Escribe José Castillo

Fate es propiedad del Grupo Madanes, actualmente bajo la conducción de su tercera generación. Javier Madanes Quintanilla, uno de los multimillonarios argentinos, llegó a figurar en la revista Forbes con una fortuna personal estimada en 1.500 millones de dólares, ocupando en 2024 el puesto número 12 entre las personas más ricas de la Argentina.

La familia Madanes construyó su fortuna a lo largo de más de 80 años, sobre la base de la explotación de sus trabajadoras y trabajadores y de privilegios otorgados por distintos gobiernos.

Son los dueños de Aluar, empresa a la que accedieron luego de un oscuro proceso de adjudicación, apoyados en sus vínculos con el dictador Alejandro Agustín Lanusse en 1972 y con José Ber Gelbard, entonces dirigente de la CGE y luego ministro de Economía de los gobiernos de Cámpora y Perón. De ese modo se consolidaron como “los dueños del aluminio” en Argentina. Al mismo tiempo, a través de acuerdos con empresas transnacionales automotrices, realizaron grandes negocios con Fate, la empresa de neumáticos. El Grupo Madanes también es propietario de la central hidroeléctrica de Futaleufú, que abastece de energía eléctrica a su planta de aluminio.

Como tantos otros grandes grupos económicos, los Madanes también se beneficiaron durante la dictadura genocida iniciada en 1976. Formaron parte del grupo de empresarios que transfirieron su deuda externa al Estado en la conocida estatización impulsada por Domingo Cavallo en 1982. Según la investigación de Alejandro Olmos, que dio lugar al fallo del juez Ballesteros, el Grupo Madanes se benefició con la estatización de una deuda de 80 millones de dólares, que a valores actuales equivale a unos 300 millones.

Este empresario ha mostrado reiteradamente su perfil antiobrero. En su trayectoria figuran los procesos de flexibilización laboral aplicados en todas sus empresas en 1991, acompañados de despidos masivos. También el acuerdo que llevó adelante con las otras empresas del sector del neumático (Pirelli y Bridgestone) para congelar salarios y disciplinar a las y los trabajadores mediante despidos.

Escribe Guido Poletti

Son datos oficiales: durante el gobierno de Milei ya cerraron 21 mil empresas y se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo en blanco. Los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo afirman, sin ningún pudor, que si bien se perdieron algunos empleos “se crearon otros tantos”. Una afirmación falsa. Los propios datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que mide el número de trabajadores que realizan aportes al sistema jubilatorio, indican que hay 192.400 trabajadoras y trabajadores menos registrados. Si a esto se suma la caída del empleo público (en la administración central, los organismos descentralizados y las empresas públicas) y lo ocurrido en las provincias, la cifra total supera los 300 mil puestos de trabajo perdidos.

Fate no es un caso aislado. Corre un serio peligro de cierre la Granja Tres Arroyos, de Concepción del Uruguay, una de las empresas avícolas más grandes del país. También está el caso de SKF, en Tortuguitas, con décadas de trayectoria en la producción de rulemanes, que emplea a 150 operarios y ya anunció que relocalizará su planta en Brasil.

Whirlpool pasó de inaugurar una planta de lavarropas en Fátima en 2022 a cerrarla en noviembre de 2025. No fue por problemas tecnológicos ni de obsolescencia: allí se producía el lavarropas de carga frontal más moderno del mundo. La empresa decidió importar desde Brasil y despidió a la totalidad de sus trabajadoras y trabajadores.

Frente a esta verdadera tierra arrasada, que lejos de revertirse tiende a profundizarse, decimos con claridad: hay que defender los puestos de trabajo. Es urgente un plan de emergencia que prohíba las suspensiones y los despidos y que plantee la estatización de toda fábrica que cierre, para que continúe produciendo bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores. Al mismo tiempo, es necesario dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para financiar así un gran plan de obras públicas que genere miles de puestos de trabajo genuinos.

Escribe Guido Poletti

La aprobación de la reforma laboral dejó al desnudo el rol del peronismo y de la CGT: complicidad, pasividad y ausencia de un plan de lucha frente a la motosierra. Se vuelve urgente una salida por izquierda, con un programa obrero y popular que enfrente el ajuste hoy, no en 2027.

El proyecto de reforma laboral fue aprobado tanto en Senadores como en Diputados (resta una nueva revisión por parte de la Cámara Alta). El gobierno de Javier Milei logró la complicidad de un número importante de legisladores peronistas. Mientras tanto, la CGT dejó pasar la primera votación sin convocar a un paro y, cuando finalmente llamó a la huelga, lo hizo únicamente ante el repudio popular que generó la eliminación de las licencias por enfermedad, sin plantear ninguna continuidad ni plan de lucha.

Muchísimos compañeros y compañeras fueron testigos de lo ocurrido y hoy se preguntan qué hacer. El peronismo, principal partido patronal de oposición, se muestra cada vez más inútil para quienes quieren enfrentar la motosierra de Milei y el FMI. La pregunta aparece con fuerza: ¿por qué pasa el ajuste?, ¿por qué logran aprobar las leyes que proponen?

La realidad, visible desde el inicio de este gobierno, es que el peronismo, incluso su sector que se mantiene en un discurso opositor, deja avanzar el ajuste y no se juega a respaldar las luchas en curso. Su argumento reiterado es “esperar y votar”, apostando a que la bronca popular se canalice en un futuro triunfo electoral que les permita volver al poder.

Incluso en el plano estrictamente electoral, esa estrategia fracasó. Derivó en la derrota del año pasado y en el fortalecimiento del oficialismo en ambas cámaras del Congreso. El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, intentó justificar la aprobación de la reforma laboral hablando de “los traidores”. Pero esa explicación no alcanza. ¿Cómo llegaron esos “traidores” a integrar listas del peronismo? ¿Por qué, votación tras votación, son cada vez más? Y, sobre todo, ¿a qué convocan quienes dicen no serlo?

Martínez volvió a repetir lo que viene diciendo desde hace dos años, solo que ahora frente a una situación mucho más grave, como la posibilidad de perder derechos laborales conquistados en más de un siglo de luchas: “esperar a 2027 y votar al peronismo para derogar la ley”. Ese planteo sintetiza la pregunta que se hacen miles de compañeras y compañeros. ¿Por qué los dirigentes peronistas no acompañan las marchas de los miércoles de las jubiladas y jubilados? ¿Por qué no apoyaron peleas enormes como la del Garrahan? ¿Por qué hoy no aparecen para respaldar a las y los trabajadores de Fate?

Con la reforma laboral esclavista se profundizó algo que ya existía: el pacto de la CGT con el gobierno. Un pacto que permitió el avance de todas y cada una de las medidas de ajuste de estos dos años. Esta vez, su ausencia fue más visible que nunca. Cuando el proyecto se trató en el Senado, dejaron pasar el debate sin convocar a un paro general. Llamaron a una movilización y se retiraron rápidamente, repitiendo la lógica del acto del 18 de diciembre, lo que abrió el camino a la feroz represión contra el sindicalismo combativo y la izquierda, que permanecieron en el Congreso.

Luego, cuando la bronca social los obligó a llamar a un paro por el ataque a las licencias por enfermedad, lo hicieron sin continuidad ni plan de lucha. Hoy, la respuesta vuelve a ser la misma: “ir a la justicia”. Todo esto debería llevarnos a una reflexión profunda. El peronismo, tanto en el plano político como en el sindical, no está dispuesto a enfrentar seriamente el ajuste de Milei y el FMI.

¿Qué pasa con el programa?

El peronismo no sólo se niega a pelear hoy. Tampoco tiene un programa alternativo que dé respuesta a las necesidades del pueblo trabajador. La pregunta es concreta: ¿qué proponen? Nada distinto de lo que ya fracasó con los gobiernos de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa.
Insisten en que no se puede romper con el FMI porque “sería infantil”, como sostuvo Axel Kicillof en entrevistas posteriores a las elecciones, y vuelven a plantear que hay que “negociar distinto”. Es exactamente lo mismo que decían durante el gobierno de Alberto: pagar la deuda y, al mismo tiempo, redistribuir la riqueza. Una utopía que ya conocemos cómo termina.

Incluso se empieza a ver cómo muchos dirigentes peronistas buscan aggiornarse a los nuevos tiempos. La propia Cristina llegó a decir que había que dejar de hablar de “Estado presente” para pasar a hablar de “Estado eficiente”.

¿Cuál es la salida?

A quienes hoy se sienten decepcionados y todavía tenían expectativas en el peronismo, los invitamos a hacerse una pregunta simple: ¿quién estuvo y está en todas las luchas? ¿Quién reclama sistemáticamente que la CGT rompa la tregua y convoque a un paro general con un verdadero plan de lucha? En el plano parlamentario, ¿qué bloque votó sin fisuras contra todas y cada una de las medidas de ajuste de Milei?

La respuesta es clara: el Frente de Izquierda Unidad. El único espacio que plantea que no hay salida sin dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Que propone nacionalizar la banca y el comercio exterior, reestatizar las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios, y garantizar que ningún salario ni jubilación esté por debajo de la canasta familiar.

Pelear hoy contra el ajuste y apoyar todas las luchas, en lugar de llamar a “votar bien” en 2027. Oponerse de verdad, votando en contra en el Congreso y en cada ámbito que corresponda. Levantar un programa obrero y popular frente a la entrega y el sometimiento que impone la motosierra de Milei.
Eso es exactamente lo que hoy no hace el peronismo y sí hace el Frente de Izquierda.

Escribe Mariano Barba
*Foto de tapa: Gobernadores Jalil (Catamarca), Jaldo (Tucumán), Passalacqua (Misiones) y Sáenz (Salta) 

Javier Milei atraviesa un momento de control en Diputados y Senadores. Esto no se explica por la cantidad de representantes propios de La Libertad Avanza, sino por el entramado de aliados con los que ya contaba (UCR, PRO y fuerzas provinciales) al que ahora se suman cada vez más legisladores peronistas que le garantizan apoyo. Dentro del peronismo se los califica como “traidores”, una etiqueta funcional a la tribuna para justificar el doble discurso de Unión por la Patria que votaron en contra de la reforma. Sin embargo, se trata de un recurso discursivo vacío: el Partido Justicialista ha hecho muy poco para impedir el avance de la motosierra o para frenar las leyes antiobreras del gobierno. La CGT peronista, que viene pactando con Milei desde hace años, es la expresión más clara de esta claudicación.

¿Acaso no son peronistas todos aquellos diputados y senadores que asumieron sus bancas por listas provinciales pidiendo el voto para distintas variantes del PJ? Legisladores peronistas de Salta, Tucumán, Misiones y Catamarca son responsables directos de que se haya aprobado la reforma laboral y, previamente, la Ley Bases.

El alineamiento con Milei sigue profundizándose. En estos días, tres senadores abandonaron el interbloque conducido por José Mayans: Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). De este modo, el PJ queda reducido a 25 miembros en el Senado, su representación más baja desde el retorno de la democracia en 1983. Esta fragmentación le permite a La Libertad Avanza, junto con sus aliados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, quedar a solo cuatro votos de alcanzar los dos tercios en la Cámara alta.

Los gobernadores peronistas también avanzan en la conformación de un nuevo espacio, junto a otros mandatarios provinciales, con el objetivo declarado de garantizar la “gobernabilidad” y negociar de manera conjunta con el gobierno nacional financiamiento y asistencia crediticia. Integran este esquema los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), junto a Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Se coordinan para que sus diputados y senadores sigan votando las leyes exigidas por el gobierno nacional y, de ese modo, le aseguran al presidente las herramientas necesarias para aplicar la motosierra.

No se trata de “traidores”. Son cómplices. Y, al mismo tiempo, ejecutores del ajuste en sus propias provincias.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Régimen Penal Juvenil vuelve a poner a las pibas y los pibes en la mira del ajuste. Mano dura, más cárcel y menos derechos como respuesta a una crisis social que el propio gobierno profundiza.

La Cámara de Diputados dio media sanción el pasado jueves 12 de febrero al Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Se trata de un nuevo avance en la política de criminalización de las pibas y los pibes, que el gobierno busca convertir en ley el próximo viernes 27, cuando el proyecto sea tratado en el Senado junto con la modificación regresiva de la Ley de Glaciares.

Contra todas las opiniones de especialistas en materia penal y de los organismos de derechos de las infancias y adolescencias, Javier Milei y Patricia Bullrich avanzan en su plan de mano dura. Para lograr la media sanción en Diputados contaron con la complicidad del PRO, la UCR, el MID, Encuentro Federal que responde a Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica, Provincias Unidas (que aportó 17 votos, incluido el del diputado Martín Lousteau) y distintos bloques provinciales ligados a gobernadores peronistas, como el de Tucumán. El resultado fue 149 votos a favor y 100 en contra, entre estos últimos el 100% de las bancas del FIT Unidad.

La nota de color la dio el diputado Ramiro Gutiérrez, del espacio que responde a Sergio Massa, quien aportó su presencia para garantizar el quórum que habilitó el debate en el recinto. En el marco de las sesiones extraordinarias y de la ofensiva ultraderechista del gobierno, buscan ahora convertir este proyecto en ley en el Senado. Se trata de un grave retroceso en materia de derechos y garantías, que lejos de resolver el problema de la inseguridad, lo profundiza.

Bajar la edad o aplicar mano dura no reduce el delito

Bajo el argumento de “delito de adulto, pena de adulto”, el gobierno presenta a las infancias y adolescencias como responsables de una inseguridad que crece al calor de la motosierra de Milei y el FMI. Con este régimen penal, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente y recibir penas como si fueran adultos, que en casos de delitos graves llegan hasta 15 años de prisión.

Las experiencias internacionales son contundentes. Estudios de Unicef, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito, sino que lo aumenta. En Ecuador, donde la edad de punibilidad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100 mil habitantes. En Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia incluso dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas.

Otro dato revelador: de los diez estados con mayor tasa de crímenes violentos en Estados Unidos, seis tienen pena de muerte. Son los más duros, pero no los más seguros (Clarín, 12/2).

¿Qué muestran realmente los datos?

En Argentina hay 3,6 millones de pibas y pibes de entre 13 y 17 años que el gobierno busca criminalizar. El 47% vive en la pobreza y el 15% en la indigencia. En 2022 fallecieron 15.144 jóvenes por muertes evitables, y el 31% de esos casos fue por suicidio.

Además, la campaña punitivista se monta sobre una falsedad: la tasa de criminalidad en el país bajó de 4,2 en 2024 a 3,7 en 2025. Según Unicef, sólo el 0,45% de las chicas y chicos de entre 12 y 17 años cometió algún delito. El gobierno oculta esta realidad para poner el foco donde no está el problema: en la juventud pobre.

Políticas integrales, no cárcel para la juventud

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. Hoy en Argentina un juez puede disponer la internación de menores de 16 años en institutos, aun sin condena firme. En muchos casos, estos espacios funcionan como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos.

Para combatir la inseguridad, que golpea principalmente a las y los trabajadores y a los sectores populares, no sirven las respuestas represivas. Eso es solo más criminalización. Lo que se necesita es desmantelar las mafias que operan al amparo del poder político, judicial y policial; terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI y destinar presupuesto a políticas integrales que fortalezcan el sistema de protección de las infancias y adolescencias.