salarios creciendo 0,8% frente a una inflación de 2,9%. Con todos estos datos, no sorprende que el 65% de las familias afirme que no puede llegar a fin de mes.

A todo esto se suma el drama de los endeudados. Millones de trabajadores ya no pueden pagar sus préstamos. Reventaron sus tarjetas de crédito comprando comida el año pasado, luego no pudieron refinanciar los saldos con tasas de interés astronómicas. Tomaron nuevos préstamos para pagar esas deudas y ahora tampoco pueden afrontarlos. Por eso crecen los morosos a niveles nunca vistos. Por contraposición, mientras esto sucede, el gobierno otorga préstamos millonarios a sus funcionarios a tasa preferencial.

El gobierno profundiza la motosierra

Esto es el resultado de dos años y medio de ajuste, con una reducción del 30% del gasto público, lo que implica 90 mil millones de dólares que pasaron a manos de los grandes especuladores, los acreedores de la deuda externa y las grandes patronales.

El gobierno no piensa frenar el ajuste. Como afirmó el propio presidente, están convencidos de seguir “hasta el final”. Por eso hay que pararle la mano a esta auténtica declaración de guerra contra el pueblo trabajador.

Como venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo, hay que apoyar incondicionalmente cada lucha, como hoy se hace con FATE, con la lucha de docentes y no docentes universitarios y con la pelea de otros sectores de la docencia en varias provincias. Pero, al mismo tiempo, hay que seguir exigiendo a la CGT un nuevo paro nacional y un plan de lucha, denunciando el escandaloso pacto que mantiene con el gobierno.

Al mismo tiempo, al programa de la motosierra, al servicio de los grandes capitalistas y del FMI, hay que oponerle otro programa, obrero y popular. Como sostenemos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, este debe comenzar por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para poner todos los recursos al servicio de salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino y financiamiento para salud, educación, vivienda, ciencia y tecnología.

Escribe Mariano Barba

El gobierno ultraderechista, en medio de paros y movilizaciones, impuso en febrero la reforma laboral. Recibió el voto de varios diputados y senadores radicales y peronistas, cómplices de la aplicación de la motosierra de Javier Milei. La CGT negoció mantener la caja de las obras sociales y el aporte “solidario” a cambio de dejar pasar el resto del ataque a conquistas históricas de la clase trabajadora. En lugar de organizar un plan de lucha para impedir la aprobación de la ley, la CGT optó por judicializar la aplicación de la Ley 27.802.

El juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, consideró válido el pedido cautelar de la central obrera y suspendió la aplicación de 82 artículos, aclarando que esta medida “no cierra la discusión de fondo”. El argumento es que existen indicios de regresividad en materia laboral y riesgos de daños irreparables a los derechos de los trabajadores. El fallo frena cambios clave como el fondo de cese laboral, la eliminación de presunciones laborales (por la cual, si el empleador cambia arbitrariamente las condiciones de trabajo, al trabajador solo le queda la posibilidad de darse por despedido, cuando antes podía recurrir a la Justicia) y modificaciones en la antigüedad. También quedó suspendida la exclusión de derechos para trabajadoras y trabajadores de plataformas.

Otro fallo, dictado en el Juzgado del Trabajo N° 74 por el juez José Ignacio Ramonet, hizo lugar al planteo de la Unión Docentes Argentinos y suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral, que declaraba a la educación como servicio esencial y obligaba a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga, prácticamente liquidando ese derecho.

Estos fallos no resuelven el reclamo de fondo, pero son un paso adelante, producto de la bronca y de las luchas que se desarrollaron frente al Congreso exigiendo la no sanción de la ley. Allí también se planteó, desde la izquierda y el sindicalismo combativo, que la CGT rompa el pacto con el gobierno y organice un paro y un plan de lucha nacional. A pocos meses de sancionada, continuamos exigiendo ese plan de lucha a la CGT y a las CTA para tirar la ley y resistir su aplicación en cada lugar de trabajo.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad
  
En el canal de streaming Gelatina, el diputado de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Juan Grabois, sostuvo la idea de “buscar alguna interna abierta” hacia las elecciones presidenciales de 2027. En dicha entrevista expresó: “Habrá que buscar alguna interna abierta. Hay un montón de candidatos. Estoy yo, Axel, Massa, Llaryora, Moreno, Pichetto [...] que venga Bregman también”. Ahora bien, ¿la manera de enfrentar la motosierra de Javier Milei es, como dice Grabois, con un frente electoral del peronismo y la izquierda para 2027, o con la unidad de acción en las calles para frenarlo ahora, como proponemos desde Izquierda Socialista/FIT-Unidad?

La propuesta de Grabois tiene un primer problema, que es político. El peronismo, en todas sus variantes, ya gobernó. Recientemente, con la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández como vicepresidenta, lejos de representar una alternativa para las mayorías populares, su gobierno terminó aplicando un ajuste pactado con el FMI, profundizando la pobreza, la precarización laboral y la inflación. Ese fue el terreno fértil que permitió el ascenso de Milei. No se trata de una fuerza que “falló parcialmente”, sino de un gobierno que llevó a una crisis social profunda que allanó el camino a la ultraderecha.

A esto se suma el rol actual del peronismo en el Congreso. Mientras se presenta discursivamente como oposición, sectores del PJ ligados a los gobernadores aportaron los votos necesarios para que avance la reforma laboral esclavista. Tampoco la CGT se jugó a enfrentarla en las calles con un plan de lucha. Esta complicidad no es un hecho aislado, sino la expresión de un acuerdo que sostiene un modelo económico capitalista que prioriza el pago de la deuda, el saqueo, los negocios de los grandes grupos económicos y la subordinación a los organismos internacionales.

El planteo de Grabois de un gran frente peronista no es novedoso: es lo que ya hicieron con el Frente de Todos o con Unión por la Patria, proyectos que fracasaron. El FIT-Unidad no tiene nada que ver con el oportunismo electoral del peronismo ni con su programa de conciliación de clases. Representa la mayor unidad de la izquierda revolucionaria lograda en los últimos quince años y es una fuerza política en ascenso por su coherencia, su programa de lucha y su independencia frente a todos los gobiernos de turno.

Por eso nos reconocen en la calle, por estar dando la pelea dentro y fuera del Congreso. Porque estamos los miércoles con las y los jubilados, peleando por el presupuesto para las universidades públicas, enfrentando la reforma a la Ley de Glaciares y en cada lugar de trabajo o estudio, construyendo una alternativa distinta para que gobiernen quienes nunca gobernaron: las y los trabajadores junto a la izquierda.

No se trata sólo de diferencias tácticas o electorales, sino de estrategias de fondo completamente opuestas. El peronismo propone sostener las ganancias empresariales, garantizar el saqueo de las multinacionales y el pago de la deuda externa. Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad sostenemos lo contrario: que la crisis la paguen quienes la generaron. Planteamos romper con el FMI, nacionalizar la banca y el comercio exterior, y avanzar hacia un plan económico alternativo al servicio de garantizar las demandas populares de la clase trabajadora y los sectores populares.

Escribe Adolfo Santos

Con una gran movilización nacional, los movimientos sociales, apoyados por sectores sindicales y partidos de izquierda, realizaron una fuerte manifestación de repudio a la eliminación definitiva de casi un millón de beneficiarios del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo). Fue una respuesta a la política del gobierno ultraderechista de Javier Milei, que a partir de abril eliminó el pago de 78 mil pesos destinado a personas en situación de absoluta precariedad y que no reciben otros subsidios del Estado.

Por eso apoyamos este “piquetazo” nacional contra las políticas del plan motosierra del gobierno, que cuenta con la complicidad de los gobernadores y del FMI. No hay margen para que los sectores más vulnerables continúen siendo atacados por este plan de ajuste, que los empuja a la marginalidad. Acompañamos esta protesta en la perspectiva de que cada vez más sectores se sumen a la lucha contra las políticas de hambre, desocupación y sometimiento que impulsa el gobierno.

Miles de manifestantes expresaron este martes 7 el rechazo a esta medida. Las mayores repercusiones se dieron en el AMBA, con cortes en el Camino Negro, cerca del Puente de la Noria, en Puente Pueyrredón, en Puente Saavedra, en la Autopista Buenos Aires-La Plata y en decenas de otros puntos del país.

En la intersección de Ruta 3 y General Paz, en La Matanza, nos encontramos con compañeros de Izquierda Socialista/FIT Unidad que participaban junto a la organización social Unión y Lucha Barrial. “Mientras los funcionarios de este gobierno corrupto viajan por todos lados y aumentan sus patrimonios, Milei nos retira el VAT y nos manda a reprimir, pero vamos a seguir unidos en esta lucha porque no tenemos otra salida”, señaló Fernanda López, dirigenta de Unión y Lucha Barrial. La unidad a la que hacía referencia incluía a compañeros del Polo Obrero, la UTEP, el MTR Cuba, la OLP y el Teresa Vive, entre otras organizaciones presentes en la protesta.

Por su parte, Olga Ortigoza, de Izquierda Socialista, dirigenta docente y concejala (mc) de La Matanza, expresó: “Rechazamos este ajuste del gobierno contra los sectores que más lo están sufriendo. Junto con el Volver al Trabajo, también cortaron el Programa Remediar, que distribuía unos 80 medicamentos a los sectores más necesitados. La única respuesta del gobierno nacional, con la colaboración de la Policía de la Ciudad, ha sido la represión. No van a conseguir amedrentarnos. Vamos a seguir luchando por trabajo genuino para todas y todos y exigimos que las organizaciones sindicales elaboren un plan de lucha y un paro nacional para frenar el ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI”.