La pobreza subió astronómicamente y ya afecta a 14 millones de personas (32%). Uno de cada dos niños es pobre. Al mismo tiempo siguen subiendo los precios de los artículos de primera necesidad y las tarifas. Sueldos y jubilaciones ya no alcanzan ni para llegar a la mitad del mes.

Escribe José Castillo

El jueves pasado se conocieron los datos oficiales de pobreza al cuarto trimestre de 2018. El número “frío” dio 32%, lo que significa 12.950.000 personas en áreas urbanas. Si sumamos la pobreza rural, llegamos a 14 millones que no pueden cubrir una canasta básica para vivir con una mínima dignidad. De ellos, 2.700.000 directamente son indigentes: no alcanzan a tener ingresos ni siquiera para comprar los alimentos diarios.

Esos números por sí mismos son aterradores. Peor aún si vemos que la encuesta dice que uno de cada dos niños es pobre. En el conurbano bonaerense la situación es peor: ahí la pobreza es de 35,9%, alcanzando a 4.356.000 personas.

Por supuesto que hay un debate acerca de cómo se mide la pobreza: a este número se llega tomando aquellos que no alcanzan a un ingreso mínimo. Pero no mide lo que se conoce como “la pobreza multidimensional”, o sea aquellas personas que, más allá de cuánto ganan en un mes, no tienen acceso a una vivienda digna, o no poseen agua corriente o instalaciones sanitarias. Según los datos del Observatorio Social de la Universidad Católica (que sí mide estos parámetros), también un 32% es pobre multidimensional. Claro que estas personas no son exactamente las mismas: puede darse que alguien con un ingreso un poco superior viva en una villa y no sea considerado pobre por el Indec (y sí por la UCA), o, al revés, que alguien que tiene acceso a los servicios básicos reciba un ingreso de miseria (como le pasa a muchísimos jubilados en las grandes ciudades). En concreto, cuando “cruzamos” todos los números, vemos que la pobreza real en la Argentina es muy superior, probablemente entre 35 y 40%.

Lo que sí es un dato incontrastable es que, se mida como se mida, el número de pobres aumentó considerablemente en el último año: los propios datos oficiales reconocen que hay como mínimo 2.650.000 personas que cayeron en esa categoría.

Todo esto es el resultado del ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno de Macri, junto con los gobernadores, cumpliendo a rajatabla lo exigido por el FMI. Los valores dados a conocer no hacen otra cosa que certificar lo que venimos diciendo todo el tiempo: el aumento de la desocupación es cosa de todos los días por los cierres de empresas y los despidos; durante el último año y según los números oficiales tuvieron que reconocer que se perdieron 262.400 puestos de trabajo.

Mientras tanto, la inflación sigue pulverizando el bolsillo del trabajador

Terminó marzo.Cuando en un par de semanas se conozca el índice de inflación veremos que rondará el 4%. Que se sumará al 3,8 de febrero y al 2,9 de enero. O sea que el primer trimestre del año ya tenemos una suba de precios por arriba de 10%. Y esto no termina, abril empezó también con fuertes aumentos: la nafta, las prepagas y nuevas listas de precios de alimentos que están llegando a los supermercados prenuncian al menos otro 4%.

Por supuesto que dentro de todo esto tenemos los tarifazos, que no se han detenido: en enero habían subido el agua (17%) y los transportes (colectivos 15,4%, trenes 14,6% y subte 6,9%). Luego, en febrero, siguieron la luz (26%), la medicina prepaga (5%) y otra vez el transporte (colectivos 10%, trenes 10,2% y subte 6,5%). En marzo, otra vez la luz (14%) y nuevamente el transporte (colectivos 9,1%, trenes 8,5% y subte 15,2%). Para abril se vienen la luz (4%), el gas (35%, en cuotas, por lo que toca 10% directamente este mes) y el subte (10,5%). Y la cosa no para ahí: seguirá el agua (27%) en mayo y la luz (4%) en agosto.

¿Queda alguna duda de por qué el salario, que ya había perdido un 17% el año pasado, cada día alcanza para menos? La imagen más patética de que comer se convirtió en un lujo fue la foto de un supermercado que le puso alarma electrónica a las bandejas con cortes de carne.

¡Esto no se aguanta más!

En las oficinas, en los propios supermercados, en los barrios, se comenta con preocupación todo esto. ¿A dónde vamos a parar? ¡El gobierno de Macri, en el mismo momento en que se da a conocer el número de la pobreza,sacaba una resolución del Banco Central que le ampliaba a los banqueros la posibilidad de comprar Leliqs (bonos que rinden más de 65%)!. Ahí está la única prioridad del gobierno: garantizarle las superganancias a los pulpos especuladores y cumplir con las exigencias del FMI.

Mientras peleamos en cada gremio para recuperar en las paritarias de este año lo que perdimos en 2018, tenemos que exigirle a la CGT y las CTA que rompan la tregua y llamen a un paro general y un plan de lucha contra el ajuste. Pero hay una discusión de fondo que se impone. ¿Cómo salimos de esto? Porque desde los distintos espacios del peronismo (el kirchnerismo, Lavagna o el resto del peronismo federal) hablan de “sacar a Macri” y armar otro plan económico, “nacional y popular” o de “redistribución de la riqueza”, pero al mismo tiempo le garantizan al FMI que van a seguir con su plan de ajuste y a los acreedores que cumplirán con los pagos de deuda.

Nosotros, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, les decimos a los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los jubilados y los sectores populares de los barrios: no hay ninguna salida si no empezamos por romper con el FMI y suspendemos inmediatamente los pagos de deuda externa. Solo de allí puede salir la plata para garantizar un auténtico programa alternativo, obrero y popular.

Escribe José Castillo

Axel Kicillof, principal referente económico del kirchnerismo y ex ministro de Economía de Cristina, viene insistiendo repetidamente que “no se puede romper con el FMI”. Lo dijo ya hace unos meses en un reportaje en la revista Forbes (una de las más leídas por el establishment económico), lo repitió en varias entrevistas televisivas, y ahora volvió a ratificarlo con el periodista Alejandro Bercovich para el libro Y ahora, ¿qué?. Kicillof afirma que “es imposible romper con el FMI, nunca nadie lo hizo”.

Seamos claros, no solo está diciendo que, en un eventual gobierno peronista kirchnerista la Argentina seguiría siendo miembro de ese organismo internacional (de hecho, ciertamente, Néstor y Cristina no rompieron nunca con el Fondo, al contrario: le pagaron en efectivo y por adelantado todo lo que se les debía, 10.000 millones de dólares). Lo que está ahora diciendo Kicillof es peor aún: afirma que seguiremos con el programa de ajuste negociado por el macrismo en junio y renegociado en septiembre pasado.

Programa que exige un brutal ajuste este año y uno peor el año que viene. Y que requiere que se devuelvan en los próximos tres años los 50.000 millones de dólares que el Fondo le prestó a Macri, más otros 100.000 millones de dólares de vencimientos de deuda externa. De eso se trata, blanco sobre negro, continuar con el actual acuerdo con el Fondo.

Kicillof plantea que “es posible hacer un programa alternativo, nacional y popular, con redistribución de la riqueza”, simplemente “renegociando” con el FMI. Incluso miente, diciendo que “hay experiencias que demuestran que el Fondo Monetario cambió, aceptando programas distintos a los clásicos de ajuste en los últimos años”. No es cierto. No hay ningún caso en que los programas del FMI no plantearan feroces ajustes. Ni en nuestro país ni en ningún otro lugar del mundo. Lo que hoy afirma el kirchnerismo es lo mismo que años atrás decía el gobierno de Syriza en Grecia, que terminó hundida en medio de diez años de planes de ajuste del Fondo. El peronismo kirchnerista, si vuelve al gobierno, va camino a transformarse en el implementador del ajuste fondomonetarista. Lo mismo sucederá con las otras versiones del peronismo, como Lavagna o Urtubey, que también le han garantizado al FMI el cumplimiento del acuerdo.

Romper con el FMI no solo es posible. Es la única salida para poder contar con la capacidad soberana de decidir nuestra propia política económica y no depender de lo que autorice o deje de autorizar el Fondo. Y suspender los pagos de la deuda es básico para poder contar con dinero que permita aplicarlo a resolver las más urgentes necesidades populares

Romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa

El Fondo nos exige ajustarnos: déficit cero en 2018 y superávit fiscal en 2019, lo que quiere decir despidos, desfinanciar más aún la salud y la educación pública; paralizar todas las obras públicas y darle salarios de hambre a maestros, trabajadores de la salud y estatales. Todo para pagar la bola de nieve infernal de la deuda externa, donde en los próximos tres años vencen 150.000 millones de dólares La única salida es romper este acuerdo y no pagar esta deuda usuraria. Así tendremos dinero y capacidad para dar trabajo, salud, educación y vivienda.

Lanzar un gran plan de obras públicas, comenzando por la construcción de viviendas populares para crear trabajo genuino

En nuestro país hay un déficit habitacional de cinco millones de viviendas. Si volcamos los recursos a un gran programa de construcción masiva de viviendas populares, podremos crear cientos de miles de puestos de trabajo en la construcción, y a la vez reactivar otras industrias vinculadas. Si a ello le sumamos la construcción y refacción de escuelas y hospitales y la realización de las obras de infraestructura más urgentes (asfalto, obras contra las inundaciones) podremos casi inmediatamente atacar a fondo el flagelo del desempleo. Todas esas obras deben ser ejecutadas directamente por el Estado y controladas por las organizaciones de los propios trabajadores, evitando así las coimas y negociados de las empresas que han vivido robando con la obra pública en todos los gobiernos.

Aumentar salarios y jubilaciones

Hay que otorgar un aumento de emergencia para recuperar todo lo perdido por la inflación el año pasado. Al mismo tiempo, pelear por aumentos para este año que cubran lo ya perdido en estos cuatro meses y que se reajusten automáticamente por la inflación mensual. En el caso de los jubilados, hay que otorgar inmediatamente el 82% móvil del salario en actividad.

Prohibir por ley suspensiones y despidos

Tenemos que cortar de raíz la sangría de la pérdida de puestos de trabajo. Proponemos prohibir mientras dure la crisis toda suspensión o despido. Y que toda empresa que viole esta disposición o cierre, sea expropiada y puesta a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.

Retrotraer los tarifazos y reestatizar las privatizadas

Tenemos que retrotraer los tarifazos, que en muchos casos llegan a 1.000% en la gestión macrista y se están comiendo los salarios. Al mismo tiempo hay que acabar con los subsidios y privilegios a las empresas privatizadas, que siguen sin invertir un peso y brindando pésimos servicios. Nuestro planteo es rescindir todos los contratos, reestatizando esas empresas y poniéndolas bajo administración de trabajadores y usuarios, que garantizarán así servicios públicos de calidad y tarifa social para los que la necesiten.

Poner precios máximos y eliminar el IVA de los productos de la canasta familiar

Se impone terminar con los abusos de empresas monopólicas y cadenas de hipermercados, estableciendo precios máximos a todos los productos de la canasta familiar, a los que además se les debe quitar el IVA. Y establecer severos controles para que todo esto se cumpla, que incluyan multas, clausuras e incluso expropiaciones a quienes violen esta disposición.

Nacionalizar la banca para terminar con la usura, las altas tasas de interés y los negocios de la bicicleta financiera

Los bancos se embolsan superganancias con las Leliq (bonos de deuda emitidos por el Banco Central) al 65%. Al mismo tiempo, cobran tasas de interés usurarias por préstamos o financiación de tarjetas de crédito (en muchos casos de más de 100%). Son los grandes ganadores, mientras se hunde el pueblo trabajador. La única salida es nacionalizar la banca, para así otorgar créditos para el consumo popular e hipotecario a tasa subsidiada, terminando de una vez con la especulación financiera.
Nacionalizar el comercio exterior para acabar con la fuga de capitales y las superganancias de los monopolios exportadores
Miles de millones de dólares se fugan cada mes. Los monopolios exportadores especulan chantajeando entre liquidar o no los dólares de la soja. Los productos de consumo popular aumentan porque se cotizan “a precios de exportación”, como la carne, la harina o los lácteos. Tenemos que dar un corte a todo esto, nacionalizando el comercio exterior, para que las divisas de las exportaciones entren efectivamente al Estado y se las vuelque a financiar las verdaderas necesidades del pueblo trabajador.

Escribe José Guzmán, papá de Lucas, asesinado en Cromañón

Hace algunas semanas los familiares de víctimas de Cromañón nos enteramos de que en el predio donde funcionaba el boliche se está construyendo un nuevo local bailable. Resulta que el juez Marcelo Alberó, de forma vergonzosa, levantó la clausura que existía sobre el boliche, lo que permitió que Rafael Levy, dueño del predio, condenado por la Justicia, le vendiera el mismo a una empresa off shore uruguaya de dudosa procedencia.

Al enterarnos de la noticia nos movilizamos al Gobierno de la Ciudad para pedirle explicaciones a Larreta. Queríamos que nos explique en la cara por qué permitía que se pisotee de esta forma la memoria de nuestros hijos. No solo no nos recibió sino que nos trataron como delincuentes poniendo a la policía lista para reprimirnos.

Los familiares hemos presentado una apelación a la Corte Suprema por los fallos de Cromañón, que siguen vigentes, motivo por el cual el levantamiento de la clausura del predio es directamente ilegal. Nunca se permitió a ningún familiar de Cromañón ingresar al mismo. Ahora Larreta y la Justicia sí lo permiten para hacer negociados. Quieren hacer plata a como dé lugar, sin importar la memoria de nuestros jóvenes. Son los mismos jueces, políticos y empresarios corruptos que permitieron la masacre. Tenemos que repudiar esto. Cromañón tendría que ser un espacio de la memoria en donde se recuerde a nuestros pibes y se asista a las víctimas sobrevivientes y de otros crímenes de

Estado como la masacre de Once. En ese sentido, los familiares hemos presentado, en una nutrida conferencia a la que asistieron legisladores de distintos bloques y dirigentes de izquierda, un proyecto de ley de Laura Marrone, legisladora de Izquierda Socialista/FIT, en el que se propone la expropiación del predio para que se constituya el espacio. En esa conferencia Marrone se comprometió, a difundir y pelear por el proyecto adentro de la Legislatura y sobre todo, a apoyar y participar de cada una de las medidas de lucha que los familiares adopten para frenar esta barbaridad.

En el marco de la campaña por la libertad de Daniel Ruiz, dirigente petrolero combativo y del PSTU, la legisladora porteña de Izquierda Socialista/FIT, Laura Marrone lo visitó en la unidad penitenciaria de Marcos Paz donde se encuentra detenido. El gobierno lo acusa de “complot y rebeldía” por su participación en las movilizaciones contra la reforma previsional de diciembre de 2017. Lo arbitrario de su detención se ve subrayado por el hecho de que se encuentra sin sentencia ni avanza el juicio, en momentos que está por cumplir detenido ya un tercio del tiempo que le correspondería por esta causa. Dado este hecho Daniel debiería salir en libertad en mayo.

Por pedido del propio compañero está en un pabellón de presos comunes y no con los cuarenta detenidos por causas de corrupción. La cárcel está superpoblada con 3.500 presos, colapsados los baños, comedores y servicios en general. Ha organizado un petitorio con reclamos que incluyen el derecho a estudiar.
Reiteramos una vez más nuestra exigencia de libertad a Daniel Ruiz.