Escribe José Castillo

Alberto Fernández ha sostenido durante la campaña que no cabe ningún tipo de “default” o “cesación de pagos” porque, a diferencia de 2001, esta deuda sería “legítima”, ya que fue contraída por un gobierno constitucional, el de Macri.

Vamos por partes. Evidentemente la deuda que se dejó de pagar producto del argentinazo de diciembre de 2001 era “heredera” de la creada por la dictadura militar. Era ilegal, ilegítima y fraudulenta, como bien demostró el juez Ballesteros en un fallo ejemplar en el año 2000.

Esa deuda “fraudulenta y dictatorial” fue pagada por los gobiernos de Néstor y Cristina, como bien reconoció la ex presidenta al decir que fueron “pagadores seriales”. 200.000 millones de dólares en efectivo salieron de las arcas del estado hacia las manos de los pulpos acreedores.

Pero resulta que, al finalizar el gobierno K en 2015, la deuda era de 240.000 millones de dólares. ¡Había aumentado, no disminuido! Efectivamente el gobierno de Macri tomó “nueva deuda” por otros 150.000 millones. Una parte importante se fugó y otra se usó para pagar los vencimientos de la deuda anterior.

En síntesis, la deuda macrista no es “de la democracia”. Como antes el kirchnerismo, y más atrás De la Rua, Menem y Alfonsín, todos tomaron nueva deuda para pagar los vencimientos de la anterior y así contribuyeron a la bola de nieve sin fin del endeudamiento. Decimos entonces, con todas las letras: la nueva deuda de Macri también es “hija y heredera” de la de la dictadura. Como toda la anterior, es ilegal, fraudulenta e impagable. Por eso también tenemos que repudiarla y dejar de pagarla. 

Mientras nos dicen “que hay que tener paciencia”, “colaborar con el gobierno de Macri para que termine bien” o “no desestabilizar y esperar al 10 de diciembre”, las grandes patronales siguen remarcando precios, despidiendo personal o especulando con el dólar. Hay que exigir aumento de salarios y jubilaciones.

Escribe Guido Poletti

Millones de trabajadores están contentos porque se termina la pesadilla del gobierno de Macri. Sabemos que hay muchas expectativas en que el nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina va a reactivar la economía, mejorar los salarios y las jubilaciones y devolver aunque sea parte de lo perdido durante el gobierno de Cambiemos. Como lo dijimos durante toda la campaña electoral y lo explicamos en otras páginas de este mismo periódico, estamos convencidos que si continúa el acuerdo con el FMI y se siguen con los pagos de deuda (dos cosas que el Frente de Todos sostiene que va a hacer) no habrá ninguna posibilidad que se resuelvan las más urgentes necesidades populares.

Pero el problema no es sólo que “no vamos a mejorar”. Sucede que estamos peor cada día que pasa. Ya lo vivimos tras las PASO de agosto, cuando una feroz devaluación fue seguida por una suba astronómica de los precios que pulverizó más aún salarios y jubilaciones ya golpeados por el ajuste. En ese momento, Alberto Fernández nos dijo que no había que salir a reclamar por lo que estábamos perdiendo, sino, que debiamos “permanecer en casa” y votar bien (al Frente de Todos) en octubre. Las consecuencias están a la vista: perdimos un 15% de nuestros ingresos entre agosto y octubre.

Ahora está pasando de nuevo. En los días previos a las elecciones de octubre, los grupos económicos monopólicos que controlan la producción de alimentos, artículos de limpieza y tocador, junto con las cadenas de supermercados, se pusieron de acuerdo para aumentar los precios en un promedio de 15%. Y todo esto antes de la devaluación de la semana pasada, que llevó el dólar de 60 a 65 pesos, y que provocará otra ronda de suba de precios dentro de unos días. Esta semana “vencieron” los productos con “precios esenciales”, que también serán una excusa para nuevos aumentos. Y el 15 de noviembre se termina el congelamiento de combustibles.

Esta es la realidad. Macri se encuentra con Alberto Fernández para negociar la transición y hablan de “colaborar” mutuamente. Mientras se le sigue pidiendo al pueblo trabajador “paciencia” y esperar a diciembre. A su vez, la CGT felicita a Alberto Fernández y le ofrece “trabajo y esfuerzo”. Todo eso sucede mientras los trabajadores, los jubilados, los desocupados, los que cobran planes sociales, ven como se profundiza su drama de no poder llegar a fin de mes o comprar un medicamento.

Por eso tenemos que enfrentar el ajuste. “Esperar” no nos conduce a nada. O, mejor dicho, nos lleva a seguir perdiendo. Tenemos que exigir un aumento de emergencia que nos permita recuperar lo que perdimos y lleve los salarios y jubilaciones al nivel de la canasta familiar. Hay que exigirle a la CGT y las CTAs que en vez de ofrecer “trabajo y esfuerzo”, rompan la tregua que a lo largo de cuatro años le permitió al gobierno de Macri, a los gobernadores y al FMI pasar el ajuste. Es urgente plantear la prohibición de los despidos y las suspensiones.

Esto es lo que, desde el sindicalismo combativo y la izquierda, proponemos discutir con nuestros compañeros de trabajo,. haciendo asambleas donde sea posible,. sacando pronunciamientos de los cuerpos de delegados. rechazando desde ya el pacto social que se está pergueñando, que será una excusa para “congelar” los justos reclamos de la recomposición salarial. Al mismo tiempo, tenemos que plantear un auténtico programa de emergencia, obrero y popular, para que la crisis la paguen quienes la provocaron, los capitalistas, los banqueros, los grandes especuladores y el FMI. Que arranque, por romper con el Fondo y dejar de pagar la deuda, agregándole a ello la nacionalización de la banca y el comercio exterior y la reestatización de las privatizadas, para así volcar todos esos recursos a trabajo, salario, educación, salud y vivienda.

Desde las PASO a octubre, el gobierno de Macri regaló 22.000 millones de dólares de las reservas. Lo hizo entregando dólares día a día, que fueron a las manos de sus amigos especuladores. Se hizo a través de mil maniobras: mandando personas necesitadas a comprar para ellos usando su DNI (bajo el nombre de “coleros”), adquiriendo otros tantos en las cuevas del dólar blue, consiguiendo dólares legales por medio del mecanismo de comprar bonos o acciones en pesos y vendiéndolas inmediatamente en la moneda verde (llamado dólar MEP), o con un mecanismo idéntico pero recibiendo los dólares directamente acreditados en una cuenta en el exterior (bajo el nombre de “dólar contado con liqui”).

Ahora el gobierno endurece el cepo, permitiendo comprar sólo 200 dólares por mes. Se penaliza al pequeño ahorrista, normalmente un trabajador que busca desesperadamente proteger sus ahorros frente a la inflación. A los grandes especuladores, que utilizan los otros mecanismos explicados anteriormente, se les deja seguir actuando. Lo mismo sucede con los grandes monopolios exportadores, que siguen sin liquidar las divisas de sus ventas al exterior.

Ni la “fiesta” de la liberalización para los especuladores ni el “cepo” recientemente instalado son salida. Seguirán perdiéndose reservas. La única solución para terminar con la especulación y la fuga de capitales es nacionalizar la banca y el comercio exterior. Para cuidar nuestras reservas y proteger al pequeño ahorrista. Una medida que está en las antípodas tanto de los planteos de Macri como de Fernández. G.P.

Una de las propuestas más importantes de Alberto Fernández es la convocatoria a un gran “pacto social”. Bajo la excusa de que se necesita la “unidad nacional”, ya en la propia campaña electoral el entonces candidato a presidente lo planteó en un evento en Tucumán. En concreto se convocó a la UIA, que ya dio el visto bueno en la figura de su presidente Miguel Acevedo, a la CGT, donde lo peor de la burocracia sindical, con Héctor Daer a la cabeza también dio el presente, y se completó la mesa con la “bendición” de la jerarquía de la Iglesia Católica.

Por lo que trascendió, el pacto consistiría en un congelamiento de precios y salarios (habría que ver si también de tarifas, que igualmente no retrotraerían los tarifazos), por un plazo indeterminado, probablemente seis meses. Pero esa “mesa de acuerdo” viene con las cartas marcadas contra los trabajadores: como dijimos en la nota de arriba, los empresarios ya hoy están remarcando, adelantándose a cualquier eventual congelamiento. Y mañana, aun después de firmar el pacto, seguirán subiendo los precios, con una excusa u otra. En cambio a los trabajadores el pacto nos significará que no podremos reclamar nuevas recomposiciones y muy probablemente la suspensión de las negociaciones colectivas. La UIA, por su parte ya ha dicho que irá a poner sobre la mesa la necesidad de flexibilizar los convenios por gremio (o sea quitarle derecho y parte de su salario a los propios trabajadores).

Nuestro país ya tiene toda una historia de “treguas de precios y salarios” o directamente de “Pacto Social”. El más famoso fue el de Perón, Gelbard y Rucci en 1973. Donde al final perdieron los trabajadores y todo terminó con el Rodrigazo. Nada bueno podemos esperar de eso. Tenemos que oponernos, no aceptando que se limite ninguno de nuestros reclamos. Hay que seguir exigiendo un aumento de emergencia que lleve nuestros salarios al valor de la canasta familiar, reabrir todas las paritarias y no debemos permitir la más mínima pérdida de nuestras conquistas por flexibilización laboral. G.P.

La diputada Mónica Schlotthauer de Izquierda Socialista/FIT presentó en una audiencia pública el proyecto de ley de emergencia en salud. Dijo nuestra diputada nacional que “este proyecto de ley enumera las medidas que es necesario tomar para defender el derecho a la salud del pueblo”. Frente a los proyectos patronales en la salud que nos han llevado a esta situación “los trabajadores decimos que hay otra forma de organizar la atención, la salud pública estatal y gratuita para todos”.

Reynaldo Saccone, asesor en salud de Schlotthauer, expuso las principales líneas del proyecto: libre acceso y sistema único estatal y gratuito, aumento salarial, estabilidad, eliminación del trabajo precario y capacitación permanente dentro del horario de trabajo para todo el personal. Cande Mainelli, también asesora, señaló la necesidad de considerar los medicamentos como un bien social y no una mercancía y desarrollar la producción pública de medicamentos y vacunas para lograr remedios gratuitos para todos. Mónica Méndez, secretaria de organización de Cicop, manifestó que “se hace imprescindible presentar este proyecto debido al estado actual del sistema público que no es solamente obra de este gobierno sino, también, de los anteriores”

Los concurrentes, que en su mayoría eran delegados y referentes de las luchas de los trabajadores de salud, intervinieron aportando sus experiencias y denunciaron distintos aspectos del desastre que es el actual sistema. Hablaron representantes de los hospitales Meléndez de Adrogué, Esteves de Temperley, Borda, Durand, Fernández, Centro Gallego, Casa Cuna y Tornú y residentes nacionales. Cerró el encuentro la legisladora porteña Laura Marrone de Izquierda Socialista/FIT quien manifestó: “el proyecto de ley muestra que hay otra posibilidad de salud para toda la población, por la que hay que luchar a la par que se libra la incesante batalla por mejores salarios y contra los despidos y la precariedad de las condiciones laborales.”