Escribe José Castillo

La pobreza sigue aumentando en nuestro país. Lo mismo la indigencia. Ya no basta con tener trabajo, tres de cada diez personas con empleo también son pobres. Es el resultado de años de planes de ajuste, ejecutados por todos los gobiernos al servicio de las ganancias empresarias y el saqueo de la deuda externa.

Se conocieron los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA del tercer bimestre del año. Los números son aterradores. La pobreza creció al 43,1% (17 millones de personas). Con estos valores se encuentra en los máximos niveles desde 2010, con la única excepción del comienzo de la pandemia.

Se trata de 17 millones de personas. La mitad de ellos, 8,5 millones, tienen además elementos de pobreza estructural (falta de cloacas, sanitarios, educación, problemas de hacinamiento).Tres de diez tienen tres o más carencias. El 9,4% se encuentra en “insuficiencia alimentaria severa”. El  9,9% no tiene acceso a agua corriente y dos de cada diez viven cerca de basurales.
Menos de dos de cada diez pobres acceden a un empleo pleno.

De estos 17 millones de pobres, 8,5 millones son directamente indigentes, no llegando a poder adquirir mensualmente la canasta básica de alimentos. Si no existiera la asistencia social la pobreza ya superaría el 50 y la indigencia el 20%, respectivamente. Sin embargo, como explicamos en otra nota más abajo, los montos de esa ayuda cada vez son más insuficientes.

La pobreza afecta no solo a los desocupados. De los que trabajan 29,8% no llegan a la canasta básica total (ver "Trabajadoras y trabajadores cada vez más pobres").

La pobreza crece al compás de los pagos de deuda externa

El crecimiento de la pobreza no es nuevo. En los últimos cuarenta años vivimos sometidos a los planes del FMI y pagamos miles de millones de dólares en concepto de una deuda externa ilegal, inmoral y usuraria, contraída por la dictadura y reconocida y pagada por todos los gobiernos posteriores. Mientras que en 1974 teníamos 4% de pobres, durante la década del ‘80 esto creció al 20%, pasó al 30% durante la convertibilidad y ahora está arriba del 40%. Agustín Salvia, director del Observatorio Social, lo grafica así:  “hay dos generaciones de pobres y una tercera en gestación”. En este siglo, un 7% de la población que antes podía ser considerada “clase media” cayó bajo la línea de pobreza y nunca más pudo recuperarse.  

La contrapartida de todo es que las patronales nacionales y extranjeras hicieron y siguen haciendo superganancias. Así, el reparto de la torta distributiva es cada vez más desigual. En el gobierno del Frente de Todos en particular, estamos viendo los privilegios que perciben los monopolios exportadores de soja, las multinacionales automotrices, petroleras y de la megaminería, o las grandes alimenticias e hipermercados, a los que se les brinda acceso a dólares a valores diferenciados, mientras se ajusta al pueblo trabajador. Y también, como siempre, la continuidad de los pagos de deuda externa a los pulpos especuladores y el FMI.

Se necesita un plan económico de emergencia

Terminar con la pobreza y la indigencia es la prioridad número uno. Para eso es necesario poner en marcha un programa de emergencia, obrero y popular. Que comience con suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa y romper con el FMI, para poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares: un aumento salarial para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE Indec en 217.000 pesos), que luego actualice mensualmente por inflación; un incremento jubilatorio para llevar la mínima al valor de la canasta de la tercera  edad (151.478 pesos); un plan de viviendas populares que genere los millones de puestos de trabajo genuino que se necesitan para terminar con el desempleo; y plata para educación y salud de calidad.

Escribe José Castillo

Un hogar de familia tipo que percibía en julio pasado el Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar, alcanzaba en julio a cubrir el 97% de la canasta básica alimentaria. Hoy, apenas si llega al 87%. Eso implica que en apenas cuatro meses, perdió el 10% del poder adquisitivo. Hoy esa familia percibe 27.725 pesos por el Potenciar Trabajo (medio salario mínimo, vital y móvil), dos AUH (13.553 pesos) y la tarjeta Alimentar (13.500 pesos). Un total de 54.328 pesos, mientras que la línea de indigencia está en 62.106 pesos.

Sobre esta dramática realidad, el gobierno habla de ajustar más, reduciendo planes o “desenganchando” el Potenciar Trabajo del salario mínimo, vital y móvil, para que ni siquiera llegue al 50%. Una auténtica vergüenza, al servicio de que cierren los números del ajuste que ordena el FMI. Exigimos, tal como proponen los movimientos sociales combativos, un incremento urgente del valor de los planes, que no haya bajas ni congelamiento de los mismos y, sobre todo, que se lleve adelante un plan de obras públicas en base al no pago de la deuda para generar trabajo genuino.

Escribe José Castillo

En nuestro país cada vez más personas con trabajo no escapan al flagelo de la pobreza. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA el 29,8% de los ocupados (un tercio) son pobres. En 2017 ese número era el 15,5%. O sea que los ocupados pobres crecieron al doble desde 2017. El gobierno del Frente de Todos no solo no recuperó los salarios hundidos por el macrismo, sino que los empeoró.
Los que tienen un empleo de tiempo completo no escapan a este fenómeno. En 2017 apenas el 4,7% de ellos eran pobres. Hoy, este número asciende al 13,9%. Por supuesto, mucho peor la pasan las y los precarizados: en 2017 ya el 15,5% cobraban salarios que los dejaban debajo de la línea de pobreza. Ahora están en esa situación el 31% (uno de cada tres).

¿Qué reflejan estos números? Que la “recuperación” económica post pandemia de la que se jacta el gobierno del Frente de Todos se hizo a costa de nuevos puestos de trabajo con salarios de miseria. Los miles de puestos de trabajo formales perdidos en 2020 fueron canjeados por puestos super-precarizados, que sumen a las y los trabajadores en la pobreza. Los que están en blanco también caen, reflejando que los aumentos paritarios no llegan ni de lejos a cubrir la pérdida inflacionaria.

Hoy abundan trabajos precarios que pagan 70.000, 60.000 e incluso 50.000 pesos, totalmente por debajo del nivel de indigencia. La media de las y los asalariados no llega a los 150.000 pesos, cuando una familia tipo necesita, según los cálculos de los trabajadores de ATE Indec, al menos 217.000 pesos para vivir.

Esta es la realidad que dejan correr la burocracia sindical de la CGT y las CTA, por medio de su pacto con el gobierno. Las y los trabajadores no pueden ser más la variable de ajuste. Se necesita un aumento de emergencia que lleve el salario mínimo al valor de la canasta familiar citada más arriba. Que a partir de allí se reabran todas las paritarias y se otorguen los aumentos proporcionales a cada escala. Y que todo se reajuste mensualmente mientras siga esta inflación desaforada. Hay que exigir un paro general y plan de lucha a las centrales para luchar por estas reivindicaciones y parar el ajuste.

Escribe José Castillo

El acuerdo firmado en marzo con el FMI obligó al gobierno peronista del Frente de Todos a realizar un gran ajuste en este 2022 que está culminando. En concreto, se achicaron todas las partidas (en la inmensa mayoría de los casos por el simple expediente de no indexarlas por la inflación correspondiente) para alcanzar un déficit fiscal de 2,5% del PBI. Lo vienen sufriendo en estos meses todos los trabajadores del estado (sean administrativos, docentes o trabajadores de la salud), así como los que perciben planes sociales y el conjunto del pueblo trabajador que vive cotidianamente el deterioro de los servicios de educación, salud, vivienda, etcétera.

La contrapartida de este ajuste fue que el Fondo envió dinero para cubrir los vencimientos con el propio organismo. El año próximo esto no sucederá: será mucho más lo que hay que pagarle a este organismo que los desembolsos que llegarán. En concreto, tendremos que pagarle en efectivo al FMI 3.500 millones de dólares, que deberán salir de nuestras propias reservas. Al mismo tiempo, el ajuste que se debe realizar, según lo acordado en la firma del acuerdo, será mucho mayor: tendrá que llegar a un déficit fiscal de 1,9% del PBI. En síntesis, más hambre y más entrega. Esa es la perspectiva del acuerdo con el Fondo para el 2023. Motivos más que de sobra para plantear romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa.

Escribe José Castillo

Reafirmando un giro cada vez mayor hacia apoyarse en el imperialismo yanqui, el gobierno del Frente de Todos ha firmado un acuerdo de intercambio de información (Fatca, por sus siglas en inglés) con su homónimo de los Estados Unidos. Tiene como objetivo intercambiar datos sobre cuentas bancarias en ambos países, a los fines de que cada uno de ellos pueda cobrar los impuestos correspondientes. No es el primer acuerdo de este tipo: ya el gobierno de Mauricio Macri había firmado uno, ciertamente que de menor alcance.

En concreto, el gobierno argentino se compromete a informar al norteamericano los datos de todas las cuentas abiertas por ciudadanos de ese país en nuestros bancos. Y los yanquis harán lo mismo con las cuentas abiertas por argentinos en el país del norte. Esto último es lo que se ha venido anunciando con bombos y platillos por parte de Sergio Massa y otros funcionarios del gobierno. Hablan de un número cercano a 100.000 millones de dólares fugados y depositados en bancos yanquis que ahora podrán ser conocidos y a los que se les podrá cobrar impuestos.

Pero a no ilusionarse, el acuerdo que entraría en vigencia el año que viene, solo será para que se informen de cuentas de ciudadanos con domicilio en argentina que abrieron cuentas en Estados Unidos (incluyendo algunos paraísos fiscales, como Delaware y Dakota del Sur, pero dejando afuera a otros como las islas Vírgenes o Puerto Rico). Varios grandes empresarios que fugaron sus capitales, como por ejemplo Marcos Galperín, no serán alcanzado por la norma por el sencillo hecho que fijó su domicilio en Uruguay.

Un nuevo blanqueo

Así y todo, la información que se obtenga podría brindar datos interesantes sobre unos cuantos especuladores que han fugado capitales, nunca comunicaron el origen de los mismos y, por supuesto, no abonaron los impuestos respectivos. La apertura a estos datos se daría al parecer a partir de septiembre del año próximo.

El gobierno del Frente de Todos, dada esta realidad, busca aprovechar para juntar unos pesos con anticipación. Recurre para ello a una vieja herramienta, el blanqueo de capitales. La misma que utilizó Macri durante su mandato. Sencillamente, se les ofrece a aquellos que informen voluntariamente  con anterioridad sus cuentas en el exterior una “amnistía” sobre los delitos cometidos: nadie les preguntará el origen de los fondos, se les perdonarán los impuestos anteriores no pagados y, a cambio de un pago con una tasa especial (menor a la que les correspondería) quedan “blanqueados”, pasan a no deber nada, y pueden usar libremente sus fondos fugados. La alícuota a pagar se irá incrementando (primero se duplicará y luego se cuadruplicará, pero siempre por debajo de lo que deberían pagar por lo que adeudan) a medida que transcurran los meses de 2023. Como una especie de zanahoria para que se decidan rápido, paguen y queden blanqueados antes de que el gobierno yanqui habilite la información en septiembre.

El gobierno peronista aspira así a hacerse de algunos fondos para el momento álgido de la campaña electoral. Pero que nadie se ilusione. En el proyecto de blanqueo que se ingresará al Congreso en los próximos días hay una cláusula taxativa, ya que el 20% de todo lo que se recaude de este blanqueo va directo a un fideicomiso para pagarle al FMI.

En síntesis, si se aprueba en el congreso, este blanqueo, bendecido por los yanquis y por el Fondo solo le servirá a los grandes especuladores y jugadores de divisas y al propio Fondo. Nada muy distinto del que llevó adelante Macri en su mandato.