Este sábado 7 de noviembre, las disidencias volvemos a movilizar para enfrentar las políticas del súper ajuste y odio impuestas por el gobierno nacional de Javier Milei, en una nueva edición de la Marcha del Orgullo en CABA.
Esta semana comenzó con la noticia de un nuevo ataque de odio en la Ciudad de Buenos Aires, esta vez en los Bosques de Palermo contra las trabajadoras travestis y trans de la zona. El hecho fue difundido en redes por los propios agresores, que salieron organizados y en grupo a perpetrar esta violenta persecución.
Las agresiones no son casuales. Están profundamente ligadas a la crisis capitalista, que impone un mayor ajuste a la clase trabajadora de conjunto, de la cual las disidencias somos uno de los sectores más castigados, de la mano de una brutal represión contra los sectores en lucha. En este marco, los gobiernos de ultraderecha a nivel mundial usan la agenda de reacción heterocispatriarcal como una carta clave en su “batalla cultural” para aleccionarnos y profundizar así el ajuste. Llevan sus discursos de odio a medios, congresos y actos, y esto tiene claras consecuencias sobre nuestras existencias.
El envalentonamiento de los sectores homolesbotransodiantes se da luego de tres años de gobierno de Milei, con políticas de ataque directo contra los derechos ganados por el feminismo. Desmanteló organismos y programas de políticas públicas a favor de las disidencias, pasó por arriba del Cupo Laboral Travesti Trans con despidos en el Estado, amagó con tocar la Ley de Identidad de Género, impulsa proyectos para penalizar supuestas denuncias falsas y volvió a poner en duda el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Esta Marcha del Orgullo está atravesada por la visita del jefe de la Iglesia católica, el papa León XIV, hecho que envalentonó al gobierno de Jorge Macri en la ciudad para atentar contra la realización de la marcha. Una provocación que fue ampliamente repudiada y que develó el rol conciliador de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO). Repudiamos este intento de Macri y el lavado de cara que le hizo la COMO. Exigimos la separación de la Iglesia y el Estado y una ESI laica, científica, con perspectiva de género y disidencias en todas las instituciones.
Denunciamos la represión y el odio de los gobiernos de Milei y Macri contra las disidencias.
Nos sumamos a las luchas antiimperialistas, a la pelea contra la precarización laboral y la falta de vivienda, y a la denuncia del pinkwashing de los gobiernos y las empresas en complicidad con el genocidio sionista al pueblo palestino.
Por el cumplimiento de las leyes de Cupo Laboral Travesti Trans y de Identidad de Género, por la reparación histórica para personas travesti-trans adultas mayores y por presupuesto para la Ley 27.675 de respuesta al VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis.
Por salario, salud, vivienda y educación, nos movilizamos masivamente este 7 de noviembre a las 15 desde Av. Belgrano y 9 de Julio. Que esta 35ª edición de la Marcha del Orgullo sirva de impulso para exigir un paro general a las centrales sindicales y organizar un plan de lucha para derrotar al gobierno ultraderechista de Milei.
¡Sumate con Disidencias en Lucha, Isadora e Izquierda Socialista!


Soledad Mosquera, secretaria general Ademys y Olga Ortigoza, secretaria general adjunta Suteba La Matanza
Nancy Godoy, docente rural de Corrientes, apareció asesinada luego de más de veinte días, víctima de un nuevo femicidio. El caso de Nancy muestra la cruel realidad que día a día atraviesa la docencia en las provincias y la responsabilidad de los gobiernos.
Nancy debía recorrer largos trayectos en condiciones extremas para llegar a la escuela, ubicada en una zona aislada, sin señal telefónica ni transporte. Durante la semana y algunos fines de semana permanecía en el establecimiento para garantizar el derecho a la educación de las hijas e hijos de trabajadores rurales.
La escuela se encontraba abandonada desde hacía casi dos años. El gobierno provincial jamás se ocupó de garantizar que las y los niños que asistían tuvieran clases ni que hubiera condiciones dignas. Nancy realizó las denuncias correspondientes sobre el estado de abandono total de la escuela unos días antes de desaparecer. El gobierno provincial de Gustavo Valdés conocía estas condiciones y desoyó sus reclamos.
Nancy desapareció y ni la Justicia ni el gobierno provincial la buscaron. Fueron el reclamo de su familia y el de la docencia los que alzaron la voz para preguntar dónde está Nancy.
El femicidio de Nancy provocó una reacción instantánea de repudio masivo en el país de #NiUnaMenos, en particular entre las y los docentes, en un gremio donde la mayoría somos mujeres. La indignación y el enojo recorrieron las escuelas, ya que la docencia del país conoce la realidad de las condiciones laborales a las que nos someten tanto el gobierno de Javier Milei, con su motosierra y el ataque a las políticas para combatir la violencia de género, como los gobiernos provinciales que atacan a la escuela pública.
Al conocerse el femicidio de Nancy, la bronca desde abajo, empujada por los sindicatos docentes combativos, fue tan grande que obligó a Ctera a llamar a un paro nacional. El paro fue muy masivo en todo el país y estuvo acompañado por movilizaciones en todas las provincias.
Pero llega tarde. La burocracia de la Celeste, durante los veinte días que Nancy estuvo desaparecida, no convocó a ninguna acción. A tal punto que tenía convocado un acto en las puertas de la Casa de la Provincia de Corrientes para el día después de que apareciera el cuerpo de Nancy, lo que generó mucha bronca. Peor aún, el acto duró media hora y a las 9 de la mañana la conducción de Ctera estaba desconcentrando, con el objetivo de impedir que se expresara la bronca por su inacción, mientras centenares de docentes llegaban desde CABA y desde el conurbano.
Ante este accionar vergonzoso, la docencia combativa nucleada en Ademys de CABA y la Multicolor de Buenos Aires, con Suteba La Matanza a la cabeza y Suteba Tigre, realizamos, en coordinación y de manera unitaria, un corte y una radio abierta exigiendo justicia ya por Nancy, una investigación inmediata y que no haya impunidad para los femicidas.
También denunciamos a los gobiernos que permitieron y permiten el desarrollo de las tareas docentes en estas condiciones nefastas, sin ninguna garantía mínima de protección, y exigimos que se investiguen todas las responsabilidades políticas que tuvieron las autoridades educativas, el gobierno de la provincia y las fuerzas de seguridad por no buscarla de forma inmediata. Desde la oposición nacional docente ya se venían realizando acciones para exigir la inmediata búsqueda y aparición de Nancy, como la del martes anterior en la Casa de la Provincia de Corrientes.
Denunciamos a Ctera porque no llamó a ninguna medida real para exigir la búsqueda de Nancy y porque es la que permite, junto a sus sindicatos de base provinciales y sin llevar adelante un plan de lucha a fondo, la mayor precarización, flexibilización y condiciones cada día más deterioradas para enseñar y aprender que imponen tanto Milei a nivel nacional como los gobernadores en sus provincias.
Llamamos a seguir siendo parte del reclamo colectivo de #NiUnaMenos. Vivas y libres nos queremos. Sigamos organizándonos y movilizándonos, reclamando que este femicidio no quede impune.
Queremos justicia por Nancy Godoy, que se investigue hasta el final y se castigue a todos los responsables. Y que los gobiernos destinen presupuesto real para salarios, educación y salud pública, para combatir la violencia machista y no para la deuda externa y el FMI.
Foto de portada: Flávio Bolsonaro huyó de Brasil con complicidad del gobierno de Milei

José Castillo dirigente de Izquierda Socialista FIT/Unidad
Flávio Bolsonaro huyó de Brasil. Terminó en Estados Unidos, donde llegó a proclamarse “el legítimo presidente de Brasil”. Uno de los capítulos de este escándalo involucra directamente al gobierno de Milei, señalado como parte de la operación ilegal de la huida, que incluyó una imprescindible escala en nuestro país.
La frontera de Puerto Iguazú no fue víctima de una falla burocrática ni de una “distracción” de las fuerzas de seguridad. Fue el escenario deliberado de una operación de encubrimiento planificada y realizada por el gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza para facilitar la fuga de un delincuente. En las sombras de la noche misionera, el aparato de gobierno de Javier Milei actuó como logística de apoyo para la fuga de Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos, evadiendo las prohibiciones judiciales vigentes dictadas por la Justicia brasileña. Lo sucedido en el límite entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú constituye un acto de complicidad, sometimiento semicolonial y alineamiento automático con la agenda del imperialismo yanqui encabezado por Donald Trump.
El recorrido de la impunidad dejó al descubierto los hilos de la complicidad del gobierno de Milei. El recientemente derrotado candidato presidencial de la ultraderecha ingresó a territorio argentino en una comitiva blindada sin que la Dirección Nacional de Migraciones ni la Gendarmería Nacional activaran alerta alguna. En cuestión de minutos, la pista del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú sirvió de plataforma de despegue para un jet privado contratado a la empresa Baires Fly.
Las miradas apuntan al rol central de Santiago Caputo, asesor presidencial y articulador de la estructura de inteligencia oficial (SIDE), señalado como el ejecutor político que garantizó la vista gorda institucional, los salvoconductos y la cobertura de seguridad necesarios para consumar la evasión con destino final a Miami, con la complicidad de la Gendarmería Nacional, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los funcionarios de la Aduana.
Un auténtico escándalo
Resulta indignante la doble vara del gobierno de Milei. Mientras la doctrina de la ex ministra Patricia Bullrich manda a perseguir, encarcelar y reprimir a las y los trabajadores que salen a luchar contra el hambre y criminaliza la migración popular, usando cínicamente la frase “el que las hace, las paga”, ponen el aparato represivo y los recursos de inteligencia al servicio de garantizar la fuga y el resguardo de los personeros de la ultraderecha continental.
Por eso resulta fundamental, tal como lo exigimos desde el Frente de Izquierda Unidad, reclamar la apertura inmediata de los registros de aviación civil de la ANAC, el detalle de las órdenes operativas emitidas a las fuerzas federales en Misiones y la rendición de cuentas de cada funcionario involucrado, empezando por el asesor presidencial “todoterreno” Santiago Caputo.
Este episodio no puede analizarse por fuera del rol de servilismo colonial que La Libertad Avanza le ha asignado a la Argentina. El gobierno de Milei opera como el peón más rastrero del tablero político de Donald Trump en la región, transformando las fronteras nacionales en una aduana porosa para los ultraderechistas del Cono Sur. Recordemos que cientos de involucrados en el intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro en enero de 2023 terminaron “refugiados” en nuestro país. Al mismo tiempo, militariza el territorio para ahogar la protesta social y reprimir a las y los luchadores.
Mientras descargan un plan de miseria planificada, destruyen los salarios, desmantelan la salud pública y saquean a las y los jubilados, destinan el propio aparato de seguridad del Estado a salvarles el pellejo a las bandas golpistas de la ultraderecha internacional.
No podemos naturalizar estos hechos. Frente a la alianza reaccionaria y de sometimiento de Milei, Caputo, Trump y el clan Bolsonaro, tenemos que oponer el más absoluto repudio, que solo sirve si somos capaces de materializarlo en las calles, como lo hicimos el 6 de agosto, en la Marcha de la Bronca en septiembre, en las movilizaciones de octubre o en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Córdoba.
¡Ninguna cobertura a los golpistas, reaccionarios y delincuentes de la ultraderecha continental! ¡Basta de ser peones de Trump y sus políticas de sometimiento semicolonial!
Agustín Blanco
Las cárceles de El Salvador de Nayib Bukele se transformaron en centros de tortura y exterminio desde que llegó al poder en 2019 e impuso su modelo represivo, que tanto elogiaron algunas figuras de la Argentina, como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Una reciente denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso que hasta el momento hubo 454 muertes dentro de las prisiones, entre las que se destacan 33 mujeres, tres niñas y un niño.
“De El Salvador se escuchaba nada más que muerte y destrucción, el problema de Las Maras y su dominio territorial. Desde que Nayib Bukele es presidente esto ha cambiado de una manera impresionante”, celebró Bullrich, en la última visita que hizo a ese país en 2024, cuando todavía no era senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA).
Lo cierto es que, de acuerdo con el informe que presentaron, el 78% de quienes murieron no tenían ningún tipo de vínculo con las pandillas que asegura enfrentar Bukele. A su vez, las dudas acerca de una complicidad por parte del Instituto de Medicina Legal son inevitables, ya que muchas de las causas de muerte son por “edemas pulmonares o cerebrales”, mientras que los cuerpos exponen la presencia real de flagelos físicos, previos y posteriores a su muerte.
La denuncia señaló la existencia de todo tipo de torturas, desde la famosa picana eléctrica hasta el submarino seco, además de los registros de fuertes golpizas y hasta de colgar los cuerpos horas y dejarlos sostenidos de alguna de sus extremidades. ¿Esta es la seguridad que banca Bullrich y el modelo libertario?
La crueldad es brutal e innegable, al igual que la persecución a quienes denuncian las “bondades” del régimen de excepción que se instaló en 2022 y que ya logró el récord de 93 mil detenciones arbitrarias. La ONG Cristosal, que se encuentra a la cabeza de las denuncias, debió cerrar sus oficinas en El Salvador por los hostigamientos que recibía por parte del Gobierno local.
“De ser uno de los países más inseguros, pasó a ser uno de los más seguros del mundo”, había asegurado Bullrich, en defensa de la tortura y los asesinos de 454 personas.

José Castillo
Se confirmó “oficialmente”: la economía argentina entró estadísticamente en recesión, a partir de los números del segundo y el tercer trimestre de 2026. El gobierno de Javier Milei, los economistas del establishment y el propio FMI pronosticaba a principios de año que la economía iba a crecer cerca de un 4%. Tuvieron que guardarse esos números, “corregir” y ahora reconocer que, con suerte, el número oficial de este año apenas alcanzaría el 1%.
Todo esto surge de los números oficiales. El pueblo trabajador hace tiempo que sabe que todo va para atrás. Para ser más exactos, que hay un puñado de grandes empresarios que tienen superganancias, como las multinacionales del gas y el petróleo y las de los proyectos megamineros, los monopolios del complejo agroexportador y, por supuesto, los banqueros y pulpos financieros acreedores de nuestra deuda. Mientras tanto, sube la desocupación, siguen hundiéndose los salarios y las jubilaciones, millones de endeudados no encuentran solución a sus dramas y aumenta a niveles astronómicos la superexplotación de quienes buscan desesperadamente “hacer un peso más” trabajando para aplicaciones como Uber, PedidosYa o Rappi.
En medio de todo esto, el FMI “aprobó” los resultados de la motosierra que está llevando adelante el gobierno argentino. Lo hizo no sin advertir que “tienen que ajustar más”.
Increíblemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a festejar diciendo que se le habían otorgado a la Argentina unos nuevos 800 millones de dólares. ¡Mentira! Se trata de la cuota del préstamo anterior, que el Fondo ya debía haber entregado hace meses y que viene bicicleteando. Lo que sí es una verdad indiscutible es que, al revés de lo que dice Caputo, fue la Argentina la que tuvo que pagar esta semana 800 millones de dólares en efectivo en concepto de intereses al Fondo. Los 800 que “van a venir”, por su parte, ya tienen destino. Ser parte de lo que se está juntando para, sumado a lo obtenido por la privatizaciones pagar los 1.400 millones que vencen en enero próximo con los acreedores privados.
Milei reconoce que “no se está creciendo a la velocidad que esperaba”. ¡Por supuesto! Si todo se reduce a una bola de nieve infernal. Se ajusta al pueblo trabajador para pagar y seguir pagando indefinidamente una deuda que continúa creciendo, mientras se les garantizan los negocios a los grandes capitalistas y amigos del gobierno.
Lo dijimos una y mil veces. Así no hay salida. La única solución es la puesta en marcha de un programa económico alternativo, obrero y popular, que, financiado con la suspensión de los pagos de la deuda externa, la ruptura con el FMI e impuestos a los grandes empresarios capitalistas, destine todo ese dinero a reactivar la economía, priorizando salarios, jubilaciones, planes de vivienda para crear trabajo genuino, salud y educación.