Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad
Jorge Macri es el mejor alumno de Javier Milei y, desde que asumió el gobierno, puso en marcha el mismo plan de ajuste y austeridad, pese a que la Ciudad de Buenos Aires tiene superávit fiscal desde hace años. Los alquileres y las tarifas porteñas subieron a escalas estrafalarias. En la ciudad más rica del país, la pobreza y la indigencia se duplicaron en un año. De acuerdo a los datos oficiales 1.083.000 personas (35%) están por debajo de la línea de pobreza y 471.000 personas (15%) por debajo de la línea de indigencia.
Alquilar en CABA se volvió una odisea. Con la reforma del Código Urbanístico (que establece lo que se puede construir en la ciudad) se sigue beneficiando a las grandes desarrolladoras inmobiliarias con quita de impuestos, para que sigan construyendo torres de lujo en las que no va a vivir ninguna familia trabajadora. La crisis habitacional se viene profundizando en los últimos años de gestión PRO con un aumento del porcentaje de inquilinos. Según los datos recopilados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el 37% de los hogares en CABA son inquilinos y entre los adultos jóvenes (30 a 45 años) asciende a 52%.
Una banca al servicio de las luchas porteñas
Contra esta política del PRO hemos batallado todo el año y denunciado desde la banca de Izquierda Socialista en el FIT-Unidad. Una banca al servicio de las luchas, como la pelea que dieron las enfermeras y enfermeros para ser incorporadas a la carrera profesional (Ley 6035) con un reconocimiento a su trabajo no solo económico. Acompañamos a los familiares de Cromañón que en su 20° aniversario exigen una reparación integral para todas las víctimas de la masacre.
Desde la banca también hemos acompañado al equipo interdisciplinario del Centro de Salud Mental Nro. 1, ubicado en el barrio de Nuñez ya que el predio en el que funciona desde hace años salió en el listado de inmuebles para ser rematados via el Decreto Nacional 950/24. Un verdadero ataque a la salud en general y en particular a la salud mental de miles de pacientes que se atienden en el Centro y que el gobierno porteño aún no se ha pronunciado, lo que lo transforma en cómplice. Al igual que en el Bonaparte, la organización de la comunidad es clave para lograr frenar el remate y que el Centro siga funcionando dónde está.
Por último, tuvimos la pelea por el boleto educativo. Un reclamo que lleva décadas y que con la rebelión estudiantil de este año y las tomas de universidades contra el veto presidencial, cobró mayor relevancia. Los tarifazos en el transporte afectaron directamente el derecho a la educación y les estudiantes tienen que dejar de cursar por no poder pagar el boleto. Gracias a esta lucha, se logró discutir en la Legislatura la gratuidad del boleto educativo para estudiantes universitarios y de los institutos de nivel superior. Un paso adelante en esta lucha que debe continuar para alcanzar también a toda la docencia.
Desde la banca en la Legislatura porteña renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando estas luchas y las que seguirán en 2025.
Escribe José Castillo
Con su hermana Karina y el jefe de Gabinete Guillermo Francos a su lado, y con el resto de los ministros en lugares secundarios, Javier Milei realizó un discurso en cadena nacional para festejar su primer año de mandato, festejando haber llevado adelante un ajuste “como nadie antes en la historia”.
En un texto leído en tono monocorde donde, como nos tiene acostumbrados, preponderaron las mentiras del tipo “se vienen tiempos felices”, “la recesión terminó”, o “el salario básico subió de 300 a 1.100 dólares”, el presidente ultraderechista insistió con la profundización de su plan de guerra contra el pueblo trabajador para 2025: “se viene la motosierra profunda. Haremos 3.200 reformas más”, amenazó, poniendo la sombra sobre decenas de miles de nuevos despidos en el sector público.
Hubo pocos anuncios concretos. Mientras realizaba afirmaciones fantasiosas del tipo que gracias al RIGI ya hay proyectos de inversión por 11.000 millones de dólares y que la Argentina se transformaría en una potencia por medio de un “plan nuclear para la inteligencia artificial”, lo que se destacó fue el planteo de ir por un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos: “vamos a hacer el tratado que debimos haber hecho hace 19 años”, afirmó recordando al ALCA, aquel acuerdo de entrega que los pueblos latinoamericanos tiraron abajo luego de las tremendas rebeliones e insurrecciones de principios de siglo que tumbaron gobiernos entreguistas de muchos países de la región. Todo un anticipo de profundización de la entrega y el saqueo de nuestras riquezas.
“Vamos a hacer una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral; una reforma a las leyes de seguridad nacional, una profunda reforma penal, una reforma política, y otras tantas reformas que el país se debe hace décadas”, amenazó Milei. “Feliz diciembre en familia” culminó cínicamente el presidente, cuando hay miles de familias destruidas por haber perdido sus trabajos, o por no poder comer o pagar medicamentos. En definitiva, vienen por las y los trabajadores, las y los jubilados, con más represión y menos impuestos para los ricos. Nada diferente se podía esperar de este discurso de diciembre del ultraderechista Milei.
Escribe José Castillo
Milei se jacta de “haber terminado con el tema de la inflación”. Es una vulgar mentira. Veamos.
Los dos últimos meses el índice de precios al consumidor del Indec dió números menores a los astronómicos anteriores (3,5% en septiembre y 2,7% en octubre). Pero no es para festejar: nuestro país tiene en un mes la inflación que los otros países de Latinoamérica tienen en un año.
Pero hay algo más: muchísimas compañeras y compañeros insisten en que la inflación “del bolsillo”, lo que gastan realmente, sigue subiendo mes a mes y pulverizando salarios y jubilaciones, que cada vez les alcanza para menos. Es cierto. Lo que sucede es que el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) se calcula utilizando una canasta de consumos que atrasa veinte años. Hoy, cualquiera sabe que luego de pagar las boletas de los servicios privatizados, el transporte público y algunos servicios como cable o internet, se le fue una parte sustancial de sus ingresos. Sin embargo, eso está ponderado mucho menos en el cálculo del IPC. Por eso mismo, las compañeras y compañeros de ATE Indec calculan mensualmente el costo real de la canasta familiar, que asciende, a fines de octubre, a 1.547.169 pesos.
Pero ahí no termina el problema. Porque ya en noviembre, la inflación volvió a superar a la de octubre y más aún subirá en diciembre, como ya preanuncia el incremento de más del 10% en el precio de la carne.
En síntesis, la inflación es parte sustancial del ajuste y la motosierra de Milei. Los salarios y las jubilaciones perdieron por goleada en este 2024 frente a la suba de los precios. Razones más que suficientes para seguir peleando y exigiendo a la burocracia de la CGT que rompa el pacto y convoque a un nuevo paro general.
Escribe Ana Valverde, dirigenta de Utjel
La situación actual de las y los jubilados es dramática. Desde que asumió, el gobierno ultraderechista de Javier Milei ataca sistemáticamente a nuestro sector. No sólo redujo el poder adquisitivo de nuestros haberes a niveles de miseria, sino que nos ha recortado la lista de medicamentos a los que teníamos acceso con descuentos e instrumenta mecanismos para retirarnos la cobertura del 100% de los mismos.
Estas políticas atentan contra la calidad de vida de un sector social especialmente vulnerable. Como expresó nuestra diputada nacional Mónica Schlottahuer, Izquierda Socialista/FIT Unidad: “Las medidas del gobierno representan un gerontocidio, no sólo porque lo que pagan no alcanza para comer, sino porque le quieren sacar los medicamentos”. Tiene razón, la crueldad del gobierno no tiene límites. Mientras ajusta a las y los jubilados hasta un nivel insoportable, otorga inmensos beneficios a los grandes empresarios y paga puntualmente los intereses de una deuda fraudulenta al FMI. Sólo Mercado Libre, del empresario amigo de Javier Milei, Marcos Galperín, recibió en un año más de 100 millones de dólares en subsidios impositivos del Estado argentino.
Los cambios exigidos por PAMI para acceder a los medicamentos gratuitos o con descuentos tienen como objetivo generar trabas y dificultades para reducir gastos. Muchos no podrán cumplir con los requisitos exigidos y perderán el subsidio y los descuentos, generando un grave problema de salud pública. Un sector peligra quedarse, temporaria o definitivamente, sin sus medicamentos para enfermedades crónicas. Pero a Milei le importa “un carajo”. Él gobierna para los dueños de los laboratorios. Hasta octubre de este año, los medicamentos que utilizan habitualmente los adultos mayores, suman en promedio una inflación acumulada del 206,7%, superando a la ya elevada inflación de ese mismo período que fue de 195,0% (Fuente CEPA).
Palos a las y los jubilados, beneficios a los laboratorios
Repudiamos las políticas de este gobierno ultraderechista que para avanzar en su plan de ajuste reprime violentamente a las y los jubilados que nos manifestamos. La aplicación, sin contemplaciones, del antidemocrático protocolo de la ministra Patricia Bullrich ha dejado decenas de compañeras y compañeros mayores heridos de consideración. Mientras tanto, garantiza las súper ganancias a los dueños de laboratorios, facilita el blanqueo de capitales a quienes fugaron divisas y evadieron impuestos y paga una deuda externa fraudulenta. Además recorta la entrega de remedios a quienes más lo necesitan. Sólo podrán acceder a los medicamentos quienes se vuelvan a empadronar y ganen menos de 388.500 pesos.
En respuesta a ese ataque, la bancada de diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad, además de apoyar y participar de nuestros actos, presentó un proyecto de Ley de Emergencia para garantizar el acceso gratuito a los medicamentos, sueros, vacunas, prótesis y demás insumos médicos para nuestras y nuestros jubilados. Exige que la entrega sea efectuada con la sola prescripción médica.
Pero el avance de Milei contra las y los jubilados y la retirada de derechos no hubiera sido posible sin la complicidad de la dirigencia sindical y los partidos patronales que actúan en el Congreso. Es vergonzoso el papel que viene cumpliendo la burocracia de la CGT, pactando con el gobierno para que no les toquen las cajas de las obras sociales, mientras abandona a su propia suerte a las y los jubilados. Desde Unión de Trabajadoras y Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel), en el AMBA y Jubilados en Marcha de Córdoba, junto a las demás agrupaciones de jubiladas y jubilados, como lo hemos hecho durante todo el 2024, seguiremos luchando, organizando nuestras rondas, manifestaciones y protestas frente al PAMI, a la Casa Rosada o al propio Congreso de la Nación. Seguimos exigiendo a los dirigentes de la CGT un verdadero plan de lucha y un paro general que incorpore al programa un aumento jubilatorio inmediato y la entrega de medicamentos gratuitos.