Escribe José Castillo, candidato a Diputado Nacional por Ciudad de Buenos Aires

Alberto Fernández asegura que en una renegociación con el FMI, su futuro gobierno logrará espacio para una política de reactivación de la economía, con aumentos de salarios y jubilaciones. ¡Mentira! El Fondo exigirá más ajuste y “reformas estructurales” para imponer la flexibilización laboral y la liquidación de las jubilaciones.

El candidato a presidente del Frente de Todos ha afirmado una y mil veces que no piensa romper el acuerdo con el FMI. Que su propuesta es “renegociarlo”. El propio Fondo acepta esto. No es la primera vez que lo hace. En los últimos acuerdos, con Grecia, Ucrania, Portugal o Ecuador puso las cartas sobre la mesa de en qué marco podría darse esta “renegociación”.

Técnicamente se trataría del pasaje del actual acuerdo (llamado stand by) a otro conocido como “de facilidades extendidas”. De acuerdo con este último, a cambio de correr un par de años los vencimientos más cercanos, se plantearían fuertes exigencias. Las dos más importantes son la reforma laboral y la previsional.

La reforma laboral es una de las más deseadas perlas que las patronales quieren conquistar. Buscan de hecho, quitarle todas las conquistas que la clase trabajadora ha conseguido con décadas de lucha, flexibilizando al máximo las relaciones laborales. Su modelo es que todos trabajemos con convenios tipo Vaca Muerta, o, si queremos un ejemplo más cercano a las grandes urbes, como los pibes que pedalean horas para Rappi o Glovo. Se busca eliminar las indemnizaciones por despido, las horas extras (estableciendo los llamados “bancos de horas”, donde el trabajador está 24 horas disponible para la patronal, pero sólo cobra lo efectivamente trabajado), o habilitar los mil y un sistemas de “pasantía” o “monotributismo”, donde todos son considerados “emprendedores” y nadie tiene vacaciones, obra social o ART si no lo paga él mismo. En síntesis, se trata de reducir como sea “el costo laboral”, para que los trabajadores seamos “competitivos”, o sea empatemos los niveles de superexplotación más feroces del planeta, como los del sudeste asiático.

El otro gran tema es la reforma jubilatoria. Acá se trata de, en poco tiempo, hacer en la práctica desaparecer el derecho a una jubilación digna, ya hoy muy vapuleada. Vienen por terminar con todos los regímenes especiales, siendo el más importante el docente. Con el objetivo de que, una vez todos “igualados”, se pase a aumentar cada vez más la edad jubilatoria. Además buscan reducir la llamada tasa de sustitución, o sea el porcentaje del salario con que se cobra la primera jubilación. En la actualidad ya no es como marcaba la ley original (del 82%) sino que cuando nos jubilamos recibimos apenas el 50% del ingreso que teníamos en actividad. Pero se busca bajarlo más aun, a 30 o 20%. En concreto, a “achatar” la masa de jubilaciones alrededor de la mínima. Eso lo lograrán además haciendo que las jubilaciones cada vez se ajusten menos por inflación, de tal forma que se pierda aceleradamente el poder adquisitivo. El objetivo último es llegar a un momento en que se pueda reintroducir un sistema de jubilación privada, similar a la estafa que se montó en la década del ´90.

Como vemos, estas dos exigencias de reforma estructural del Fondo, va directa y violentamente contra el presente y el futuro de la clase trabajadora. Desde el Frente de Izquierda Unidad te decimos que no te dejes engañar: no hay “renegociación progresista” con el FMI. La única salida pasa por romper absolutamente el acuerdo con el Fondo, suspender inmediatamente los pagos de deuda externa y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Guido Poletti

El candidato a presidente por el Frente de Todos viene dando “guiños” a favor de la reforma laboral. En su reunión con Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre y uno de los más furiosos defensores de la flexibilización, Alberto Fernández se mostró dispuesto a aceptar la flexibilización de los convenios colectivos siempre y cuando exista el aval de los sindicatos. “Lo que sea por vía convencional es una decisión de las empresas y los trabajadores”, afirma.

Fernández, y su asesor económico Guillermo Nielsen, se han pronunciado repetidas veces como admiradores del convenio firmado entre el burócrata del sindicato de trabajadores petroleros privados de Neuquén Guillermo Pereyra y las empresas que saquean Vaca Muerta, poniéndolo como un ejemplo de “por donde se debe avanzar”.

Así viene planteando las cosas Alberto Fernández: en un doble discurso donde por un lado asegura que “por supuesto que hay que modernizar las relaciones laborales” (eufemismo de flexibilización), pasando luego a sostener que “más que una ley marco”, “por ahora” (¿y después?) se puede empezar por reformas “gremio por gremio”…al estilo Vaca Muerta. Compañeros trabajadores: no nos dejemos engañar, el gobierno del Frente de Todos, en cuanto se siente a renegociar con el FMI y este se lo exija, con mil y una excusas va a terminar impulsando una reforma laboral que irá contra las conquistas que conseguimos en décadas de lucha.

Escribe Guido Poletti

Este viernes se pagarán 24.800 millones de pesos en concepto de BoPoMo (uno de los tantos nombres fantasías con que se denominan las distintas partes de nuestra deuda externa). Quién cobrará será el fondo de inversión internacional Pimco, uno de los más grandes buitres de las finanzas internacionales. Que, por supuesto, lo “fugará” inmediatamente.

A esto agreguémosle que la empresa Central Puerto, propiedad Nicky Caputo, el “amigo del alma” del presidente Macri, de Marcelo Midlin (Pampa Energía) y, en menor medida, de Javier Madanes (Aluar), cobró una supuesta vieja “deuda” por 7.200 millones de pesos. Quien gestionó para que se desembolsara ese monto de urgencia fue el propio Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
Entre todos se llevan 32.000 millones de pesos. ¡Más de tres veces de lo que se destinó para la emergencia alimentaria! Una auténtica vergüenza.

¿Quiénes son los pulpos exportadores de alimentos?

La comida que no aparece en la mesa de los trabajadores argentinos es la que se exporta en cantidades récord. Las ventas al exterior de carne vacuna están concentradas en unos pocos grandes empresarios: los frigoríficos argentinos Riusech, Borrell y Braun, el brasileño JBS y el chino Compañía Central Pampeana. En el caso de la carne porcina, el negocio está en manos de un consorcio (Argenpork) y del Frigorífico Paladini.

El negocio avícola (exportación de pollos y derivados) está en manos de la multinacional yanqui Cargill, que se reparte el dinero con la argentina Granja Tres Arroyos.

La exportación de leche en polvo, por su parte, también está extremadamente concentrada entre La Serenísima (hoy controlada por la argentina Arcor y la multinacional francesa Dadone) y Saputo (transnacional canadiense).

Estos son los que “se la llevan en pala”, obteniendo millonadas a costa del hambre del pueblo trabajador.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Nuestra diputada Mónica Schlotthauer se abstuvo de votar una ley miserable pactada entre Macri y el peronismo con el aval de la CGT y la Iglesia Católica. Aumentarán 15 pesos las partidas para comedores y merenderos diciendo que están combatiendo el hambre. Una mentira total. Esta ley, además, es parte de la política de “paz social” y “gobernabilidad” entre el oficialismo y la oposición patronal para aquietar los reclamos populares mientras sigue la pobreza y el ajuste. El Frente de Izquierda propuso verdaderas medidas para combatir de raíz este mal capitalista.

Miles creyeron que la denominada “emergencia alimentaria” que se votó iba a calmar aunque sea en parte la pobreza y la miseria de millones. Esto es lo que vendía el peronismo, la CGT y los movimientos sociales ligados a la iglesia previo a la sesión. Pero el Frente de Izquierda desnudó semejante mentira. 

A medida que nuestra diputada Mónica Schlotthauer develó la miseria que se destinaría para comedores y merenderos comparado con lo que se va para la deuda externa, empezó a quedar al desnudo la maniobra. Miles y miles empezaron a ver que esta farsa parlamentaria no solucionaba nada. Muchos periodistas incluso compartieron las críticas de Schlotthauer sobre que la ley no combate los problemas acuciantes ni siquiera en la emergencia. Con 15 pesos más, ¿qué se puede mejorar en alimentación? Es un tercio de lo que vale un litro de leche. 45 pesos para una comida representan 0,80 centavos de dólar. Se van a destinar 10.000 millones de pesos para esta ley, cuando se van 70.000 millones de pesos cada mes para pagar los intereses de una deuda ilegítima y usurera. Encima se va a solventar reasignando algunas partidas presupuestarias, pero sin tocar los pagos de la deuda. No se trató entonces de una ley que, aunque insuficiente, aliviana el hambre de millones.

Esta maniobra se venía cocinando hacía semanas. El peronismo pidió una sesión especial para tratar distintas iniciativas de prórroga de la emergencia alimentaria para provecho electoralista. Una emergencia que se viene dando hace 17 años (desde el 2002), confirmando que ningún gobierno capitalista solucionó este flagelo, ni el actual, ni el anterior kirchnerista.
Son tan insignificantes las partidas a repartir que el gobierno de Macri dio quórum y apoyó la ley acordando con el peronismo para, entre ambos, lavarse la cara y llamar a la “calma y tranquilidad” justo cuando el día anterior habían reprimido y metido presos a manifestantes en el acampe de los desocupados.

Nuestra diputada también denunció a las multinacionales que exportan miles de toneladas de carne, leche y cereales haciendo grandes fortunas con los alimentos básicos, y a los grandes empresarios y supermercadistas que venden los alimentos en el país a precio dólar, mientras millones no tienen acceso a los productos básicos. Llegándose al extremo de que en Argentina crece la pobreza cuando produce alimentos para dar de comer a 400 millones de habitantes.

“Con esta ley no comenzó el combate contra el hambre y la pobreza, sino que empezó la campaña electoral del peronismo y de Macri”, denunció Schlotthauer.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad nos abstuvimos para no ser cómplices de esta mentira y de este circo electoralista acordado entre el macrismo y toda la oposición patronal peronista. Nos abstuvimos y propusimos medidas para combatir de verdad el hambre y la pobreza. Queremos más plata para comida, no para la deuda. Y que se declare la emergencia social, alimentaria, salarial, jubilatoria y laboral.

Propusimos que se aumenten los salarios, jubilaciones y planes sociales al valor de la canasta familiar, la prohibición de los despidos y suspensiones, un seguro de desempleo para quienes no tienen trabajo, anular los tarifazos, nacionalizar la banca y el comercio exterior (para evitar la fuga de capitales y el negocio alimentario), y que la plata que va para la deuda y el FMI se destine a combatir la pobreza, aumentar las partidas para alimentos en la emergencia, en camino a implementar un plan económico alternativo para combatir de raíz los males capitalistas.

Para todo esto hay que seguir luchando. Repudiamos el rol de Alberto Fernández y el de sus diputados llamando a que hay que “abandonar las calles”. Llamamos a seguir apoyando la lucha del movimiento de desocupados junto al movimiento obrero, para enfrentar juntos este plan de hambre, miseria, pobreza y entrega de Macri, el FMI y los gobernadores. Por eso exigimos que la CGT abandone la tregua y llame a un paro general y a un plan de lucha para imponer verdaderas medidas de emergencia y de fondo.

PLATA HAY

Acá demostramos lo que se podría hacer con lo que se destina para la deuda fraudulenta, bancos y la fuga de capitales.

• 70.000 millones de pesos por mes (lo que se paga por intereses de deuda externa): Se podrían multiplicar por 7 veces los 10.000 millones de pesos destinados por la ley alimentaria, u otorgar 10 millones de nuevos planes sociales de 7.500 pesos o aumentar varias veces los actuales. Con ese monto también se podría aumentar el 100% del salario mínimo vital y móvil a 4 millones de trabajadores.

• 60.000 millones de pesos (pago mensual a los bancos por la tasa de interés): Se podría otorgar un aumento del 100% en las jubilaciones mínimas (hoy en 11.500 pesos) a cinco millones y medio de jubilados.

• 30.000 millones de dólares (fuga de capitales anual): Se podrían construir 600 mil viviendas populares al valor de 50.000 dólares cada una. Esto reactivaría la economía y generaría trabajo genuino.

Escribe Gabriel Massa

Los justos reclamos de las organizaciones piqueteras se hicieron sentir con fuerza en la semana que pasó. El acampe por 48 horas en la avenida 9 de Julio, con acciones simultáneas en varias provincias exigían del gobierno nacional medidas elementales: trabajo genuino, más partidas para los comedores y merenderos populares, aumento de los montos de los programas sociales, hoy fijados en 7.500 pesos y la reapertura de los mismos para contemplar a los miles de nuevos desocupados.

En vez de dar soluciones, el gobierno respondió con represión y una ley de emergencia alimentaria acordada con la oposición que no resuelve absolutamente nada (ver nota central). Y le inició una causa penal a los dirigentes Kuperman y Belliboni.

Repudiamos la brutal represión del gobierno y exigimos medidas concretas para resolver los graves problemas de estas familias.
A contramano de esta realidad, Alberto Fernández llamó a dejar las calles, una propuesta absurda en un país donde el hambre y la pobreza crecen sin solución. Ni los pedidos de “despejar las calles” de Fernández, ni la represión implementada por Bulrich-Macri, podrán ocultar esta tragedia social. Por eso seguiremos apostando a la lucha como el único camino.