Escribe Adolfo Santos

Cuando desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad destacamos la necesidad de poner en pie un impuesto a las grandes riquezas y superganancias de los multimillonarios, lo hacemos por casos como el del magnate Eduardo Elsztain, dueño de Inversión y Representación SA (IRSA), y flamante accionista mayoritario de la de la minera australiana Challenger Gold, firma a la que llegó recientemente mediante una inversión de 6.6 millones de dólares.

Es que mientras que el gobierno ultraderechista repite como mantra que no hay plata para resolver los acuciantes problemas de la clase trabajadora y los sectores populares, los multimillonarios que se la llevan “en pala” demuestran que el dinero está.

Así justifica los bajos salarios y jubilaciones, el desmantelamiento de la salud y la educación pública, la eliminación de proyectos sociales o la falta de inversión en obra pública. Todo mientras una selecta minoría hace gala del crecimiento de su riqueza.
Elsztain, hombre relacionado estrechamente con el gobierno de Javier Milei, viene de consolidar una nueva división de negocios en su emporio, con la incorporación de la firma australiana, la cual se encargará de desarrollar el proyecto Hualilán, una mina de explotación de oro y plata en San Juan, que se llevará el oro y le dejará a la provincia menos de 3% en regalías, además del tremendo pasivo ambiental que estas acciones acarrean.

Sin duda que “plata hay”(y mucha), pero súper concentrada en pocas manos. Un dinero amasado al calor de las relaciones con los gobiernos de turno, como durante tantos mandatos demostró Elsztain.

El megaempresario, tuvo además el rol protagónico de que, en uno de sus hoteles, El Libertador, se hospedó el actual presidente durante más de dos meses antes de asumir. Dicen que no pagó. Será una cuenta que ahora pagaremos todos “con la nuestra”.

Además, es una de las figuras más ricas del país. Dueño de quince shoppings, tres hoteles, entidades financieras, empresas agrícolas, mineras e inmobiliarias como IRSA, el mayor emprendimiento inmobiliario del país, con el que logró hacerse de los shoppings Alto Palermo, Abasto, DOT y Patio Bullrich.

Entre sus compañías también están el Banco Hipotecario; la empresa agrícola ganadera Crecimiento Sudamericano (Cresud) con campos en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay; BrasilAgro Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas; Austral Gold Ltd.; Hotel Llao Llao, entre otras. Una concentración de riqueza obscena.


 

Aumento de emergencia de salarios y jubilaciones

Que ningún salario sea menor que el valor de la canasta familiar, calculado por las y los trabajadores de ATE-Indec en 1.616.148 pesos a fines de diciembre, con actualización mensual de acuerdo a la inflación. Que la jubilación mínima alcance el valor de la canasta de la tercera edad (según la Defensoría del mismo nombre fue de 912.584 pesos a septiembre 2024) y que a partir de ese valor se aplique el 82% móvil.

No a los despidos: plan de obras públicas para crear trabajo genuino

Frente a la reaparición del flagelo de la desocupación, hay que terminar con la “motosierra” y recuperar todos los puestos de trabajo. Existen decenas de servicios importantes para las y los trabajadores que se vaciaron o cerraron bajo el gobierno de Milei. Además, hay que poner en marcha un gran plan de construcción de viviendas populares que, al mismo tiempo ayude a resolver el enorme déficit habitacional (cinco millones de familias no tienen acceso a una vivienda digna) y genere rápidamente puestos de trabajo en la construcción, con el efecto multiplicador que tiene esa industria.

Plata para salud, educación, vivienda, ciencia y técnica

Hay que aumentar de inmediato los presupuestos dedicados a estas áreas. Renacionalizar el Sistema Educativo y llevar su presupuesto al 10% del PBI. En el área de salud, hay que aumentar su partida hasta que cubra tanto la construcción y refacción de los hospitales y centros de salud necesarios, como los insumos y los puestos de trabajo que se requieren con salarios dignos.

Plata hay, que no vaya a pagar la deuda externa

Hay que suspender inmediatamente los pagos en todo concepto, sea con el FMI y otros organismos internacionales (Banco Mundial, Club de París) como con los pulpos acreedores privados. Romper con el FMI y llamar a conformar un gran club de deudores a todos los países latinoamericanos para así terminar con esta cadena de sometimiento, apuntando a alcanzar nuestra segunda y definitiva Independencia.

Impuestos a las grandes riquezas y súper ganancias

 Mientras el pueblo trabajador sufre las consecuencias del más brutal ajuste de la historia argentina, las grandes empresas, los bancos, los monopolios exportadores y los especuladores financieros de todo tipo incrementan sus ganancias a niveles récord. Hay que cobrarles impuestos a los ricos y no al pueblo trabajador. Por eso, planteamos un impuesto de emergencia a las grandes fortunas y a las súper ganancias de las empresas (tanto multinacionales como monopolios locales), al mismo tiempo que decimos que hay que eliminar el IVA a los productos de la canasta familiar y el vergonzoso “impuesto al salario”.

Nacionalizar la banca y el comercio exterior

Los bancos, las financieras, las fintech -como Mercado Libre- y las agencias de bolsa ganan millones con la bicicleta financiera, con la fuga de capitales y el blanqueo y con operaciones especulativas con los propios bonos que les ofrece el gobierno. Hay que terminar con esto nacionalizando la banca, para que el ahorro popular sea destinado a créditos para el consumo, el acceso a la vivienda o para financiar proyectos de utilidad social que apunten al desarrollo y bienestar del pueblo trabajador.

Los monopolios agroexportadores -y ahora también las megamineras y los pulpos del gas y el petróleo-, además de saquear recursos comunes, concentran el grueso de las exportaciones, realizando todo tipo de maniobras, aprovechando sus puertos privados, fugando nuestras divisas. Es urgente nacionalizar el comercio exterior para que todos los dólares de las exportaciones entren al país y financien las necesidades populares, que se decida planificadamente tanto que se exporta como cuáles son las importaciones que son necesarias e imprescindibles.

Reestatizar las empresas de servicios públicos

Las privatizaciones de los ´90 mostraron su fracaso con servicios de pésima calidad, empresas que se llenaron los bolsillos sin invertir un peso, viviendo de los subsidios del estado y de los tarifazos que siempre paga el pueblo trabajador. Por eso hay que reestatizarlas, para ponerlas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores y trabajadoras y usuarios. Al mismo tiempo, hay que defender las empresas públicas que hoy existen -como Aerolíneas Argentinas o los ferrocarriles- dándoles el financiamiento adecuado, los salarios que corresponden a sus trabajadoras y trabajadores y poniendo la gestión en sus manos.

No al saqueo: hay que recuperar nuestras riquezas con una YPF 100% estatal y la recreación de Gas del Estado

Hay que terminar con el saqueo de nuestros recursos no renovables, sea el gas, el petróleo o lo que se obtiene de los negocios megamineros. Que, además de superexplotar a sus trabajadores, destruye el ambiente y en muchísimos casos pone en riesgo y expulsa a las comunidades que viven en las zonas afectadas. Hay que rescindir todas las concesiones, y en el caso del petróleo y el gas, proceder a la reconstrucción de grandes empresas estatales monopólicas, como una YPF 100% estatal y Gas del Estado, concentrando así todo el negocio, desde la exploración, la extracción, el transporte, el refinado, hasta la comercialización al usuario.

Escribe Mariano Soria

El viernes 6 de diciembre, luego de febriles negociaciones, acuerdos y rosca, la legislatura de Santa Fe definió llamar a una Convención Constituyente para reformar la actual Constitución, vigente desde 1962. 

Este proyecto fue apoyado por la alianza oficialista Unidos (UCR-PS-PRO); cuatro diputados del peronismo (sector de Omar Perotti); dos del bloque de Amalia Granata; y Juan José Piedrabuena (ex peronista que vota con Maximiliano Pullaro). Pero el proyecto también recibió la aprobación de diputados del Frente Amplio por la Soberanía, que integran junto a Carlos Del Frade, quien votó en contra. Otra muestra de que las alianzas de centroizquierda conducen a más decepciones.

¿Para qué se vota esta reforma? Hace años está en danza este tema y siempre tuvo la misma motivación: habilitar la reelección del gobernador. Aunque dicen que esta reforma será “abierta” a incorporar distintas propuestas, el gran objetivo es que Pullaro pueda tener la volver a ganar en 2027. Se trata de un gobierno que ya demostró que está dispuesto a reprimir y atacar los derechos de la clase trabajadora, no podemos esperar nada de él.

Pero lo más importante es que los grandes partidos patronales no quieren debatir la necesidad de un aumento de impuestos a las cerealeras, aceiteras y a los terratenientes con esta reforma. Tampoco quieren que se establezca que el salario debe ser igual a la canasta familiar y se restituya el 82% móvil a las y los jubilados. No piensan debatir un aumento al presupuesto de salud y educación, ni reestatizar el Banco de Santa Fe (que hace negocios con la plata de miles de docentes y estatales). No proponen que el aborto legal esté incorporado como derecho constitucional, lo mismo que la Educación Sexual Integral, ni el presupuesto para garantizarlos, al igual que lo necesario para sostener la lucha contra la violencia de género.

Los grandes partidos patronales preparan una convención que debatirá cambios cosméticos de la Constitución, habilitará la reelección de gobernador y no discutirá ningún problema de los que atraviesa al pueblo trabajador de nuestra provincia. Para evitar cuestionamientos, ya establecieron un piso de 2,5% del padrón, esto implica que las fuerzas políticas que no tenemos millones para derrochar en campaña no ingresemos a la Constituyente.

Para las elecciones del 13 de abril, desde Izquierda Socialista sostenemos la necesidad de una lista única del Frente de Izquierda Unidad. Debemos postular una salida de fondo para llevar a la Constituyente y superar el piso proscriptivo de las PASO en la elección de concejales, para pelear por nuevos puestos de lucha en los Concejos Deliberantes. 

Escribe Pablo Almeida, delegado general de ATE Ministerio de Economía

El pasado 31 de diciembre trabajadoras y trabajadores  del Centro Cultural Haroldo Conti recibieron el siguiente mensaje: “El secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural que se procede al cierre del mismo a partir del 2 de enero de 2025 […] a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante”. Esta fue la principal señal de alarma pero el ataque del gobierno ultraderechista y negacionista no se reduce al Conti. Cerca de 500 trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, aproximadamente la mitad de su dotación, recibían notificaciones de despido mediante la no renovación de sus contratos.  

Un paso más en el brutal ajuste que el gobierno viene realizando entre los organismos del Estado nacional. Y que se ha concentrado en las últimas semanas en todas las dependencias ligadas a la Secretaría de Derechos Humanos que enfrentan junto a otras dependencias del Ministerio de Justicia cerca de 2.300 despidos y una reducción de cerca del 50% para quienes aún conservan sus puestos de trabajo.

Y en este caso queda a las claras que lo que se busca es vaciar áreas fundamentales como los Espacios de Memoria, que funcionan donde antes lo hacían centros clandestinos de detención y tortura como la ESMA (ver nota en esta misma página). O la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que es el organismo que se encarga de la búsqueda de los niños y niñas hijos de desaparecidos apropiados durante la última dictadura militar.

A los despidos, el cierre del Conti y estas políticas de vaciamiento se respondió con importantes convocatorias de trabajadoras y trabajadores nucleados en  ATE junto a un gran número de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. El pasado 27 de diciembre se realizó un abrazo masivo en el predio donde funcionó la ESMA. Días después, un masivo festival solidario y acciones de visibilización en el mismo lugar. En todas esas acciones junto a una enorme solidaridad se hizo oír con fuerza la exigencia de paro general a las conducciones sindicales.

 Desde Izquierda Socialista y nuestra agrupación Estatales en Marcha tomamos parte activa de cada una de las acciones. Desde ese lugar señalamos que vemos imprescindible continuar rodeando de solidaridad la lucha contra el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. Enfrentando los despidos de manera unificada con todo el Ministerio de Justicia y el resto de las dependencias del Estado Nacional que hoy están siendo atacadas. Por eso seguimos exigiendo que los distintos sectores de la conducción de ATE dejen los discursos altisonantes y pongan en pie un verdadero plan de lucha unificado. Al tiempo que peleamos para romper el pacto de la burocracia sindical peronista de la CGT, que en el Estado tiene su expresión en la conducción de Andrés Rodríguez de UPCN que deja correr el ajuste del gobierno al tiempo que dice que “no hay clima de paro general”.

Hoy más que nunca hay que salir a enfrentar las políticas de ajuste y negacionistas del gobierno de Milei. No se puede esperar al 24 de marzo para darle continuidad, como dijeron algunos dirigentes de la conducción de ATE Capital. Sigamos en las calles, con la más amplia unidad y reclamando a la CGT un nuevo paro general para derrotar el ajuste.
 
 
 

Escribe Juliana García*

Los ataques que el gobierno de Javier Milei y su Ministerio de Justicia vienen perpetrando contra organismos y espacios que investigan los crímenes y apropiaciones cometidos durante la última dictadura y rescatan la memoria para desvendar la verdad de ese momento histórico nos indignan, aunque no nos sorprenden. Es parte de la matriz de un gobierno de ultraderecha cuya vicepresidenta, Victoria Villarruel, defiende a los genocidas.

No se trata de ataques puntuales a determinados espacios. No es contra la ex ESMA, el Centro Cultural Haroldi Conti o el Espacio de Memoria Virrey Cevallos, es una política global que trata de liquidar el importante avance que significó la comprensión colectiva de una inmensa mayoría de que durante la dictadura no hubo excesos, sino crímenes de lesa humanidad y que, como tal, deberían ser juzgados. Ese hecho, que se reafirma cada 24 de marzo y constituye un ejemplo mundial en políticas de derechos humanos, es lo que quiere liquidar este gobierno negacionista.
Cada uno de los sitios de Memoria (ex CCD) contiene las historias del genocidio que pretenden silenciar, por eso los vamos a defender a todos y cada uno de ellos, comenzando por las y los trabajadores que ahí actúan y son protagonistas principales para resguardar esa historia. En la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), que funciona dentro del predio de la ex ESMA, es donde mayor cantidad de despidos se han producido. Por eso fue correcto convocarnos y rodear de solidaridad ese espacio repudiando las medidas del gobierno. Pero vienen por todo y debemos multiplicar nuestros esfuerzos y reforzar nuestra unidad para defenderlos.

Esta política de desmantelar las áreas de derechos humanos y terminar con las leyes reparatorias de los crímenes de la dictadura, no es sólo una cuestión cultural o ideológica, tiene como objetivo borrar pruebas fundamentales que incriminan a autoridades militares, civiles y eclesiásticas que participaron del genocidio. Por eso apuntan al vaciamiento de los Sitios de la Memoria, el Ruvte (ex Conadep) y el Archivo Nacional de la Memoria, entre otros, que preservan documentos esenciales para proseguir las investigaciones. La misma gravedad reviste el cierre del área de búsqueda en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) mediante la cual se han localizado 139 niños y niñas robados durante la dictadura.

Parte de esta destrucción, es el despido de trabajadoras y trabajadores que durante décadas vienen realizando una labor fundamental para analizar, organizar y proteger este valioso material investigativo. Sólo así se ha podido preservar la memoria, conocer la verdad y seguir investigando para que se condene a todos los genocidas y sus cómplices civiles. Necesitamos de la más amplia unidad de acción para impedir que este gobierno ultraderechista continúe avanzando con esta política de vaciamiento de espacios dedicados a la memoria histórica y defender a sus trabajadores.

* Hija de Antonio García y Beatriz Recchia, militantes populares desaparecidos durante la última dictadura y activa militante en la búsqueda de las y los jóvenes apropiados entre los cuales se encuentra su hermana Bárbara, a quien encontró luego de 32 años en 2009.