Editorial

El cierre de alianzas para las PASO ha dado todo tipo de sorpresas. Las más sobresalientes han sido el pase del “peronista renovador” Sergio Massa a la lista peronista K y el del “peronista federal” senador Miguel Pichetto integrando la fórmula del oficialismo con Macri, cuando semanas antes ambos habían jurado, en el espacio de Alternativa Federal, que ellos combatían la “grieta” de Macri-Cristina que, según ellos, era “lo peor que podía haber pasado”. Massa llegó al colmo de asegurar durante años que nunca volvería al kirchnerismo ya que “era un pasado a superar”.

A partir de la primera sorpresa crecieron en las redes los memes recordando sus contradicciones. Las de Massa y Pichetto contra Macri y Cristina. También las de Macri contra Pichetto. Muchos las comparaban con la imagen del panqueque. Esto incluye al señor Alberto Fernández que se pasó años criticando a Cristina, fue vocero de Massa y hasta votó en blanco en la segunda vuelta de 2015. Más “panqueque” imposible. Esa es la imagen justa para los políticos patronales del país.

¿Por qué se da el efecto “panqueque”? Muchos periodistas, siguiendo la creencia popular, tratan de explicarlo por el efecto del “poder”, porque quieren mantener “cargos” y el dinero que eso puede representar. Mucho de esto hay, pero el problema de fondo es otro. Los políticos patronales saltan de una postura a otra porque están en una crisis profunda y porque no tienen grandes diferencias de fondo entre ellos. Todos defienden el modelo capitalista y la subordinación a las multinacionales y el FMI.

Todos los sectores políticos patronales (peronistas en todas sus variantes, radicales, macristas) vienen fracasando. Llevaron al país y al pueblo trabajador a la decadencia social. Todos los partidos y dirigentes políticos patronales están en crisis. Las masas los vienen repudiando en las calles y en las elecciones. Basta recordar el punto máximo de 2001 con el “que se vayan todos”, “sin peronistas y radicales vamos a vivir mejor”. Miles y miles lo gritaban en las calles en el Argentinazo. Macri y Cambiemos son el nuevo fracaso. Ya antes nos llevaron a la debacle Alfonsín, Menem, De la Rúa, con el olvidado peronista Chacho Alvarez, y luego le tocó el turno a Cristina y el peronismo K. Ante el rechazo popular todos buscaron reacomodarse. Surgieron varios peronismos: el K, el renovador, el federal, o el de los “gobernadores”. Como hay varios radicalismos y ex radicales (Carrió, Stolbizer). Ahora vienen las elecciones y todos buscan un espacio para ver cómo se ubican mejor, pensando en sus lugares (diputados, intendentes o concejales).

Pero el efecto panqueque, de saltar de postura de un día para otro, también se explica porque los políticos patronales no tienen diferencias de fondo. Ahora Cristina, con el peronismo K y su alianza con Massa quieren aparecer, ante el odio popular a Macri, como que ellos son lo “nacional y popular” y que Macri-Pichetto son la “derecha” capitalista. La versión Grabois es que Pichetto sería la “derecha” peronista y Cristina la “izquierda peronista”. Falso. No hay “izquierda peronista”. Todos están con el modelo capitalista.
Pichetto dijo que comparte con el gobierno nacional “una visión capitalista”, que es “un tema que no se discute más en el mundo”, […] un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional…” (Infobae, 12/6/19). Pero Cristina viene diciendo algo parecido: “Quién me hubiera visto de mis épocas universitarias a ahora, estoy proponiendo volver al capitalismo en serio porque esto que estamos viviendo no es capitalismo, es anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie” (discurso en el G-20 3/11/11) […]. “Así que por favor terminen con esas locuras de socialismo y todas esas cosas. Tienen razón, todos quieren ganar plata. Y vamos a hacerlos ganar plata” (discurso 4/7/16). Por eso, ante el problema fundamental del acuerdo entreguista con el FMI y el pago de la deuda externa, tanto Macri-Pichetto como Alberto-Cristina coinciden en que no se puede romper con el FMI y hay que pagar. Alberto-Cristina y Massa lo disfrazan con que “hay que renegociar” pero para ver cómo se paga. Por eso ya Cristina aclaró que “magia no podemos hacer” […] “los dólares” del préstamo del FMI “va a haber que devolverlos” (acto en Santiago del Estero 12/6/19).

En las próximas elecciones de agosto (PASO) van a instalar que solo hay dos opciones: Macri-Pichetto o Fernández-Fernández. Buscan polarizar para buscar que los trabajadores y el pueblo opten por el supuesto “menos malo”.

Los votos “castigo” o votos “bronca” nunca han dado una salida a los trabajadores y el pueblo. Solo la verdadera izquierda nunca ha cambiado de posturas ni adhirió a alianzas con políticos patronales y burócratas sindicales. Solo el Frente de Izquierda y sus dirigentes llevan años diciendo lo mismo, denunciando a los que gobiernan para los de arriba, para las multinacionales y los banqueros. La izquierda es la que siempre dijo que pagando la deuda y haciendo nuevos pactos con el FMI nos hundíamos. Lo dijo cuando el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner pagaba la deuda y cuando Macri pactó con el FMI. Es algo distinto, por eso es necesario, en agosto, darle el voto al FIT-Unidad que ha logrado más unidad sumando al MST. Hay que darle el voto a la fórmula Del Caño-Del Plá para fortalecer a los que siempre están al lado de las luchas de los trabajadores, la juventud y las mujeres. Y que propone una real alternativa anticapitalista, sin FMI, y por un gobierno de los trabajadores.

Escribe José Castillo

Guillermo Nielsen se presentó públicamente como el principal economista de Alberto Fernández. Lo hizo ante empresarios de las multinacionales petroleras que operan en Vaca Muerta participando de un panel junto al secretario de Energía de Macri, Gustavo Lopetegui, y al burócrata sindical responsable de haber firmado el convenio ultraflexibilizado de los trabajadores del sector, Guillermo Pereyra.

La reunión fue organizada por el Precoloquio de IDEA, la organización empresarial que concentra a las firmas más importantes de la Argentina y es un auténtico foro del pensamiento proimperialista. En la misma mesa de debate estuvieron el CEO de Panamerican Energy Marcos Bulgheroni, y Carlos Ormachea, presidente de Tecpetrol (petrolera del Grupo Techint).

Nielsen, que viene de declarar que la Argentina “necesita ocho años más de FMI”, se pronunció claramente a favor de la explotación petrolera y gasífera no convencional realizada por estas empresas que no solo están saqueando nuestros recursos no renovables, sino que ponen en riesgo el medio ambiente y no respetan a los territorios de los pueblos originarios. La posición del kirchnerismo a favor del fracking realizado por las transnacionales no es novedad. Cristina Kirchner defendió ese accionar en su reciente libro, así como el acuerdo secreto de YPF con Chevron, que consagró el saqueo. De hecho, el peronismo kirchnerista acusa a Cambiemos de “apropiarse” de Vaca Muerta, cuando la iniciativa había surgido del propio seno del entonces gobierno K.

Guillermo Nielsen ratificó que, si gana el peronismo kirchnerista, los pulpos petroleros tendrán garantizada la continuidad de sus ganancias. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda seguiremos denunciando el saqueo y reclamando la rescisión de las concesiones y la reestatización de todo el complejo gasífero petrolero creando empresas del Estado (YPF y Gas del Estado) bajo gestión de sus propios trabajadores.

Finalmente el peronista Miguel Ángel Pichetto acompañará como vice a Mauricio Macri en la fórmula. Todo mientras Cambiemos sigue retrocediendo y en crisis, producto de la bronca popular creciente frente al ajuste, la recesión y la miseria.

Escribe Guido Poletti

La noticia que aportó la semana es que quien hasta ayer nomás era uno de los principales líderes de Alternativa Federal terminó como compañero de fórmula de Macri. Pichetto, con un “currículum” donde fue primero menemista, luego duhaldista, más tarde jefe del bloque de senadores de Néstor y Cristina Kirchner, hace cuatro años viene siendo el principal operador para garantizarle al gobierno de Macri los votos peronistas para que se aprueben las leyes más importantes del ajuste. Así, fue el principal justificador en el Senado del pago a los fondos buitres, posteriormente del robo a los jubilados en diciembre de 2017 y, más recientemente, de la aprobación del presupuesto de déficit cero exigido por el FMI, que sellaba el superajuste.

El gobierno pretende así amortiguar su crisis con una maniobra que busca tender un puente intentando conseguir algunos votos provenientes de sectores peronistas anti-kirchneristas. Una maniobra de bajo vuelo y dudoso resultado (más allá que efectivamente aporta a achicar hasta su mínima expresión al “tercer espacio” del peronismo federal). Es que, lo que verdaderamente define la actual debilidad del gobierno es la bronca creciente: aquellas franjas de trabajadores que lo habían votado –equivocadamente– hace cuatro y dos años ya han roto definitivamente con Cambiemos. Incluso cada día vemos cómo más sectores de clase media, del electorado más “propio”, también lo abandonan.

Las elecciones provinciales vienen siendo un muestrario de todo esto. Con la excepción de Jujuy y Mendoza (en este caso en las Paso), los candidatos del gobierno vienen perdiendo por paliza en todos los lugares donde se presentaron. En las cuatro provincias donde la semana pasada se eligió gobernador (Jujuy, Tucumán, Entre Ríos y Chubut), Cambiemos perdió casi el 30% de los votos que había cosechado en 2015. En Jujuy, pese a su triunfo, el gobernador radical Gerardo Morales retrocedió de 227.000 votos en 2015 a apenas 173.000 el domingo pasado.

Todo esto es producto del desbarranque económico generado por el ajuste. Todos los días salen datos nuevos que ilustran la realidad que se palpa en las calles. La industria retrocedió 12% con respecto a 2018, con todos sus sectores en baja y 220.000 despidos en el último año. Salarios y jubilaciones han sido virtualmente pulverizados, con caídas superiores a 12% en 2018 y con nuevas pérdidas de poder adquisitivo en lo que va de 2019.

Mientras tanto lo que sí obtiene el gobierno es una colección de apoyos del imperialismo y de los gobernantes más reaccionarios de la región. Ya Trump viene demostrando su apoyo irrestricto a “su amigo Macri” (así lo llama). La semana pasada, la titular del FMI Christine Lagarde volvió a alabar al gobierno argentino y su ajuste, ratificando que se habilitarán las nuevas cuotas del préstamo con el Fondo. También el ultrarreaccionario presidente de Brasil Jair Bolsonaro y el presidente colombiano Iván Duque, de visita por Argentina, plantearon que “la reelección de Macri es fundamental para América latina” (La Nación, 11 de junio).

Macri-Pichetto será entonces la fórmula del oficialismo. La de la continuidad del gobierno que aumentó la deuda en 150.000 millones de dólares y nos llevó al FMI. El de los tarifazos, la inflación récord y el robo a los jubilados. Busca, con el apoyo del imperialismo y el visto bueno del establishment económico internacional, cuatro años más de “gobierno de los Ceo”. Marcha a las elecciones envuelto en el repudio del pueblo trabajador que, cada día, se reafirma en que Macri y su ajuste no van más.

Escribe José Castillo

Se acaba de dictar un vergonzoso fallo contra la Argentina. El Ciadi condenó la estatización de Aerolíneas Argentinas producida en 2008, obligándonos a pagar la suma de 320 millones de dólares en concepto de indemnización. Los considerandos no toman en cuenta el fenomenal proceso de vaciamiento llevado adelante por los anteriores dueños españoles, tanto durante la gestión de Iberia como la posterior del Grupo Marsans. El escándalo es mayor si le agregamos que quien cobrará no será Marsans (hoy preso en el Estado Español por malversación de fondos), sino el estudio de abogados “buitre” Burford Capital, que “compró” la causa por apenas 12,4 millones de dólares.

No es el primer juicio que perdemos en el Ciadi. Ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se abonaron 5.427 millones de dólares por fallos adversos ante ese tribunal, entre ellos los 5.000 millones abonados a Repsol. Durante la gestión de Macri siguieron los fallos adversos, sumando otros 1.036 millones de dólares. A esto hay que agregar las sentencias aún no pagadas, como la citada de Aerolíneas y otras por más de 500 millones de dólares.

El hecho de que el Ciadi falle sistemáticamente contra el estado argentino envalentona a nuevos buitres. Así, ya hay presentada otra serie de demandas por 3.207 millones de dólares, destacándose las del mismo estudio Burford Capital por YPF (1.637 millones) y las de Orígenes y Metlife por la estatización de las AFJP (por casi 1.000 millones de dólares). De hecho, la Argentina es el país del mundo que enfrenta más denuncias en su contra en el Ciadi, con 51 reclamos.

La pregunta es por qué todos esos litigios terminan en dicho tribunal. Esto sucede porque la Argentina firmó entre 1992 y 2000 58 tratados bilaterales de inversión (TBI) con diferentes países, que establecen todos ellos que en caso de controversias se debe recurrir a este centro.

No es “obligatorio” para todos los países terminar en el Ciadi. Nosotros caemos en ese tribunal porque así lo firmamos en los citados TBI, que nunca fueron derogados por los gobiernos posteriores. La propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta, llegó a decir que dichos tratados “eran expoliatorios”, pero aun así los dejó vigentes. Por contraposición, Brasil no está en el Ciadi y Bolivia se negó a aceptar el arbitraje de dicho tribunal a partir del año 2007. Los propios Estados Unidos, a través de la llamada Trade Promotion Act de 2002, establecieron la supremacía de su propia legislación local en todo lo relativo a inversiones extranjeras, negándose de hecho a aceptar al Ciadi como tribunal en el hipotético caso de que fuera denunciado por alguna empresa de otro país. Por citar un ejemplo, hoy Huawei no podría recurrir al Ciadi para solicitar un fallo ante el conflicto desatado por el presidente Trump contra la empresa china.

El Ciadi se nos plantea así como un auténtico chantaje para impedirnos reestatizar las privatizadas, ya que inmediatamente lloverán juicios en nuestra contra. Por eso tenemos que romper inmediatamente con este auténtico tribunal proimperialista, suspendiendo los TBI que nos obligan a terminar en dicha jurisdicción. Y, a la vez, declarar de nulidad absoluta de sus fallos y repudiar el pago de los montos pendientes. Junto con romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa, son pasos absolutamente necesarios para recuperar nuestra independencia perdida frente al imperialismo.

¿Qué es el Ciadi?

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) es un tribunal que funciona en el seno del Banco Mundial para resolver controversias presentadas por empresas transnacionales contra estados nacionales. Solo puede actuar si el estado respectivo da el consentimiento explícito a través de un tratado bilateral de inversión (TBI) o un tratado de libre comercio (TLC). Ante cada caso se constituye un “jurado” de tres miembros, cuya decisión es inapelable. Como vemos, los fallos del Ciadi dan menos garantía al “acusado” (por ejemplo, el estado argentino) que nuestra propia justicia local.
Los fallos del Ciadi han sido sistemáticamente a favor de las empresas transnacionales, que siempre acusan a los estados de los países semicoloniales de “violar la seguridad jurídica de sus inversiones”.

La Corte Suprema declaró constitucional la Ley de Glaciares contra una causa iniciada en 2011 por la minera Barrick Gold, que quería que se declare ilegal porque limita la actividad de la empresa. La decisión del tribunal es un triunfo de los pueblos y las organizaciones ambientalistas que vienen resistiendo las explotaciones mineras que envenenan el agua y destruyen el medio ambiente.

Escribe Gabriel Massa

La Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la cordillera y 890 en las islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.

La ley que protege los glaciares y las zonas que los rodean (periglaciares) fue votada por el Congreso en 2008. Aunque el gobierno de Cristina Kirchner la vetó (ver recuadro) a los tres años el Congreso logró ratificarla e inmediatamente, en 2011 Barrick Gold inició la causa en contra de la norma. Según la empresa –que cuenta con el apoyo tanto del kirchnerismo como del gobierno de Macri– la ley, al proteger los glaciares y prohibir la actividad minera que podría afectarlos, está impidiendo inversiones que calculan en 18.000 millones de dólares en 44 proyectos en seis provincias (Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca).

El gobierno de Macri impulsó en 2017 un acuerdo federal minero que establece que las empresas solo deberán pagar 3% de sus ingresos a las provincias en regalías y 1,5% más a Nación por impuestos. De esta forma se pretende autorizar la actividad minera en glaciares y periglaciares, violando la ley.

Esto que sucede en las “alturas” del gobierno, el Congreso y la Justicia, tiene su contraparte en una batalla que se ha vuelto permanente entre los pueblos que defienden su geografía y su agua, por un lado, y las mineras por el otro que, con apoyo no solo de Macri y el kirchnerismo, sino de los gobernadores involucrados, pretenden imponer su negocio a sangre y fuego.

En toda América latina se han producido más de 120 conflictos entre mineras multinacionales y las poblaciones locales que defienden el ambiente. En nuestro país se dan desde los tiempos de Menem, cuando se impulsaron con una ley de 1993 los primeros proyectos de entrega de las riquezas del suelo, pasando por los Kirchner, estrechamente vinculados a los contratos con las mineras desde sus tiempos en la gobernación de Santa Cruz, hasta la actualidad con Cambiemos.

Una de las luchas con más repercusión fue la del pueblo de Famatina, en La Rioja en 2012 contra la explotación de la mina. Las movilizaciones y bloqueos de rutas contra los camiones de la minera se extendieron a las provincias circundantes.

Otro caso fundamental es el de la mina de oro Pascua Lama, en San Juan, cercana al río Jáchal. Los continuos derrames de agua con cianuro –que la empresa y el gobierno del gobernador peronista Gioja intentaron ocultar–, se convirtieron en un desastre ecológico y un grave peligro para la población de la provincia. La movilización de la población fue duramente reprimida pero logró paralizar la actividad por el momento.

La decisión de la Corte de sostener la vigencia de la Ley de Glaciares es un avance y un triunfo para la lucha contra la explotación de las riquezas del país por las mineras y contra la destrucción del medio ambiente. Para seguir avanzando es necesario unificar esa lucha levantando un programa con medidas de fondo como las que plantea el Frente de Izquierda: nacionalización de los recursos naturales, estatización de su conservación y explotación bajo control de los trabajadores y los pueblos de los territorios involucrados, expropiación sin indemnización de todos los recursos y activos de las mineras que saquean el país y prohibición de la megaminería contaminante.

Ver: http://www.izquierdasocialista.org.ar/index.php/periodicos-ediciones-anteriores/el-socialista-n-427/8998-proyecto-de-ley-de-juan-carlos-giordano-por-la-expropiacion-de-barrick-gold

Cristina vetó la ley

Durante la presidencia de Cristina Kirchner se le hicieron todo tipo de favores a la Barrick Gold: no solo se vetó la Ley de Glaciares, proponiendo otra que facilitaba la actividad de la minería a cielo abierto, sino que se firmaron decretos secretos que daban exenciones impositivas a la empresa. La propia Cristina se reunió en Canadá con el entonces CEO de la Barrick, Peter Munk, al que trataba cariñosamente como Peter.