Escribe Atilio Salusso

Sectores kirchneristas vienen haciendo una campaña de falsedades diciendo que la izquierda no enfrenta a Macri. Atacan al Pollo Sobrero y a los ferroviarios del Sarmiento, diciendo que Sobrero y el sindicalismo combativo paraban contra Cristina, pero que ahora no hacen nada contra el actual gobierno. Ahora usan la resolución tomada en la asamblea del Sarmiento del lunes 29, que resolvió adherir a la jornada del 30 participando de la marcha de manera independiente y exigiendo un verdadero paro y plan de lucha nacional.

En primer lugar, el cuerpo de delegados del Sarmiento y la Seccional de la Unión Ferroviaria de Haedo nunca dejó de luchar bajo el gobierno de Macri. Lo enfrentó apenas asumió con un paro en junio de 2016, mientras Moyano venía de apoyar la candidatura del actual presidente. El paro ferroviario fue contra la reforma laboral en seguridad (una formación llevó por delante a una cuadrilla de trabajadores dejando a un ferroviario herido de gravedad) y en contra de sanciones en el sector limpieza para descabezar al cuerpo de delegados. El paro más reciente fue a fines de marzo, en repudio al fallecimiento por inseguridad laboral del joven trabajador Sebastián Carranza. Estos paros se dieron sin ningún apoyo de la Unión Ferroviaria central.

A esto hay que sumar el rol de vanguardia del Sarmiento durante estos cuatro años ante cada paro general arrancado a la CGT, siendo parte de las enormes movilizaciones contra el robo jubilatorio a fines de 2017 y la votación del presupuesto del FMI a fines del año pasado (cuando Moyano, ya aliado a Cristina, llamó a una misa a Luján). Sobrero fue el orador central en el acto del sindicalismo combativo en Plaza de Mayo el 4 de abril denunciando a la CGT cuando convocó a una marcha con los empresarios junto a Moyano y la CTA que encabeza el diputado K Hugo Yasky, que desde el año pasado viene diciendo que “en 2019 no hay que hacer paro”. Sería bueno que quienes hacen esta campaña de falsedades, hagan esta necesaria comparación.

Por otro lado no es cierto que el Sarmiento le dio la espalda al paro del 30. Sino que se sumó en las condiciones que daban luego de consultar a la base en una asamblea de más de 500 ferroviarios. Este el método de la dirección combativa de Sobrero y la Bordó. Esto es importante aclararlo frente a toda la vanguardia luchadora. La seccional del Sarmiento es la única de oposición frente a los aparatos burocráticos de la Unión Ferroviaria (controla 32 de las 33 seccionales) y La Fraternidad y frente al gobierno. Cada paso que se toma hay que medirlo bien con la base. Al llegar la propuesta de adherir al paro convocado por Moyano, Baradel, Yasky, entre otros, se creó un gran debate entre los compañeros. Porque muchos trabajadores cuestionan, y con sobrados motivos, a los Moyano, Baradel y compañía. Muchos empezaron a recordar que la medida más “fuerte” en el 2018 de este sector fue convocar a una misa en Luján. O que otro de los convocantes era la traidora burocracia del Smata. Y también que los aliados de Moyano en el Sarmiento, el gremio de Señaleros, anunciaron que no adherían al paro. Sumado al no apoyo de la propia burocracia de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad. Todo esto hizo que muchos compañeros no tuvieran predisposición a realizar un paro total de actividades.

Ante semejante situación y en pos de la unidad, el combativo cuerpo de delegados tomó la propuesta de adherir a la jornada yendo a la marcha junto al sindicalismo combativo exigiendo un verdadero paro de 36 horas y plan de lucha nacional. En la asamblea de más de 500 trabajadores se aprobó esta moción.

Lamentablemente el Partido Obrero se sumó a este ataque kirchnerista, incluso en contra de la declaración del propio sindicalismo combativo que critica el rol de Moyano (ver nota de cabeza). Lo que no dice la nota del PO (Prensa Obrera web 30/4/19) es que la moción de parar “sí o sí”, de un ferroviario que adhiere al PO y otro de la lista Negra, apenas llegó a 18 votos entre los más de 500 presentes. Un sectarismo y divisionismo que caracteriza a la lista Negra de la cual participa PO, que viene atacando a Sobrero y a la Bordó desde hace tiempo diciendo que es una conducción “propatronal”. Este sectarismo es continuidad de la triste postura de presentar una lista en las últimas elecciones de cuerpo de delegados contra la Bordó para intentar dividir frente a la Verde de la burocracia. También en esta oportunidad la base los rechazó, ya que la Bordó obtuvo 1.074 votos y la lista Negra 376.

Rechazamos las calumnias contra los ferroviarios combativos del Sarmiento y Sobrero, y seguimos llamando a la más amplia unidad para derrotar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores con un paro y plan de lucha nacional. Y a seguir fortaleciendo al sindicalismo combativo.

Acaba de salir, editado por Sudamericana, el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Rápidamente se convirtió en un boom editorial, agotando tres ediciones en unos pocos días. Con Sinceramente, Cristina lanza de hecho su campaña electoral.

Escribe Guido Poletti

El libro tiene dos objetivos bien concretos. Por un lado, reafirmar y darle argumentos a sus militantes y simpatizantes de por qué hay que votar a Cristina frente al “caos” de Macri. Por otra parte, busca llegar a un público más amplio, intentando convencerlo de que debe volver “ella”.

En un estilo fuertemente autorreferencial, las casi 600 páginas tratan de demostrar que los doce años de gobiernos kirchneristas fueron “una batalla por implantar un modelo de inclusión social y redistribución del ingreso” y que mayoritariamente lo lograron. Los únicos impedimentos habrían sido las “corporaciones”, fundamentalmente el Grupo Clarín, que lograron que algunos sectores confundidos terminaran votando a Macri en 2015. Claramente esto no fue así: una parte importante de la clase trabajadora y los sectores populares le dieron la espalda por la bronca creciente por los salarios que se deterioraban frente a la inflación de entonces, por el impuesto al salario y por una pobreza y trabajo en negro que seguían existiendo, por más que se los negara con los números truchos del Indec. Que el actual ajuste macrista haya empeorado más aún las condiciones de vida de los trabajadores no nos puede hacer olvidar lo que pasaba en los tiempos del kirchnerismo.

Lo que no dice

Uno de los aspectos más llamativos del texto es, contradictoriamente, aquello de lo que no se dice ni una palabra. Se hubiera esperado una explicación (justificativa aunque sea) acerca de la intervención del Indec y la falsificación de los indicadores. No hay una palabra: Cristina se explaya sobre las mejoras en el salario y la baja de la pobreza sin hacer mención de que los números que utiliza están muy fuertemente cuestionados. Es como si la inflación nunca hubiera existido durante el kirchnerismo.

Como era de esperar, hay largas páginas donde se elogia la política de derechos humanos de su gobierno. Pero el lector perdería el tiempo si buscara explicaciones de qué pasó con Jorge Julio López (su nombre no figura en el libro), ni, mucho menos, el porqué de la designación del general Milani al frente del Ejército, otro gran ausente del texto.

Cristina sostiene también que la renacionalización parcial de YPF fue uno de los grandes hitos de su segunda presidencia. Pero, y a pesar de que el libro “retrocede” en la historia incluso a la década del 70, no hay un renglón que justifique por qué los Kirchner fueron vanguardia en garantizar la privatización de YPF durante el menemismo. Tampoco se explica por qué se dejó a Repsol agotar las reservas de gas y petróleo, o el escándalo de cuando, con la excusa de la “argentinización” de YPF, se hizo entrar como socio minoritario a Esquenazi, un empresario amigo de la pareja presidencial.

Lo que sí dice sobre la deuda, Vaca Muerta, la burocracia sindical y el aborto

Hay un aspecto en el que Cristina no tiene doble discurso: señala con lujo de detalles todo lo que se pagó en concepto de deuda externa, tanto a los acreedores en los dos canjes (2005 y 2010), como el pago en efectivo y por anticipado al FMI (2006), al Club de París (donde incluso se aclara que se sabía que era una deuda “vieja” generada directamente por la dictadura), a las privatizadas por los fallos del Ciadi y a la propia Repsol por YPF (páginas 181, 197-205, 332-333 y 351-356). Se citan los miles y miles de millones de dólares que se desperdiciaron como si ello no fuera problema. Como contrapartida, se defiende afirmando que estuvo bien que los trabajadores tuvieran que pagar impuesto a las ganancias por su salario.

Refiriéndose a YPF, defiende el acuerdo con Chevron y acusa al gobierno de Macri de pretender apropiarse de los logros de Vaca Muerta (páginas 303 a 309), cuando fue justamente el gobierno de Cristina el primero que dio vía libre para la explotación vía fracking (con el desastre ambiental que genera). Y no dice que ese acuerdo fue escandalosamente declarado “secreto” y significó el puntapié inicial para la entrega que hoy se desarrolla a pleno con muchas otras transnacionales saqueando nuestras riquezas.

Otra parte que no tiene desperdicio es cuando explica su relación con la burocracia sindical peronista. Reflexivamente, es en lo único en que se “autocritica” de algo. Señala que no debería haber roto puentes con Moyano, explicando que tendría que haber seguido el consejo de Néstor Kirchner, que siempre le decía que el gran error de la juventud peronista de los 70 había sido atacar a la dirigencia sindical (páginas 296 y 297). Cristina afirma, muy claramente, que de acá en adelante su alineamiento con dichos dirigentes será sin fisuras.

En el capítulo donde relata su posición frente al aborto, reconoce que estaba originalmente en contra y que cambió de posición por los planteos de su hija Florencia. Pero da un guiño a la Iglesia al destacar la “gran militancia juvenil, que se expresó tanto en los pañuelos verdes como los celestes” (páginas 415 y 416), metiendo todo en la misma bolsa y llamando a la unidad de ambos sectores, tal como se ve también en las largas y elogiosas páginas dedicadas al papa Francisco (páginas 383 a 414).

¿Y ahora cómo sigue?

Muchas otras cosas se podrían mencionar de este largo libro. Pero dejamos para el final una expresión que, en clave histórica, es ciertamente para “expertos en historia peronista”. Cristina insiste en que no comprende por qué tanta saña contra ella. Y le pregunta a uno de los mayores empresarios argentinos (no cita el nombre): “¿Qué fue lo que les molesta de lo que decimos o hacemos que los hace votar en contra nuestro después de haber ganado tanta plata durante nuestros gobiernos?” (página 560). Y llama a que “no tengan miedo porque, después de todo, las yeguas somos herbívoras” (página 269). Lo traducimos para las jóvenes generaciones: cuando en 1973 Perón volvió al país decía que lo hacía “como un león herbívoro”, a “unir a los argentinos”. Cristina, que definitivamente no es Perón, usa esa expresión para tranquilizar al establishment internacional, que expresa preocupación en relación a si un futuro gobierno kirchnerista va a seguir pagándole a los usureros internacionales.

El kirchnerismo, a través de todos sus voceros (dirigentes políticos, economistas, legisladores) está diciendo a quien lo quiera escuchar que no va a romper con el FMI y que va a seguir pagando la deuda externa. Por más que lo escondan detrás de eufemismos del estilo “vamos a renegociar”.

Este es el sentido profundo de una Cristina que afirma que volverá “para no pelearse con nadie”, como “yegua herbívora”. Justamente por eso decimos que no son salida para los trabajadores. Somos tajantes: desde la izquierda decimos que si queremos un plan económico que priorice el trabajo, el salario y las otras necesidades del pueblo trabajador no hay otra salida que “pelearse” con el FMI, romper el acuerdo y suspender inmediatamente los pagos de una deuda externa que no solo es usuraria, sino también ilegal, inmoral e ilegítima.

El senador, jefe del bloque de senadores del PJ y precandidato presidencial de Alternativa Federal, Miguel Ángel Pichetto, viajó a Estados Unidos, donde realizó una conferencia en la Universidad de Columbia y se reunió con varios de los principales fondos de inversión con intereses en la Argentina.

Su visita coincidió con los días de mayor crisis del dólar y el riesgo país de la semana pasada por lo que Pichetto tuvo que explayarse y dar respuestas sobre el tema. Fue clarísimo: “Si gana nuestro espacio habrá un fuerte compromiso de pago”. Buscaba así exorcizar cualquier fantasma de que un eventual triunfo de la oposición peronista llevara a una ruptura con el Fondo o a una suspensión de los pagos de la deuda. Más claro, imposible.

El 9 de abril salió a la luz la noticia de la sanción por parte de la empresa de colectivos Indalo, con catorce días de suspensión al chofer Javier Carreras de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. El hecho generó un gran repudio social y fundamentalmente en la comunidad educativa, ya que la sanción se debe a un gesto solidario del chofer para con los niños estudiantes de una escuela de las afuera de la ciudad donde asisten alumnos de las barriadas vecinas.

Desde hace un tiempo la empresa y el municipio, arbitrariamente, cambiaron el recorrido obligando a que los chicos tuvieran que caminar cerca de quince cuadras para llegar al establecimiento educativo por un sector descampado y con riesgos de sufrir robos, violencia y peligros, como efectivamente ocurrieron. La dirección del establecimiento solicitó por nota que se restituya el recorrido anterior, pedido que la empresa ignoró completamente. El trabajador, al enterarse de hechos delictivos, tomó la decisión de cambiar el recorrido para acercarlos a la escuela. La empresa, en vez de convalidar dicha determinación, hizo lo opuesto, sancionando al chofer.

La actitud represiva y persecutoria de la paternal hacia los choferes es un accionar cotidiano en todos los sentidos, ya que los obligan a trabajar sin condiciones laborales adecuadas y prestando un servicio muy deficiente hacia los usuarios, que diariamente manifiestan decenas de denuncias y situaciones de incumplimiento.  Detrás de este gesto del chofer existe un hecho de solidaridad y empatía entre trabajadores y usuarios que ninguna empresa podrá entender, y por esto sanciona a quien muestra preocupación por sus pares.

Desde la banca de Izquierda Socialista/FIT, la diputada Angélica Lagunas llevó la denuncia a la Legislatura y se logró que la sesión plenaria votara una declaración de repudio a la sanción (solo votaron en contra los diputados de Cambiemos) que manifiesta en su artículo 1º su rechazo a la sanción por parte de la empresa Autobuses de Neuquén contra el chofer de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. Los restantes artículos exigen de las autoridades competentes, como la Secretaría de Trabajo, que arbitren los medios para quitar la sanción. En el mismo sentido se está impulsando una declaración similar en el Concejo Deliberante de la ciudad por parte de nuestro concejal Manuel Sánchez. A su vez se avecina una pelea legal porque la empresa inició una causa penal contra la diputada por respaldar al chofer.

Corresponsal

El gobierno de Macri quiere bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años mediante una ley que se debate en el Congreso llamada “nuevo régimen penal juvenil”. Apunta contra niñas, niños y adolescentes a quienes considera peligrosos. Es parte de la política de mano dura de Patricia Bullrich. Nuestros diputados Juan Carlos Giordano y Laura Marrone expusieron en el Congreso repudiándola. Lo mismo hicimos acá en la Legislatura de Córdoba.

Escribe Ezequiel Peressini Legislador de Izquierda Socialista/FIT de Córdoba

Decenas de organizaciones sociales, de derechos humanos, juristas y especialistas en el tema nos plantamos contra esta iniciativa que busca criminalizar a la juventud. Con una campaña demagógica, Macri y sus funcionarios buscan bajar la edad de imputabilidad diciendo que con eso habrá más seguridad. Una mentira total.
Ni siquiera las estadísticas lo acompañan. Solo el 4% de los delitos son cometidos por menores, y de ellos solo el 1% es grave. Quiere decir que los verdaderos delincuentes están en otro lado.

El gobierno y la oposición patronal están por bajar la edad

El gobierno dice que es necesario modificar el decreto aberrante que viene de la dictadura. Pero lo van a cambiar para peor, bajando la edad de imputabilidad y fijando penas más altas para los menores.
Todos los gobiernos “democráticos” sostuvieron ese decreto durante décadas y ahora todos coinciden en bajar la edad. En 2009, el kirchnerista Scioli promovió bajar la edad a 14 años. La ley se aprobó en el Senado y fue defendida por Cristina Kirchner diciendo que era “una adecuación a los tiempos que corren”. Massa también acuerda con bajar la edad a 14 años.
Se argumenta que otros países la bajaron aún más, a 12 años en Brasil, a 13 en Nicaragua y a 14 en Chile. Pero lo que no dicen es que en esos países aumentó la criminalización hacia los pibes y no bajó la inseguridad.

La mano dura fracasó

Las organizaciones que trabajan con menores se han manifestado en contra porque viola los derechos de niñas, niños y adolescentes. Luis Pedernera (Comité de los Derechos del Niño de la ONU), recomienda no reducir la edad de imputabilidad y no aumentar las penas. Unicef advirtió que el sistema penal juvenil “no puede utilizarse como respuesta tardía a las fallas en la protección de los derechos de niños y jóvenes”. (La Nación, 29/4).

La política de mano dura nunca trajo seguridad. Desde 1983 subieron las penas máximas de 25 a 50 años y el delito creció 400%. Si a esto le agregamos que (según Correpi) se asesina una persona cada 23 horas en manos del gatillo fácil, donde el 50% de las víctimas son jóvenes, el cuadro es desolador.

Combatir el hambre y las mafias, no a los menores

El titular de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación, Gustavo Gallo, señaló que “el 98% de los 667 pibes que defendí en 2016 tenía derechos básicos insatisfechos, estaban en situación de calle y no se alimentaban bien”.
En provincia de Buenos Aires las partidas presupuestarias para los menores son 29 veces más bajas que las destinadas para las fuerzas represivas. Y en la Córdoba de Schiaretti hay más policías que maestras.
El mismo gobierno que hunde en la pobreza al 48% de niños impidiéndoles acceso a sus derechos básicos, ahora solo les ofrece el encierro represivo.

Los más chicos no son un peligro, están en peligro por el ajuste de Macri, que destina un millón de pesos por minuto para la deuda externa mientras recorta y vacía los programas socioeducativos.
Mientras los grandes delincuentes de guante blanco como Calcaterra o Paolo Rocca (Techint) fueron sobreseídos, hay represores de la dictadura en funciones, como el fiscal general Fernández Garello en Mar del Plata, o el intendente de Cambiemos de Paraná, que está ligado al narco, se quiere apuntar contra los jóvenes.

Para combatir la inseguridad se necesita combatir a las mafias que trafican con el delito, donde están implicados el gobierno, políticos patronales, comisarios y jueces. Y hay que terminar con este plan económico al servicio del FMI, caldo de cultivo de la violencia. Se necesita presupuesto para los programas que protegen a niñas, niños y adolescentes, para garantizarles alimentos, vivienda, salario y trabajo para ellos y sus familias. Es la única manera para que los menores y adolescentes no sean empujados a ser carne de cañón del narcotráfico, las bancas delictivas o el delito callejero.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos a sostener la movilización para derrotar este intento represivo y no permitir que el gobierno de la mano de la oposición patronal apruebe este proyecto que viola los derechos más elementales de los más chicos, criminaliza a la juventud y fortalece al podrido aparato represivo.