El peronista y ex funcionario de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, ultra activo en los medios, en un largo reportaje con el periodista Schargrodsky dijo: "Entre los que están confrontando con Netanyahu y los que bancan a Netanyahu, yo estoy del lado de los que bancan a Netanyahu”. Es decir, Moreno banca al repudiable sionista que está ejecutando un genocidio contra el pueblo palestino.

También Moreno se manifestó en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito y del matrimonio igualitario; aclaró que sigue firme con la idea de seguir pagando la deuda externa al FMI y reivindicó, como corresponde a su pensamiento, al ultraderechista Donald Trump. Esa es su propuesta para recuperar “la doctrina del peronismo”.

Escribe Cristian Duarte, comisión de reclamos del cuerpo de delegados del Sarmiento

En una entrevista en el diario El Cronista del 8 de julio el secretario general de la Unión Ferroviaria y titular de la CATT, Sergio Sasia, se pronunció a favor de la privatización del ferrocarril tomando como modelo a seguir el sistema español. También se pronunció a favor de la reforma laboral: “Es necesaria en Argentina una modernización del sistema laboral”.

Escuchar esto es repulsivo de un dirigente que dice  defender los derechos de los trabajadores, pero no nos sorprende. Es el mismo burócrata que hace catorce años viene firmando convenios y paritarias a la baja y habilitando despidos. Lo que evitó decir Sasia es que el sistema ferroviario mixto que defiende es el mismo que nos llevó a la masacre de Once en febrero de 2012 con 52 muertos y más de 700 heridos y que en Santiago de Compostela, España, produjo una masacre similar el 24 de julio de 2013, con 80 muertos y 144 heridos. Tampoco dijo que ya hoy el 70% del sistema ferroviario del país opera de esta forma y ha significado accidentes evitables, vaciamiento, menores frecuencias y peores servicios.

En la entrevista se ha hecho pública la real postura de la conducción burocrática de la Unión Ferroviaria a favor del plan motosierra de Milei. Es decir, no pelear contra los despidos y retiros voluntarios en el conjunto del gremio como paso previo para privatizar lo que queda estatal al servicio de las ganancias de grandes empresarios.

Es completamente lo opuesto a lo que estamos organizando desde la conducción Bordó del cuerpo de delegados del Sarmiento y de la Unión Ferroviaria Oeste que encabeza el “Pollo” Sobrero: preparar a las y los ferroviarios para enfrentar los despidos y la privatización. En el Sarmiento ya hemos realizado cinco masivas asambleas generales y decenas de asambleas de sectores desde la asunción de Milei denunciando su súper ajuste. Coordinamos con el conjunto de la oposición ferroviaria de todas las líneas. Lanzamos la Comisión Salvemos al Tren para coordinar acciones amplias con usuarios, asambleas barriales, organizaciones sociales y políticas dispuestas a defender el ferrocarril y a sus trabajadores. Se realizaron festivales, actos en distintas estaciones y marchas.

Además de impulsar los paros y marchas de la CGT reclamando que le den continuidad a las medidas para derrotar el plan motosierra, llevamos la solidaridad con los conflictos y se comenzó a trabajar en un fondo de lucha.
En estas instancias ratificamos la necesidad de seguir peleando por un sindicato al servicio de las y los trabajadores y un ferrocarril 100% estatal, donde se integre el sistema de cargas y de pasajeros, gestionado por trabajadores y usuarios, con tarifas populares para garantizar un ferrocarril para el pueblo.
 

Foto de portada: Festival en plaza de Mayo y Daniela Calarco, única mujer que permanece detenida

Escribe Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus)

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron en audiencia el accionar del Ministerio de Seguridad de Bullrich por la escalada represiva y las detenciones ilegales durante las manifestaciones del 12 de junio contra la Ley Bases. Repudiamos esta política represiva con que el gobierno pretende amedrentar a los que luchan.

Correctamente, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticaron el protocolo antipiquete y expresaron que la represión del 12 de junio fue contra “manifestantes pacíficos”. Y atacaron el argumento oficial, usado por Bullrich y Milei: “No se puede tratar a una reunión en su conjunto como violenta, asimismo no se pueden usar conceptos como terroristas a otras conductas que no lo son”. De la misma forma se había expresado el CELS: “Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta”.

A un mes de cumplirse las injustas detenciones por la movilización de la Ley Bases, gracias a la lucha colectiva, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones decidió por mayoría ordenar la liberación de Cristian Valiente y David Sica, aunque siguen procesados. Sica, que vive en situación de calle, ni siquiera había ido a la manifestación, ya que quedó en medio de un cruce policial mientras cruzaba la calle para ir a una iglesia a buscar comida.

Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, que integran la Sala, coincidieron en desechar la acusación por “intimidación pública”. Sin embargo, fallaron de manera distinta. Trascendental fue el voto en disidencia de Boico, donde el juez señaló que debía ordenarse la libertad de todxs los detenidxs, argumentando que hubo una clara persecución y criminalización contra los manifestantes: “Es indudable que resulta difícil precisar límites jurídicos estandarizados de las prácticas sociales de protesta, pero lo claro es que el ‘manifestante’, a secas y en contexto pacífico, no puede categorizarse como un ‘enemigo’, ni tampoco, livianamente, con calificativos e imputaciones adjudicables a quienes procuran desestabilizar el sistema democrático”.

Sin embargo, la cacería represiva orquestada por el gobierno nacional, las fuerzas represivas, los servicios de inteligencia con sus infiltrados que le permitió “armar” las causas al fiscal Stornelli, hace que aún siguen detenidxs Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez en cárceles de máxima seguridad. Desde Fadhus, como defensa técnica de Daniela, vamos a ir hasta Casación apelando por la inmediata libertad. Junto a la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs por Luchar, que organizó un masivo festival en Plaza Mayo del cual Izquierda Socialista es parte, seguiremos impulsando apelaciones, acciones y campañas por la libertad de los dos detenidos que quedan, y el cierre de todas las causas.


 

Escribe Mariano Barba

El gobierno de Milei continúa su cruzada represiva contra las organizaciones sociales, apoyado en el accionar judicial que encabeza el juez Sebastián Casanello, de Comodoro Py, quien lleva adelante una causa armada con el fin de condenar a dirigentes, luchadoras y luchadores piqueteros que reclaman por comida y trabajo. Esta persecución no solo se desató contra el Polo Obrero, sino que se extendió a Barrios de Pie, CCC, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTR y otras organizaciones piqueteras. A todos ellas les están efectuando allanamientos en distintas provincias, tanto en los comedores como en casas particulares de las y los referentes. Así ocurrió en la capital de Neuquén el viernes 12, cuando el gobernador Rolando Figueroa, como excelente alumno de Milei (votó la Ley Bases y firmó el Pacto de Tucumán), ordenó el allanamiento de catorce domicilios de Barrios de Pie y el FOL, y detuvo a diez compañeras que fueron llevadas esposadas. Una rápida acción y concentración popular, de la que fuimos parte desde Izquierda Socialista y ATEN Capital, se instaló al interior y al frente de la comisaría en la que estaban detenidas, hasta que se logró la libertad. Aunque les abrieron causas “por delitos económicos”.

Tanto el gobierno nacional como los gobernadores están en sintonía para reprimir la protesta social, enjuiciar y amedrentar a las y los trabajadores y sectores populares que luchan y se movilizan contra la motosierra y el ajuste que aplican.

Nos solidarizamos con las organizaciones sociales y repudiamos la persecución desencadenada contra ellas, y en particular contra Eduardo Belliboni del Polo Obrero. Exigimos que se cierren las causas y reclamamos que cese la judicialización de la protesta, porque luchar por derechos básicos como la comida, la vivienda, el trabajo y el salario no es delito. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad seguiremos impulsando la más amplia unidad de acción para enfrentar la persecución a las organizaciones sociales y populares.

Escribe Guido Poletti

Nunca se había ido del todo. Después de ser parte activa del genocidio de la dictadura guardó en sus archivos miles de interrogantes sobre los desaparecidos y su destino. Luego aportó “mano de obra desocupada” y complicidades nunca aclaradas en crímenes varios. Finalmente, luego del Argentinazo y el crecimiento de las luchas contra la impunidad fue formalmente “disuelta”. Le cambiaron el nombre y le lavaron la cara. Siempre quedó como tarea pendiente terminar con eso que se le dio en llamar “el subsuelo de la democracia” y sus oscuros personajes.

Ahora con el gobierno de Milei vuelve con todo, sin disimulos y reivindicada incluso con su nombre más nefasto: SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Bajo su organigrama habrá cuatro organismos: el SIA, Servicio de Inteligencia Argentina (todo un homenaje a su hermana mayor, la CIA yanqui, de la que le copia hasta el logo, y que evidentemente le va a dictar su accionar), vinculada a Seguridad Exterior; la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), auténtico blanqueo del espionaje interno, con un águila yanqui como logo; la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), para el seguimiento y las operaciones informáticas; y la División de Asuntos Internos (DAI), para el contraespionaje, con un extraño logo que copia el símbolo de los illuminati. Todo muy oscuro, como en sus peores épocas. Por si faltara algo, se nombró a cargo de la Escuela de Inteligencia, para formar a los agentes, al conocido negacionista de los crímenes de la dictadura, el menemista Juan Bautista “Tata” Yofre.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos exigiendo, junto con los organismos de derechos humanos, el desmantelamiento del aparato represivo, una de cuyas patas más oscuras está en ese nefasto organismo que funciona en el edificio de 25 de mayo 11 en CABA. Así como reclamando la apertura de todos sus archivos, acto fundamental para hacer realidad la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.