Alberto Fernández y sus economistas afirman que es posible “reperfilar” los vencimientos de deuda externa, acordar un nuevo programa con el FMI y, al mismo tiempo, mejorar los salarios y reactivar la economía. Imposible. La opción es de hierro: o el FMI y los pulpos acreedores o el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

Hay un punto donde el acuerdo es unánime. El gobierno de Macri, el nuevo presidente electo Alberto Fernández, todos los economistas (sean oficialistas u opositores), los consultores del establishment económico local e internacional, el propio FMI, todos, sin excepción, afirman que es imposible pagar los próximos vencimientos de deuda externa. Es algo que siempre sostuvimos desde la izquierda, pero que ahora se hace tan patente, que ya nadie lo niega. Es verdad: la Argentina tiene una deuda total (sumando lo que debe la Nación, las provincias y el Banco Central) que supera los 400.000 millones de dólares. Peor aun: en los próximos tres años vencen 150.000 (entre ellos los 45.000 que ya entraron del acuerdo con el Fondo). Y hasta podemos precisar más aún en el tiempo el problema: en los próximos seis meses vencen 30.000 millones de dólares (15.000 en dólares y la otra mitad en pesos).

Si a esto le agregamos que Fernández llegará a la presidencia con reservas casi nulas y un montón de vencimientos de bonos de deuda en pesos con vencimientos “pateados” para adelante por el macrismo, es más que obvio que no existe ninguna posibilidad de pagarlos. Por eso ya están abiertas todas las vías de negociación. Los economistas del Frente de Todos (Matías Kulfas, Cecilia Todesca, Emmanuel Álvarez Agis y Guillermo Nielsen) ya se reunieron con los acreedores más importantes y tienen un pre-acuerdo para correr para adelante los próximos vencimientos de capital, garantizando a cambio pagar en tiempo y forma el 100% de los intereses y no hacer ningún tipo de quita. Los acreedores felices: las cotizaciones actuales de esos bonos (y el riesgo país), demuestran que ellos aún tendrían ganancias con una quita de hasta el 40%. Por otra parte, patear vencimientos para adelante, con estos intereses, quiere decir que esta deuda se duplicará en los próximos cuatro años.

Esta negociación, que se la denomina “a la uruguaya”, porque se busca mostrarla como similar a la que realizó ese país en 2003, obligará a nuestro país a un ajuste aún mayor al actual, para garantizar esos pagos de intereses. Poniéndolo en números: si hoy, con el ajustazo mediante, tenemos un déficit fiscal de -1%, será necesario pasar a un superávit de 3%. En números: de 16.000 millones de dólares por año: ¡más de un billón de pesos!

Pero este acuerdo tiene otro problema: el FMI no acepta ninguna negociación donde no sea “acreedor privilegiado”. Traducido: que primero cobrarán ellos y después el resto de los acreedores. Inclusive acepta que a los bonistas privados se les haga una quita, si es necesario para que primero cobre el Fondo. El FMI, por supuesto, también acepta una renegociación que haga correr hacia adelante los vencimientos. Pero sus exigencias para acordarlo son terribles: que el gobierno argentino se comprometa a poner en marcha un mayor ajuste, una reforma laboral y otra previsional.

Como vemos, ya sea que se termine negociando “primero” con los acreedores privados y luego con el FMI o, al revés, primero con el Fondo y después con los bonistas, en cualquiera de los dos casos se vendrá un feroz ajuste contra el pueblo trabajador. No existe ninguna posibilidad que se lleven adelante estas negociaciones y, al mismo tiempo, que haya mejores salarios, más empleo o más plata para salud, educación y vivienda. No habrá “reactivación económica”. El gobierno de Fernández terminará siendo el nuevo administrador del ajuste. Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos insistiendo en lo que planteamos en la campaña electoral: la deuda externa es ilegal, inmoral e impagable; si se la paga, se priorizan los pulpos acreedores por sobre el pueblo trabajador. La única salida es romper el acuerdo con el FMI, suspender inmediatamente los pagos de deuda externa y, entonces sí, se tendrán los recursos necesarios para destinarlos a resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe José Castillo

La titular del FMI Kristalina Georgieva le envió una felicitación al nuevo presidente Alberto Fernández. Lo hizo a través de la red social Twitter, donde escribió: “¡Felicitaciones al presidente electo @alferdez por su elección! Esperamos colaborar con su administración para enfrentar los desafíos económicos de Argentina y promover un crecimiento inclusivo y sostenible que beneficie a todos los argentinos”.

Alberto Fernández no se quedó atrás y le respondió: “esperamos salir lo antes posible de esta crisis y cumplir nuestros compromisos”. El presidente electo ni se cuidó de disimularlo. Le aclaró de entrada a Georgieva que el objetivo de su gobierno es “cumplir” con el Fondo, léase pagarle dólar sobre dólar la millonaria deuda contraída por Macri y que sirvió, en las propias palabras de Fernández, para que la fugaran los propios amigos del presidente que, dicho sea de paso, son también los “amigos” del FMI.
Fernández, después de esta primera comunicación con la plana mayor del FMI, va mostrando que decía la verdad su asesor Guillermo Nielsen, cuando vaticinó que “tenemos FMI para ocho años más”. Y decir Fondo Monetario es decir, sin vueltas, continuidad o, peor aún, profundización del ajuste.

Escribe José Castillo

Alberto Fernández ha sostenido durante la campaña que no cabe ningún tipo de “default” o “cesación de pagos” porque, a diferencia de 2001, esta deuda sería “legítima”, ya que fue contraída por un gobierno constitucional, el de Macri.

Vamos por partes. Evidentemente la deuda que se dejó de pagar producto del argentinazo de diciembre de 2001 era “heredera” de la creada por la dictadura militar. Era ilegal, ilegítima y fraudulenta, como bien demostró el juez Ballesteros en un fallo ejemplar en el año 2000.

Esa deuda “fraudulenta y dictatorial” fue pagada por los gobiernos de Néstor y Cristina, como bien reconoció la ex presidenta al decir que fueron “pagadores seriales”. 200.000 millones de dólares en efectivo salieron de las arcas del estado hacia las manos de los pulpos acreedores.

Pero resulta que, al finalizar el gobierno K en 2015, la deuda era de 240.000 millones de dólares. ¡Había aumentado, no disminuido! Efectivamente el gobierno de Macri tomó “nueva deuda” por otros 150.000 millones. Una parte importante se fugó y otra se usó para pagar los vencimientos de la deuda anterior.

En síntesis, la deuda macrista no es “de la democracia”. Como antes el kirchnerismo, y más atrás De la Rua, Menem y Alfonsín, todos tomaron nueva deuda para pagar los vencimientos de la anterior y así contribuyeron a la bola de nieve sin fin del endeudamiento. Decimos entonces, con todas las letras: la nueva deuda de Macri también es “hija y heredera” de la de la dictadura. Como toda la anterior, es ilegal, fraudulenta e impagable. Por eso también tenemos que repudiarla y dejar de pagarla. 

Mientras nos dicen “que hay que tener paciencia”, “colaborar con el gobierno de Macri para que termine bien” o “no desestabilizar y esperar al 10 de diciembre”, las grandes patronales siguen remarcando precios, despidiendo personal o especulando con el dólar. Hay que exigir aumento de salarios y jubilaciones.

Escribe Guido Poletti

Millones de trabajadores están contentos porque se termina la pesadilla del gobierno de Macri. Sabemos que hay muchas expectativas en que el nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina va a reactivar la economía, mejorar los salarios y las jubilaciones y devolver aunque sea parte de lo perdido durante el gobierno de Cambiemos. Como lo dijimos durante toda la campaña electoral y lo explicamos en otras páginas de este mismo periódico, estamos convencidos que si continúa el acuerdo con el FMI y se siguen con los pagos de deuda (dos cosas que el Frente de Todos sostiene que va a hacer) no habrá ninguna posibilidad que se resuelvan las más urgentes necesidades populares.

Pero el problema no es sólo que “no vamos a mejorar”. Sucede que estamos peor cada día que pasa. Ya lo vivimos tras las PASO de agosto, cuando una feroz devaluación fue seguida por una suba astronómica de los precios que pulverizó más aún salarios y jubilaciones ya golpeados por el ajuste. En ese momento, Alberto Fernández nos dijo que no había que salir a reclamar por lo que estábamos perdiendo, sino, que debiamos “permanecer en casa” y votar bien (al Frente de Todos) en octubre. Las consecuencias están a la vista: perdimos un 15% de nuestros ingresos entre agosto y octubre.

Ahora está pasando de nuevo. En los días previos a las elecciones de octubre, los grupos económicos monopólicos que controlan la producción de alimentos, artículos de limpieza y tocador, junto con las cadenas de supermercados, se pusieron de acuerdo para aumentar los precios en un promedio de 15%. Y todo esto antes de la devaluación de la semana pasada, que llevó el dólar de 60 a 65 pesos, y que provocará otra ronda de suba de precios dentro de unos días. Esta semana “vencieron” los productos con “precios esenciales”, que también serán una excusa para nuevos aumentos. Y el 15 de noviembre se termina el congelamiento de combustibles.

Esta es la realidad. Macri se encuentra con Alberto Fernández para negociar la transición y hablan de “colaborar” mutuamente. Mientras se le sigue pidiendo al pueblo trabajador “paciencia” y esperar a diciembre. A su vez, la CGT felicita a Alberto Fernández y le ofrece “trabajo y esfuerzo”. Todo eso sucede mientras los trabajadores, los jubilados, los desocupados, los que cobran planes sociales, ven como se profundiza su drama de no poder llegar a fin de mes o comprar un medicamento.

Por eso tenemos que enfrentar el ajuste. “Esperar” no nos conduce a nada. O, mejor dicho, nos lleva a seguir perdiendo. Tenemos que exigir un aumento de emergencia que nos permita recuperar lo que perdimos y lleve los salarios y jubilaciones al nivel de la canasta familiar. Hay que exigirle a la CGT y las CTAs que en vez de ofrecer “trabajo y esfuerzo”, rompan la tregua que a lo largo de cuatro años le permitió al gobierno de Macri, a los gobernadores y al FMI pasar el ajuste. Es urgente plantear la prohibición de los despidos y las suspensiones.

Esto es lo que, desde el sindicalismo combativo y la izquierda, proponemos discutir con nuestros compañeros de trabajo,. haciendo asambleas donde sea posible,. sacando pronunciamientos de los cuerpos de delegados. rechazando desde ya el pacto social que se está pergueñando, que será una excusa para “congelar” los justos reclamos de la recomposición salarial. Al mismo tiempo, tenemos que plantear un auténtico programa de emergencia, obrero y popular, para que la crisis la paguen quienes la provocaron, los capitalistas, los banqueros, los grandes especuladores y el FMI. Que arranque, por romper con el Fondo y dejar de pagar la deuda, agregándole a ello la nacionalización de la banca y el comercio exterior y la reestatización de las privatizadas, para así volcar todos esos recursos a trabajo, salario, educación, salud y vivienda.

Desde las PASO a octubre, el gobierno de Macri regaló 22.000 millones de dólares de las reservas. Lo hizo entregando dólares día a día, que fueron a las manos de sus amigos especuladores. Se hizo a través de mil maniobras: mandando personas necesitadas a comprar para ellos usando su DNI (bajo el nombre de “coleros”), adquiriendo otros tantos en las cuevas del dólar blue, consiguiendo dólares legales por medio del mecanismo de comprar bonos o acciones en pesos y vendiéndolas inmediatamente en la moneda verde (llamado dólar MEP), o con un mecanismo idéntico pero recibiendo los dólares directamente acreditados en una cuenta en el exterior (bajo el nombre de “dólar contado con liqui”).

Ahora el gobierno endurece el cepo, permitiendo comprar sólo 200 dólares por mes. Se penaliza al pequeño ahorrista, normalmente un trabajador que busca desesperadamente proteger sus ahorros frente a la inflación. A los grandes especuladores, que utilizan los otros mecanismos explicados anteriormente, se les deja seguir actuando. Lo mismo sucede con los grandes monopolios exportadores, que siguen sin liquidar las divisas de sus ventas al exterior.

Ni la “fiesta” de la liberalización para los especuladores ni el “cepo” recientemente instalado son salida. Seguirán perdiéndose reservas. La única solución para terminar con la especulación y la fuga de capitales es nacionalizar la banca y el comercio exterior. Para cuidar nuestras reservas y proteger al pequeño ahorrista. Una medida que está en las antípodas tanto de los planteos de Macri como de Fernández. G.P.