Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno de Alberto Fernández decidió rebajar 1% la coparticipación de impuestos a la Ciudad de Buenos Aires para destinar esa plata al pago del aumento que le acaba de otorgar a la policía bonaerense. Larreta, por su parte, repudió la quita y apelará a la Corte. Hay fuego cruzado mediático entre ambos gobiernos. Uno, el nacional, diciendo que le saca a los distritos más ricos para darle a los más pobres, y el otro, de Larreta-Macri, de Juntos por el Cambio, afirmando, como lo hizo Patricia Bullrich, “mi defensa está con los tres millones de porteños”. Los dos mienten, porque tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad vienen usando la plata de la recaudación para beneficiar a las grandes empresas y multinacionales y fortalecer el aparato represivo, no para los trabajadores, los jubilados y el pueblo. Sin ir más lejos, cuando Macri aumentó los fondos para CABA lo hizo para pagar el traslado de la Policía Federal a la Ciudad. Y ahora Alberto Fernández hace lo mismo para pagar el aumento a la bonaerense de Berni y fortalecer el aparato represivo con más patrulleros y policías como si eso resolviera la inseguridad. Esa es su prioridad.

Fernández dijo: “Todas las políticas que nosotros tomamos no son en perjuicio de nadie sino pensadas en favor de las mayorías argentinas y necesitan auxilio del Estado para crecer y avanzar”. ¡Pero manoteó plata de la Ciudad para aumentarle a los policías mientras se la niega a los profesionales de la salud, a los hospitales y los estatales! Dijo también: “Acá estamos quitando la abundancia de algunos para distribuirla en las carencias que existen en la Argentina”. ¿Acaso esa plata que le saca a la Ciudad es para construir viviendas populares para que miles de bonaerenses no tengan que ocupar un pedazo de tierra a riesgo de ser reprimidos para poder levantar, aunque sea, una choza con nylon o madera? Nada de eso.

Fernández habla de la “opulencia” de la capital y de “equilibrar un país con muchas desigualdades”, pero lo que está haciendo es un manotazo de ahogado para seguir con el doble discurso de que está gobernando para los más vulnerables. En las últimas décadas el peronismo lleva veintisiete años gobernando la provincia de Buenos Aires. En ese lapso aumentaron la pobreza, el hambre, los asentamientos precarios y la marginalidad social, no fueron solo Macri y Vidal. Hoy, entre desocupados y subocupados tiene 25%, 40% de jóvenes sin trabajo y 36% de trabajadores en negro. ¿De qué reparación está hablando Alberto Fernández con esta medida?

Lo mismo vale para Larreta. Cuando el jefe de Gobierno habla de defender a los porteños debería aclarar que se trata de los bancos, las multinacionales, los ricos y los mercaderes del negocio inmobiliario que viven en la Ciudad, no de los trabajadores. En todos estos años de gobierno de macrismo y PRO en CABA la pobreza y la indigencia aumentaron sideralmente, lo mismo que las personas en situación de calle, en un “distrito rico” con trabajadores pobres, jóvenes precarizados, salarios de pobreza y hospitales vaciados.

Esta pelea entre Alberto Fernández y Larreta es la misma que libran ante la reforma judicial, Macri puso a los jueces a su servicio cuando gobernó y ahora Alberto Fernández quiere hacer lo mismo. Nada progresivo hay entre ambos.

Cuando los gobiernos patronales dicen que “manejan o disponen plata de la Ciudad o de la provincia” mienten. Esa es la plata de los trabajadores. No hay distritos “ricos o pobres”. Lo que hay es una Argentina rica en naturaleza, alimentos y recursos naturales, pero los distintos gobiernos de turno la han postrado en la miseria y la decadencia, poniendo sus presupuestos nacionales y provinciales al servicio de pagar la deuda externa, cumplir con el FMI y subsidiar a las grandes patronales. No se salva nadie, desde Alfonsín, pasando por Menem, De la Rúa, Néstor y Cristina Kirchner, Macri y ahora Alberto Fernández, más allá de sus matices y discursos. Todos les perdonaron impuestos a los de arriba y se los aumentaron al pueblo trabajador, radicales, peronistas o de PRO. Fue el propio Alberto Fernández quien retrotrajo la reducción del IVA que Macri estuvo obligado a tomar en forma desesperada al final de su mandato. Fernández dijo apenas asumió que no veía bien bajar el IVA. Estamos hablando del impuesto más impopular del mundo, que pagan tanto (21%) un trabajador o un jubilado como un gran empresario. O que se mantenga el impuesto al salario, Ganancias, contra millones de trabajadores. ¿Alguien los ve pelear a Fernández y Larreta por ver cómo cambiar algo de todo esto? No.

Un trabajador tiene que laburar la mitad del año para pagar impuestos. Mientras, los grandes evaden, tienen 400.000 millones de dólares en el exterior y hasta el día de hoy ni siquiera se les ha aplicado un verdadero impuesto especial y progresivo a las grandes riquezas y ganancias a los bancos, los grandes empresarios y las multinacionales, como propone el Frente de Izquierda. Y, por supuesto, tanto el peronismo gobernante como Juntos por el Cambio han coincidido en pagar una deuda externa usuraria a los bonistas y ahora al FMI. Esas son sus prioridades.

No hay que dejarse engañar. De la pelea Alberto-Larreta nada bueno hay para el pueblo trabajador. Por eso hay que luchar por medidas de fondo, como sostenemos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Escribe Claudio Funes

La multinacional de capitales chilenos Falabella, con tiendas en Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, Brasil y Uruguay planea irse del país. Emplea a 4.500 trabajadores y posee diez tiendas. Es el mismo grupo empresario dueño de las nueve sucursales de Sodimac y de la tarjeta financiera CMR, que tiene cerca de 300.000 clientes. La familia Solari también es propietaria del banco Falabella, con operaciones en Chile, Colombia y Perú.

Es considerado el grupo de retail (venta minorista) líder en Latinoamérica por su facturación multimillonaria. Llegó al país en 1993, donde abrió su primer local en la provincia de Mendoza. Además de sus propios locales cuenta con tiendas en distintos shoppings y tiene presencia en la ya citada Mendoza, Córdoba, Rosario y San Juan.

Preparando su salida, Falabella anunció el cierre de las sucursales de Florida 343 y Tortugas Open Mall, en el norte del conurbano bonaerense. Y dos tiendas de Sodimac, ubicadas en Villa Tesei y en Malvinas Argentinas. Los empleados ya recibieron el anuncio de despido bajo la forma de retiro voluntario. Recordemos que la familia Solari ya había cerrado, en febrero de 2019, uno de sus locales más grandes, en la calle Florida al 600.

Fuentes del grupo dijeron a varios medios que están en busca de un “socio estratégico” ya que la intención de los socios mayoritarios es abandonar el país. “La decisión está tomada, pero no sería inminente. Hay directores que sugieren ‘frizar’ toda la operación a un mínimo y ver qué pasa luego de las elecciones del año próximo, pero son minoría”, dijeron desde la gerencia.

Tal como ocurrió con la aeronáutica Latam, estos anuncios son decisiones de la casa matriz, que incluyen el despido masivo de personal con la excusa de no poder hacer frente a la crisis económica. Una falsa excusa. Solo “padecen” una merma en sus siderales ganancias y la buscan solucionar descartando trabajadores que durante décadas los enriquecieron.

Esta afirmación surge de lo que informó el propio grupo empresario. Entre enero y junio Falabella “perdió” 136 millones de dólares, frente a las ganancias de 205 millones de dólares del primer semestre del año previo. Y en lo que va del año las acciones de la firma cayeron en torno de 30 por ciento. Los ingresos bajaron 25% y totalizaron 2.140 millones de dólares en el segundo trimestre. Queda claro, es una baja en sus ganancias, no pérdidas.

Con la excusa del complejo contexto de la pandemia y sus consecuencias, Falabella y Falabella CMR también suscribieron con la burocracia del Sindicato de Comercio, Cavalleri, el esquema dispuesto por el gobierno a través del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, mecanismo que permite la negociación de suspensiones con rebaja de salarios y reducción de contribuciones patronales.

La burocracia sindical y el gobierno peronista de Alberto Fernández venían repitiendo, y repiten, que esa medida es para preservar los puestos de trabajo.

Queda demostrado que no. El verdadero objetivo de este gobierno es garantizar la ganancia capitalista, pero a las patronales, insaciables, nada les alcanza. Por eso Falabella despide trabajadores mientras el gobierno del doble discurso del Frente de Todos lo deja pasar.

Ya pasó con Latam. Y con las otras empresas que cerraron en estos meses. A pesar de que existe un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe los despidos, hubo 300.000 desde que empezó la pandemia. Con el guiño del gobierno y la burocracia de la CGT, que los dejaron correr. Se trata de hacer justamente lo opuesto: prohibir de verdad los despidos, y que cualquier empresa que viole esta disposición sea expropiada y puesta a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores.

Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada ferroviaria del Sarmiento

El mediático abogado Gregorio Dalbón no mide esfuerzos para librar de responsabilidades a los funcionarios peronistas kirchneristas y al empresario Cirigliano, condenados  penalmente por la masacre de Once. Ahora ha vuelto al ataque, anunciando un supuesto reconocimiento de culpa de Marcos Córdoba, conductor de la formación 3772, chapa 16, de la línea Sarmiento. ¿Qué hay de nuevo realmente en esta denuncia? Nada.

Las “pruebas” con las que Dalbón intenta adjudicar la exclusiva responsabilidad al conductor para salvar a los altos funcionarios y empresarios de sus condenas, surgen de un informe psicológico realizado para informar al tribunal si Córdoba estaba apto para recuperar su libertad. “Excediendo” su trabajo, la psicóloga Dolores Cardia y la trabajadora social Silvina Blanco le hicieron repetir al maquinista declaraciones sobre la causa y temas específicos, como la anulación del “freno de hombre muerto”. Un procedimiento indebido, que ya es parte del proceso judicial y por el cual está preso Córdoba. Sin embargo, el abogado ligado a Cristina Kirchner desvirtúa los hechos para afirmar textualmente que “Marcos Córdoba, el motorman que mató a 52, reconoce que anuló el freno”.

Evidentemente, el que no tiene frenos es el abogado para hacer esta irresponsable afirmación, contrariando incluso el propio proceso judicial. Las pericias técnicas realizadas en su momento comprobaron que el sistema de frenos estaba defectuoso, colapsado, los coches de la formación estaban en pésimas condiciones, por lo que se produjo el avasallamiento y los paragolpes hidráulicos no estaban funcionando. En el juicio quedó demostrado y documentado que el chapa 16 era material para chatarra, por lo que hacía meses estaba parado. Ese día estaba circulando por falta de formaciones. Y los subsidios que debían ir al mantenimiento de los trenes se desviaban. Los responsables son los funcionarios del gobierno Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y el presidente de TBA, Claudio Cirigliano.

Fue muy bien explicado desde el inicio que el freno al que se refiere Dalbón no es propiamente un “freno”, sino “un mecanismo para activar frenos” que la mayoría de los conductores desactivaba por su condición insegura en las antigüas formaciones Toshiba. Lo concreto es que los frenos manuales disponibles no accionaron porque la mayoría de los compresores que activaban esos frenos no funcionaban. Ni el de guarda (que se puede accionar por fuera de la cabina), ni el freno común, y tampoco el de emergencia. Esta anormalidad, junto con el estado de deterioro de los vagones que no resistieron el impacto, fueron los verdaderos culpables de la catástrofe. Por eso las principales condenas les fueron aplicadas a los altos funcionarios del gobierno kirchnerista y al presidente de TBA.

Nos sumamos a la indignación de la abogada de la defensa, doctora Valeria Corbacho, frente a esta noticia recalentada por Dalbón para confundir y tratar de exculpar a los funcionarios peronistas kirchneristas. Marcos Córdoba no ha agregado nada nuevo a todo lo que consta en el proceso desde el inicio. Exigimos que se cumpla con el procedimiento para dejar inmediatamente en libertad a Córdoba y que los verdaderos responsables de desmantelar los ferrocarriles y provocar esta lamentable tragedia evitable cumplan la prisión efectiva que les corresponde.

Escribe Olga Ortigoza, directiva Suteba La Matanza

El 11 de septiembre, a la noche, la policía de Kicillof-Berni desalojó violentamente a trescientas familias en el barrio Los Pilares, de Ciudad Evita.

El desalojo fue brutal, dispararon balas de goma y gases lacrimógenos a niñes, mujeres y ancianos. Varios resultaron heridos y quince personas fueron detenidas.  

Con topadoras, tiraron abajo las humildes viviendas de chapa y cartón. Gran indignación generó también la quema de un comedor comunitario que estaba en el mismo terreno, que daba de comer a todas las familias del lugar, y al que le secuestraron los alimentos y las ollas, según denunciaron los vecinos.  

Repudiamos el violento desalojo de familias desesperadas que ocupan un pedazo de tierra porque no tienen otra alternativa para acceder a una vivienda, situación que se potenció con la pandemia del Covid-19 y el grave momento económico, ya que muchas familias no pueden seguir pagando el alquiler. Hacemos responsable al gobernador Kicillof y también al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

El peronismo gobierna el municipio hace casi cuarenta años. Con el aumento de la pobreza se acrecentó el problema de la vivienda. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay 1.300.000 personas que no tienen acceso a ella, de las cuales 220.000 están en La Matanza, donde además hay 854 villas miseria y asentamientos.

Exigimos al gobierno un plan de emergencia habitacional y un programa de viviendas populares que se realice sobre la base del no pago de la deuda y un verdadero impuesto a las riquezas, como lo plantea el FIT Unidad.

Escribe Reynaldo Saccone, expresidente de la Cicop

Capilla del Monte es una agradable ciudad cordobesa que congrega visitantes de todo el país por sus numerosos atractivos turísticos serranos. La habitan 11.400 personas. Es la misma cifra que la cantidad de muertes producidas hasta el momento por la infección con el nuevo coronavirus. La pandemia ha borrado del mapa argentino una ciudad entera del tamaño de Capilla del Monte. Una verdadera tragedia nacional.

Mientras sigue ascendiendo el número de contagios, que ya supera largamente el medio millón, el crecimiento exponencial de los decesos no parece encontrar su techo. La explicación es sencilla. Como muestra un gráfico de la Universidad John Hopkins, a medida que se afloja la cuarentena aumentan los contagios, y con ellos las muertes. Para que esto no suceda habría que incrementar los testeos y el rastreo del virus para cortar la cadena de circulación y, recién entonces, aflojar las medidas de aislamiento. La realidad es a la inversa, el gobierno del Frente de Todos, los gobernadores de todo signo político y las patronales autorizan la circulación teniendo una de las tasas más bajas de testeos del mundo. La vacuna, anunciada por el gobierno con bombos y platillos como de aparición inmediata, retrasa su presencia hasta mediados del año próximo. La pandemia manifiesta toda su crudeza ante la inacción de los gobiernos peronistas, radicales y de Juntos por el Cambio.

La pandemia se propaga en las provincias

Sigue firme la tendencia de la extensión al interior del país. Este fin de semana, por primera vez, un tercio de los nuevos infectados provino de fuera del AMBA. A la cabeza, la provincia de Santa Fe sufrió este domingo más contagios que la ciudad de Buenos Aires. En Rosario, la principal ciudad santafesina, los contagios confirmados desde el inicio de la pandemia se duplicaron en dos semanas, pasaron de 3.574 a 8.642, y las muertes casi se triplicaron, 29 a 83. Con el sistema de salud al límite, el gobernador peronista Perotti revirtió, tímidamente apenas, la liberalización de la cuarentena. En Mendoza se mantiene la cifra elevada de nuevos contagios diarios. Cínicamente, el gobernador radical Suárez, después de reconocer el cansancio del personal de salud y la saturación del sistema, reafirmó: “Vamos a apostar al cuidado personal para mantener abierta la economía”.

En las cinco provincias del Norte argentino viven cinco millones y medio de habitantes. El sistema de salud ofrece 2,9 camas por mil habitantes, el más bajo del país, pocos llegan al hospital y muchos mueren en sus casas. La pandemia se ha ensañado especialmente con la región norte, de yungas, que abarca varias localidades de Jujuy y Salta. Ledesma, por ejemplo, posee para 50.000 habitantes un hospital con treinta y siete camas generales operativas, aunque se informan más, y ocho camas de la UTI. En toda esa zona ya no se hacen hisopados porque están los recursos materiales y humanos desbordados.

Los trabajadores de la salud se movilizan

Víctimas propiciatorias de la pandemia, los trabajadores de la salud sostienen literalmente con su cuerpo la lucha contra el flagelo. Son muchos los testimonios personales y las declaraciones de entidades profesionales y gremiales que denuncian el cansancio y el agotamiento.

Junto con el reclamo de elementos para protección personal y la creciente exigencia de licenciamiento de los trabajadores con factores de riesgo, ha pasado a tener un lugar preponderante el clamor por el aumento salarial. La sólida rosca formada por los distintos gobiernos provinciales, la patronal sanatorial y la burocracia sindical se alza como una barrera infranqueable para los requerimientos de los trabajadores y, a lo sumo, se acuerdan irrisorios aumentos.

En Misiones, ATE y UPCN acaban de prestar su conformidad a uno de esos incrementos salariales absolutamente insuficientes. Ante esta traición, enfermeras y enfermeros se han autoconvocado y después de varios días de lucha lograron su primera victoria al obligar al gobierno peronista de la provincia a recibirlos. El rechazo a la burocracia sindical se generaliza en el país. Es que la CGT y las dos CTA no dicen nada respecto de los tres principales reclamos: salario, licencias y protección.

Es por eso que sigue expandiéndose la autoconvocatoria a una jornada de lucha nacional el 21 de septiembre, cuyo evento central será una marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Paralelamente, otra columna autoconvocada se concentrará frente a la CGT para denunciar a la burocracia sindical y luego confluirán ambas en la Plaza de Mayo.

Por una salida de los trabajadores y el pueblo a la crisis de la salud. Movilicemos el 21S

Desde nuestro partido apoyamos y convocamos a manifestarse el 21S en todo el país. Es el primer intento de una acción nacional de los trabajadores de la salud enfrentando a los gobiernos de todos los signos, a las patronales de los sanatorios privados y a la burocracia sindical. Al defender su vida y sus condiciones de trabajo, los trabajadores de la salud están también defendiendo la salud de todos, especialmente del pueblo trabajador.

Para aplastar la pandemia y garantizar la salud, seguimos planteando que es necesario centralizar el sistema de salud público y privado en el camino a la nacionalización de la medicina y su financiación a través de un impuesto a las grandes fortunas, tal como lo plantea el FIT Unidad, y mediante el no pago de la deuda externa.