Cada vez se hace más masivo el “Macri ya fue”. Es cierto, pero la verdadera discusión es cómo hacemos para que también se vayan los bajos salarios, el desempleo, la miseria y la entrega de nuestros recursos.

Escribe José Castillo, candidato a Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires

Sabemos que muchos de nuestros compañeros de trabajo, estudio, vecinos o familiares tienen expectativas en que votar a Alberto Fernández servirá para “cambiar algo” con relación a la pesadilla que viene siendo el gobierno de Macri.

Alberto Fernández y todos sus voceros han dicho una y mil veces que garantizarán la continuidad de los pagos de la deuda externa. Más aún, ni siquiera se plantean romper el actual acuerdo con el FMI. ¿Cómo harán para desarrollar alguna política de reactivación económica o aumento de salarios con esa hipoteca encima? Fernández nos responde que la salida es “renegociar” (o, usando lo que se ha impuesto como una palabra más moderna “reperfilar”) la deuda externa. Para hacer eso lo primero es negociar con el FMI ¿Es que acaso el Fondo aceptará un cambio de condiciones a cambio de nada? Es imposible: así lo marcan todas y cada una de los acuerdo con ese organismo a lo largo de su historia. Y, en el pasado cercano, las que realizaron Grecia, Portugal y Ucrania. Para renegociar la deuda el Fondo le va a exigir a Alberto Fernández que lleve adelante las reformas laboral y previsional. “Entre los jubilados y los bancos, defenderé a los jubilados”, dice el spot de campaña del Frente de Todos. ¡Mentira! Desafiamos a Alberto Fernández a que explique cómo va a hacer cuando el FMI le exija la reforma previsional. ¿Acaso la va a poner en práctica con otro nombre? Con la reforma laboral ya está claro: el propio candidato a presidente ya afirmó que “está abierto” a flexibilizaciones “gremio por gremio” y ese será el camino. Guillermo Nielsen, el economista que más descarnadamente dice lo que va a suceder en el futuro, lo expresó con todas las letras: “tenemos FMI para ocho años más”.

Sigamos buscando en los dichos de Alberto, o en este caso de Cristina, “como sería” un futuro gobierno de los Fernández. Ya en su libro Sinceramente la actual candidata a vicepresidenta empezó a hablar y elogiar el “pacto social”. Hace quince días, en Tucumán, Alberto empezó a darle cuerpo definitivo, en una reunión en la que estuvieron presentes la cúpula de la CGT (en la persona del burócrata mayor Héctor Daer) y del titular de la UIA Miguel Acevedo. En concreto se planteará un “acuerdo de precios y salarios” por seis meses. Traduzcamos: a cambio de un hipotético “congelamiento de precios”, que ya sabemos que los empresarios no cumplirán, los trabajadores quedaremos comprometidos a no recomponer nuestros salarios. ¡Todo lo perdimos el año pasado y lo que llevamos perdiendo de este!

¿Pero hay acaso algún sector por dónde el gobierno de los Fernández se juegue priorizar para desde ahí reactivar la economía? Sí, eso existe. Pero se trata nada más ni nada menos de, otra vez, apostar al saqueo de nuestros recursos no renovables. La única política en que hay coincidencia absoluta entre macristas y peronistas: la explotación de Vaca Muerta. Más aún, Guillermo Nielsen puso la cuestión blanco sobre negro, proponiendo mayores beneficios y garantías para los “inversores” (léase pulpos multinacionales del gas y del petróleo) que vengan a llevarse nuestros recursos y a destruir nuestro ambiente. Por supuesto, manteniendo el convenio superexplotador para los trabajadores del sector.

Seguir con el FMI y los pagos de deuda, las reformas laboral y jubilatoria, un pacto social que congelará nuestros salarios y más saqueo al estilo Vaca Muerta. Queremos debatir francamente: estamos convencidos que un futuro gobierno del Frente de Todos nos llevará a la continuidad del ajuste y el sometimiento con el FMI. Así de crudo. Eso es, en concreto, lo que sucederá con un futuro gobierno de los Fernández. Ya no estará Macri, es cierto, pero seguirán el ajuste y la entrega, con todas las consecuencias que eso con lleva para los trabajadores.

Por eso decimos que la única salida es la que propone el Frente de Izquierda Unidad: romper con el FMI, dejar de pagar la deuda, nacionalizar la banca y el comercio exterior, recuperar todos nuestros recursos naturales hoy en manos de los pulpos extranjeros y poner todos esos recursos al servicio de un plan de emergencia, obrero y popular, que priorice resolver las más urgentes necesidades populares.

Daer, Acevedo y el pacto social

El titular de la CGT, Héctor Daer y el presidente de la UIA Miguel Acevedo, estuvieron juntos en una entrevista realizada el domingo 22 en el programa “hagan algo” de C5N. Ambos se dedicaron a cantar loas al “pacto social”, diciendo que “garantizaría la recuperación salarial y la reactivación del mercado interno, creando miles de puestos de trabajo”. Claro que el diablo metió la cola cuando el periodista Julián Guarino les preguntó cómo sucedería eso, si los propios empresarios hoy se niegan a pagar el miserable bono de 5.000 pesos que propuso el gobierno de Macri, aduciendo que “no tienen plata para hacerlo”. Lo que siguió fue de antología: Acevedo y Daer se miraron, cada uno esperando que el otro inventara una respuesta. Finalmente, salió a hablar Acevedo, diciendo que los empresarios podrían empezar a dar algún aumento, “luego de que vengan las nuevas inversiones”. Sonó como la lluvia de inversiones que prometía Macri. El “pacto social” quedó desnudo: el pato de la boda serán los trabajadores.

Escribe Liliana Olivero, candidata a diputada nacional

En la provincia no se nota que dentro de un mes se elegirán presidente, vice y nueve diputados nacionales. Será la tercera elección en cinco meses. Hartazgo y desánimo predominan porque ante semejante crisis no se ve una salida. Si no ocurre nada “anormal”, con la complicidad de la boleta corta de Schiaretti volverá a ganar Macri, pero por menos diferencia que en agosto. A pesar de tener roces internos con el delasotismo el gobernador mantiene su apoyo encubierto. La primera razón es su acuerdo político con el ajuste de Macri. La otra, es el enorme endeudamiento provincial que aún necesita auxilio nacional. Antes de diciembre debe pagar 13.500 millones de pesos, entre intereses y amortización de la deuda externa. En diciembre de 2018 el total de la deuda era de 103.107 millones de pesos, el 95 % tomada en dólares. Con la devaluación esto compromete el 59% de lo que se recauda.

Aunque Schiaretti dice que su pago está “bajo control”, ya prepara un nuevo ajuste. Con la complicidad de los sindicatos de empleados públicos SEP y de docentes UEPC, quiere eliminar la cláusula gatillo y desató una ofensiva contra los gremios de Luz y Fuerza que resiste la privatización de la EPEC, contra el sindicato de recolectores de residuos Surbac y del transporte de media distancia Aoita. Gremios que pueden ejercer poder de movilización contra las políticas de la provincia y el municipio de Córdoba. Los acusa de corrupción, que en todos los casos no solo conocía desde hace años, sino que fue avalada por sus funcionarios. El objetivo es prevenir el enfrentamiento al ajuste que se viene. En esta situación vamos a elecciones y ante ello no es salida Alberto Fernández, que acuerda con un dólar a 60 pesos, y por lo tanto con la devaluación, que apoya al gobernador de Chubut que no le paga y reprime a los estatales y docentes, y que le dice a los que reclaman empleo y comida que se vayan de la calle. Por todo esto en Córdoba el único “voto útil” es al Frente de Izquierda Unidad que propone romper con el FMI y no pagar la deuda, para utilizar esos miles de millones de dólares en saldar la deuda social con los trabajadores y sectores populares y que levanta mi postulación a diputada nacional junto a nuestros compañeros Ezequiel Peressini y Noelia Agüero entre otros.

Escribe Claudio Funes

Nuestra diputada Mónica Schlotthauer denunció en la sesión que trató la ley de emergencia alimentaria que “con esta ley no comenzó el combate contra el hambre y la pobreza, sino que empezó la campaña electoral del peronismo y de Macri”.
A medida que desarrollaba su intervención, quedaba expuesta la maniobra cuando reveló la miseria que se destinaría a comedores y merenderos, comparada con lo que se paga por deuda externa: “¿Qué se puede hacer con 15 pesos más para mejorar la alimentación y nutrición?”, se preguntó.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad nos abstuvimos de votar la ley para no ser cómplices de esta nueva mentira electoral. Propusimos medidas para combatir de verdad el hambre y la pobreza. Dijimos ¡Queremos más plata para comida, no para la deuda! Y exigimos que se declare la emergencia social, alimentaria, salarial, jubilatoria y laboral.

Macri, el peronismo, la CGT, la Iglesia Católica y los movimientos sociales ligados a ella, llegaron a un acuerdo para votar la emergencia alimentaria, una “ley migaja” al servicio de aquietar los reclamos sociales y continuar garantizando la “paz social” y la “gobernabilidad del hambre”.
Son tan insignificantes las partidas destinadas a esta ley que Cambiemos dio quórum y junto con el peronismo la votaron para lavarse la cara. Días después el Senado la sancionó por unanimidad. Ahí no hubo, por supuesto, ni siquiera la voz disonante de la izquierda. Nuevamente todos fueron parte de una nueva estafa al pueblo trabajador.

La abstención de nuestra compañera fue coherente y consecuente con sus críticas y propuestas. Las llevó hasta el final. Mónica Schlotthauer hizo lo que la izquierda debía hacer.

Escribe Claudio Funes

La diputada de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad presentó, el 13 de mayo de 2019, un proyecto de ley para que la Argentina desconozca el pacto firmado por el gobierno de Cambiemos y el FMI y se suspendan de inmediato los pagos de la deuda externa.
“Tanto Macri como Lavagna, Massa y hasta Cristina Fernández quieren seguir bajo los dictados del FMI y pagar una deuda ilegítima y fraudulenta. Nosotros, en cambio, queremos invertir esos fondos en resolver las urgencias populares”, explicó Schlotthauer.

Por ello el proyecto establece que “se suspendan todos los pagos en concepto de deuda externa, tanto de capital como de intereses, para destinar ese dinero a salarios, jubilaciones, trabajo, salud, educación y vivienda y demás necesidades populares”.
La iniciativa propone que la Argentina “desconozca el acuerdo firmado con el FMI declarándolo nulo de nulidad absoluta”.
El proyecto también sostiene que “el Estado argentino deje de ser miembro del FMI, exigiendo la inmediata devolución de la cuota parte depositada en dicho organismo”.

Entre los fundamentos se señala que “El endeudamiento desenfrenado de los últimos años llevó a que los próximos vencimientos de deuda entre 2020/2023 sumen la impagable cifra de 150.000 millones de dólares. Esta deuda se suma a la anterior, que viene de la dictadura militar”.
“La Argentina es víctima de un brutal ajuste, condicionamientos perjudiciales y enormes privaciones como consecuencia del acuerdo firmado por el actual gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese acuerdo ha sido pactado a espaldas del pueblo trabajador, no fue ninguna propuesta de campaña y, lo más importante, va en perjuicio del pueblo trabajador”.

Recordemos que el Argentinazo de 2001 impuso en ese momento dejar de pagar la deuda. Ese dinero fue utilizado para financiar más de dos millones de planes sociales, hubo superávit durante varios años, no quedamos aislados del mundo (se continuó vendiendo soja en valores récord) ni sufrimos bloqueos. Lamentablemente, el gobierno de Néstor Kirchner retomó los pagos en 2005.
Sí compañero lector, es necesario la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa, primer paso para comenzar con un plan económico al servicio del pueblo trabajador.

Macri envió un proyecto de ley para que el Congreso avale una renegociación de los plazos y los montos de capital e intereses de la parte de la deuda externa, unos 32.000 millones de dólares, que están bajo jurisdicción de la Argentina, a diferencia de la mayoría de los bonos que están bajo jurisdicción de tribunales de Nueva York (300.000 millones). A esto lo llama “reperfilamiento”. Pero mientras no rompamos con el FMI, no habrá alivio para el pueblo argentino.

Escribe Gabriel Massa

La deuda del estado nacional en dólares con especuladores privados e instituciones como el FMI alcanza la cifra de 330.000 millones de dólares. Si sólo se cuenta los vencimientos de esta parte de la deuda, la Argentina tendría pagos en 2020 por 20.376 millones de dólares, en 2021 por 31.608 millones, en 2022 por 49.923 millones, y en el 2023 por 46.594 millones de dólares. Nadie cree que el país pueda pagar esas sumas. Por eso se plantea la renegociación, bajo el término de “reperfilamiento”.

Pero, encima, para llegar al total de la deuda externa actual hay que sumarle los bonos del Banco Central en pesos por valor de 1,2 billones de pesos (otros 20.000 millones de dólares) y lo que deben las provincias, que son varias decenas de miles de millones de dólares más. Lo que da un total de más de 400.000 millones de dólares, bastante más que lo que produce el país en un año (PBI).

¿Qué significa esto? Tomemos el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Este año de cada diez pesos que recaudó la provincia en impuestos, cuatro pesos fueron a pagar su deuda externa. ¿Después de pagar salarios de empleados públicos y jubilaciones, cuánto quedó para obras públicas, para salud, para educación? Poco y nada. Por eso los maestros y médicos y enfermeros tienen sueldos de hambre y las escuelas y hospitales se caen a pedazos.

Pagamos en 14 años más de lo que se debe hoy

Desde el año 2005 hasta el 2015, el kirchnerismo a pesar de su discurso contra el FMI y los fondos buitres, destinó 216.000 millones de dólares al pago de la deuda. Desde el 2016 hasta hoy Macri pagó otros 258.000 millones, en total 474.000 millones de dólares. En 14 años se pagó más de lo que hoy es el total de la deuda y casi una vez y media lo que el país produce en un año (PBI).

¿Cómo se explica que a pesar de pagar tanto debemos cada vez más? Se responde en una palabra: usura. Cada vez hay que tomar más dinero prestado para pagar lo que se debe. Y cada vez nos cobran intereses más altos para “refinanciar” la deuda. Igual que el usurero del barrio.
La explicación de que estemos atados a los usureros –tanto los del FMI, como los fondos buitres y otros “inversores” privados- es que así lo quisieron los gobiernos que hemos tenido. Lo hicieron los gobiernos del kirchnerismo (y recordemos que muchos de los que hoy acompañan a Alberto Fernández votaron a favor del acuerdo de Macri con el FMI). Y lo hizo el gobierno macrista. Ahora el Frente de Todos ya se ha comprometido a seguir pagando.

¿Cuál es la salida?

Lo primero es denunciar públicamente, tal como lo hacemos desde el Frente de Izquierda Unidad, que la deuda externa es una estafa, un robo armado entre los usureros y los gobiernos que ayudaron a encadenarnos al Fondo.
Lo segundo es romper con el FMI y dejar de pagar la deuda usuraria.

Lo tercero es poner las principales palancas de la economía en manos del Estado (estatizar la banca y las finanzas, el comercio exterior, las riquezas del subsuelo como el petróleo, el gas y los minerales y las grandes industrias) bajo control de los trabajadores.

Lo cuarto es poner todos esos recursos al servicio de un plan obrero y popular que garantice salarios y jubilaciones que cubran el costo de vida. Y trabajo genuino para todos, con la construcción de viviendas, hospitales, escuelas, redes cloacales, eléctricas y de comunicaciones, caminos y ferrocarriles y todo lo que necesiten los trabajadores y el pueblo. Por eso llamamos a votar en el FIT-Unidad que levanta estas propuestas.