Escribe Hugo Iglesias, dirigente de Izquierda Socialista de Río Grande

Una batería de medidas dispuestas en las últimas semanas da cuenta de la carrera de Milei por someter la soberanía de nuestro país en el cono sur a las exigencias de Trump para controlar el cruce bioceánico y la Antártida. Al mismo tiempo que esta semana profundizó sus compromisos geopolíticos con el gobierno de los EEUU, aceptando integrar el fraudulento Consejo de Paz para legitimar el genocidio y colonización de Gaza, puso un pie en el acelerador para su control de Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico sur en función de esos compromisos.

El 21 de febrero a la madrugada, en plena oscuridad, fuerzas de Prefectura naval y de Gendarmería ocuparon el puerto de Ushuaia para dar paso a la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegables (ANPYN) que suspende su habilitación por un año y podría prorrogarse.  El puerto de Ushuaia tiene múltiples funciones. Sirve para fines turísticos en Ushuaia, de aprovisionamiento de cruceros que van a la Antártida, de sostén logístico a la isla, pero también atiende la comunicación y aprovisionamiento por mar de las 13 bases argentinas en ese continente.

En los últimos días, el gobierno de Milei dispuso el traspaso de las bases Carlini y Brown que tienen funciones científicas y dependían de Cancillería al Comando Conjunto Antártico (CoCoAntar) dependiente del ministerio de Defensa. Ambas bases forman parte del Programa Antártico cuya misión es la investigación científica de cuestiones ambientales, biológicas, climáticas y de apoyo logístico a la presencia de nuestro país en el territorio. Científicos y hasta ex militares de estas misiones señalan que el traspaso atentaría contra estos objetivos, y no tiene justificativo. Curiosamente, el personal apostado en esas bases venía señalando el desmantelamiento de recursos en función del ajuste del estado nacional que estaba poniendo en peligro su funcionamiento, lo que podría considerarse parte de una estrategia de pera madura para justificar el traspaso.

Cabe señalar que desde 1959 existe el Tratado Antártico que es internacional y que impide el uso con fines militares del territorio, cuya soberanía está en disputa entre diversos países. Las 13 bases que posee Argentina tienen una ubicación extendida como parte de la defensa de nuestra presencia en el territorio. En 2018 el gobierno de Macri hizo una primera avanzada de militarización, disponiendo el pase de la mayoría de esas bases al CoCoAntar, dependiente de Defensa, dejando solo las dos señaladas para fines científicos. Milei hoy cierra el círculo. Cabe consignar que fuentes no oficiosas de Defensa han manifestado que no tienen recursos para afrontar este nuevo objetivo para sus tareas. Entonces, ¿a qué respondería la medida? ¿Quién sí tiene recursos para sostener o desmantelar estas bases?  No podemos olvidar las dos visitas del jefe del Comando Sur de los EEUU, Almirante Alvin Hosley, y la conferencia sudamericana de Defensa que realizó en nuestro país en 2025, donde se estableció el compromiso de trabajo conjunto para defender el Atlántico sur del supuesto peligro de China en la región, obviamente bajo la dirección de los EEUU. Así mismo recordar que, en noviembre de 2025, producto de estos acuerdos, se realizaron actividades conjuntas de las fuerzas navales argentinas con las estadounidenses en la base militar de Ushuaia.

Al mismo tiempo nos enteramos que uno de los objetivos de la 62 Conferencia internacional de Seguridad que se realizará el 15 de febrero en Munich, es sellar un acuerdo entre el ministro de Defensa Petri y el canciller Quirno con el gobierno inglés para que se levante el veto que rige desde la guerra de Malvinas para que Argentina pueda comprar armas con componentes británicos, y para favorecer el turismo en la Antártida. ¿Nos venden espejitos de colores? ¿Armas británicas para defendernos de quienes ocupan nuestras Malvinas? ¿Una conferencia de seguridad que aborda el turismo en la Antártida?

El 25 de enero un avión de la fuerza aérea estadounidense voló desde Buenos Aires a Ushuaia sin comunicación del Gobiernos Nacional  ni de los organismos de defensa argentinos a las autoridades provinciales.

A esta llamativa avanzada militarista tenemos que agregar la ofensiva de Milei para destruir la economía de la isla que desalienta la permanencia de su población en la misma. En noviembre de 2025 el gobierno nacional redujo la obligatoriedad del 70% al 30% de las partes nacionales que componen un celular, lo que favorece a los importadores y afecta los empleos en el sector. En enero, la fábrica Newsan ya despidió a 150 trabajadores en Ushuaia.

El 15 de enero entró en vigencia el decreto 333/2025 que reduce a 0% los aranceles de importación. Este decreto había sido suspendido en mayo de ese año luego de una huelga general de los metalúrgicos que culminó con un paro provincial. El decreto pone en peligro más de 6.000 puestos de trabajo industriales y varios miles más que esta industria derrama en servicios, comercio, entre otros.

Pero eso, no es todo. También en enero, por resolución 20/206 la Secretaría de Comercio e industria, dependiente del ministerio de Economía nacional, eliminó la obligación de las empresas beneficiarias del Régimen de promoción industrial por Ley 19640 de destinar el 15% de los impuestos que no pagan (IVA) al Fondo de Ampliación de la Matriz productiva (FAMP). Este fondo debía servir para generar fuentes de empleo e infraestructura que permitiera reconvertir el sistema productivo para volverlo sustentable durante el período de prórroga de la mencionada ley que vence en 2030.

Desde su creación el fondo no se utilizó y recién el año pasado los mismos grandes empresarios, como Chernakosvky (Newsan) y Caputo (Mirgor), presentaron proyectos que los benefician, sin necesidad de retorno y que no crean nuevas fuentes de empleo. El FITU presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional en octubre de 2025 para que dicho fondo fuera provincializado y puesto a control de un directorio con mayoría de trabajadores y vecinos de modo que, efectivamente se destinara a un proyecto de sustentabilidad económica de la isla que permita defender el empleo.

Por su parte, el gobierno  encabezado por el peronista Melella, ha demostrado su inutilidad para resolver la crisis financiera que vive la provincia, al punto que hace 7 meses que no paga los salarios policiales, la obra social de los estatales de la provincia, OSEF, afronta graves problemas presupuestarios para la atención de sus afiliados, los hospitales públicos están colapsados por la población sin obra social. Todo esto pronostica una crisis cada día más aguda.

Izquierda Socialista llama a la unidad urgente de todos los sectores de trabajadores para luchar por derrotar la intervención del puerto, apoyando el reclamo que ya vienen haciendo los portuarios en la puerta del mismo.  A sumar esta lucha a la defensa de los puestos de trabajo contra los despidos.

En ese camino proponemos que la realización de un gran encuentro o congreso provincial de sindicatos, trabajadores, vecinos, pequeños comerciantes, estudiantes para discutir la unidad de todos por un plan de emergencia para derrotar la entrega colonialista del gobierno de Milei a cualquier potencia extranjera, y para  proyectar un plan de una economía sustentable que el gobierno provincial no garantiza, y que solo los trabajadores pueden liderar.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada CABA (mc) Izquierda Socialista/FIT Unidad

Del 19 al 23 de enero se realizó en Davos (Suiza) la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial. Un evento que, desde la década del setenta, funciona como una verdadera cumbre del poder económico global, donde los empresarios más ricos del planeta y los gobiernos a su servicio acuerdan cómo profundizar el saqueo capitalista, ajustar a los pueblos y garantizar la impunidad de los multimillonarios. Allí estuvo Javier Milei firmando su compromiso como integrante del “Board of Peace”, una especie de ONU paralela con la que Donald Trump pretende seguir adueñándose del mundo.

En una sala semivacía, Milei leyó su discurso. En el mismo dijo que Maquiavelo había muerto para anunciar el fin de la relación entre lo justo y lo eficiente, pero rápidamente volvió a levantar dicotomías anacrónicas, como la de Occidente contra Oriente, para reivindicar el Board of Peace, un acuerdo que fue rechazado por la casi totalidad de los países europeos. Un nuevo fracaso que Milei intenta disimular con frases grandilocuentes.

El presidente volvió a reivindicar los “valores judeocristianos” como excusa para atacar a la cultura woke, a las luchas feministas y a los movimientos sociales. Habló del derecho a la vida y a la libertad, pero la libertad que defiende Milei es la de los grandes empresarios para despedir, explotar y apropiarse del trabajo ajeno. Su defensa fanática del capitalismo como un sistema justo choca de frente con la realidad: el mundo es cada vez más desigual y la riqueza se concentra en pocas manos a niveles obscenos.

Según el informe 2026 de la ONG Oxfam, la riqueza de los multimillonarios creció más de un 16 % en 2025 y alcanzó el récord histórico de 18,3 billones de dólares, mientras que una de cada cuatro personas en el mundo pasa hambre. Este es el sistema que Milei elogia en Davos y pretende profundizar en Argentina con ajuste, despidos y represión.

Hoy los multimillonarios compran influencia política y mediática para imponer reglas a su medida. Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook) o Elon Musk (Tesla, X) encabezan una verdadera oligarquía global que financia campañas, presiona gobiernos y obtiene exenciones impositivas, mientras millones de personas ven degradar sus condiciones de vida. No se trata de libertad, sino de un régimen al servicio del capital concentrado.

En Argentina, este modelo tiene beneficiarios concretos. Marcos Galperin, el hombre más rico del país y financista de la campaña de Milei, recibió exenciones fiscales por 247 millones de dólares en solo tres años. Al mismo tiempo, los despidos durante el gobierno de Milei, ya alcanzan a unas 400 personas por día. Los salarios y jubilaciones son de pobreza y se hunden frente a una inflación que no da tregua.

En este marco, el gobierno pretende avanzar con una reforma laboral que será debatida en el Senado y que constituye un ataque directo a los derechos conquistados por la clase trabajadora tras décadas de lucha y organización. Si se aprueba, significará más precarización, menos derechos y mayores ganancias para las patronales. Frente a un gobierno que continúa beneficiando a los ricos, entrega el país al capital extranjero, profundiza el extractivismo y ajusta brutalmente a las mayorías populares, la respuesta tiene que ser en las calles. Por eso, te invitamos a organizarte con Izquierda Socialista en el FIT Unidad para enfrentar la reforma laboral, derrotar el ajuste de Milei y defender cada uno de los derechos ganados con la movilización. ¡Sumate a dar esta pelea!

El año arrancó con la intervención imperialista de Donald Trump contra Venezuela. Javier Milei dijo que se trataba de “un día histórico en defensa de la democracia, la vida, la libertad y la propiedad privada”. No se sabe para quién, porque para las y los venezolanos seguro que no. Y vino el derrape. Milei pidió que asumiera Edmundo González Urrutia, pero tuvo que llamarse a silencio cuando su “padre” Trump descartó esa variante. Luego ambos volvieron a derrapar cuando la justicia norteamericana hizo caer la acusación contra Nicolás Maduro como líder del llamado Cártel de los Soles, que no existe.

Otro pifie internacionalista del gobierno argentino, además del que se espera con su discurso en Davos, fue el siguiente. Después de denostar el tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea, quiso anotarse un poroto diciendo que fue obra suya. Se trata de un pacto cuyo eje es engordar las ganancias de las multinacionales: automotrices, laboratorios, tecnológicas, logística, transporte, energía, agronegocio y las dedicadas al saqueo del litio, el cobre y los minerales críticos, entre otras (Clarín, 18/01). La coronación del dislate entre ultraderechistas fue la invitación de Trump para que Milei sea parte de una Junta de Paz en Gaza. Ambos son defensores y sostenedores del genocidio y la limpieza étnica perpetrados por el Estado sionista de Israel.

En estos veinte días del “año nuevo”, el mandatario siguió desplegando su motosierra salvaje. Con el pago que se apresta a hacer el 1° de febrero al FMI, la suma que se va del país en concepto de deuda externa llegará a 7.545 millones de dólares. La inflación subió al 2,8% en diciembre y, a pesar de la recesión, sigue carcomiendo los ingresos populares. Es la misma inflación que Milei decía que iba a pulverizar.

Los despidos hacen estragos. Se confirmaron casi 300 mil desde que asumió. Entre los más recientes se cuentan los de Mercado Libre, Lustramax, Lácteos Verónica, Georgalos y Farmacias Dr. Ahorro. Los incendios en la Patagonia volvieron a encontrar a pobladores y brigadistas poniendo el cuerpo para frenarlos. Mientras tanto, el gobierno, por DNU, le dio facultades especiales al espionaje de la SIDE, a la que además le aumentó las partidas en el Presupuesto 2026, para que detenga impunemente a quien se le ocurra cuestionar a los personajes de la Casa Rosada.

También está en carpeta, para las sesiones extraordinarias de febrero, la modificación de la Ley de Glaciares, hecha a medida de la multinacional suiza Glencore. La empresa busca saquear cobre en San Juan y Catamarca, en el proyecto Agua Rica, y fue denunciada por ser cómplice del genocidio en Palestina al venderle carbón a Israel desde Colombia. A esto se suma el avance de la reforma laboral antiobrera y esclavista.

El despliegue de la motosierra no implica, sin embargo, un camino de rosas para Milei. Envalentonado por el triunfo electoral, intentó avanzar a fin de año con la eliminación del presupuesto de las leyes de emergencia para personas con discapacidad y universidades. Ese capítulo terminó cayéndose y el gobierno sufrió un duro revés. El efecto dominó alcanzó a la reforma laboral, que quería aprobar durante las fiestas y no pudo.

El 18 de diciembre, día de la marcha de la CGT, la senadora Patricia Bullrich postergó su tratamiento para este año. Ahora vuelve a la carga. La fecha tentativa para intentar aprobarla en el Senado sería el 11 de febrero. El gobierno acelera las negociaciones con los gobernadores, preocupados únicamente por que se les compense la baja de recaudación que implicaría la rebaja del impuesto a las Ganancias en beneficio de las empresas. Son los mismos gobernadores que votaron el Presupuesto del FMI y vienen siendo cómplices de los ataques al pueblo trabajador, aplicando el ajuste en las provincias. A esto se suma la complicidad de la CGT, que viene pactando con el gobierno a pesar de los salarios miserables, los despidos y la recesión.

“El proyecto no se toca”, dice el gobierno. La CGT espera que se eliminen algunos artículos más burdos, pero la ley es esclavista y antiobrera en su conjunto. Los dirigentes burocráticos deben dejar los cabildeos con los gobernadores y en el Congreso, y convocar al conjunto de la clase trabajadora y al pueblo a salir a enfrentarla para derrotarla. A este reclamo hay que unir el de un aumento inmediato de salarios, jubilaciones y el freno a los despidos.

El sábado 17 hubo un caravanazo a Uspallata, Mendoza, con la consigna “no hay licencia social para la megaminería” del gobernador Alfredo Cornejo, y se prepara un festival del 14 al 17 de febrero. El próximo sábado 7 de febrero, a un año del multitudinario 1F antifascista y antirracista en respuesta al mensaje de odio de Milei en Davos 2024, el movimiento de mujeres y disidencias convocó a una marcha de Congreso a Plaza de Mayo.

La UOM convocó a una reunión este miércoles para debatir una posible movilización cuando se trate la reforma laboral en el Senado. La CGT debe convocar a un paro general y a un plan de lucha nacional para derrotarla. Es la exigencia que venimos sosteniendo desde el sindicalismo combativo y la izquierda, sectores que ya convocaron a marchar ese día con ese planteo. Es una medida que hay que preparar desde ahora, desde cada lucha y cada lugar de trabajo. ¡Llamamos a la más amplia unidad para derrotar la reforma laboral esclavista!

Escribe Mariano Barba

El presidente Javier Milei ratificó que la reforma se tratará en las sesiones extraordinarias de febrero, y la senadora Patricia Bullrich quiere que sea el 11. La llaman “modernización” para crear puestos de trabajo, pero, en realidad, es una guerra contra la clase trabajadora, ocupados y desocupados, para quitar conquistas de hace muchos años, conseguidas con luchas históricas.

La reforma esclavista se da en el marco de una situación económica muy difícil para las y los trabajadores y el pueblo, con el cierre de 19 mil pymes, la pérdida de 270 mil puestos de trabajo en los últimos dos años y salarios que son de pobreza para más del 70% de la clase trabajadora.

Incluso el economista Damián Di Pace, que promueve la reforma, declaró en LN+: “la reforma no generará nuevos empleos ya, porque tienen que darse muchas otras condiciones económicas que no están”. Todos recordamos que la flexibilización laboral menemista en los años ‘90 generó un salto en la desocupación del 6% al 18%.

Aprovechando su triunfo electoral, el gobierno apura la negociación con los gobernadores. Busca los votos de senadores y diputados. Persisten diferencias porque los gobernadores no quieren que se bajen impuestos coparticipables, como el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que se reducen para los grandes empresarios, el agro y la minería, ni el impuesto a los combustibles ni las retenciones al campo y a las petroleras. Según el periodista Ignacio Zuleta (Clarín, 18/01/26), un informe calcula la caída de la coparticipación a las provincias en 4,6 billones de pesos. Esta situación genera roces con algunos gobernadores, ya que Diego Santilli, el ministro negociador, solo les ofrece “garantías del Estado nacional para que las provincias se endeuden”. De esa forma empuja cada vez más al ajuste en las provincias.

¿Qué significa la reforma del gobierno?

• Es más barato despedir
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el 3% del sueldo, que va a una cuenta del trabajador en un banco. Ese 3% se quita de la contribución patronal que hoy va a la Anses. Por lo tanto, se la desfinancia en un monto enorme que alcanza al 0,5% del PBI. Además, para el cálculo de la indemnización se quitan el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo no remunerativo. El monto ya no se calculará por el mejor sueldo sino por el promedio y se pagará en doce cuotas. Incluso quieren aplicar un tope máximo.
Con ese 3% que va a la cuenta bancaria del trabajador nace otro gran negocio financiero para los bancos y las entidades financieras, como las billeteras habilitadas. ¿Se acuerdan de las AFJP, que terminaron en una estafa?

• Crecerá la precarización laboral y bajarán las jubilaciones
Millones de argentinos ya trabajan en un régimen muy precario, con derechos limitados. No mejorarán su situación si se aprueba la reforma, porque lo que ocurrirá es que las patronales, al tomar nuevas personas, dejarán de pagar contribuciones por varios años. Esto desfinancia el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre jubilaciones y pensiones, afecta el pago de asignaciones familiares y, además, abarata el despido.

• Salarios más bajos, con menos descanso y vacaciones
Se promueve la negociación por empresa y no por actividad. Se habilitan jornadas flexibles con banco de horas compensatorio, lo que permite extender hasta 12 horas la jornada si el patrón lo decide, sin considerarlo como horas extras, porque otro día “se las devuelve” cuando no lo necesita. Las vacaciones también pueden ser fraccionadas a criterio del empleador.

• Convenios colectivos
Cesan sus cláusulas si no hay acuerdo en las paritarias. De ese modo, el trabajador queda a voluntad del empleador.

• Desfinancia las obras sociales
Al bajar la contribución patronal del 6% al 5%, se genera una caída de 1 billón de pesos en los ingresos de las obras sociales, deteriorando aún más una prestación que ya es deficiente.

• Ataca las organizaciones sindicales y las asambleas
Limita el derecho de huelga, ya que deben ser autorizadas por la patronal y el Ministerio de Trabajo. También será más difícil hacer huelgas por gremio, porque obliga a guardias mínimas en la mayoría de los rubros laborales, como salud, educación, energía, telecomunicaciones, transporte y aduanas, donde pueden imponer que trabaje hasta el 75% de la planta.

¿Qué hace la CGT?

El dirigente sindical combativo Rubén “Pollo” Sobrero, en un debate por el canal TN, exigió a los defensores de la reforma: “Muestren un artículo favorable al trabajador. No lo hay”.

La CGT, que responde políticamente al peronismo, no opina lo mismo que nuestro compañero de Izquierda Socialista Sobrero. Por distintas vías negocia con el gobierno y apuesta a que los gobernadores frenen algunos puntos de la reforma. Hasta ahora viene amenazando con una movilización y quizá un paro para febrero, pero sin confirmarlo. La mayoría de los burócratas no están dispuestos a enfrentar globalmente la reforma. Apuntan a morigerar algunos artículos, como el cese de los convenios, la esencialidad, el FAL y la cuota solidaria.

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, el Movimiento Piquetero Independiente y las Jubiladas y Jubilados en Lucha, junto a la izquierda y a miles de activistas y delegados de todo el país, impulsaremos asambleas en los lugares de trabajo para rechazar la reforma. Exigimos que la CGT, junto a las CTA, convoque a un paro con movilización el día que se trate la ley en el Senado y que sea parte de un plan de lucha nacional para derrotar el proyecto de reforma laboral esclavista.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El viernes 9 de enero Javier Milei pagó 4.200 millones de dólares de deuda externa a los denominados bonistas privados. Al día siguiente envió otros 2.540 millones a Estados Unidos, devolviendo el salvataje preelectoral. Y el 1° de febrero girará 824 millones por pago de intereses al FMI. Son nuevos actos de entrega y piratería que repudiamos.

Cuando Javier Milei empezó a pagar la deuda externa dijo que ´las deudas se honran´. Pero Milei honra y paga una deuda que el pueblo no contrajo, mientras no paga las deudas que mantiene con el pueblo trabajador. Mejor dicho, el presidente les roba a las y los jubilados y recorta los presupuestos de salud, educación, universidades, el Garrahan, las personas con discapacidad, las partidas para el Manejo del Fuego y la protección de los bosques nativos, entre otras áreas, para cumplir con los usureros internacionales.

Además, no se trata del pago de ninguna ´deuda´ que el pueblo tenga que asumir. Esa plata el pueblo no la vio. Fue destinada a engrosar las fortunas de los supuestos acreedores externos mediante la denominada bicicleta financiera. ¿Alguien vio que se haya construido alguna vivienda, hospital o jardín maternal, o que se haya aumentado a las y los jubilados con la plata que Milei pidió prestada? No. Fue para salvar a los bancos y a los especuladores.

A su vez, se trata de un doble endeudamiento. El gobierno, además de pagar con reservas, como no le alcanzaba pidió un nuevo crédito a bancos imperialistas por 3 mil millones de dólares. Es decir, más endeudamiento para pagar endeudamiento, completamente ajeno a las necesidades de millones.

Los 4.200 millones de dólares que Milei pagó en enero fueron para cancelar deuda heredada del gobierno anterior de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El entonces ministro de Economía Martín Guzmán había premiado a los bonistas privados, léase fondos buitres y estafadores internacionales, renegociando una deuda que viene desde la dictadura y que Mauricio Macri ya no podía seguir pagando. Un gobierno peronista que, además, reconoció los 45 mil millones de dólares con los que se endeudaron con Luis Caputo en 2018, dinero que fue destinado a salvar a los bancos, tal como reconocieron el propio Macri y un informe del Banco Central de ese período.

Los 2.540 millones de dólares pagados a Estados Unidos corresponden a los fondos enviados por Donald Trump para frenar la corrida cambiaria antes de las elecciones y evitar una estampida del dólar. Fue un salvataje que le permitió al gobierno ganar los comicios. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, agradeció la devolución: “son decenas de millones en ganancias para los estadounidenses”. Y lo que se pagará el 1° de febrero corresponde a intereses pactados con el FMI. El saqueo es total. Encima, en 2026 se deberán pagar otros 20 mil millones de dólares.
¿Qué se podría hacer con 7.564 millones de dólares? Construir 150 mil viviendas populares, lo que daría trabajo a 600 mil desocupados. O comprar 2.500 aviones hidrantes para combatir el fuego.

Bajo el gobierno de Milei, la deuda ´aumentó en 29.511 millones de dólares, superando en total los 455 mil millones de dólares´ (Clarín, 16/01). Si se suman las deudas de las provincias y de las empresas, el monto supera ampliamente los 500 mil millones de dólares.

Milei paga una verdadera estafa. Lo mismo hizo el peronismo y lo hicieron todos los gobiernos anteriores. Sólo el Frente de Izquierda Unidad repudia esta nueva entrega y sostiene que la plata debe ir al pueblo trabajador, no a la usura ni al FMI comandado por Donald Trump.