El gobierno perdió, pero sigue ajustando. Volvió a subir el dólar y a devaluarse el peso en casi un 25%. Esto ya está aumentando los precios, que se dispararán en los próximos días. Es un nuevo saqueo al bolsillo popular y más ganancias para los exportadores, las multinacionales y los bancos.

Escribe José Castillo, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires

Apenas se conocieron los resultados de las elecciones, ya el dólar estaba subiendo en los sitios on line donde se puede comprar las 24 horas. Era la noche del domingo y la divisa verde ya cotizaba cerca de los 50 pesos. El lunes fue la debacle: el dólar entró en una devaluación vertiginosa llegando a tocar los 65 pesos, mientras se derrumbaban en forma record las acciones y bonos en las bolsas y el riesgo país (que mide las posibilidades efectivas de cesación de pagos de la deuda externa argentina) pasaba los 1.400 puntos: el establishment financiero internacional mostraba con todo su conclusión: sin un ajuste mucho mayor al actual, no alcanza para que cobren los próximos vencimientos de deuda. Los bancos que operan en la Argentina directamente decidieron dejar de vender dólares, estableciendo un virtual cepo. El gobierno de Macri, de hecho, dejó subir el dólar, interviniendo sobre los hechos consumados cuando este ya estaba más arriba de 60, bajándolo (un poco) hasta 57, a costa de rifar casi 150 millones de dólares. De hecho, sin embargo, el lunes se produjo una devaluación de casi el 25%.

Por la tarde Macri dio una conferencia de prensa en la que le echó la culpa de la corrida al kirchnerismo, culpable de “no ser confiable para los mercados”. La respuesta de Alberto Fernández también fue de antología. Devolvió la pelota diciendo que la responsabilidad era del gobierno de Macri. Pero, para que quedara claro, volvió a afirmar que va a cumplir con los acreedores“, lavándoles la cara y quitándoles toda responsabilidad con la corrida, diciendo que fueron “estafados“ por el gobierno.

Las peleas “entre elefantes” continuarán en los próximos días y semanas. A lo mejor el gobierno de Macri consigue, con el apoyo del FMI y vía el Banco Central, lograr volver a domar provisoriamente el dólar. Lo hará rifando reservas y subiendo la tasa de interés a niveles superiores a los ya astronómicos de cerca del 70%. O, por el contrario, puede darse que decidan o no puedan impedir que continúe la suba del dólar.

Pero de lo que no hay dudas es en quién pagará “la cuenta” de este nuevo capítulo de la crisis: los trabajadores, los jubilados y los sectores populares en general. La suba del dólar posterior a la elección ya basta para que se dé una feroz remarcación de todos los precios de la canasta familiar. Con una devaluación de 30%, seguramente que habrá por lo menos entre un 10 y un 15% de aumento inmediato en esos productos. Ya incluso, empieza a darse situaciones de desabastecimiento ante comerciantes especuladores que deciden no vender porque “no tienen precio”. Muchas empresas empiezan a decir que “con este dólar” no pueden sostener ni siquiera los pocos productos incluidos en “precios esenciales”. También en los próximos días veremos aumentos en los combustibles. Las consecuencias serán obvias: un nuevo mazazo sobre salarios y jubilaciones ya pulverizados. A esto se le sumará una nueva tanda de suspensiones, despidos y cierres de empresas. Con el consecuente crecimiento de la pobreza y la marginación.

Hace falta un plan de emergencia obrero y popular

Frente a esta realidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados “esperando hasta octubre”. ¡Hay que pararle la mano al nuevo ajuste del gobierno! Alberto Fernández se limita a decir que “Macri se encargue de gobernar” (¡es decir ajustar!). La CGT, que apoyó a los Fernández en la campaña, no ha abierto la boca ante este nuevo ataque al bolsillo del pueblo trabajador. Se juegan a dejar que Macri haga “el trabajo sucio” de aplicar un nuevo ajuste a millones de trabajadores y jubilados

Hay que exigirle a la CGT y las CTAs que terminen con el inmovilismo y llamen a un paro nacional de 36 horas y a un plan de lucha. Frente al virtual estado deliberativo que se vive en fábricas, talleres, oficinas y escuelas, donde los compañeros se preguntan “como sigue esto”, hay que promover asambleas, pronunciamientos de cuerpos de delegados y reuniones de agrupamientos opositores a la burocracia, que saquen pronunciamientos, con pliegos de reivindicaciones y exigencia de medidas de acción para imponerlas. Tenemos que reclamar por un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar y el reajuste automático mensual de acuerdo a la inflación. Exigir la prohibición de las suspensiones y los despidos. Que se frene la remarcación de precios, estableciendo precios máximos para la canasta familiar. Y a eso sumarle un programa de fondo, planteando la necesidad de romper con el FMI y suspender inmediatamente los pagos de deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior para terminar con la especulación del dólar y la fuga de capitales y la reestatización de las empresas privatizadas y gestionadas por sus trabajadores y usuarios, con el objetivo de volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares de salario, empleo, educación, salud y vivienda. Desde el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad nos comprometemos en esta pelea.

Macri y Alberto Fernández se pasan la pelota: ¿Quién es el responsable?

Mientras el dólar volaba por los aires, el presidente Macri salió a responsabilizar del hecho al ganador de las elecciones: “Hoy, ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir. El problema que tenemos es que la alternativa no tiene credibilidad. El kirchnerismo debería hacer autocrítica”.

Alberto Fernández, por su parte, sostuvo que el responsable de la corrida cambiaria es el gobierno. “Esto es lo que pasa cuando un gobierno no dice la verdad sobre la economía”, sostuvo, aprovechando para reforzar su afirmación de semanas atrás a favor de una devaluación.
Muchos compañeros que llegaban a los lugares de trabajo o estudio con la idea de comentar y discutir los resultados de las elecciones, miraban azorados como subía el dólar, sabiendo que detrás de eso lo que se viene son los aumentos de precios y la evaporación de sus salarios. Con razón se preguntaban: ¿quién tiene la culpa? Y sobre todo: ¿esto cómo se resuelve?

Somos clarísimos: el dólar sube por las movidas de los pulpos especuladores, que fugan capitales a granel. Un primer responsable, entonces, que ni Macri ni Fernández denuncian, son los propios usureros de la deuda, a los que ambos le lavan la cara y los adulan garantizándoles que, sea como sea, van a cobrar a costa del hambre del pueblo. Es responsable también el FMI, que diseñó este plan de ajuste y promovió la devaluación. Y lo es el propio Macri, que deja que se fuguen los capitales y suba el dólar sin tomar ninguna medida, dejando que se pulvericen los salarios para favorecer a sus propios amigos. Pero también es responsable Alberto Fernández, que hace semanas viene llamando a la devaluación y aprovecha cuanta ocasión tiene para reafirmar que cumplirá a rajatabla con los pagos de deuda externa.

La nueva corrida cambiaria (y sus consecuencias inflacionarias sobre los bolsillos de los trabajadores) es una manifestación más de lo que venimos diciendo desde el Frente de Izquierda: el acuerdo con el FMI nos lleva al abismo. La única salida es desconocerlo, suspender inmediatamente los pagos de deuda y nacionalizar la banca y el comercio exterior para terminar con la especulación y la fuga de divisas. Es eso o el abismo.

Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT y miembro del cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento

El compañero Daniel Ruiz, dirigente sindical petrolero y militante del PSTU, se encuentra injustamente detenido desde septiembre de 2018. Su encarcelamiento forma parte de la ofensiva del gobierno de Macri y Bullrich para perseguir a quienes enfrentamos sus políticas de ajuste y hambre. Está preso por las jornadas de lucha y resistencia del 14 y 18 de diciembre de 2017, cuando miles ocupamos las calles contra el robo de la reforma previsional. Por esas y otra luchas se sumaron miles de procesados a la larga lista de luchadores criminalizados durante la década kirchnerista.

La semana pasada una delegación de dirigentes sindicales del ferrocarril Sarmiento y de Izquierda Socialista volvimos a visitarlo en el penal de Marcos Paz. Daniel, fogueado en los conflictos patagónicos se destaca por su temple y su inquebrantable voluntad de lucha que no cesa, incluso durante su detención, ya que junto a quienes comparte el pabellón están reclamando mejores condiciones de detención y que se cumpla con las disposiciones legales contra el hacinamiento, por agua potable y otras demandas elementales. La delegación la conformamos junto con Rubén “Pollo” Sobrero y Edgardo Reynoso, quienes llevamos la solidaridad de los ferroviarios y de nuestro partido y conversamos con Daniel acerca de su detención y de la situación general del país. Nos despidió entregando una carta para los compañeros ferroviarios, agradeciendo el acompañamiento y solidaridad, y otra para nuestra organización Izquierda Socialista con su saludo y agradeciendo por ser parte de la campaña por su libertad, por el cese de la persecución a Sebastián Romero y pidiendo la colaboración económica para que su familia pueda viajar a visitarlo.

Desde nuestra banca en el Congreso ya estamos colaborando, hemos realizado una audiencia pública junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y agrupaciones políticas, donde elaboramos un petitorio que lo entregamos en presencia a su hija, hermana y compañeros en la Defensoría del Pueblo. Nos despedimos del penal con un fuerte abrazo a Daniel, reafirmando nuestro compromiso de promover y participar de las acciones que se convoquen por su libertad dentro unos días cuando se cumplan doce meses de su encierro.

Se inició el primer juicio oral por los casos de pedofilia del Instituto Próvolo, otro caso en la larga lista de abusos sexuales de la Iglesia Católica argentina. Hay que terminar con la impunidad de los curas pedófilos.

Escribe Malena Lenta, candidata a Legisladora CABA

El 18 de noviembre de 2016, Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas en el Instituto Próvolo para niños y niñas hipoacúsicos, fue la voz de quienes no podían hablar y se animó a denunciar públicamente los vejámenes que vivieron cotidianamente los niños y niñas en esa institución educativa religiosa, durante muchos años. Los abusadores sexuales y maltratadores denunciados fueron los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, la monja Kumiko, el monaguillo Jorge Bordón, la exdirectora Graciela Pascual, la monja Asunción Martínez, el ex empleado Luis Ojeda y el ex administrativo y jardinero Armando Gómez, quienes actuaban en total complicidad.

En la actualidad, existen distintos procesos judiciales en curso de la misma causa abierta en el Instituto Próvolo. En el primero, Jorge Bordón admitió en un juicio abreviado su responsabilidad por once abusos sexuales con acceso carnal. En otro proceso, la monja Kumiko cursa prisión preventiva y se investiga la responsabilidad de la directora de la institución. Pero a comienzos de agosto se inició el primer juicio oral y público contra Nicola Corradi, Horacio Corbacho y Armando Gómez, imputados por “abusos sexuales y corrupción de menores” en donde se sostiene que al menos violaron a 29 personas, de las cuales una de ellas tiene cinco años en la actualidad. Aunque en este momento el juicio se encuentra en cuarto intermedio hasta el 14 de agosto por el desarrollo de una pericia para determinar la punibilidad de Gómez, la propia realización del juicio resulta un importante avance en la lucha contra la impunidad de la Iglesia Católica ante los casos de violencia sexual que son denunciados día a día. Con la anuencia del supuesto Papa “progre”, Francisco, la Iglesia actual persiste en el intento de esconder y proteger al ejército de curas pedófilos que forma en su institución. Ante las denuncias públicas que se dan en todo el mundo, como mucho argumentan que serán juzgados por la “justicia divina” como lo intentaron con los casos de la escuela Marianista de Caballito, el Padre Grassi y tantos otros.

Pero en el marco del avance de las luchas del movimiento feminista en todo el mundo, esta impunidad ya empieza a quebrarse, y en Irlanda, más de 400 pederastas fueron imputados en 2018.

La Iglesia Católica, se caracteriza por una doble moral que cada vez se hace más evidente. Porque mientras por un lado nos abusan, nos violan, rechazan el derecho al aborto, a la educación sexual integral y el uso de anticonceptivos; por el otro, apoyan dictaduras y reciben millones por parte del Estado para financiar a sus curas holgazanes y violadores. Además, manejan millones de pesos del Estado en sus instituciones religiosas educativas como el siniestro Instituto Próvolo, mientras se desfinancia a la educación pública. Por eso está hoy más vigente que nunca el llamado a la inmediata separación de la Iglesia y el Estado que se convirtió en una masiva reivindicación desde 2018 ante el nefasto rol de la Iglesia desempeñado públicamente ante el debate del aborto. Por eso hoy decimos basta de impunidad y cárcel ya para todos los curas pedófilos. Justicia para las niñas y niños del Instituto Próvolo.

Escribe Mercedes Trimarchi

La Iglesia Católica pretende vender el Luna Park en 40 millones de pesos a un grupo inversor europeo. El edificio (un ícono que fue catalogado Monumento Histórico Nacional desde 2007) es actualmente propiedad de Caritas y está administrado por el Arzobispado de Buenos Aires.

Nuestra diputada Mónica Schlo-tthauer se pronunció rotundamente en contra: “es una vergüenza que la Curia quiera vender un monumento histórico para hacer un negocio inmobiliario. ¿No era Caritas la “cara buena” de la Iglesia? Mientras el pueblo trabajador sufre un brutal ajuste, el gobierno les sigue pagando sueldos millonarios a los obispos destinando todos los años 130 millones del presupuesto nacional. Esto deja en evidencia el verso del acuerdo de Macri con la Iglesia acerca de que se está en una transición para liberar al Estado de ese aberrante financiamiento.”

Schlotthauer en el último pedido de informe al Jefe de Gabinete Marcos Peña exigió información sobre el presupuesto que se destina a los cultos y entidades religiosas, sueldos de los curas y escuelas religiosas. La respuesta fue absolutamente evasiva. Con la Iglesia, igual que con las multinacionales, los acuerdos son secretos.

 El sostenimiento económico a la Iglesia Católica fue ratificado por leyes de la última dictadura militar y ningún gobierno posterior las derogó. Desde el FIT-Unidad estamos por la total separación de la iglesia del Estado. ¡Que los curas busquen trabajo! Las creencias religiosas son privadas y las deben solventar quienes la profesan.

Escribe Nicolás Núñez, Candidato a legislador porteño

El 1 de agosto se cumplen dos años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Su familia y los organismos de derechos humanos siguen peleando contra el cierre de una causa que, controlada por el gobierno, busca hasta el día de hoy garantizar la impunidad de la gendarmería.

Santiago tenía 28 años cuando se acercó a solidarizarse con la comunidad mapuche de Cushamen, en Esquel, Chubut. Ese día un operativo represivo ilegal por parte de la gendarmería irrumpió en el territorio de la comunidad y persiguió a balazos a quienes se encontraban protestando por la libertad de Facundo Jones Huala, líder mapuche apresado y luego deportado a Chile en base a testimonios forzados bajo tortura. El registro fílmico de la represión fue ocultado por la gendarmería. Quedaron sí algunos audios de las comunicaciones entre los gendarmes: “Hay que quemarles las casas, esa es la misión”, “Necesito apoyo, repito, estoy repartiendo fuego”, “Estamos haciendo fuego de escopetas y estamos avanzando”, “Fuego al negro”, “¡Bien escopetero!”, “¡Avancen, avancen!”.

Santiago desapareció ese día, y su cuerpo fue encontrado dos meses después, el 17 de octubre, en el mismo Río Chubut que supuestamente había sido registrado varias veces, y a metros de donde había ocurrido la represión.

El operativo del primero de agosto había sido comandado por Pablo Noceti, el abogado de genocidas y entonces jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Bullrich, presente en la región para colaborar con la represión impulsada por los gobernadores patagónicos al pueblo mapuche. Mientras tanto, periodistas que operaron como cloacas del Bullrich y los servicios de inteligencia como Claudio Andrade de Clarín y Jorge Lanata, diseminaron versiones de todo tipo sobre el paradero de Santiago, y la inminente violencia del pueblo mapuche. Elisa Carrió llegó a decir en un debate televisivo que “había un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile”. Mientras tanto, los teléfonos de la familia de Santiago eran pinchados, invirtiendo la responsabilidad en la desaparición y posando la sospecha sobre quienes encabezaron el reclamo de justicia, y se animaron a decir frente a una Plaza de Mayo colmada: “¡Fuera Bullrich!”

Al día de hoy la justicia considera que nadie es responsable de la muerte de Santiago, los defensores del gobierno dicen que es su culpa por haberse sumergido en un río sin saber nadar. Pero los hechos de la represión son contundentes, y las dudas sobre el peritaje abundantes: billetes en los bolsillos de Santiago que habría resistido intactos dos meses bajo el agua; el ocultamiento de la sentencia forense de una “muerte violenta”, la no correspondencia de la temperatura del río Chubut con la requerida para la crioconservación, entre otras. Por eso seguimos reclamando que no se cierre la causa y se realice una investigación independiente.

A pesar del masivo repudio, el caso de Santiago devino en una mayor represión y luz verde al gatillo fácil. El asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel en noviembre de 2017 y la posterior implantación de la “Doctrina Chocobar” así lo ratificaron. Hoy el “Servicio Cívico Voluntario” a cargo de la fuerza asesina gendarme, avalado por Alberto Fernández, demuestra una búsqueda clara de apuntalar y legitimar los poderes represivos del Estado. La pelea por justicia para Santiago va de la mano del enfrentamiento a estas políticas de regimentación social y de la defensa del derecho a la protesta.

Santiago se transformó en bandera y ejemplo para nuevas generaciones que sacaron conclusiones de qué significaba ser solidario con causas justas y enfrentarse al gobierno y su aparato represivo. Hoy y para siempre su rostro estará presente en cada lucha popular, junto al de cada uno de nuestros mártires caídos por luchar.
¡Santiago Maldonado, Presente!