Escribe Martín Fú

Luego de más de cien días sin certezas sobre el paradero de Facundo Astudillo Castro, de 22 años, una noticia macabra atraviesa su búsqueda. Los restos óseos de un hombre joven fueron hallados en una zona de marisma en cercanías al paraje Cabeza de Buey, a solo 15 kilómetros de donde fue visto por última vez, el 30 de abril, en circunstancias en que era detenido por la policía bonaerense por “violar la cuarentena”.

Cristina Castro, la madre del joven, quien rápidamente se presentó en el lugar, ha señalado que va a esperar las pericias, pero que cree probable que se trate de Facundo tras ver los restos hallados y, sobre todo, después de encontrar ella misma una zapatilla de su hijo en perfecto estado a 30 metros. Uno de los abogados de la familia, Leandro Aparicio, dijo sobre el cuerpo encontrado que “no existe la posibilidad de que se haya ahogado allí ”, sino que “fue plantado”. Se está ante una típica operación macabra propia de la “maldita policía”, es decir, de la bonaerense.

Fueron pescadores los que, accidentalmente y sin proponérselo, denunciaron la aparición de un cuerpo en un cangrejal en cercanías de la ruta nacional 3, entre los límites de Villarino y Bahía Blanca, el pasado sábado 15 de agosto. Mientras tanto, cuatro fuerzas federales estuvieron abocadas a las tareas de búsqueda de Facundo, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. El Ministerio Público Fiscal, a través de un fiscal federal y el Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, completaron el aparato de búsqueda que no consiguió hasta la fecha ningún resultado positivo.

Es más, sobre el fiscal Santiago Ulpiano Martínez pesa la denuncia de su rol cómplice con la bonaerense para frenar la investigación. Sospecha que se agiganta al tener en consideración su pasado de colaboración con partícipes del genocidio de la última dictadura. Desde Izquierda Socialista acompañamos el reclamo de Cristina Castro a favor de la remoción de este fiscal nefasto, al que el gobierno del Frente de Todos ha dado la espalda.

La familia, junto con sus letrados, vienen señalando a la bonaerense y al ministro Sergio Berni como los responsables, acusando al ministro de Seguridad de Kicillof como un claro encubridor. Incluso Berni salió a rasgarse las vestiduras señalando que nadie probó la vinculación de la bonaerense con el hecho y amenazó a los abogados de la familia de Facundo.

La desaparición de Facundo y su posterior búsqueda estuvieron atravesadas por un entramado de pistas falsas y diversas “posibles hipótesis” que solo buscaron, desde un primer momento, tratar de desviar la investigación para que la causa de Facundo termine en un lodazal, parecido al lugar donde se encontró un cuerpo que será examinado por el Equipo de Antropología Forense. La bonaerense, donde todos los cañones apuntan, y que tiene a la familia de Facundo y sus abogados en la mira como los principales responsables de su desaparición, se encargó de plantar falsos testigos no sin antes impedirle a Cristina Castro hacer la denuncia de la desaparición de su hijo, que recién fue tomada luego de cuarenta días de infructuosos esfuerzos.

El presidente Alberto Fernández en más de una ocasión declaró su preocupación y la “necesidad de que la Justicia vaya a fondo” y que “necesitamos saber qué pasó con Facundo”. Estuvo en la misma sintonía con el gobernador Kicillof y el ministro Berni, que prometieron una y otra vez “hacer todos los esfuerzos para dar con el joven”. Promesas que han caído en saco roto.

Todas las pruebas o indicios fueron aportados por la familia, los abogados y los peritos de parte que, a todo pulmón, a pesar de trabas y hasta amenazas, fueron hilando un entramado de mentiras que buscaba el encubrimiento de la bonaerense.

A Facundo lo desapareció la policía bonaerense, al mando de Sergio Berni, ministro del gobernador peronista Axel Kicillof. Aquí están los principales responsables de este repudiable y atroz crimen y posterior encubrimiento, que tiene su continuidad en los gobiernos "democráticos", la desaparición forzada de personas. Como afirmó el abogado Aparicio, la responsabilidad de la bonaerense y Berni es clara, pero además “Facundo sufrió las consecuencias de un decreto, el 297/20, que faculta a la policía a que te detengan y te lleven a tu casa”. El gobierno es responsable del empoderamiento de la policía por decreto y por las arengas de Berni al comienzo de la cuarentena. El caso de Facundo se enmarca en los 92 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad desde que ese decreto fue sancionado.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguimos acompañando a los familiares reclamando saber qué hicieron con Facundo y participaremos de las actividades discutidas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Repudiamos el encubrimiento de Berni, adherimos al reclamo ¡fuera Berni! realizado por la mamá de Facundo y señalamos que la bonaerense y el gobierno son los responsables.

Escribe Martín Fú

A todo esto, el diputado Máximo Kirchner dijo que lo que pasó con Facundo Castro es distinto del caso de Santiago Maldonado. Habló de “miserabilidades de la política”, haciendo referencia a quienes comparan ambos hechos. Mientras tanto, en las redes sociales miles opinan que se trata de desapariciones forzadas, incluso muchos simpatizantes del propio gobierno nacional.

Máximo Kirchner asegura que la muerte de Maldonado ocurrió “en medio de una represión”. Estamos de acuerdo, ¿pero con Facundo qué sucedió? Como dijo su madre: “A mi hijo lo desaparecieron por romper la cuarentena”. Es decir que hubo un accionar policial represivo que lo hizo desaparecer. ¿Qué sería esto para Máximo Kirchner? También afirmó que con Maldonado hubo una política para ocultarlo. ¿Y con Facundo Castro acaso no hubo una política de encubrimiento a la bonaerense por parte del ministro Berni? Por eso Cristina Castro le está pidiendo la renuncia. El abogado Leandro Aparicio viene denunciando que “hay una asociación ilícita que sigue operando para encubrir esto”.

Máximo Kirchner asegura que “confía en Kicillof”, mientras el gobernador se la pasa diciendo “no vamos a encubrir a nadie y vamos a colaborar con la investigación”. Pero él es es el jefe político de Berni, el máximo defensor de la policía. Y es el propio gobierno peronista el que hizo oídos sordos al reclamo de la madre de Facundo, que pedía remover al fiscal de la causa por ser cómplice del encubrimiento.

Lo cierto es que Facundo Castro es víctima de una desaparición forzada de persona por parte del accionar de una fuerza represiva del aparato estatal, como lo es la policía bonaerense.

Por eso insistimos en el doble discurso de un gobierno que se define defensor de los derechos humanos. Ya en muchas provincias, con gobernadores afines a Alberto Fernández y al peronismo del Frente de Todos, vienen ocurriendo tremendos casos de gatillo fácil, asesinatos y represión (hay más de noventa muertes registradas a manos de la policía durante la cuarentena), ante los cuales venimos reclamando castigo para todos los responsables materiales y políticos. El caso de Luis Espinoza, asesinado y desaparecido a manos de la policía tucumana de Manzur en mayo de este año, es un ejemplo actual.

Y no es algo sólo de la gestión de Alberto Fernández. Desde 2003 hasta 2015, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se registraron setenta casos de desapariciones forzadas de personas. Algunas de las más emblemáticas fueron las de Julio López, en La Plata (2006), y la de Daniel Solano en Río Negro (2011). La bonaerense volvió a figurar en el caso de Luciano Arruga el 3 de febrero en 2009, cuyo cuerpo recién apareció en 2014 como NN.

A modo de recordatorio, y para clarificar los dichos de Máximo Kirchner acerca de la violencia institucional y la represión de los gobiernos, en este caso durante las gestiones peronistas kirchneristas, tenemos el informe de Correpi, con 3.070 personas asesinadas por la represión estatal durante 2003-2015, teniendo a la Policía Federal y a la bonaerense como los principales ejecutores. La cifra representa el 65% del total de los casos de violencia institucional desde 1983.

Tanto Santiago Maldonado como Facundo Castro fueron víctimas de la violencia institucional encarnada por los gobiernos de turno, Maldonado con Macri, de Cambiemos, y Facundo con Alberto Fernández, del Frente de Todos. Esa es la realidad, por más que Máximo quiera hacer malabares para negarlo.

Estamos transitando el peor tramo de la pandemia del coronavirus. Los números de contagiados se han “instalado” diariamente en varios miles y los muertos siguen sumándose. Ya se debate abiertamente la posibilidad del colapso del sistema de salud. Los gobiernos peronistas nacional, de Fernández, y de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, y de Juntos por el Cambio, de Larreta en CABA, se pasan la pelota acerca de los porcentajes peligrosamente crecientes de ocupación de camas, los contagios del personal de la salud y la falta de infraestructura en general. Siguen responsabilizando a los trabajadores y los sectores populares por los riesgos de contagio. Nos mandan a “convivir con el coronavirus” mientras continúan sin dar respuestas a los millones que, sin ingresos, se ven obligados por la fuerza de la necesidad a romper la cuarentena, o los que se contagian en sus trabajos porque las patronales no respetan los protocolos establecidos. 

Mientras sucede todo esto, el gobierno festeja el acuerdo por la deuda. Nos quiere vender que se trató de un buen acuerdo y que ahora sí se abre el camino para que se ponga en marcha un programa “pos-pandemia” que priorice a los sectores populares. 

Entendemos que haya compañeros de trabajo o estudio y vecinos en los barrios populares que tengan expectativas a partir de esto. Pero, lamentablemente, no será así. El acuerdo con los bonistas es contrario a los intereses del pueblo trabajador y nos deja una montaña a pagar por delante. Pero, encima, es apenas una parte de todo el problema de la deuda, que ahora inicia un nuevo capítulo con los bonos “bajo legislación local”, pero en manos de los mismos pulpos acreedores. Y en las próximas semanas comenzará nada más ni nada menos que la negociación con el FMI, al que le “debemos” los 49.000 millones de dólares que le dio a Macri para que los fugaran. Y el Fondo, como ya se viene anunciando, exigirá un mayor ajuste, incluyendo las reformas jubilatoria y laboral.

Pero además de esto, ¿de qué se trata el famoso “plan” pos-pandemia? Lamentablemente, otra vez de un doble discurso. Primero y principal porque se habla de “pos-pandemia” cuando no está nada resuelto de la crisis, tanto sanitaria como social, que estamos transitando ahora, en medio de la pandemia. Y, segundo, porque más allá de la discusión retórica de si se lo llama “plan” u “objetivos”, en lo concreto lo que se está planteando es un mayor ajuste sobre los sectores populares. No hay una sola medida que favorezca al pueblo trabajador. Repasemos. Habrá más subsidios a las grandes patronales, de todo tipo y color. Se aumentarán los combustibles en los próximos días y ya se empieza a hablar de retomar la suba de tarifas, al mismo tiempo que se anuncian recortes de personal en YPF. Negocian la burocracia de la CGT y las patronales, con el aval del gobierno, un escenario de paritarias a la baja mientras se extiende a los próximos meses el descuento de 25% a los salarios. Todo con la excusa de “cuidar” el trabajo, mientras datos del propio Ministerio de Trabajo muestran que se perdieron más de 300.000 puestos y hay 700.000 suspendidos. Para los jubilados otra vez habrá “aumentos” por decreto, muy por debajo de lo que les hubiera correspondido si se aplicaba la fórmula suspendida en diciembre pasado.

Los que esta semana dieron un ejemplo emocionante de dignidad fueron los trabajadores de Latam con su movilización. Recordemos que se trata de una multinacional que, después de aprovecharse y cobrar todos los subsidios posibles otorgados por el gobierno nacional, cierra, se va del país y deja a todos sus trabajadores en la calle. El gobierno de Fernández nuevamente actúa con doble discurso. Mientras por un lado se dice “indignado” por el accionar de la empresa y al mismo tiempo discursea acerca del “rol del Estado”, por el otro deja no solo que la empresa eche a todo el personal, sino que también permite el vaciamiento de los activos que la multinacional tiene en nuestro país. Si verdaderamente defendiera el patrimonio nacional, los puestos de trabajo de los trabajadores, e incluso la conectividad aérea de nuestro territorio, lo que debería hacer es estatizar la compañía y sus activos en el país y unirlos a Aerolíneas para fortalecer una gran línea de bandera. Lo contrario de lo que se está haciendo incluso en Aerolíneas y Austral, a las que el propio gobierno de Fernández está sometiendo a un ajuste, con riesgo para los puestos y condiciones de trabajo de los compañeros de esas empresas.

Latam es la expresión más alta de lo que se viene dando también en otras peleas y preanuncia el futuro inmediato. Los trabajadores, como hicieron siempre, salen más temprano que tarde a enfrentar el ajuste y el intento de que ellos sean quienes paguen la crisis. 

Frente a esta realidad, desde Izquierda Socialista reafirmamos nuestro compromiso de apoyar incondicionalmente todas las luchas. Al mismo tiempo que nos sumamos, como siempre, al fortalecimiento del sindicalismo combativo, imprescindible para que estas peleas puedan coordinarse y no queden aisladas, pero también para construir una nueva dirección para la clase trabajadora, democrática y combativa. Al servicio de este objetivo se realiza este miércoles 12 un nuevo plenario del Sindicalismo Combativo.

La “unanimidad” entre el gobierno peronista y todos los partidos patronales opositores, con los empresarios, la burocracia de la CGT y las CTA en el apoyo a la negociación de la deuda externa ha dejado nuevamente solo, del otro lado, al Frente de Izquierda Unidad. Esto demuestra la necesidad urgente de seguir avanzando en la construcción de una nueva alternativa política, la única que hoy postula que la prioridad ante la emergencia de las dos pandemias (la sanitaria y la social) es dejar inmediatamente de pagar la deuda externa y, a la vez, cobrarle de una buena vez un impuesto a las grandes riquezas para, con ese dinero, priorizar “no de palabra”, como hace el gobierno de Fernández, sino desde la realidad, las más urgentes necesidades populares. A esa tarea estamos abocados desde Izquierda Socialista.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop

A pesar de los mensajes pretendidamente optimistas de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, la pandemia continúa en expansión, con gran cantidad de casos nuevos y muertes diarias. Estamos en el peor momento. Diego Santilli y el ministro de Salud de la CABA, Fernán Quirós, de Cambiemos, dijeron en los últimos días que la curva de casos nuevos había entrado en una meseta, es decir, había dejado de crecer. Eso no es así, la supuesta meseta se ha instalado con un alto número de casos diarios que no muestran señales de descenso. Esas declaraciones son espejismos para hacernos creer que lo peor ya pasó y justificar la imposición patronal de aflojar la cuarentena.

Mientras tanto, la tasa de contagios confirmados en provincia de Buenos Aires es de 893/100.000 y en CABA de 2.311/100.000, cifras más que elevadas si las comparamos, por ejemplo, con las de los Estados Unidos, un país de los más castigados por la pandemia. Allí la tasa nacional de contagiados es de 18/100.000. No nos va mejor en varias provincias, Chaco, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y, en los últimos días, Jujuy tienen más de cien contagios confirmados por día. Para entender dónde estamos parados debemos saber que los epidemiólogos en el mundo consideran que la pandemia se vuelve manejable recién cuando la incidencia baja a un caso cada 100.000 habitantes por día. Los Estados Unidos están muy lejos de lograrlo, pero nosotros también.

El sistema sanitario está colapsando

Desde este semanario hemos denunciado que nuestro sistema de salud, fruto de décadas de desinversión y ahogo presupuestario provocado por los sucesivos gobiernos, no estaba en condiciones de afrontar el desafío que significaba la pandemia. Desde marzo estamos exigiendo los recursos tecnológicos y humanos que permitan encarar con éxito el enorme esfuerzo. Sin embargo, el gobierno peronista hizo muy poco para responder a las enormes necesidades planteadas y hoy el sistema está colapsando. Las unidades de terapia intensiva se han convertido en el punto débil del sistema y la tasa de ocupación de esas camas es motivo de polémica. Las autoridades, tanto peronistas como de Cambiemos, dan cifras optimistas mientras que los trabajadores de la salud hablan de saturación al 100% en los grandes hospitales del AMBA. Lo cierto es que las camas útiles son muchas menos que las que declaran las autoridades, entre otras cosas por la falta de enfermeros y médicos entrenados para que se tornen operativas.

El otro gran punto débil del sistema es la escasez del recurso humano. Mucho antes de que se instale en el país la pandemia, solamente en la provincia de Buenos Aires se requerían llenar 2.500 vacantes de profesionales de la salud, como reclamaba la Cicop. Hace un par de meses, con gran alharaca mediática, el gobierno peronista provincial de Axel Kicillof hizo apenas unas 650 designaciones y dejó promesas de futuros nombramientos transitorios. Algo parecido sucede con Cambiemos en CABA. En ambas jurisdicciones los gobiernos se niegan a aumentar los miserables salarios, lo cual hace difícil la incorporación de nuevos trabajadores. 

Ni el gobierno ni las patronales sanatoriales cuidan al trabajador de la salud

A esta carencia básica de personal se le añade el impacto de la pandemia en los propios trabajadores del sistema, entre los cuales los contagiados superan ya los 14.000 entre el sector público y el privado. Cuando hay un trabajador contagiado sus compañeros deben entrar en aislamiento. Se ralean, entonces, los servicios y en muchos casos es necesario cerrarlos por falta de personal, especialmente las UTI, donde la exposición es mayor. La distribución en turnos no puede cumplirse, con lo que se sobrecargan los trabajadores, aumenta el riesgo del contagio y se terminan afectando las prestaciones a la población.

El personal de salud debe trabajar en esta situación de amenaza permanente, lo que lleva al agotamiento físico y psicológico. Amenaza que es muy concreta, son numerosos ya los trabajadores de la salud mayores de 60 años y quienes, sin serlo, presentan una condición patológica de riesgo, que han muerto infectados por el Covid-19. Pérdidas absolutamente evitables si se escucharan los reclamos de los trabajadores que exigen la licencia para quienes están en esas condiciones.

Las patronales vienen empujando para terminar con la cuarentena

Durante las últimas semanas el gobierno peronista viene abandonando en forma precipitada la medida que fue su principal acierto para enfrentar a la pandemia en el AMBA, el aislamiento o cuarentena. Responde así a la presión de las patronales que buscan mantener su cuota de ganancia aun a costa de expandir el virus. La propaganda, tanto del oficialismo peronista como de la oposición patronal de Cambiemos, se orienta ahora a descargar en la población la responsabilidad del cuidado. Mientras los medios magnifican intencionalmente encuentros sociales irresponsables, pero aislados, se ignora que centenares de miles de trabajadores deben romper la cuarentena para procurarse el sustento y que otros tantos están quedando en la calle por despidos. En lugar de ayudar y subsidiar a los trabajadores para sostener el aislamiento, trata de instalar en la sociedad la idea de que se contagia el que quiere, el que no se cuida, que enfermarse es un problema de cada individuo y que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad.

Sostenimiento de la cuarentena, búsqueda activa de focos, cuidado del personal de la salud y centralización

La cuarentena se sostiene subsidiando a los trabajadores para que no se vean obligados a salir a buscar su sustento. ¡Basta de subsidios a las grandes patronales y de despidos! Hay que testear a las poblaciones de riesgo y sus contactos para identificar los focos de contagio. Hay que cuidar al personal de salud, dando licencias a los mayores de 60 años y a los portadores de condición de riesgo. Es necesario centralizar el sistema de salud para garantizar el acceso a la atención médica de todos. Debe facilitarse y supervisar la disponibilidad de recursos curativos, como por ejemplo el plasma, que si bien está todavía en investigación, ha sido universalmente adoptado en nuestro país y es usado empíricamente en la presente pandemia dado que es barato y está al alcance de cualquier hospital con servicio de hemoterapia.

Financiación con un fondo de emergencia

La pregunta de las preguntas, ¿cómo financiar los gastos que demanda la lucha contra la pandemia planteada de la manera que lo hacemos? La opción es de hierro, o la financian las grandes fortunas del país junto con los capitales imperialistas, o si no, el pueblo sigue pagando su tributo de vidas perdidas, desocupación y empobrecimiento general. Por eso es necesario crear un fondo integrado por un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández y sus periodistas amigos se han lanzado a una inmensa operación de “convencimiento”. Quieren hacernos creer que el acuerdo al que se ha llegado con los más importantes fondos de inversión del mundo (BlackRock, Templeton, Greylock, Pimco, etcétera), con la activa participación de bancos como el HSBC y el Of América, es “el mejor de los acuerdos posibles”. 

Contaron con el apoyo del conjunto de los economistas del establishment, que en infinitas notas, papers a sus clientes, informes de consultoras y columnas de opinión en diarios locales y extranjeros, aplaudieron el acuerdo. Lo mismo hicieron los ex funcionarios del área económica del macrismo, como Luis “Toto” Caputo y Guido Sandleris, y hasta un terrorífico personaje de nuestra historia económica, Domingo Cavallo, que salió de las catacumbas para elogiar el arreglo. Por supuesto, también apoyaron todos los políticos patronales de la oposición, sin excepción. 

En esta abrumadora coincidencia solo queda una voz disonante, la nuestra, la de la izquierda. Quedamos absolutamente solos, con la obligación de denunciar la triste verdad, que este acuerdo es un desastre, una tragedia para el pueblo trabajador y para el país. Y que, otra vez, nos llevará más temprano que tarde al hundimiento.

Sabemos que muchos compañeros de trabajo o estudio, o vecinos, quieren tener esperanzas y confían en lo que les dice el gobierno. ¿Qué otra cosa se podía hacer?, nos preguntan. 

Vamos a responder. Primero, este acuerdo no es por el conjunto de la deuda argentina. Es solo con los acreedores que poseen bonos bajo legislación extranjera, por poco más de 66.000 millones de dólares. El acuerdo no reduce prácticamente nada el capital de la deuda. Y, si se achican un poco los intereses, igual se sigue pagando una tasa seis veces más grande que la que cualquier especulador obtiene comprando bonos de otros países. Al mismo tiempo, el plazo en el que se “patearon” los vencimientos para adelante es extremadamente corto, ya en julio del año próximo les estaremos abonando vencimientos a estos acreedores. 

Durante la negociación, que se extendió por cuatro meses, el gobierno de Fernández fue cediendo y cediendo, cada vez más. Se calcula que entre la primera oferta y la que se terminó firmando, se le reconoció 16.500 millones de dólares más a los acreedores. 

¿“Nos ahorramos” 40.000 millones de dólares, como anuncia el gobierno? Mentira, solo se patearon para adelante algunos pagos, y como vimos no demasiado. Ni qué hablar de la “montaña” de vencimientos, que a partir de 2024 son tan gigantescos como los que nos dejó Macri.

Pero, al menos, ¿solo tendremos que pagar 1.400 millones de dólares en los próximos tres años? Otra mentira. Expliquémosla. A ese monto hay que sumarle la “otra” deuda que también se está negociando, la que poseen los bonistas bajo legislación local. Hay en juego otros 40.000 millones de dólares que, cuidado, en gran parte –15.000 millones de dólares–, también están en manos de pulpos extranjeros, como el fondo Pimco. E incluso a los fondos internacionales se les dará la “opción” de dolarizar los bonos que están en pesos. De ahí saldrán nuevos vencimientos, que habrá que pagar en los próximos meses.

Sigamos sumando. En mayo del año próximo tenemos que pagar 2.100 millones de dólares al Club de París. 

Y dejamos para el final la perla de la negociación, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de 49.000 millones de dólares, que hay que empezar a abonar en septiembre del año que viene, y que luego sigue con vencimientos gigantescos en 2022 y 2023. Anticipamos cómo seguirá la historia. El FMI ya le ha dicho a todos los que lo quieran escuchar que acá no hay “quita” que valga, se deberá pagar el ciento por ciento del monto. Sí aceptará correr un poco los vencimientos, claro que a cambio de lo que llama “reformas estructurales”. En concreto, un ajuste fiscal (traducido, reducir el dinero que va a gastos sociales, salud o educación, subir tarifas y cobrar más impuestos al pueblo trabajador), una reforma previsional (hundir más en la miseria a los jubilados) y otra laboral (ir a fondo con la flexibilización reventando convenios colectivos y llevando a todos los trabajadores a las condiciones en que están los de Vaca Muerta, o los de Rappi y Glovo).

La historia vuelve a repetirse. Una vez más quieren meternos gato por liebre. Reconocen una deuda ilegítima, fraudulenta, ilegal e inmoral. Luego “renegocian”. Para vendernos después que, “ahora sí”, se resolvió el problema definitivamente. Todo termina en un nuevo ajuste al pueblo trabajador para cumplir con los acreedores. Así pagamos y pagamos infinitamente. Pero como no alcanza pedimos nuevos préstamos, para “refinanciar” el resto. Y la deuda sigue creciendo. Ese es el camino, hasta la próxima renegociación, que indefectiblemente llegará. Una rueda infernal, infinita, en la que nos seguimos hundiendo. 

Volvemos a la pregunta del principio, ¿había otra alternativa? Frente a este camino de decadencia, hambre y miseria, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda decimos que sí, y proponemos la única salida viable si queremos de una vez por todas priorizar las  necesidades populares y desarrollar nuestro país, quebrando las cadenas de la dependencia. Hay que dejar de pagar inmediatamente la deuda externa, repudiándola en su totalidad, romper con el Fondo Monetario Internacional y poner así todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares: la salud pública, en el marco de la pandemia, el salario, el trabajo, la educación y la vivienda, las otras prioridades que deben reemplazar a las de las ganancias de los pulpos acreedores.